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Acusación particular

Acusación particular

Proceso penal

I. CONCEPTO

Desde un punto de vista estrictamente procesal se viene admitiendo por la doctrina la posibilidad de extrapolar el concepto de parte, más propio del Derecho Privado, al procedimiento penal.

Por un lado estarán los acusadores cuya intervención va dirigida a obtener una resolución de condena. A tal fin, solicitarán la práctica de diligencias durante la fase de instrucción para la investigación del presunto delito, pudiendo interesar la adopción de medidas cautelares (por ejemplo no es posible la prisión provisional si no se interesa por la parte acusadora) y posteriormente formalizarán la acusación. Por otro, los acusados, que, desde la toma de declaración del imputado participan en la instrucción, siendo su objetivo el sobreseimiento de la causa y, en su defecto, el dictado de una Sentencia absolutoria.

Nuestro sistema procesal penal admite un amplio abanico de acusadores, a diferencia de la mayoría de los ordenamientos de nuestro entorno que solo contemplan la acusación pública. En primer lugar está el Ministerio Fiscal que tiene constitucionalmente asignada la función de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (artículo 124 Constitución Española). Junto a él, se admite el ejercicio de la acción penal al conjunto de los ciudadanos, por una doble vía. El ofendido por el delito puede ejercitar la acusación particular personándose en la causa mediante Abogado y Procurador (artículo 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal). También el conjunto de los ciudadanos, sin relación con el ilícito que se enjuicia, pueden ejercitar la acción penal, mediante la figura de la acusación popular, si bien con mayores exigencias que las previstas en nuestro ordenamiento para el ejercicio de la acusación particular (por ejemplo deben constituir fianza para responder de las resultas del juicio, como estipula el artículo 280 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Esta pluralidad de acusadores es fiel reflejo del mandato constitucional establecido en el artículo 125 de la Constitución:

"Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine".

Este sistema, hasta la fecha no discutido, ha entrado en crisis a partir de la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cuestiona la posibilidad de que se produzca una condena cuando la única parte que la interesa sea la acusación popular, es decir, cuando el Ministerio Fiscal y la acusación particular, en caso de participar, no hayan solicitado la condena. Esta posición, que se fundamenta con relación al procedimiento abreviado, tiene por base la interpretación del artículo 782.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se ha iniciado con la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2007.

Con relación a la acusación particular, el Tribunal Constitucional ha reiterado que el reconocimiento del derecho de la víctima del delito al ejercicio de las acciones penales y civiles que del mismo deriven, personándose en las actuaciones, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución). En otras palabras, es un derecho digno de protección el que el ofendido tiene a solicitar la actuación del ius puniendi del Estado, dentro del sistema penal instaurado en nuestro Derecho, en el que junto a la oficialidad de la acción encomendada al Ministerio Fiscal se establecen otras titularidades privadas, entre ellas la del perjudicado por el delito (Sentencias del Tribunal Constitucional 37/93, 217/94, 21/05 ó 9/08). Derecho a una participación activa de la víctima en el proceso que ha venido a ser consagrado y desarrollado por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito (arts.3 y 11 siguientes de la citada Ley 4/2015).

II. ¿QUIÉNES PUEDEN PERSONARSE EN LA CAUSA EJERCITANDO LA ACUSACIÓN PARTICULAR?

Partiendo del presupuesto de la necesidad de ser ofendido por el delito, están legitimados para ejercer la acusación particular:

1. Los ciudadanos españoles

Por tales debemos contemplar a todas aquellas personas susceptibles de ser titulares de derechos y obligaciones en los términos establecidos en los artículos 29y 30 del Código Civil. En el caso de menores de edad o personsa con la capacidad modificada judicialmente deberán actuar a través de su representación legal.

2. Los ciudadanos extranjeros

Establece el artículo 270 Ley de Enjuiciamiento Criminal que pueden mostrarse parte como acusadores en el procedimiento penal los extranjeros, por delitos cometidos contra su persona o bienes, o contra la persona o bienes de sus representados.

3. Las personas jurídicas

No resulta cuestionable que las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de un delito, y por lo tanto parte legítima para el ejercicio de acciones penales. Incluso el Tribunal Constitucional ha admitido que pueden constituirse en acusación popular (SSTC 77/99 y 129/01, entre otras).

4. Determinadas entidades sin personalidad jurídica

En este ámbito debemos atender a la capacidad para ser parte prevista para el Derecho Privado en el artículo 6 LEC.

En primer lugar existen determinados entes carentes de personalidad jurídica a los que nuestro ordenamiento reconoce la capacidad para ser parte, como es el caso de las comunidades de propietarios (artículo 22.1 de la Ley de Propiedad Horizontal). Por tanto, cuando este tipo de entidades sean sujeto pasivo de un delito podrán ejercitar la acusación particular.

En segundo lugar, debemos incluir los patrimonios autónomos carentes de personalidad jurídica. Como ejemplo, siempre citado, cabe pensar en la herencia yacente (patrimonio del difunto cuando todavía no ha sido aceptada la herencia por los llamados como herederos).

5. El Estado y demás entes públicos

Determinados delitos contemplan al Estado como sujeto pasivo de la conducta ilícita, como pueden ser los delitos contra la Constitución (artículos 472 y siguientes del Código Penal). Su personación en el procedimiento se efectuará a través de sus correspondientes Letrados sin necesidad de participación de Procurador (artículo 551 Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley 52/1997, de 27 de noviembre de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas).

III. EXCEPCIONES EN EL DERECHO A EJERCITAR LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Como anteriormente se ha indicado nuestro ordenamiento reconoce el derecho de todo ciudadano a ejercitar la acusación particular, pero también contiene algunas limitaciones con diferente justificación.

Establece el artículo 103 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no podrán ejercer acciones penales entre sí:

  • - Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de bigamia.
  • - Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, a no ser por delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros.

Para profundizar en el análisis de este precepto resulta necesario ponerlo en relación con el texto del artículo 268 del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que recoge una excusa absolutoria con relación a determinados delitos contra el patrimonio (hurto, robo con fuerza, usurpación no violenta, estafa, apropiación indebida, defraudación de fluido eléctrico y análogas, insolvencias punibles, alteración de precios en subastas públicas y daños). En concreto, tras la citada reforma, manifiesta dicho precepto:

«1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren en el delito.»

Se ha añadido al precepto la mención “o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.”.

La finalidad de estas normas estaría en una voluntad (ciertamente discutible) de evitar que la paz en el conjunto familiar se vea alterada por el ejercicio de acciones penales entre algunos de sus miembros.

Una vez determinada la norma y su contenido, resulta necesario realizar algunas consideraciones para precisar el ámbito de la limitación al ejercicio de acciones penales.

1. Imposibilidad de ejercicio de acciones penales por parte de los cónyuges, salvo en delitos contra la persona de uno o de sus hijos

1.1. ¿Qué debe entenderse a efectos de este precepto por delitos contra las personas?

La cuestión no es fácil, ya que el texto del artículo 103 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se acomoda a la sistemática del Código Penal de 1995, que no recoge ningún Título con dicha denominación. Por el contrario, el Título VIII, del Libro Segundo del Código Penal de 1973 contemplaba los "Delitos contra las personas". Examinando el contenido del mismo, se aprecia el reducido número de delitos que comprende (homicidio, infanticidio, aborto y lesiones), excluyendo numerosos tipos que afectan de una forma directa a la esfera más íntima del ser humano, y que difícilmente puede pensarse que el Legislador quisiera excluir del ámbito de la acusación particular (libertad sexual u honor, por ejemplo).

La generalidad de la doctrina ha abogado por una interpretación amplia del concepto "delitos contra las personas", para evitar situaciones de indefensión cuando se vulneran los aspectos esenciales de la naturaleza humana. En el mismo sentido se ha pronunciado la Jurisprudencia, en las escasas ocasiones en que ha conocido de esta cuestión. Vamos a perfilar de forma sucinta la argumentación del Tribunal Supremo.

