guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Acción civil (Derecho Civil)

Acción civil (Derecho Civil)

El ciudadano, sujeto jurídico, tiene el derecho de acceder a la jurisdicción y de dirigirse a los órganos judiciales pretendiendo la tutela de sus derechos, para lo cual se servirá del ejercicio de la denominada acción procesal, que revestirá la forma de una acción civil cuando la tutela que se solicita afecta a derechos e intereses de la esfera jurídico privada entre particulares.

Proceso civil

¿Qué es la acción civil?

Del latín actio, "movimiento, actividad o acusación", dicho vocablo tiene un carácter procesal. Pese a ser el concepto de acción uno de conceptos básicos del derecho procesal, no ha sido tarea sencilla determinar qué se entiende por tal, tanto si hablamos en sentido general, como si hacemos referencia específicamente a la acción civil. Incluso, algunos juristas como Urbano Ruíz afirman que cabe hablar de una cierta relatividad del concepto de acción, por haber sido objeto de innumerables acepciones.

Dando por sentado que el término puede tener distintos significados, importa destacar sin embargo, como se verá más adelante, que el denominador común de las teorías elaboradas en torno a él ha sido el tratar de explicar el nacimiento del proceso y la conexión de éste, tanto con el derecho subjetivo o material para el que se impreca tutela judicial en caso de conflicto, como con el derecho objetivo con cuya aplicación se resuelve el litigio.

Con carácter preliminar a abordar el concepto procesal de acción, merece la pena referirse, siquiera brevemente, a la situación con la que se ha encontrado el individuo históricamente, por ser más fácil de esta manera comprender cuál es la posición actual del ciudadano en su relación con la jurisdicción y, por ende, el significado actual de la acción, como mecanismo que le permite acceder al proceso.

Es una realidad que no siempre el hombre ha contado con un instrumento como el proceso para la tutela de sus derechos e intereses. En las comunidades más primitivas, la defensa de los derechos puestos en cuestión se llevaba a cabo a través de la fuerza (autotutela); en épocas posteriores, se acudió a la autocomposición para resolver las contiendas. Fue tan sólo a raíz del nacimiento del estado moderno cuando los individuos dejan en manos de la organización que es el estado el uso de la fuerza, confiándole además en exclusiva la resolución de los conflictos intersubjetivos que pudieran surgir entre particulares, o incluso, entre particulares y el estado, asumiendo éste la función de crear unos órganos estatales específicos, que son los órganos judiciales, para que el ciudadano pueda imprecar la tutela judicial en defensa de sus derechos.

No obstante, mientras en el estado absoluto la concentración de poder en manos del monarca hacía que también a éste le correspondiera la tarea de administrar justicia, no reconociéndose a los ciudadanos un verdadero derecho de acceso a la jurisdicción, exigible frente al estado, sin embargo, con la aparición del estado liberal, -primera manifestación del Estado de Derecho, donde la soberanía y el poder que de ella surge deja de estar en manos del monarca para estar en manos del pueblo, y se establece el mecanismo de la separación de poderes, con el fin de garantizar su equilibrio y respectivo control- se atribuye de forma exclusiva y excluyente a un solo poder del estado, el judicial, la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y, en correspondencia, se reconoce a los ciudadanos, el derecho de acceder a la jurisdicción para imprecar tutela judicial efectiva a través del cauce del proceso.

Claro ejemplo de este modelo de relación ciudadano-administración de justicia, que explica el papel actual del concepto de acción, es el que surge de la Constitución española de 1978, que define España como un estado social y democrático de Derecho, inspirado en los valores superiores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político (artículo 1 CE). Un estado de Derecho como el que proclama nuestra Constitución se asienta en tres pilares fundamentales: la sumisión de ciudadanos y poderes públicos a la ley en sentido general (Constitución y resto del ordenamiento jurídico), máxima expresión de la soberanía nacional, depositada en el Parlamento; el pueblo como soberano, del que emanan los tres poderes del estado, legislativo, ejecutivo y judicial; y finalmente, el reconocimiento constitucional a los ciudadanos de un conjunto de derechos y libertades fundamentales, muchos de los cuales, con naturaleza de derechos públicos subjetivos (verbigracia, el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 CE) son directamente invocables ante los tribunales sin necesidad de desarrollo legislativo, el cual, llegado el caso, deberá hacerse por ley orgánica, tratándose además de derechos susceptibles de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

En esta forma de estado, los tres poderes son independientes y tienen atribuciones diferenciadas, correspondiendo ex artículo 117 de la Constitución Española, al poder judicial, -integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos exclusivamente al imperio de la ley-, de forma exclusiva y excluyente, el ejercicio, en todo tipo de procesos, de la potestad jurisdiccional, que permite resolver conflictos intersubjetivos mediante la aplicación del derecho objetivo, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Y en correspondencia con que, pese a emanar la Justicia del pueblo, los ciudadanos dejen en manos de un poder del estado la función de administrarla en nombre del Rey, es que la Constitución les reconozca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, (artículo 24 de la Constitución), cuya primera manifestación es el derecho de acceso a la misma.

