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Acusado

Acusado

Proceso penal

I. CONCEPTO

Se llama acusado a toda persona que es objeto de una petición de pena en el seno de un juicio penal por la comisión de una infracción de esa naturaleza. El término acusado se utiliza para denominar al delincuente en una de las distintas fases por las que pasa en el ámbito de un proceso penal. En éste existen dos partes bien diferenciadas y contrapuestas: la parte acusada y la acusadora. La primera se defiende de la acusación y la segunda la formula, ambos tienen distinto cometido, y funciones opuestas, pero se les da las mismas oportunidades procesales. Para un mejor estudio de dicho concepto, el cual debe entenderse en el sentido más amplio posible, hay que ponerlo en relación directa con los distintos estadios procesales en los que se puede encontrar un sujeto tras la comisión de una infracción penal. Así cuando a alguien se le denuncia por un hecho constitutivo de una infracción penal se le denomina denunciado; cuando, como consecuencia de esa denuncia, se inicia el procedimiento judicial y se le cita para que declare, se le denomina investigado; cuando una vez finalizada la instrucción la autoridad judicial imputa formalmente al investigado su participación en un hecho delictivo concreto se le pasa a llamar encausado o procesado, como tradicionalmente se le ha venido conociendo; y, finalmente, cuando nos encontramos en la fase de juicio oral y se formula acusación contra él se le denomina acusado. Todas estas denominaciones están directamente relacionadas con las distintas fases procesales. Por lo aquí expuesto, es necesario que procedamos al estudio de cada una de las manifestaciones del término acusado.

II. EL INVESTIGADO

Investigado es toda aquella persona a la que se le imputa la comisión de un hecho punible en el seno de una investigación judicial. Ésta se puede iniciar mediante denuncia o querella de la persona agraviada o del Ministerio fiscal, así como también de la acusación popular, o incluso de oficio por la autoridad judicial cuando tenga conocimiento de la comisión de ese hecho punible. El estatus de investigado se lo da la resolución judicial que así lo declara, ya sea de forma expresa ya de forma tácita mediante la citación judicial para ser oído. En ese mismo momento, el presunto responsable de ese hecho típico tiene la cualidad de imputado y se le debe dar la oportunidad de oírle y de intervenir en el juicio, pidiendo aquellas diligencias que estime adecuadas para su defensa. Así el Artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya declarado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada (..) de los derechos que le asisten". El derecho a ser oído que tiene el investigado se torna en obligación cuando el juez le cita con esa finalidad, hasta el punto de que si no comparece podrá ser objeto de detención tal y como establece el Artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Si el citado no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de citación podrá convertirse en orden de detención".

El investigado debe estar plenamente identificado e identificable con el hecho objeto de denuncia, evitando así que pueda dirigirse la acción penal contra alguien que no sea el verdadero autor del hecho. Será, por tanto, necesario que en la fase de instrucción judicial se deje constancia fehaciente de su filiación y cualesquiera otros datos que sirvan para identificarle, tales como el apodo si lo tuviere, domicilio, edad, vecindad, profesión etc. Sólo pueden tener la condición de investigado aquellas personas que tengan capacidad procesal para estar presentes en el proceso, que son aquellas personas físicas -y jurídicas- que estén vivas en el momento de su inicio. Sólo se exigen dos requisitos: que sean personas físicas o jurídicas y que estén vivas. Cuestión distinta es la capacidad para actuar en el proceso o capacidad de obrar procesal para realizar válidamente actos procesales, que se reconoce a todas aquellas personas contra las que se puede dirigir la acción penal.