Se parte del presupuesto de que el artículo 3 del Código Civil exige que las normas jurídicas han de interpretarse de conformidad con la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Con este antecedente, no cabe obviar que el artículo 103 Ley de Enjuiciamiento Criminal es una norma totalmente desfasada, carácter que no ha subsanado su puntual reforma operada por Ley Orgánica 14/99, de 9 de junio.

La interpretación del reiterado concepto no puede limitarse a los delitos previstos en el Título VIII del Libro II del Código Penal de 1973, pues ello supondría una restricción desmesurada de los supuestos en los que cualquiera de los cónyuges, pudiera personarse en las actuaciones penales como acusadora particular, y gozar de la cualidad de parte formalmente constituida.

Como argumenta la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1999, la persona es el centro de todo el Derecho. La persona como ser humano, tiene ciertos aspectos o manifestaciones inherentes a la misma, y especialmente trascendentes e íntimos, tanto físicos -vida, integridad física- como morales -honor, intimidad, imagen-. A estos aspectos o manifestaciones el Derecho los considera intereses dignos de protección y el ordenamiento jurídico concede un poder a la persona, como sujeto de derecho para autoprotección de aquellos, es decir, derechos subjetivos, que son llamados derechos de la personalidad, los cuales -Sentencia Tribunal Constitucional de 14 de julio 1981 - son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

Continúa argumentando la citada Sentencia del Tribunal Supremo que, desde otro punto de vista, en el derecho a la tutela judicial efectiva, se integra el principio "pro actione", que, según una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, 38/1998 de 17 febrero, 35/1999 de 22 de marzo, opera sobre los requisitos establecidos legalmente para acceder al proceso, impidiendo que determinadas interpretaciones y aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a él sometida. Finaliza la reiterada Sentencia argumentando que:

"Y esto es lo que ocurrirá, de aceptarse la tesis rigorista del recurrente, que impedirá en una interpretación muy restrictiva, que cualquiera de ambos cónyuges, no pudiera ser parte como acusador particular, en alguno de los delitos no concretamente referidos a las infracciones contra las personas "stricto sensu", sino a cualquier otro que afectara a la libertad sexual, a la libertad, amenazas, detenciones ilegales, coacciones, o el que en el presente recurso se examina, en los que no podría intervenir como acusación particular, lo que, conforme a la doble argumentación expuesta, debe rechazarse, y por tanto el motivo".

La misma posición se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1990.

1.2. ¿La separación de hecho o legal de los cónyuges determina la inaplicación del artículo 103 Ley Enjuiciamiento Criminal?

Según establece el artículo 85 del Código Civil el matrimonio se disuelve por el divorcio, por tanto, no ofrece dudas que los que fueron cónyuges pueden ejercitar entre sí acciones penales. Un supuesto muy distinto es el de la separación judicial, que no extingue el vínculo, por lo que cabe la reconciliación que pone término al procedimiento iniciado y deja sin efecto lo en él resuelto (artículo 84 Código Civil).

El artículo 103.1º Ley de Enjuiciamiento Criminal veda el ejercicio de acciones penales a los cónyuges entre sí. La pareja separada judicialmente o de hecho configura todavía un matrimonio, por lo que una interpretación literal del precepto determinaría la aplicación del reiterado precepto.

Con la argumentación expuesta en el apartado anterior, ofrece serias dudas la posibilidad de mantener esta limitación a la posibilidad amplia establecida por la Constitución al ejercicio de acciones penales por parte de los ciudadanos, especialmente si se acepta que el precepto analizado es una norma de concepto ciertamente obsoleto, tributaria de una época con una normativa que eludía la regulación de las crisis matrimoniales. Debería optarse por una interpretación conforme a la realidad actual (artículo 3 Código Civil), y no aplicar un precepto que tiene por fundamento mantener la "paz familiar" a supuestos en que el vínculo matrimonial está en crisis, que en los casos de separación judicial es habitualmente definitiva (en la práctica judicial los supuestos de reconciliación en el seno del procedimiento de separación son residuales). En apoyo de esta tesis podemos citar el artículo 268 Código Penal, que recoge la excusa absolutoria entre parientes en el ámbito de determinados delitos contra el patrimonio y que expresamente excluye su aplicación, cuando los cónyuges: "estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio".

Esta opinión, no se comparte por el Tribunal Supremo y, por tanto, debe contemplarse como una propuesta que difícilmente podrá prosperar en caso de ser alegada ante un órgano judicial.

Antes de dictar Sentencia en la que se abordaba esta cuestión, los Magistrados responsables de la misma, la elevaron al Pleno de la Sala Segunda, que la abordó en su sesión de 20 de diciembre de 2006. En concreto, la propuesta que se hizo fue la siguiente:

"De la excepción que impide el ejercicio de la acción penal entre sí a los cónyuges, prevista en el artículo 103.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quedan excluidos aquellos que estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio."

La mayoría de los Magistrados votó negativamente al tenor de la propuesta, abogando por una interpretación estricta y literal del precepto, que excluye la posibilidad de ejercicio de acciones penales entre los cónyuges mientras el vínculo no resulte disuelto o anulado.

Estos acuerdos no jurisdiccionales del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son vinculantes para sus miembros. En este sentido se pronunció el acuerdo de 18 de julio de 2006:

"Los Acuerdos de Sala General (Pleno no Jurisdiccional) son vinculantes".

Ello determinó que, en contra de su criterio inicial, los Magistrados que elevaron la cuestión analizada, dictaran Sentencia considerando que la separación de los cónyuges no impedía la vigencia de la restricción impuesta por el artículo 103.1º LECRim. El asunto enjuiciado lo constituían unos presuntos delitos de estafa y apropiación indebida, habiéndose constituido en acusación particular un cónyuge contra el otro, estando separados judicialmente. La Sentencia, que es de 8 de enero de 2007, realiza unas consideraciones muy interesantes:

"denuncia la infracción de Ley y constitucional cometida, según quien recurre, por la Audiencia, respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, al no habérsele permitido al recurrente actuar como Acusación Particular, dado el vínculo matrimonial aún existente, a pesar de la situación de separación matrimonial, entre querellante y querellada al tiempo del ejercicio de las acciones...

Con ese rechazo a semejante interpretación del precepto (la que he reproducido antes y fue presentada al Pleno de la Sala en su reunión de 20 de diciembre de 2006, resultando rechazada), la mayoría de los componentes de la Sala, en decisión que es asumida por los integrantes de este Tribunal, se manifiesta favorable a mantener, puesto que se considera que no concurren motivos para llevar a cabo una exégesis que se aparte de ello, la interpretación literal de la norma referida, según la cual es obvio que el presunto perjudicado, representado por su tutor en las presentes actuaciones, en tanto que aún esposo de la acusada a pesar de encontrarse separados, no puede actuar como Acusación Particular, quedando relegada su posición procesal, como interpretaron también los Jueces de instancia, a la de mero Actor Civil.

Razones por las que no sólo debe desestimarse el primer motivo, sino también el Segundo, que pretendía obtener la condena penal de la querellada, por no ser ésta materia que le esté permitido abordar al Actor civil, y, en consecuencia, la desestimación del Recurso en su integridad".

1.3. ¿Deben equipararse las uniones del hecho al matrimonio a los efectos de aplicación del artículo 103.1 Ley Enjuiciamiento Criminal?

Se trata de otra cuestión compleja y de difícil solución. Si se parte de la base de que se trata de un precepto obsoleto que debe interpretarse atendiendo a las expectativas de una sociedad del siglo XXI, difícilmente podremos excluir a las uniones de hecho (o paramatrimoniales), y ello, aunque se trate de un precepto que limita el acceso a la jurisdicción. Resultaría, sin duda, un contrasentido que en la unión estable (homosexual o heterosexual) sin matrimonio, la pareja no pudiera ejercitar acciones penales contra los hijos comunes pero sí el uno contra el otro. Por tanto, debe optarse por una interpretación flexible que comprenda a este tipo de uniones (con convivencia y proyecto de vida en común).

