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Acción penal

Acción penal

Es la facultad concedida a un individuo para iniciar el proceso penal, desde el punto de vista de la esfera de los derechos individuales de la persona, y la obligación del Estado de ejercer el ius puniendi, desde el punto de vista de la actividad estatal.

Proceso penal

¿En qué consiste la acción penal?

Vista la acción penal como facultad del individuo y obligación del Estado, ambos conceptos no son excluyentes, de tal manera que desde el punto de vista individual es un derecho que puede tener cualquier individuo, salvo las excepciones previstas en la ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 CE y desde el punto de vista colectivo es una obligación del Estado con la finalidad de, cometida la infracción, restablecer el orden jurídico violado ante la infracción penal cometida.

La acción penal, por tanto, nace de todo delito, y así está previsto en el artículo 100 LECrim, pudiendo ser ejercitada por el Estado o por los particulares a través de las distintas formas de acusación, popular o particular, y que puede conllevar la acción civil, cuya finalidad es la de restituir la cosa, reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados.

El ofendido puede reservarse el ejercicio de acciones civiles para un procedimiento ante dicha jurisdicción, ventilándose entonces ante la Jurisdicción penal únicamente la acción para la persecución del delito. El procedimiento civil independiente no podrá iniciarse hasta que recaiga Sentencia firme en la causa penal (artículo 111 y 112 LECrim).

El ofendido o perjudicado puede renunciar al ejercicio de la acción civil. Esta no pierde su naturaleza disponible por ejercitarse en un procedimiento penal, por lo que puede renunciarse, siempre que se haga de forma clara y expresa. Por tanto, no puede darse eficacia a una presunta renuncia tácita, o a manifestaciones de voluntad de los perjudicados que no resulte terminante. (STS de 27 de abril de 2006)

No cabe una reserva de acciones parcial. El perjudicado debe optar por ejercitar o no la acción civil en la causa penal.

Únicamente cabe que el perjudicado acuda a un procedimiento civil posterior después de una Sentencia penal condenatoria en la que ejercitó las acciones civiles, cuando con posterioridad a éste se detecten consecuencias dañosas del hecho delictivo que todavía no se habían manifestado.

Las características de la acción penal son:

  • No puede identificarse ni por la calificación jurídica que se haga de ese hecho (delito de homicidio, asesinato o cualquier otro) ni por la pena que se solicite, sino que debe identificarse con el hecho constitutivo de la infracción penal (muerte de una persona, por ejemplo).

    Esta diferencia es muy importante para delimitar el objeto del proceso y los efectos de la cosa juzgada material, así como la litispendencia, en virtud de la cual no puede iniciarse un pleito por ese mismo hecho, conforme se establece en el artículo 114 LECrim.

  • Debe estar dirigida contra una o varias personas determinadas como responsables del hecho objeto de proceso. A esto se le denomina la delimitación subjetiva del proceso.
  • Debe estar integrada por la conjunción del hecho objeto de proceso y por el sujeto causante de éste. Es decir, además de la delimitación objetiva del proceso tiene que haber una delimitación subjetiva y ambas deben coincidir. En consecuencia, respecto del mismo hecho y del mismo responsable o inculpado, la acción es siempre una sola y la misma.
  • Su irrenunciabilidad. Una vez que se ha iniciado, dando origen a un procedimiento penal, ha de llegar hasta su conclusión, salvo en aquellas infracciones que dependen de la voluntad del perjudicado, como es el caso de los delitos privados.

Así, la acción penal no se extinguirá por la renuncia del ofendido, salvo aquellos que son perseguidos únicamente a instancia de parte, como dispone el artículo 106 LECrim, a consecuencia de su carácter de derecho personalísimo, siempre que la renuncia solo afecte a la persona titular, sin que para ello se exija un requisito especial, salvo en el caso de renuncia por parte de los padres o representantes legales, que se exigirá estar sometida a lo preceptuado en el artículo 166 y 1810 CC.

¿Quiénes pueden ejercitar la acción penal?

La acción penal tiene carácter público y podrá ser ejercitada tanto por el Ministerio Fiscal, quien tiene la obligación de ejercitar las acciones penales que considere pertinentes, salvo en el caso de delitos privados, como por los particulares, conforme se establece en los artículos 100 y 270 LECrim, pudiendo ejercerse tanto la acción penal por el perjudicado por el delito, en el caso de la acusación particular, como por la persona no ofendida por el mismo, denominada acción popular.