Al investigado se le reconoce el derecho de defensa y por ello es preceptiva que esté en presencia de su abogado en su declaración. El investigado puede optar entre designar él mismo un abogado que le defienda o pedirlo de oficio, en cuyo caso serán las distintas autoridades, judiciales o policiales, las que se lo faciliten. Cuando el investigado o detenido no quiera designar uno se le nombrará de oficio. La presencia del abogado es imprescindible, ya que en caso de que no esté presente en la práctica de la diligencia judicial, ésta será nula de pleno derecho y no tendrá validez. Ahora bien, no es necesario que el investigado o su abogado estén presentes en todas las diligencias judiciales que se practiquen en la fase de investigación judicial, de hecho puede que se desconozca quién es el responsable del delito o, incluso, que se tengan dudas de ello, y que se estén, por tanto, realizando actuaciones judiciales encaminadas a este fin. Lo verdaderamente importante es que cuando esté identificado el investigado se le da la oportunidad de intervenir. El investigado debe tener las mismas armas para su defensa que puedan tener las demás partes acusadoras, incluido el Ministerio Fiscal.

III. EL ENCAUSADO (PROCESADO)

Esta situación procesal en la que se puede encontrar el investigado es un escalón más de las diferentes escalas por las que va transcurriendo la vida procesal del presunto responsable del delito. El investigado debe ser declarado procesado o encausado, a través de una resolución judicial que adopta la forma de auto y se denomina "auto de procesamiento", cuando hay indicios fundados de que él es el responsable del hecho que está siendo objeto de investigación judicial. Se trata de una resolución que imputa formalmente del delito instruido al presunto responsable del mismo. De ahí que el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establezca que: "Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta ley. El procesado podrá, desde el momento de serlo, aconsejarse de Letrado, mientras no estuviere incomunicado, y valerse de él, bien para instar la pronta terminación del sumario, bien para solicitar la práctica de diligencias que le interesen, y para formular pretensiones que afecten a su situación. En el primer caso podrá recurrir en queja a la Audiencia, y en los otros dos apelar para ante la misma si el Juez instructor no accediere a sus deseos". Aunque este artículo contempla la posibilidad de ser asistido por un letrado desde el mismo momento en que se le declara procesado, este derecho de defensa se tiene, como se dijo anteriormente, desde el mismo momento en que se le imputa un delito y tiene la cualidad de investigado. Inmediatamente después de procesar a una persona se de le debe tomar declaración nuevamente, la cual recibe el nombre de "indagatoria". Este auto de procesamiento se dicta únicamente en los procedimientos judiciales que tienen la naturaleza de sumarios, que son aquellos en los que se procede penalmente contra el responsable por delitos graves; cuando el delito es de menor gravedad, el procedimiento penal que se sigue es el de las diligencias previas (procedimiento abreviado). En estos casos no existe auto de procesamiento, pero sí una resolución judicial similar (auto de procedimiento abreviado), en la que se le imputa el delito formalmente.

IV. EL ACUSADO

Una vez que la fase de instrucción se ha agotado y se ha dejado constancia de la persona o personas responsables del delito, así como la participación que en el mismo han tenido, el juez dicta auto de procedimiento abreviado dando traslado a las partes. Cuando las partes acusadoras reciben las actuaciones y formulan escrito de acusación solicitando una condena para el encausado y el juez decide abrir juicio oral contra éste, es cuando adquiere la condición de acusado. Es en este momento procesal cuando el acusado debe estar asistido además de por abogado que le defienda, por procurador que le represente, sin cuya presencia el procedimiento no puede continuar. Se diferencia entonces entre la defensa material, que es la que se procura por los sujetos intervinientes en el proceso: el Ministerio Fiscal y el juez, sobre la base del artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando impone que "las autoridades que intervienen en el proceso deben consignar todas las circunstancias concurrentes en la investigación, tanto las adversas como las favorables", y la defensa formal, que es la que representa el abogado y el procurador. Dictado el auto de apertura del juicio oral, el juez instructor remite las actuaciones, con las piezas de convicción que tuviere, al tribunal sentenciador, que podrá ser un juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial, dependiendo de la gravedad del delito acusado, para que se celebre el juicio y, en su consecuencia, se condene o absuelve al acusado. Durante toda esa fase procesal el sujeto tiene la cualidad de acusado, y una vez que se dicte sentencia pasará a ser condenado o penado si la misma es condenatoria, y si es absolutoria quedará libre de toda consideración terminológica.