Del análisis del Código Penal se desprende la voluntad de asimilación del matrimonio a la convivencia more uxorio. Así, cabe citar el artículo 23 del Código Penal de 1995 (circunstancia mixta de parentesco), el artículo 153 del Código Penal de 1995 (violencia doméstica), el artículo 424 CP (atenuación del cohecho), los artículos. 443 y 444 CP (abusos sexuales de funcionario) o en el artículo 454 CP (encubrimiento entre parientes), preceptos en los que se asimila a los cónyuges con las "personas ligadas de forma estable con análoga relación de afectividad".

La tendencia del Tribunal Supremo es que en los casos en que la norma penal sustantiva no contempla dicha equiparación efectuar una interpretación que la recoja. Un ejemplo muy interesante puede ser la excusa absolutoria en delitos patrimoniales que regula el artículo 268 del Código Penal anteriormente trascrito. Tradicionalmente la Jurisprudencia había considerado que la excusa absolutoria no podía aplicarse a las uniones no matrimoniales, postura que fue defendida hasta la Sentencia de 23 de diciembre 2002, cuyos argumentos aparecen reproducidos y admitidos en la posterior de 21 de noviembre de 2003, si bien, referida a una cuestión distinta.

Esta postura resultó modificada por el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de 1 de marzo de 2005, que se manifestó en el sentido siguiente:

"A los efectos del artículo 268 CP, las relaciones estables de pareja son asimilables a la relación matrimonial".

Esta nueva orientación tuvo su reflejo, por primera vez, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2005:

"Para llegar a esta interpretación se tuvo en cuenta, aparte de la realidad social, en tanto que en este concreto aspecto el Código penal no responde a los parámetros de los modelos familiares actuales, la consideración de un criterio analógico a favor del reo, conforme a la Constitución, que conduce a aceptar la equiparación entre el cónyuge y la persona ligada por una relación análoga de afectividad, a los efectos de aplicar la referida excusa absolutoria. No obstante, se definió como límite de incuestionable concurrencia la existencia de una situación de estabilidad que pudiera equiparar ambas situaciones. Solamente tal estabilidad, puede dar lugar a la equiparación propugnada. De igual modo, tal vínculo ha de subsistir para que pueda darse entrada a este privilegio, del mismo modo que ocurre con las personas unidas en matrimonio, sin que puedan ampararse en el mismo cuando concurre una situación de separación legal o de hecho. El tercer límite lo constituye el que tales acciones típicas se hayan producido entre ellos exclusivamente, sin que puedan entrar en su órbita terceras personas a las que afecte el delito."

2. Imposibilidad de ejercicio de acciones penales entre sí por parte de los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción o por afinidad a no ser por delitos cometidos por unos contra la persona de otros

Los parientes citados en el precepto únicamente pueden ejercitar acciones penales entre sí en el ámbito de los delitos contra las personas, mención que deberá interpretarse de una forma amplia en los mismos términos que he expuesto al analizar el número primero del artículo 103 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Con relación al parentesco por afinidad, no debe olvidarse que se genera y sostiene por el matrimonio, por lo que si el mismo se disuelve el parentesco desaparece y deja de tener eficacia la imposibilidad de ejercicio de acciones penales. Este supuesto fue tratado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2005

IV. PROBLEMAS DE CARÁCTER PROCESAL QUE PUEDEN SURGIR EN EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR

A continuación analizaremos algunas de las principales dudas que pueden plantearse a la hora de ejercitar la acusación particular, intentando dar una solución acorde con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo:

1. ¿En qué momento puede ejercitarse la acusación particular?

El artículo 270 Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el ofendido por el delito puede ejercitar la acusación presentando escrito de querella ante el Juzgado de Instrucción competente. Por tanto, el ofendido puede dar lugar al inicio de las diligencias penales.

En las diligencias abiertas para la investigación del delito deberá recibirse declaración al ofendido, instruyéndole de su derecho a mostrarse parte (artículo 109, 109 bisy 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal). Por tanto, podrá optar entre personarse en la causa o no hacerlo, en este caso, puede renunciar al ejercicio de acciones civiles o reservárselo para el procedimiento civil, si bien, esta declaración de voluntad deberá ser clara para resultar eficaz (artículo 6 del Código Civil). Únicamente en el reducido ámbito de los delitos privados el perdón del ofendido, siempre que sea anterior a dictarse Sentencia, extingue la acción penal.

Si el ofendido opta por no personarse en las actuaciones la acción penal será ejercitada por el Ministerio Fiscal que también, si no medió renuncia, ejercitará las acciones civiles tendentes a la reparación del perjuicio consecuencia del delito (artículo 108 Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En el procedimiento abreviado puede existir otro momento en el que se ofrezca al ofendido la posibilidad de personarse en la causa y ejercitar la acusación particular. Tras dictarse el denominado auto de pase abreviado que inicia la denominada fase intermedia (artículo 779 Ley de Enjuiciamiento Criminal), procede el traslado a los acusadores para que presenten, en su caso, escrito de acusación. Si todos los acusadores personados interesaran el sobreseimiento de la causa que resultaría vinculante para el Instructor al regir en nuestro procedimiento el principio acusatorio, éste podrá acordar que se haga saber esta situación a los directamente perjudicados u ofendidos por el delito no personados, para que dentro del plazo máximo de quince días comparezcan en las actuaciones para defender su acción (apartado a) del artículo 782.2 LECrim). De no hacerlo dará lugar al sobreseimiento de las actuaciones.

Ofrece algunas dudas la determinación del término final para personarse el ofendido en la causa para el ejercicio de la acusación particular. El artículo 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal, prevé que podrán mostrarse parte en la causa, cuando no hubieran renunciado a su derecho: "si lo hicieran antes del trámite de calificación del delito". El problema surge a la hora de determinar que debe entenderse por el "trámite de calificación del delito".

Si analizamos el procedimiento abreviado, resulta obvio que la posibilidad de ejercitar la acusación particular tiene que finalizar antes de dar traslado a las defensas para que presenten los escritos de calificación provisional. Los escritos correspondientes se tienen que formalizar a la vista de los escritos de acusación, respondiendo a sus diferentes peticiones. Por tanto, el término final para personarse el ofendido coincidirá con el momento de dictarse auto de apertura del juicio oral, en el que se da traslado a las defensas para la presentación del escrito de calificación provisional (artículos 783y 784 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta es la solución adoptada por la Jurisprudencia de la que cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2005:

"Por otra parte, la S.T.S. 846/2000, fundamento jurídico octavo, en relación al alcance del artículo 110 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a los perjudicados por un delito o falta mostrarse parte en el proceso penal correspondiente si lo hicieren antes del trámite de calificación del delito, es decir, antes de los escritos de calificación provisional en los procesos por delitos o escritos de acusación cuando se trata del procedimiento abreviado (artículos 649 y siguientes y 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), expone que la finalidad de esta perentoriedad es que la reclamación de los perjudicados "tenga lugar antes de que las defensas hayan realizado sus contestaciones a las pretensiones condenatorias de quienes ejercitan sus acciones en el proceso, esto es, antes de que haya comenzado el trámite de calificación provisional de las defensas", luego si conocen las pretensiones acusadoras antes de calificar provisionalmente la causa no puede entenderse que exista indefensión"

2. ¿Puede el imputado en unas diligencias penales ejercitar simultáneamente la acusación particular?

En determinadas ocasiones dos personas pueden tener al mismo tiempo la condición de sujeto activo y pasivo del delito en un procedimiento penal. Pensemos en el caso de una agresión entre dos personas, en que ambas se golpean produciéndose lesiones. Cada uno ha sido agresor y agredido al mismo tiempo, no resultando oportuna la incoación de dos procedimientos dada la evidente relación de las dos conductas enjuiciadas. Otro supuesto muy habitual son los accidentes de circulación en que participan dos vehículos y que producen lesiones incardinables en el artículo 147.1 Código Penal. Ambos conductores pueden imputarse recíprocamente una conducta negligente como origen del siniestro.

