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Acción real

Acción real

Las acciones reales son aquellas que tienen por objeto garantizar un derecho real, es decir, aquellas que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un derecho caracterizado por representar un poder jurídico sobre alguna cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte del demandado.

Proceso civil

¿Qué se entiende por acción real?

Si entendemos la acción como un instrumento para obtener la protección o salvaguarda de un derecho, las acciones reales son aquellas que tienen por objeto garantizar un derecho real, es decir, aquellas que ejercita el demandante para reclamar o hacer valer un derecho caracterizado por representar un poder jurídico sobre alguna cosa, con plena independencia de toda obligación personal por parte del demandado.

En contraposición, las acciones personales, son las que tienen por objeto garantizar un derecho personal, deduciéndose para exigir el cumplimiento de una relación jurídica obligatoria, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto (por ejemplo, un derecho de crédito).

Como cualquier otra modalidad de tutela jurídica, este tipo de acción tiene encaje en el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la posibilidad de solicitar ante los Tribunales:

  • - la condena a una prestación,
  • - la declaración de la existencia de un derecho o situación jurídica,
  • - la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica,
  • - la adopción de medidas cautelares o
  • - cualquier otra clase de tutela expresamente prevista por la Ley.

¿Qué clases de acciones reales podemos encontrar?

Tanto el propietario como los que sean titulares de otros derechos reales limitativos del dominio, cuentan con una serie de acciones dirigidas a reprimir las violaciones o perturbaciones de que puedan ser objeto.

El paradigma de las acciones protectoras es la acción reivindicatoria, si bien existen otras acciones dirigidas a encauzar otros posibles intereses del titular, que no requieran para su satisfacción la recuperación de la cosa de quien indebidamente la posee.

Acción reivindicatoria

Con base en el artículo 348 del Código Civil, la reivindicatoria es la acción protectora del dominio más significativa. Se puede definir como la acción que compete a un propietario no poseedor contra quien posee la cosa indebidamente. De carácter recuperatorio, está dirigida a condenar al poseedor a reintegrar al dueño.

Se trata de una acción real, declarativa, de condena y ejercitable "erga ommes" (frente a todo el que posea indebidamente), cuyo éxito, según doctrina del Tribunal Supremo, precisa la concurrencia de los siguientes tres requisitos:

  • a) que el actor pruebe cumplidamente el dominio de la finca que reclama,
  • b) la identificación exacta de la misma, y
  • c) la detentación o posesión indebida de la misma por el demandado.

El éxito de la acción reivindicatoria dará lugar a una sentencia de condena contra el demandado, que, sobre la base de declarar al demandante como propietario (o titular del derecho real que se reivindique en su caso) será obligado a restituir la cosa reclamada.

Lo expuesto se refiere a la reivindicación de bienes inmuebles, pues los bienes muebles presentan caracteres poco propicios para el ejercicio de la acción reivindicatoria, y, aunque no se prohíbe en absoluto, ciertamente se la limita en términos muy considerables, como resulta de lo dispuesto en el artículo 464 del Código Civil y concordantes que consideran que la posesión de cosas muebles equivale a título y causa prescripción en el poseedor.

Acción declarativa de dominio

Esta acción tiene como fin obtener un pronunciamiento judicial de mera declaración de la titularidad del derecho a favor del actor, eliminando la situación de incertidumbre provocada por el hecho de que el demandado lo viniera discutiendo o se lo atribuyera, sin que él éxito de la acción conlleve la reintegración de la posesión (no precisa que el demandado sea poseedor).

La acción declarativa de dominio se encuentra entre las meramente declarativas, que no buscan el cumplimiento coercitivo del derecho, sino la puesta en claro del mismo. Se caracteriza por tener por finalidad únicamente la cesación de una situación jurídica controvertida o que genera inseguridad, apareciendo la controversia como razón de ser de esta acción.

Exige la prueba del dominio por el actor y la identificación de la cosa en iguales términos que la acción reivindicatoria, pero no que el demandado se halle en posesión de la cosa, y ha de dirigirse contra quienes nieguen o discutan el derecho de propiedad del demandante.

Acción negatoria

Es la que corresponde al propietario o titular de cualquier otro derecho real, contra todo tipo de perturbaciones no posesorias que afecten a su derecho. Según Díez-Picazo y Gullón, cuando se trata de defender la propiedad, es la acción que busca defender la libertad del dominio, declarando la ausencia o inexistencia de gravámenes sobre él.