Ahora bien, esta titularidad no es absoluta, pues no podrán ejercitar la acción penal, art. 102 LECRIM:

  • Los que no gocen de la plenitud de los derechos civiles.
  • Los condenados dos veces por sentencia firme como reos del delito de acusación y denuncia falsa.
  • El juez o Magistrado.

En estos supuestos no podrá ejercer la acción penal salvo que los delitos sean cometidos contra sus personas o bienes o contra los de sus familiares más próximos (cónyuges ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos, uterinos o afines) y, salvo que carezca de plenitud de los derechos civiles, por los cometidos contra las personas que se encuentren bajo su guarda y custodia.

Igualmente, tampoco pueden ejercitar acciones penales entre sí, los cónyuges, a no ser por delito cometido por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia, y los ascendientes, descendientes y hermanos, por naturaleza, adopción o afinidad, a no ser por delito cometido por los unos contra las personas de los otros (artículo 103 CP).

Respecto a las personas jurídicas, pueden ejercer dicha acción, en tanto en cuanto, pueden ser sujetos pasivos de un delito cuando la persona jurídica pueda considerarse ofendida por el delito, así como las personas jurídico-públicas cuando su personación esté prevista por una ley, como ocurre con la Administración Local, en el supuesto prevenido en el párrafo tercero del artículo 109 bis de la LECrim. También, la acción penal podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito.

No puede concurrir en la misma persona la condición de acusador y de acusado por el mismo hecho simultáneamente. Existen algunos supuestos donde confluye tal condición, pero por el hecho de ejercitarse distintas acciones simultáneamente, y así también se ha manifestado la jurisprudencia (ST de 27 de noviembre de 1998, de 10 de diciembre de 1998).

¿Cómo se inicia la acción penal?

Los delitos pueden ser perseguibles:

  • De oficio, son delitos públicos: es la regla general. Inmediatamente que el Juez de Instrucción tuviera noticia de la perpetración de un delito, el Letrado de la Administración de Justicia lo pondrá en conocimiento del Fiscal y dará parte al Presidente de la Audiencia, si procede la formación de sumario.

    En la práctica esta forma de iniciación suele utilizarse ante la comisión de hechos punibles de cierta notoriedad y en los delitos que puedan cometerse contra la Administración de Justicia.

    Ello no implica que se le pueda conferir al Juez facultad alguna para el sostenimiento de la pretensión penal, la cual corresponde al Ministerio Fiscal.

    La acción penal que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona ofendida (Art. 106 CP).

  • A instancia de parte:
    • - Sólo mediante querella del ofendido. Son delitos privados. (Véase voz querella)
    • - Previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Son delitos semipúblicos o semiprivados. (Véase voz denuncia)

¿Hasta cuándo se puede ejercer la acción penal?

Existe un momento preclusivo para el ejercicio de la acción penal por la víctima o perjudicado que es el trámite de la calificación de delito, en la denominada fase intermedia, mediante los escritos de calificación provisional, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Si se personasen después podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas (artículos 109 bis y 110 LECrim, según redacción dada por LO 8/2021).

Previamente debe haberse realizado un ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado, para que manifieste si desea o no sostener la acción penal, informándole, a su vez, de los derechos que le asisten.

Este ofrecimiento se realizará por el Letrado de la Administración de Justicia, en la primera comparecencia, conforme se establece en el artículo 109 LECrim, instruyéndole en su derecho a mostrarse parte en el proceso y de renunciar o no a la restitución de la cosa, reparación del daño e indemnización del perjuicio causado, así como de la posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas que conforme a la legislación vigente le puedan corresponder, procurando dicha instrucción aun con el ofendido ausente.

El ofrecimiento de acciones al perjudicado u ofendido debe realizarse antes del dictado de cualquier auto de archivo o sobreseimiento, pues en caso contrario, se estaría vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 CE (STC 37/1993, de 8 de febrero) pudiendo su omisión dar lugar a una nulidad de actuaciones salvo que, por el estado en el que se encuentre el proceso, pueda tal omisión ser subsanada. (ATSJ Comunidad Valenciana, de 6 de abril de 2004).