El problema surge al hacer intentar dar acomodo a estas situaciones en nuestro ordenamiento procesal. El Tribunal Supremo abordó los supuestos que anteriormente he citado como ejemplo en la reunión del Pleno celebrada el 27 de noviembre de 1998, pronunciándose, en el siguiente sentido:

"Con carácter excepcional, cabe la posibilidad de que una misma persona asuma la doble condición de acusador y acusado, en un proceso en el que se enjuician acciones distintas, enmarcadas en un mismo suceso, cuando, por su relación entre sí, el enjuiciamiento separado, de cada una de las acciones que ostentan como acusados y perjudicados, produjese la división de la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias, y siempre que así lo exija la salvaguarda del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva".

Como argumento en apoyo de esta solución cabe citar el texto de artículo 781.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal al afirma que en el escrito de calificación provisional de los acusadores: "la acusación se extenderá a las faltas imputables al acusado del delito o a otras personas, cuando la comisión de la falta o su prueba estuviera relacionada con el delito". Sin perjuicio de que, dada la supresión de las faltas por la LO 1/2015, esta mención debe considerarse como transitoria, si se contempla la necesidad de enjuiciamiento conjunto de las faltas conocidas como "incidentales", igualmente deberán sustanciarse en un mismo procedimiento las acusaciones recíprocas entre imputados derivadas de un mismo hecho.

La solución dada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo aparece expuesta en numerosas resoluciones, pudiendo citar la Sentencia de 31 de marzo de 2006:

"El problema aquí suscitado es exclusivamente un problema de legitimación. Si por las circunstancias concurrentes en un determinado proceso penal una persona está legitimada para ser parte en una determinada posición procesal y, además, en otra diferente, no tiene por qué haber incompatibilidad para actuar en los dos conceptos dentro del mismo procedimiento. Un caso de tal doble posición se planteó en una reunión de pleno de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la celebrada el 27 de noviembre de 1998, en la que se acordó en favor de tal compatibilidad cuando, por ejemplo, hubo agresiones mutuas con lesiones recíprocas o un accidente de circulación con intervención de varios conductores de vehículos cada uno de los cuales considera culpable al contrario. El fundamento de esta compatibilidad se encuentra en la necesidad de que no se celebren varios procesos que pudieran originar sentencias contradictorias, lo que constituiría un grave atentado contra la seguridad jurídica (artículo 9.3 Constitución Española). Hay que evitar lo que la doctrina llama división de la continencia de la causa. Los diferentes problemas de un mismo acontecimiento o de acontecimientos no separables han de ser objeto del mismo procedimiento para evitar que su tramitación separada diera lugar a resoluciones diferentes que pudieran ser contradictorias".

Para articular procesalmente esta doble condición, la solución más congruente con las normas del procedimiento abreviado será el dar traslado a los acusadores para que formulen su escrito de conclusiones provisionales en la forma prevista en el artículo 781 Ley de Enjuiciamiento Criminal. Evacuado ese trámite y dictado el auto de apertura del juicio oral, se dará traslado al acusador particular que también haya resultado acusado para que formule el oportuno escrito de defensa.

3. ¿Tiene derecho el ofendido por el delito a solicitar el beneficio de justicia gratuita para ejercitar la acusación particular?

La respuesta debe ser positiva.

El Tribunal Constitucional ha declarado de forma reiterada, que la gratuidad de la asistencia jurídica consagrada en el artículo 119 de la Constitución Española es instrumento y concreción de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), a la igualdad de armas procesales y a la asistencia letrada (artículo 24.2 de la Constitución Española), y que no sólo consagra una garantía de los intereses de los justiciables, sino también de los intereses generales de la justicia, ya que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes y a facilitar así al órgano judicial la búsqueda de una Sentencia ajustada a Derecho y, por ello, indirectamente, coadyuva al ejercicio de la función jurisdiccional (Sentencias 182/2002, de 14 de octubre; 187/2004, de 2 de noviembre; 127/05, de 23 de mayo; ó 217/2007, de 8 de octubre, entre otras muchas).

En consecuencia, la privación del derecho a la gratuidad de la justicia, implicará una lesión del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Sentencia 95/2003, de 22 de mayo, FJ 4).

Son numerosas las Sentencias del Tribunal Constitucional que abordan esta cuestión, entre otras la de 21 de enero de 2008:

"En definitiva, de lo anteriormente expuesto ha de concluirse que la víctima del delito, a la que la ley reconoce el derecho a personarse como acusación particular, sin excluir de ese derecho los casos en que existe acusación pública, es -en tal condición- titular del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, y de los derechos reconocidos en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en lo que ahora interesa, del derecho de defensa y del derecho a la asistencia letrada. Lo que significa, según se expuso en el fundamento jurídico anterior, que en virtud del contenido constitucional indisponible del artículo 119 de la Constitución Española, habrá de gozar del derecho a la gratuidad de la justicia, incluidos los honorarios profesionales de Abogados y Procuradores cuando su intervención sea preceptiva o necesaria en atención a las características del caso, si carece de medios suficientes para litigar, conforme a lo anteriormente expuesto.

Ni el citado artículo 6.3 de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita excluye del derecho al acusador particular, ni el derecho de los perjudicados a comparecer como acusación particular se limita en el artículo 110 LECrim a los delitos que no sean perseguibles de oficio, sino que hemos afirmado expresamente que "en todo caso, junto a la acción pública, se reconoce al perjudicado el ius ut procedatur" (Sentencia del Tribunal Constitucional 179/2004, de 21 de octubre, FJ 4). Por tanto, no puede esgrimirse como argumento para restringir el derecho el de la intervención del Ministerio Fiscal como acusador público, pues también en esos casos el perjudicado tiene derecho a ser parte en el proceso y, siendo titular del mismo, derecho a la gratuidad de la justicia si carece de medios suficientes para litigar. El argumento de que podrá hacerlo, pero no de forma gratuita, resulta frontalmente contrario a lo que hemos denominado contenido constitucional indisponible del artículo 119 CE, en la medida en que al denegar a la víctima de un delito carente de recursos económicos el derecho a la asistencia jurídica gratuita para personarse como acusación particular se le impide, de hecho, el ejercicio de su derecho a ser parte en el proceso y a ejercitar las acciones civiles y penales derivadas del delito, dado que resulta legalmente preceptiva la presencia de un Abogado y un Procurador, cuyos honorarios profesionales no podrá sufragar".

En cualquier caso, la Ley 4/2015 (Estatuto de la Víctima del Delito) pone fin al debate al prever de forma expresa en su art. 16 la posibilidad de solicitar el beneficio de justicia gratuita.

4. La acusación particular y su intervención a la hora de que el legislador distinga entre acusación particular y partes personadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desarrollo técnico de los preceptos que en el procedimiento abreviado hacen mención al término "partes personadas" y "acusación particular"

Señala a estos efectos la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, Auto de 20 de diciembre de 2006, recurso 4/2006 que:

“2.2. La ley ordena que, acordada la continuación del procedimiento por los trámites del abreviado, el juez de traslado de las diligencias previas a todas la partes para que estas soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, según dispone el artículo 780.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por lo tanto, dictado el llamado "auto de procedimiento abreviado" el Ministerio Fiscal y "las acusaciones personadas" (literal, artículo 780.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal), -todas las acusaciones, sin distinción de clase, sean públicas, particulares, populares o privadas- deben manifestar si sostienen la pretensión penal presentando su escrito de acusación e interesando la apertura de juicio oral o si, por el contrario, solicitan el archivo de la causa.

2.3. Hasta aquí la ley no distingue entre una clase u otra de acusaciones, como se extrae del sentido propio de sus palabras, primer criterio de interpretación conforme al artículo 3.1 del Código Civil.