En la fase de juicio el acusado tiene los mismos derechos que tenía en la fase de instrucción; es decir, puede y debe estar presente en el juicio, salvo las excepciones que luego se explicarán, puede pedir todas aquellas pruebas que estime oportunas para acreditar su inocencia; tiene que estar defendido por un abogado; todas las pruebas deben practicarse de forma contradictoria entre las partes; y tiene derecho a la última palabra. Incluso, en determinados delitos, con penas que no sean superiores a seis años, puede manifestar su conformidad, dictándose inmediatamente sentencia. Esta conformidad en los procedimientos de juicios rápidos conlleva una reducción de la pena impuesta en un tercio.

El acusado sólo lo puede ser de aquellos hechos que hayan sido objeto de instrucción judicial. Es en esta fase donde se delimita el objeto del proceso; no sólo en cuanto al hecho en sí, sino también en cuanto a la calificación penal que del mismo se haga, con algunas salvedades. Si el auto de apertura de juicio oral es por la comisión de un robo, no se le puede juzgar por una falsedad. Este es un derecho fundamental del acusado para evitar acusaciones sorpresivas de las que no se pueda defender. Debe, por tanto, existir una interrelación exacta entre el hecho objeto de instrucción y el del juicio, así como que el sujeto que es acusado debe ser el mismo que el que ha sido previamente imputado y procesado.

La celebración del juicio oral requiere de manera preceptiva la presencia del reo o acusado y de su abogado. Ahora bien, si el acusado no comparece ni alega justa causa que se lo impida, el tribunal puede ordenar la continuación del juicio una vez oído a las partes acusadoras y a la defensa (letrado). Para ello se exigen dos requisitos: El primero, que se le haya citado personalmente o a través de la persona que él mismo haya designado en su primera declaración. En ésta, el investigado tiene que designar un domicilio para notificaciones o designar a una persona que las reciba en su nombre. Y, en segundo lugar que el delito, que es objeto de acusación, no contenga una pena superior a los dos años de privación de libertad, o cuando fuera de otra naturaleza, que no exceda de seis años. Si el delito es de pena mayor, el juicio no podrá celebrarse y se suspenderá, mandando expedir requisitorias para su llamamiento y busca, declarándole rebelde.

La declaración de rebeldía se hace a través de un procedimiento denominado "procedimiento contra reos ausentes", el cual se puede aplicar tanto en la fase de instrucción como en la del juicio. Si estamos en esta primera fase, el sumario o instrucción judicial continúa hasta su conclusión, suspendiéndose en ese momento. Paralelamente a esta instrucción se tramitará el procedimiento contra "reos ausentes". Si nos encontramos en la fase de juicio oral debe suspenderse ésta hasta que sea hallado el rebelde. La regulación legal de la rebeldía (procedimiento contra reos ausentes) está contemplada en los artículos 834 a 846 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

V. JUICIO POR DELITOS LEVES

Cuando la infracción penal es calificada como delito leve, el acusado lo es desde el primer momento, toda vez que no existe fase de instrucción. Una vez que llega a conocimiento del juez un hecho que reviste los caracteres de un delito leve, el juez convoca a las partes al juicio por delitos leves correspondiente. En el transcurso del juicio, el denunciado tiene los mismos derechos que los expuestos en los procedimientos por delito, con algunas salvedades. En primer lugar, la presencia de abogado que le defienda no es preceptiva, puede acudir al juicio con asistencia de abogado o no. En segundo lugar, la incomparecencia del denunciado no provoca en ningún caso la suspensión del juicio, pudiéndose condenarle con la simple presencia del denunciante. Si el acusado/denunciado reside fuera de la demarcación judicial, no tendrá obligación de acudir al acto del juicio, pudiendo dirigir escrito al juzgado en este sentido y explicando su versión de los hechos, o apoderar abogado o a procurador para que lo presente en ese acto y pida las pruebas oportunas para su defensa. Cuando se le cita para juicio se debe acompañar, junto con la cédula de citación, una copia de la denuncia para que pueda conocer los hechos que se le atribuyen, y poder así garantizar su derecho de defensa.

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