En el juicio por delitos leves, el ejercicio de la acción penal, además de poderse realizar mediante querella, puede bastar con la presentación de la denuncia, si se trata de procedimientos por delito leve en los que no comparezca el Ministerio Fiscal, ya que la declaración del denunciante en juicio tendrá valor de acusación, aunque no califique los hechos (artículo 969 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En relación al derecho a la acción penal, como manifestación del derecho fundamental del artículo 24 CE, a la tutela judicial efectiva, no se trata de un derecho incondicionado a la plena sustanciación del proceso penal, pues cabe el pronunciamiento por parte del Juzgado o Tribunal sobre la finalización del procedimiento sin necesidad de apertura de juicio oral (SSTC 176/2006, de 5 de junio, 41/1997, de 10 de marzo; 16/2001, de 29 de enero; 81/2002, de 22 de abril; 21/2005, de 1 de febrero; entre otras). En éste sentido, en la Sentencia 85/1997, de 22 de abril, de dicho Tribunal, STC 186/1990)

No se puede afirmar que el hecho de dejar en manos del denunciante o querellante el ejercicio de la acción penal suponga también dejar en su mano la potestad de penar (STC Pleno, 120/2000 de 10 de mayo).

¿Cuándo se extingue la acción penal?

Aunque se extinga la acción penal, por regla general, subsiste la civil, salvo que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho del que la civil hubiese podido nacer. En estos supuestos el ejercicio de la acción civil debe ejercitarse ante los Tribunales del orden jurisdiccional civil (artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En cambio, si se extinguiera la acción civil, o se dictara sentencia firme en procedimiento promovido ejercitando la acción civil, dichas circunstancias no afectan al ejercicio de la acción penal, que permanece incólume (artículo 117 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Las causas de extinción de la acción penal se regulan en los artículos 130 a137 CP, y son:

  • La muerte del reo, como manifestación del principio de personalidad. Cuando se trate de personas jurídicas, la desaparición de estas por transformación, absorción o escisión no hacen desaparecer la responsabilidad penal.
  • El cumplimiento de la condena, pues cumplida la pena impuesta no cabe ampliación por los mismos hechos, por ser contrario al principio e legalidad. Este cumplimiento se ha de entender en el sentido de condena penal, sin referencia alguna a la civil. Cuando hace referencia al cumplimiento de la pena privativa de libertad, se ha de entender realizado a su totalidad, y no a la libertad condicional.
  • La remisión definitiva de la pena cuando esta esté suspendida, por transcurso del plazo de suspensión de la pena privativa de libertad, sin olvidar que se trata de una forma de cumplimiento.
  • Indulto, tras la intervención del poder ejecutivo en la esfera del poder judicial, es un supuesto de derecho de gracia, debiendo tener en cuenta que lo que el indulto extingue es la pena, pero no sus efectos, que es lo que lo diferencia de la amnistía.
  • Perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancia de la persona agraviada o la ley así lo prevea. El perdón habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto la autoridad judicial sentenciadora deberá oír a la persona ofendida por el delito antes de dictarla.

    En los delitos cometidos contra personas menores de edad o con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.

  • Prescripción del delito (arts. 131 y 132 CP) y de la pena, como causas contempladas en los artículos 130.1.6 CP y 7 CP.

Por último, es relevante destacar, que cabe el desistimiento del ejercicio de la acción penal por parte de un Estado para su remisión a otro, aplicando el Convenio de 15 de mayo de 1972, sobre transmisión de procesos penales, ratificado por España el 24 de junio de 1988 y que permita la renuncia de un Estado a su propia jurisdicción por remisión a otro para el ejercicio de la acción penal.

Por su parte, y en concreto, en el seno de la Unión Europea, la institución de cooperación y coordinación judicial en dicho ámbito denominada Eurojust, creada por la Decisión del Consejo de la Unión el 28 de febrero de 2002, para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia, en los supuestos de delincuencia organizada, tiene entre sus funciones, la de solicitar, tras las pertinentes reuniones de coordinación, a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados (artículos 6.a.ii y 7.a.ii.de la Decisión Marco) "que reconozcan que uno de ellos puede estar en mejores condiciones para llevar a cabo una investigación o unas actuaciones judiciales sobre hechos concretos".

Y respecto de la remisión a España de las actuaciones penales iniciadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que a solicitud de Eurojust o del miembro nacional se realicen, el Ministerio Fiscal podrá instar de los jueces de instrucción que inicien un procedimiento judicial o amplíen a otros hechos el procedimiento ya abierto en España, como consecuencia de la declaración efectuada por una autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea por la que se acuerde la remisión a España del procedimiento.

Recuerde que…

  • La acción penal es preceptiva para el Estado y potestativa para los individuos.
  • La acción penal es pública con las únicas limitaciones contenidas en la Ley.
  • La acción penal se inicia por querella, denuncia o de oficio.
  • La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil.
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