Así, en todos los artículos reguladores de este procedimiento hasta llegar a la preparación del juicio oral la ley se ha referido a las acusaciones como comprendidas en la expresión "partes personadas", citando siempre expresa y separadamente al Ministerio Fiscal y al imputado cuando el trámite requiere enfatizar la necesidad de su intervención.

Veamos:

- Artículo 759, 1ª "...tras oír al Fiscal y a las partes personadas".

- Articulo 759, 2ª "...oído el Ministerio Fiscal", y "dará vista...al Ministerio Fiscal y a las partes personadas".

- Artículo 759, 3ª "oído el Ministerio Fiscal y las partes personadas".

- 760 "se le hará saber... al Ministerio Fiscal, al imputado y a las partes personadas".

- 762 "cuantas sean las otras partes y el Fiscal".

- 765.1. "previa audiencia del Fiscal".

- 766.3. "se dará traslado a las demás partes personadas".

- 766.4. "antes de dar traslado a las demás partes personadas".

- 767 "el Ministerio Fiscal", sin cita de ninguna otra parte.

- 769 a 774, múltiples referencia sólo y exclusivamente al "Ministerio Fiscal" sin cita de ninguna otra parte, aunque sí se refiere al perjudicado u ofendido, no como parte procesal.

- 777 "dando atenta al Ministerio Fiscal".

- 779.1, 3ª "se dará traslado de lo actuado al Fiscal de Menores".

- 779.1, 5ª "mandará convocar inmediatamente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas".

- 779.2 "si no hubiere miembro del Ministerio Fiscal constituido...".

Por lo tanto, como acabamos de exponer, el legislador nombra, de un lado, al Ministerio Fiscal y de otro a las "partes personadas".

Es en el trámite de preparación del juicio oral cuando el legislador introduce por primera vez las expresión "acusaciones personadas" que, naturalmente, comprende todas las partes que ejercen la acción penal a excepción del Ministerio Fiscal, que no requiere de personación en la causa al ser parte necesaria en todo proceso penal por delito público o semipúblico.

En efecto, el artículo 780 dice: "Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este capítulo, en la misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias" y el artículo 781.2 se refiere sucesivamente a "El Ministerio Fiscal... y las acusaciones personadas" y sólo al "Ministerio Fiscal...".

Especial relevancia tiene la redacción del artículo 780.2, segundo párrafo, referido a la práctica de diligencias complementarias, cuando establece que el Juez decidirá lo que proceda cuando tal solicitud sea formulada por "la acusación o acusaciones personadas", pues denota que el legislador es consciente cuando redacta la ley de que puede haber más de una acusación no pública, dando sentido así al distingo o selección posterior.

Llegamos así al precepto que constituye la clave del arco para resolver la cuestión planteada, el artículo 782 Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se cita por primera vez al "acusador particular" que, como veremos, no es otro que el perjudicado u ofendido por el delito cuando se constituye en parte procesal.

Dice así el artículo 782 Ley de Enjuiciamiento Criminal:

"Si el Ministerio Fiscal y... el acusadas particular solicitaren el sobreseimiento de la causa (...) lo acordará el Juez".

Esta prolija relación demuestra cómo el legislador, a lo largo de la regulación del procedimiento, cuando quiere distinguir distingue, refiriéndose a todas las partes personadas -incluido el imputado-, sólo a las partes acusadoras -ya sean particulares o populares- o, dentro de estas, a la acusación o acusaciones personadas o sólo a la acusación particular, además de al Ministerio Fiscal, al que siempre cita por su nombre.

Es decir, el legislador usa el lenguaje con propiedad y usa la expresión "partes personadas" para referirse a todas ellas, activas y pasivas -sin distinción de clases-, comprendiendo por tanto en dicha expresión al imputado, responsables civiles en su caso y a las acusaciones particular y popular; usa "acusaciones personadas" cuando se refiere a la acusación particular y popular si las hubiera, pues el Ministerio Fiscal, como parte necesaria en el proceso por delitos públicos y semipúblicos no necesita de personación alguna; y usa la de "acusador particular" cuando se refiere al perjudicado u ofendido por el delito que ha mostrado su voluntad de ejercer la acción penal personándose en las actuaciones.

2.4. En la redacción anterior a la introducción del procedimiento abreviado, en el antiguo procedimiento de urgencia, podía discutirse con mayor o menor éxito que la interpretación correcta es la que sostiene hoy el tribunal, pues en el artículo 790, en la redacción vigente desde el 1 de mayo de 1967 hasta el 28 de febrero de 1989 , se mencionaba expresamente y de forma separada al querellante y al perjudicado que se hubiesen personado en las actuaciones para, luego, referirse solamente, de forma impropia, al acusador particular.

Sin embargo, desde la Ley Orgánica 7/1988, de 28 de diciembre que introdujo el procedimiento abreviado, el legislador ha mantenido las mismas expresiones antes expuestas, habiéndose producido sólo una novedad: La introducción por la Ley 38/2002, de 24 de octubre de la búsqueda del acusador particular en el artículo 782.2 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicho artículo dice:

"Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados (...)"

Esta nueva redacción despeja, a juicio del tribunal, las dudas que pudieran existir bajo la antigua regulación, pues tanto de la interpretación gramatical, cuanto de la lógica, contextual e histórico legislativa, se colige que hoy por hoy el legislador cuando se refiere a la ausencia de acusación particular dispuesta a sostener la acusación, está usando esa categoría jurídico procesal en sentido estricto y propio, como los directamente ofendidos o perjudicados personados.

Así lo confirma la exposición de motivos de la Ley 38/2002 al decir en su apartado III, segundo párrafo, que "las reformas que se introducen en el procedimiento abreviado son de muchos tipos. En unos casos, se trata de modificaciones meramente sistemáticas o de redacción, como en el caso de que el Ministerio Fiscal solicite el sobreseimiento y no estuviesen personados los ofendidos por el delito como perjudicados ejercientes de la acusación particular, trasponiéndose, a tal fin, al procedimiento abreviado la previsión, ya existente en el procedimiento ordinario, de hacerse saber la pretensión del Ministerio Fiscal a dichos interesados en el ejercicio de la acción penal."

La explicación es, según el tribunal, clara: si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y no están personados los ofendidos por el delito como ejercientes de la acusación particular, hay que hacerles saber la pretensión, porque sólo puede aperturarse válidamente el juicio oral si lo solicita el Ministerio Fiscal o aquel que tiene un interés particular, en el sentido legal del término. Por el contrario, si sólo pide la apertura una acusación popular y el Ministerio Fiscal ha instado el sobreseimiento, habrá de buscarse al acusador particular pues la petición de aquélla por sí sola no puede dar lugar al dictado del auto de apertura de juicio oral.

Esta es también la conclusión a la que se llega del examen del debate parlamentario.

En el boletín de las Cortes Generales correspondiente al Congreso de los Diputados de fecha 23 de mayo de 2002, aparece la enmienda núm. 133 propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán que introdujo en la exposición de motivos de la ley 38/2002 el texto que arriba se ha trascrito.

Como justificación de la enmienda se dice:

"La finalidad de la enmienda es la de esclarecer la diferencia, ya reconocida doctrinal y jurisprudencialmente, entre las figuras procesales de acusador particular -como representante del perjudicado por la acción delictiva- y el actor o acusador popular...".

Por lo tanto, no parece discutible que el uso que hace el legislador de la expresión "acusador particular" en el artículo 782 Ley de Enjuiciamiento Criminal lo sea en sentido propio.