Se ejercitará frente a quien pretenda ser titular de tal derecho (por ejemplo, usufructo, servidumbre, etc). El actor deberá probar el dominio que dice ostentar, pero no la falta del derecho del demandado, porque se presume que la propiedad es libre mientras no se demuestre lo contrario, y porque la prueba de los hechos negativos es prácticamente imposible, y también deberá probar la perturbación que el demandado haya causado en el goce de su propiedad.

En cuanto a sus efectos, en caso de prosperar, serán los siguientes:

  • a) El cese de la perturbación o de la inmisión indebida;
  • b) Posible adopción de medidas precautorias que eviten la reaparición de las perturbaciones;
  • c) Responsabilidad civil por el hecho ilícito de la perturbación o inmisión, con obligación de indemnizar los daños y perjuicios.

Acción de deslinde

Según el artículo 384 CC, todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes, facultad que también corresponderá a los que titulares de otros cualesquiera derechos reales. Añade el artículo 385 del Código Civil que el deslinde se hará en conformidad con los títulos de cada propietario, y, a falta de títulos suficientes, por lo que resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes.

La facultad de deslinde, que es imprescriptible (artículo 1965 CC), puede llevarse a cabo a través de un contrato, como acto de jurisdicción voluntaria (arts. 104 a107 de la Ley 15/2015 de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria), o a través de juicio declarativo.

Acción confesoria

Es una acción principalmente declarativa de un derecho real limitado, es decir, declarativa de un gravamen impuesto sobre la propiedad de la cosa ajena.

Como el dueño de la cosa tiene derecho a preservarla de toda injerencia o perturbación externa, posesoria o no posesoria, y está facultado para esgrimir la acción negatoria frente quien alegara, sin derecho a ello, que la propiedad en cuestión se encuentra gravada con un derecho real (ius in re aliena), en justa correspondencia, el que afirma ser titular de un derecho real limitativo de la propiedad (por ejemplo, servidumbre o usufructo) está también en disposición de defender la existencia de tal gravamen mediante el ejercicio de la acción confesoria.

Su viabilidad precisa de la existencia de un derecho real limitado (por ejemplo, servidumbre), perfectamente identificado. Dada la presunción de libertad de dominio, el actor debe probar la titularidad del derecho real limitado, así como la existencia de actos de lesión, perturbación o simple impedimento o inquietación en el ejercicio del derecho, justificadores de la necesidad o el interés del actor en que se ponga en claro su derecho.

Acción para la efectividad de los derechos reales inscritos

El objeto de estas acciones, previstas en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, es conseguir la efectividad de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad frente a quien se oponga a los mismos o perturbe su ejercicio, sin disponer de un título inscrito que le legitime para ello.

Se decidirán por los trámites del juicio verbal, con independencia de su cuantía (art. 250.1 LEC).

Para poder ejercitar estas acciones, los titulares de los derechos inscritos deben acreditar la vigencia del asiento registral correspondiente, mediante certificación del Registrador.

El artículo 439.2 LEC establece las siguientes causas de inadmisión de la demanda:

  • Cuando en la demanda no se expresen las medidas que se consideren necesarias para asegurar la eficacia de la sentencia que recayere.
  • Si, salvo renuncia del demandante que hará constar en la demanda, no se señalase en la demanda la caución que ha de prestar el demandado (conforme al párrafo segundo del artículo 64.2 LEC), para responder de los frutos percibidos indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiese ocasionado y de las costas del juicio.
  • Si no se acompañase a la demanda certificación literal del Registro de la Propiedad que acredite expresamente la vigencia, sin contradicción alguna, del asiento que legitima al demandante.

Tan pronto se admita la demanda, el Tribunal adoptará las medidas solicitadas que, según las circunstancias, fuesen necesarias para asegurar en todo caso el cumplimiento de la sentencia que recayere.

En la citación para la vista se apercibirá al demandado de que, en caso de no comparecer, se dictará sentencia acordando las actuaciones solicitadas por el actor para la efectividad del derecho inscrito. En su caso, también se le apercibirá de que se dictará la misma sentencia si comparece al acto de la vista, pero no presta caución.

La cuantía de la caución será determinada por el tribunal, dentro de la solicitada por el actor y tras oír al demandado.