Es más, si se entendiera que la expresión "acusación particular" en el procedimiento abreviado incluye también a la constituida por cualquier ciudadano no perjudicado u ofendido directamente por el delito, en el caso de que existiera acusación popular dispuesta a acusar, aunque el Ministerio Fiscal hubiese pedido el sobreseimiento, no procedería la búsqueda del perjudicado u ofendido para sostener la pretensión acusatoria, lo que es contrario a la ley y a la interpretación literal y auténtica que emana de la exposición de motivos de la ley y del debate parlamentario. Nótese que esta interpretación coloca al acusador popular en un plano de igualdad con el Ministerio Fiscal y por encima de los intereses "particulares" del directamente perjudicado u ofendido por un delito para el que el legislador ha previsto un procedimiento teóricamente ágil y en el que se refuerza el principio acusatorio y el papel del Ministerio Público.

Según esta tesis, cómo en el procedimiento abreviado la apertura de juicio oral es obligada para el juez si la pide una acusación -aunque sea en solitario la popular- esto equivaldría a permitir que cualquier ciudadano no perjudicado u ofendido por el delito pueda, por su sola voluntad, actuar el ius puniendi, incluso en contra de los intereses del perjudicado u ofendida por el hecho ilícito y en contra del criterio del Fiscal, promotor de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley (artículo 1 EOMF).

2.5. A la misma conclusión se llega del examen de la regulación del "procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos" (Título III, del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En especial del artículo 800.1, 4 y 5, en los cuales el legislador ordena, primero , "oír al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento" añadiendo de forma clara y terminante que "en todo caso, si el Ministerio Fiscal y el acusador particular, si lo hubiera, solicitaren el sobreseimiento..." el juez deberá proceder conforme al artículo 782 , y si "el Ministerio Fiscal o la acusación particular solicitaren la apertura del juicio oral..." deberá acordarla, salvo los supuestos previstos en el artículo 783.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A continuación, el legislador regula dos hipótesis distintas: a) Que no se hubiere constituido acusación particular y se haya abierto el juicio oral sólo a instancias del Ministerio Fiscal -artículo 800.2 y 3 -en cuyo caso éste deberá presentar "de inmediato su escrito de acusación, o formulará esta oralmente"; b) Que se hubiere constituido acusación particular que hubiere solicitado la apertura del juicio oral, en cuyo caso el Juez de guardia "emplazará en el acto a aquélla y al Ministerio Fiscal" para que presenten sus escritos dentro de un plazo improrrogable y no superior a dos días -artículo 800.4 Ley de Enjuiciamiento Criminal-.

Nótese que también en el enjuiciamiento rápido, donde casi todo el procedimiento se desarrolla ante el Juzgado de guardia, el legislador vuelve a detallar las distintas posibilidades de apertura de juicio oral siempre referidas al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, usando de forma inequívoca el sustantivo aquélla -con tilde en la ley, para evitar ambigüedades- para referirse, en singular, a la acusación particular.”

V. LAS PECULIARIDADES DEL PROCEDIMIENTO SOBRE DELITOS LEVES

A pesar de la sencillez y sumariedad en el trámite del procedimiento sobre delitos leves (Libro VI Lecrim) introducido por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, en el mismo tiene plena vigencia el principio acusatorio. El tener un conocimiento preciso de la acusación formulada resulta esencial para delimitar el ámbito del proceso, para establecer la necesaria correlación entre acusación y condena y, en definitiva, para que la Sentencia pueda calificarse de congruente

Dada la naturaleza de este procedimiento, que sustituye al derogado juicio de faltas, donde priman los principios de oralidad, concentración y sumariedad, se produce una cierta flexibilización de la doctrina expuesta, resultando necesario que la petición de condena se exteriorice, sin formalismo, pero debiendo ser suficiente para que el acusado la conozca y pueda rebatirla, resultando de todo punto inadmisible la acusación tácita.

Afirma la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/94 que:

"Este Tribunal Constitucional ha dicho reiteradamente que el principio acusatorio debe inspirar el procedimiento en los juicios sobre faltas (ahora debe entenderse referido a los delitos leves); que dicho principio exige una acusación y el derecho del inculpado a conocerla; que tal cosa resultaría imposible si la acusación se realizase, confundiendo acusación y condena en la Sentencia, pues en tal caso la indefensión resultaría absoluta; que no cabe admitir la acusación implícita, o presumir que ha habido acusación porque haya habido condena; que la acusación debe ser, por tanto, previa, cierta y expresa; que la pretensión punitiva o acusación debe constar exteriorizada y ser previamente formulada y conocida para ofrecer al imputado la posibilidad de contestarla, rechazarla o desvirtuarla, pero asimismo ha dicho que el derecho a ser informado de la acusación, se satisface siempre que, cualquiera que sea la fórmula, aquélla llegue a conocimiento del inculpado".

La misma doctrina se refleja en las Sentencias del Tribunal Constitucional 53/89, 182/91, 11/92, 358/93, 115/94, entre otras muchas.

Al carecer el juicio de faltas (ahora debe entenderse referido a los delitos leves) de una fase instructora, será el acto del juicio el momento para formalizar la acusación (Sentencias del Tribunal Constitucional 34/85, 54/87 ó 56/94), sin perjuicio del derecho del denunciado a conocer los hechos que se le imputan al ser citado para el plenario.

Si el perjudicado no se ha personado en la causa con asistencia profesional también podrá ejercer la acusación en el plenario.

Recordemos que en la reforma de la Lecrim por la L.O. 1/2015, de 30 de Marzo se han despenalizado las faltas pero se ha creado en los arts. 962 y ss Lecrim el procedimiento por delitos leves a modo de un juicio rápido y con la posibilidad de aplicarse, a instancia del Fiscal, el principio de oportunidad para proponer el archivo de las diligencias incoadas a la vista de las siguientes circunstancias:

  • a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y
  • b) b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.

En cualquier caso, el principio acusatorio tiene plena vigencia en este procedimiento que sustituye al juicio de faltas.

Además, recordemos que el art. 964.3 Lecrim apunta que: «Las citaciones se harán al Ministerio Fiscal, salvo que el delito leve fuere perseguible sólo a instancia de parte, al querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de los hechos. Al practicar las citaciones, se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer ante el Juzgado de guardia, se les informará que podrá celebrarse el juicio aunque no asistan, y se les indicará que han de comparecer con los medios de prueba de que intenten valerse. Asimismo, se practicarán con el denunciado las actuaciones señaladas en el apartado 2 del artículo 962.»

VI. PRONUNCIAMIENTO SOBRE COSTAS EN SENTENCIA CON RELACIÓN A LA ACUSACIÓN PARTICULAR

Hay dos casos posibles:

1. Condena en costas del acusado en Sentencia condenatoria dictada en procedimiento en el que participó un acusador particular

Establece el artículo 124 del Código Penal:

"Las costas comprenderán los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte".

En la interpretación de dicha norma, el Tribunal Supremo ha introducido unos criterios que deben regir la posible inclusión en la condena en costas de los gastos ocasionados por la participación del ofendido en el procedimiento:

  • - La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las de la acusación particular.
  • - La condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil
  • - La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la Sentencia.
  • - Es el apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en cuanto hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado.

En este sentido se pronuncian las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de octubre de 2001, 20 de marzo de 2002, 20 de abril, 13 de octubre y 13 de diciembre de 2004, y 29 de marzo y 4 de julio de 2005, 4 de diciembre de 2006 y 27 de abril de 2007.

2. Posibilidad del condenar en costas al acusador particular o al actor civil cuando la Sentencia es absolutoria

El artículo 240 Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la condena en costas en estos casos (Sentencia absolutoria), cuando resulte de las actuaciones que obraron con temeridad o mala fe.

Por tanto, la regla general será la no imposición, aun cuando la Sentencia haya sido absolutoria y contraria a sus pretensiones. Sólo en caso de temeridad o mala fe, debidamente argumentadas por el órgano judicial sentenciador, procederá la condena a su pago.

El problema se plantea al concretar lo que entenderse por actuación temeraria o de mala fe en el proceso. A tal efecto, habrá de estarse a lo que resulte en cada caso concreto de la propia consistencia o sustento de la pretensión formulada por la acusación, su incidencia perturbadora o no o lo largo de aquél y, sustancialmente, su confrontación con las tesis mantenidas por el Ministerio Fiscal, criterio este muy significativo. Para fijar criterios de actuación en esta materia resulta de interés recordar el contenido de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 1998, citada en la posterior de 30 de mayo de 2007:

"la imposición de costas puede ser una forma de corregir actuaciones infundadas, caprichosas, e incluso fraudulentas de la acusación, debiendo entenderse que son temerarias o maliciosas cuando la pretensión que se ejercite carezca de toda consistencia y fundamento de tal modo que quien así actúe no haya podido dejar de conocer su sinrazón e injusticia."

Respecto a la imposición de costas a la acusación particular por la aplicación de "temeridad o mala fe procesal" hay que seguir un criterio restrictivo en el sentido de considerar que no toda desestimación de las pretensiones de la acusación particular conlleva la imposición de costas. Así, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en sentencia de fecha 7 de Julio de 2009 apuntando que: "ante la ausencia de una definición auténtica de lo que haya de entenderse por temeridad o mala fe, ha de reconocerse un margen de valoración subjetiva al Tribunal sentenciador, según las circunstancias concurrentes en cada caso, ponderando a tal fin la consistencia de la correspondiente pretensión acusatoria, teniendo en cuenta, por un lado, la procedencia de mantener una interpretación restrictiva de estos términos legales, pero sin olvidar que el que obliga a otro a soportar una situación procesal debe responder por los gastos que tal situación le ha originado, salvo limitadas excepciones en las que se haya podido considerar que tenía razones para suponer que le asistía el derecho; siendo generalmente válida, a estos efectos, una referencia a la actuación del Ministerio Fiscal, por el carácter imparcial de la Institución, de tal modo que alguna sentencia de esta Sala ha llegado a decir que existe temeridad cuando la pretensión de la acusación particular supera ampliamente tanto la petición del Fiscal como la considerada ajustada a Derecho por el Tribunal. Resta por decir que la temeridad o la mala fe pueden aparecer en cualquier momento de la causa, sin que sea preciso que se aprecien desde el inicio de la causa (v. Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero, 17 de mayo, 5 de julio, 19 de junio de 2004 y de 25 de enero de 2006, entre otras, como la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo 899/2007, de 31 octubre. Ahora bien, en cuanto a lo aquí debatido hemos de convenir, para estimar el motivo, que la Sentencia del Tribunal Supremo 384/2008, de 19 junio , ya expone que no puede haber condena en costas por temeridad o mala fe, cuando la calificación instada por esa parte inicialmente no resultaba en modo alguno descabellada ni temeraria, como lo demuestra la propia actividad desplegada en este sentido por el Juez Instructor."

La Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de fecha 14 de mayo de 2012, recurso 102/2012, recuerda que es necesario distinguir entre, por un lado, la cuestión relativa a los criterios que determinan la imposición de las costas derivadas de la intervención de la acusación particular cuando ello ha sido previamente solicitado y, por otro lado, la cuestión relativa a la exigencia de que se haya formulado tal solicitud. Por sí solo, el criterio de la "procedencia intrínseca" no determina que las costas impuestas a los condenados incluyan siempre las derivadas de la intervención de la acusación particular.

Como, por ejemplo, recuerda la STS 1089/2009, de 27 octubre: "(...) este Tribunal tiene reiteradamente declarado al examinar los criterios aplicables en la imposición de las costas en el proceso penal que, conforme a los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de entenderse que rige la «procedencia intrínseca» de la inclusión en las costas de las de la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal y con las acogidas por el Tribunal, de las que se separa cualitativamente, evidenciándose además como inviables, extrañas o perturbadoras ( SSTS 147/2009, de 12-2 ; 381/2009, de 14-4 ; 716/2009, de 2-7 ; y 773/2009, de 12/7 ). De modo que sólo es exigible una motivación expresa en este punto cuando el juzgador encuentre razones para apartarse del criterio general que es precisamente el de la imposición al condenado de las costas de la acusación particular (SSTS 223/2008, de 7-5; 750/2008, de 12-11; 375/08, de 25 de junio; y 203/2009, de 11-2).

Es cierto que en materia de costas ocasionadas por la acusación particular no rige por Ley el automatismo en la imposición, pues aunque el art. 123 CP establece que "las costas procesales", es decir, todas las partidas que comprende el concepto, se imponen normalmente al condenado, el art. 124 CP, al disponer que las de la acusación particular lo serán "siempre" en los delitos perseguibles a instancia de parte, admite que en los de otra naturaleza esa inclusión podría no darse. Pero, puesto que las costas integran legalmente los honorarios de abogados y procuradores (artículo 241, 3º Ley de Enjuiciamiento Criminal), ésa es una posibilidad que sólo debería operar en ocasiones excepcionales ( SSTS 531/2002, de 20-3 ; 2015/2002, de 7-12 ; 1034/2007 de 19-12 ; y 383/2008, de 25-6 ).

Asimismo ha afirmado esta Sala de casación que si bien ese criterio de la homogeneidad y de la coherencia con las tesis admitidas en la sentencia es el prioritario, ha de atenderse en un segundo plano también al criterio de la relevancia, denegándose la imposición de las costas correspondientes a la acusación particular cuando la intervención de esta parte resulte superflua o inútil ( SSTS 518/2004, de 20-4 ; 37/2006, de 25-1 ; 1034/2007, de 19-12 ; 147/2009, de 12-2 ; y 567/2009, de 25-5 ).

Por último, tiene igualmente establecido este Tribunal que es requisito necesario para la imposición de las costas de la acusación particular la petición de parte, tanto por regir para la condena por esas costas el principio de rogación, cuanto porque sin la formalización de dicha petición la parte condenada no habría tenido ocasión de defenderse frente a la misma ( SSTS. 1784/2000, de 20-12 ; 1845/2000, de 5-12 ; 560/2002, de 28-3 ; 37/2006, de 25-1 ; y 449/2009, de 6-5 )".

La indicada STS 1089/2009, de 27 octubre, estimó la petición del recurrente relativa a que no se le condenara al pago de las costas de la acusación particular y, junto con otros argumentos, fundamentó esta decisión señalando que "esa condena en costas ni siquiera fue postulada por la propia acusación particular ni tampoco por el Ministerio Fiscal”.

La STS 449/2009, de 6 de mayo, mantuvo la condena del recurrente, así como la condena en costas, pero estimó el recurso de casación interpuesto por el condenado en lo relativo a las costas de la acusación particular, porque ésta no formuló pretensión de abono de las mismas.

La STS 1011/2009, de 16 octubre, también estimó el recurso del condenado, y dispuso la exclusión de las costas causadas por la Acusación Particular respecto de la imposición de costas acordada contra el condenado por la Resolución de instancia, manteniendo el resto de los pronunciamientos de dicha Sentencia. El Tribunal Supremo lo justifica así: "El motivo, que cuenta además en este caso con el apoyo explícito del Fiscal, merece sin duda ser estimado, por la sencilla razón de que hallándonos ante una cuestión de naturaleza estrictamente civil, rige en esta materia, desde el punto de vista procesal, el principio de rogación, que supone la previa necesidad de la formulación de la pretensión, como requisito "sine qua non" para conocer de ella y abrir, así, la posibilidad de su estimación, previo el debate correspondiente".

Más recientemente, la STS 135/2011, de 15 marzo, decía lo siguiente en el Fundamento Jurídico 4º: "El desarrollo argumental del motivo hace necesario recordar la doctrina de la Sala en relación a la imposición de las costas de la acusación particular recogida, entre otras, en SSTS. 833/2009 de 28.7, 335/2006 de 24.3, 1510/2004 de 21.11, 1731/2001 de 9.12, que recuerda, que las costas del acusador particular han de incluirse entre las impuestas al condenado, salvo que las pretensiones de aquél fueran manifiestamente desproporcionadas, erróneas o heterogéneas en relación a las deducidas por el Ministerio Fiscal o a las recogidas en sentencia, relegándose a un segundo plano el antiguo criterio de la relevancia.