El demandado sólo podrá oponerse a la demanda si, en su caso, presta la caución determinada por el tribunal, y únicamente podrá fundarse en alguna de las causas siguientes (artículo 444.2 LEC):

  • Falsedad de la certificación del Registro u omisión en ella de derechos o condiciones inscritas, que desvirtúen la acción ejercitada.
  • Poseer el demandado la finca o disfrutar el derecho discutido por contrato u otra relación jurídica directa con el último titular o con titulares anteriores o en virtud de prescripción, siempre que ésta deba perjudicar al titular inscrito.
  • Que la finca o el derecho se encuentren inscritos a favor del demandado y así lo justifique presentando certificación del Registro de la Propiedad acreditativa de la vigencia de la inscripción.
  • No ser la finca inscrita la que efectivamente posea el demandado.

Acciones puramente posesorias

Podemos hablar de los siguientes supuestos:

  • - Demandas de defensa contra actos de despojo o perturbación de la tenencia o posesión de una cosa o derecho. Lo que se pretende con ellas es recuperar la posesión de una cosa o derecho por quien ha sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute (artículo 250.1.4º LEC).
  • - Demandas en las que el heredero pretende que el Tribunal le ponga en posesión de los bienes heredados, si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructario (artículo 250.1.3º LEC).
  • - La acción publiciana, que protege al poseedor de mejor derecho frente a otro poseedor de peor derecho. En el derecho moderno, se trata de una acción que protege al poseedor en concepto de dueño, cuando aún no ha consumado a su favor la usucapión, entendiendo que la buena fe del poseedor legitima su título posesorio otorgándole un mejor o superior derecho a poseer, como el que tendría si realmente fuera ya dueño de la cosa poseída. Es una acción propiamente dirigida a preservar la posesión del usucapiente, que no el dominio, aunque el dominio pueda resultar protegido indirectamente.

Acciones preparatorias y cautelares

a) Acción ad exhibendum

Dentro de los actos preparatorios del futuro proceso se encuentran las diligencias preliminares, una de cuyas modalidades es la dirigida a la exhibición de cosas o documentos en poder del futuro demandado, que permitan al solicitante de la diligencia y futuro demandante, conocer datos ignorados y necesarios para poder fundar la pretensión.

La acción ad exhibendum es una diligencia preliminar, dirigida a lograr la exhibición de documentos relativos a presupuestos procesales del futuro demandado y su legitimación (artículo 256.1.1ª LEC), la exhibición de la cosa objeto del futuro litigio, en poder del demandado (256.1.2ª LEC) y la exhibición de documentos relativos a la fundamentación de la pretensión (artículo 256.1 LEC, apartados 3 al 8).

Además, atendiendo a la remisión que contiene el artículo 256.1.9 LEC a las diligencias comprendidas en leyes especiales, es también la diligencia encaminada a la comprobación de hechos en que se han de sustentar las pretensiones de condena contra infractores de derechos de patente (artículos 123 a126 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes), y de derechos de marca (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), y también las diligencias que se pueden solicitar para la comprobación de hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para la preparación del juicio en materia de competencia desleal (artículo 24 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) y la petición de historia clínica al centro sanitario o profesional que la custodie (Ley 41/2002, de 14 de noviembre de autonomía del paciente).

b) Acción de suspensión de obra nueva

La acción de suspensión de una obra nueva (artículo 250.1.5º LEC): antiguo interdicto de obra nueva.

c) Acción para la demolición de edificios en ruina

La acción para la demolición o derribo de edificios u objetos en estado de ruina (artículo 250.1.5º LEC): acción sucesora del interdicto de obra ruinosa.

Aquae pluviae arcendae

También denominada "actio aquae pluviae arcendae". Bajo esta expresión latina se denomina aquella acción de carácter real para la defensa de los daños contra la propiedad producidos por la vecindad. Mediante su ejercicio, se pretende la prohibición de alterar con obras el fluir de aguas en perjuicio de los demás fundos.

Recuerde que…

  • Las acciones reales son aquellas que tienen por objeto garantizar un derecho real.
  • Pueden ejercitarlas tanto los propietarios como los titulares de otros derechos reales limitativos del dominio (servidumbres, usufructo...)
  • El paradigma de las acciones reales es la acción reivindicatoria, dirigida a recuperar una cosa de quien indebidamente la posee
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