En el mismo sentido la STS. 430/99 de 23.3 destaca que "el art. 124 CP que impone la obligatoriedad de la inclusión de los honorarios de la acusación particular en los delitos solamente perseguibles a instancia de parte, no se pronuncia en lo que se refiere a los demás hechos delictivos, dejando subsistentes los criterios jurisprudenciales en esta materia. Conforme a éstos ( SSTS. 27 de noviembre de 1992 , 27 de diciembre de 1993 , 26 de septiembre de 1994 , 8 de febrero , 27 de marzo , 3 y 25 de abril de 1995 , 16 de marzo y 7 de diciembre de 1996 ), la exclusión de las costas de la representación de la parte perjudicada por el delito, (que constituyen perjuicios para la víctima, derivados directamente de la voluntaria ejecución del delito por el condenado), únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas en la sentencia o pretensiones manifiestamente inviables.

Pese a la confusa regulación de las costas en el proceso penal, tanto la doctrina procesal cita actual como la jurisprudencia coinciden en destacar su naturaleza procesal, cuyo fundamento no es el punitivo sino el resarcimiento de los gastos procesales indebidamente soportados por la parte perjudicada por el proceso, bien sea la acusación particular, la privada o la acción civil que representan a la víctima o perjudicado por el delito y deben ser resarcidos de gastos ocasionados por la conducta criminal del condenado, bien el condenado absuelto en caso de acusaciones infundadas o temerarias (art. 240.3 LECrim). Como señala expresamente la sentencia de 21 de febrero de 1995 que "la condena en costas no se concibe ya como sanción sino como resarcimiento de gastos procesales".

La inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado por el delito, que se persona en las actuaciones en defensa de sus intereses y en ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 Constitución Española) y a la asistencia letrada (artículo 24.2 Constitución Española), constituye, en consecuencia, la aplicación última al proceso penal del principio de la causalidad, como destaca la doctrina procesal. El efecto de este principio es el resarcimiento por el condenado, declarado culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses.

Junto a esta dimensión constitucional de las costas, como resarcimiento de los gastos procesales originados a los perjudicados por un comportamiento antijurídico, destacada por el Tribunal Constitucional en diversas resoluciones, no ha de olvidarse que a través del proceso penal también se ejercitan acumuladamente acciones civiles de reparación de daños, que no resulta congruente someter a criterios procesales antagónicos con los que rigen en el proceso civil. Constituiría un supuesto de diferenciación irrazonable, y por ende discriminatorio, que quien ejercite en el propio proceso penal sus acciones civiles para la reparación de un daño derivado de un ilícito penal sea obligado a soportar sus propios costes procesales pese a obtener el pleno reconocimiento de su derecho, mientras que si se reserva las mismas acciones para ejercitarlas separadamente a un proceso civil la norma procesal civil aplicable imponga las costas al condenado como responsable del daño, salvo supuestos excepcionales.

En definitiva la doctrina jurisprudencial de esta Sala en materia de imposición de las costas de la acusación particular, puede resumirse en los siguientes criterios:

  • 1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia de parte incluyen siempre las de la acusación particular (artículo 124 Código Penal).
  • 2) La condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas devengadas por la acusación particular o acción civil.
  • 3) La exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia.
  • 4) Es el apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en cuanto que hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el condenado.
  • 5) La condena en costas no incluye las de la acción popular (SSTS. 464/2007 de 30.5, 717/2007 de 17.9, 750/2008 de 12.11).

Ahora bien, no sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio) porque las impone la Ley (artículo 123 Código Penal), ni tampoco las de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte, por igual razón (artículo 124 Código Penal). Sin embargo, si debería imperativamente mediar previa petición cuando se trate de incluir dentro de las costas del acusado o acusados las de la acusación particular en los demás delitos y también las que pudieran imponerse a los querellantes por haber sostenido pretensiones temerarias frente al acusado, pues de lo contrario el Tribunal incurriría en un exceso sobre lo solicitado o extra petita (SSTS. 1784/2000 de 20.1, 1845/2000 de 5.12, 560/2002 de 28.3, 1571/2003 de 25.11). Téngase presente que las costas se hallan reguladas dentro del Título V del Código Penal que reza: "De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales", poniendo al mismo nivel normativo conceptos que justifica la similar naturaleza resarcitoria o compensatoria. Las costas ya no tienen el carácter de sanción o penalización, sino de compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar una parte, a quien el derecho ampara, por lo que debe aplicárseles los principios de postulación y contradicción.

En similar sentido la STS. 1455/2004 de 13.12, considera necesaria la petición expresa no bastando con la alusión genérica a costas, razonando sobre su naturaleza privada y la exigencia de petición de parte; y la STS. 449/2009 de 6.5 incide en que es doctrina reiterada de este tribunal que tal reclamación es presupuesto ineludible de dicha imposición, cuando se trata de las costas causadas por el ejercicio de la acusación que han de diferenciarse de las costas atribuibles al proceso mismo, de automática imposición conforme al artículo 123 del Código Penal. Tanto por regir, en cuanto a la de la acusación, el principio derogación, al tratarse de materia diferenciada del derecho penal material, cuanto porque sin preceder dicha expresa petición la parte condenada no habría tenido ocasión de aprestarse a la defensa frente a la misma”.

La indicada STS 135/2011, de 15 marzo, confirmó lo dispuesto en la sentencia recurrida en el sentido de que la condena en costas no incluía las costas de las acusaciones particulares. Según el recurrente, el Ministerio Fiscal solicitó expresamente en su calificación provisional las costas del proceso. La acusación particular no solicitó la condena al pago de las costas producidas por su intervención en el proceso. El Alto Tribunal concluye que "si no consta que la acusación formulase pretensión de abono de dichas costas, no es factible su condena, como con acierto declaró la sentencia de instancia, fundamento jurídico séptimo, último párrafo”.

Tercero.- Como indica el recurrente, la reciente STS 1189/2011, de 4 de noviembre, confirmó la inclusión de las costas de la acusación particular en la condena, tras destacar que la acusación particular coincidió con el Fiscal en sus conclusiones definitivas.

En la indicada STS 1189/2011 se desestima la pretensión del recurrente y se dice: "Alega el recurrente que se le han impuesto las costas causadas en el procedimiento incluyendo las ocasionadas por la acusación particular, siendo condenado por tanto el recurrente al pago de unas costas que no fueron solicitadas por dicha acusación; se discrepa de las consideraciones de la Sala sentenciadora al evaluar la actuación de la acusación particular en el procedimiento, entendiendo el recurrente que ha mantenido imputaciones infundadas, discordantes con las del Fiscal y obligando a efectuar innumerables diligencias con resultado claramente dilatorio.

La STS de 20 de febrero del 2004 recuerda que "... quien ejercita los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución Española) y a la asistencia letrada (artículo 24.2 de la Constitución Española), debe ser resarcido por el declarado culpable del acto delictivo del gasto procesal hecho por la víctima en defensa de sus intereses".

Conforme se acaba de ver, la sentencia recurrida ha aplicado el criterio procedente en esta materia habida cuenta de que la acusación particular coincidió con el Fiscal en sus conclusiones definitivas, a tenor de lo expuesto en los antecedentes de la sentencia recurrida, razonando la Sala expresamente que la norma general es aplicable al caso pues siendo el principio general el de la inclusión, en la condena en costas, de las ocasionadas por la acusación particular, la misma ha de darse por supuesta de modo que, en ausencia de motivación que justifique lo contrario, deben de ser tenidas éstas, aún tácitamente, como incluidas en la resolución condenatoria, salvo que se dé la excepcional circunstancia de que la intervención de esa parte haya resultado realmente inútil, superflua o hasta perturbadora para el correcto desarrollo del procedimiento (STS 26-4-02), lo que no es el caso..".

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