Se llega de este modo a la concepción de ciudadano como justiciable (De la Oliva), "en cuanto sujeto jurídico que puede potencialmente entrar en relación con la jurisdicción o administración de Justicia, o en cuanto que de modo actual son protagonistas de un proceso". El ciudadano, sujeto jurídico, tiene el derecho de acceder a la jurisdicción y de dirigirse a los órganos judiciales pretendiendo la tutela de sus derechos, para lo cual se servirá del ejercicio de la denominada acción procesal, que revestirá la forma de una acción civil cuando la tutela que se solicita afecta a derechos e intereses de la esfera jurídico privada entre particulares.

¿Qué teorías existen sobre el concepto procesal de la acción?

Sobre la base de que todas las teorías sobre el concepto de acción han tratado de explicar la naturaleza y contenido del derecho a iniciar el proceso, tales teorías pueden clasificarse de la siguiente manera:

1. Teorías que parten de la conexión o vinculación entre la acción y del derecho subjetivo o material privado

Estas teorías se inspiran en la concepción romana de la acción, entendida como facultad inmanente a cada derecho. En esta concepción, a todo derecho le corresponde una acción, que permitiría instar su protección o salvaguarda en caso de violación. La acción así concebida se caracteriza por su vinculación al derecho subjetivo privado, esto es, forma parte del contenido del derecho o se halla en potencia en el mismo, actualizándose cuando este derecho es lesionado. De este modo, sólo se tiene acción en cuanto se es titular de un derecho subjetivo o material privado, que es el que se pretende actuar.

Partidarios de esta concepción son Putcha, que considera la acción como "derecho subjetivo en pie de guerra", o la "novación que se produce en el derecho subjetivo como consecuencia de su violación", y Savigny, que define la acción como "un derecho nuevo, nacido de la violación del derecho material subjetivo".

Estas teorías fueron superadas porque no explican la razón de la existencia de un proceso en los casos en que finalmente el actor no es tutelado en el derecho que se arrogaba (porque la sentencia se lo deniega), o incluso, cuando la tutela solicitada no tiene que ver propiamente con la satisfacción de un derecho material sino con un interés (se suele poner el ejemplo del que ejercita una acción negatoria de derecho real, tendente a que se declare libre la propiedad).

2. Teorías que admiten la independencia de la acción respecto del derecho privado material

La dogmática alemana de finales del siglo XIX, crítica con la concepción que vinculaba la acción con el derecho subjetivo privado, elabora un nuevo concepto de acción como derecho subjetivo, pero de naturaleza pública, distinto e independiente del derecho subjetivo material o privado.

A su vez, dentro de estas teorías, es posible diferencia dos concepciones distintas:

a) Teoría concreta de la acción

Esta postura es partidaria de considerar la acción, no como un derecho al proceso simplemente, sino como un derecho a una tutela jurisdiccional favorable a su titular, esto es, como el derecho a que se preste por el órgano jurisdiccional del Estado la tutela jurisdiccional pretendida mediante una sentencia favorable.

Wach, Chiovenda y otros autores son ejemplos paradigmáticos de este criterio, aún con notables diferencias. Aquel considera que la acción es un derecho de naturaleza pública, dirigido al Estado y contra la parte contraria, para obtener una sentencia favorable; mientras, el tratadista italiano acepta que se trate de un derecho público subjetivo, a obtener una sentencia favorable, pero precisa que cuando se dice que es un derecho dirigido al Estado, en realidad el único deber que tiene éste es crear las condiciones para actuar la Ley, definiendo en consecuencia la acción como "el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la Ley". En España, Gómez Orbaneja define la acción como "un derecho por sí, independiente, o, en todo caso, distinto del derecho subjetivo privado, un derecho dirigido al Estado y a obtener mediante el órgano de este y contra o frente al demandado, el acto de tutela jurídica: una sentencia de contenido determinado".

En realidad, lo más importante de esta concepción es que la acción no tiene que ver con el derecho privado, pues no tiene el mismo objeto. El derecho privado pretende que el demandado cumpla la obligación, pero el derecho de acción busca una tutela judicial, de manera que la satisfacción de la acción no depende del demandado contra el que se dirige sino de un acto del estado, de tutela favorable a la solicitud del actor.

b) Teoría abstracta de la acción

El derecho a la acción como derecho a la tutela jurisdiccional concreta, que sólo se satisface con una sentencia favorable, no es capaz de explicar la realidad de que una persona, únicamente cumpliendo determinados requisitos, puede provocar la iniciación de un proceso y su continuación hasta la sentencia definitiva, cualquiera que sea el sentido del fallo. Por regla general, el órgano jurisdiccional ejercerá su potestad a instancia de un sujeto ajeno a él que le propone, además, el objeto sobre el que ha de versar la actividad procesal y la sentencia, solicitando, asimismo, resoluciones y realizando otros actos a lo largo del proceso. Todas estas cuestiones también tienen que ser explicadas, y a ellas da respuesta la concepción abstracta de la acción, en cuanto se limita a reconocer como objeto del derecho de acción la actividad jurisdiccional, simplemente, cualquiera sea su resultado, favorable o desfavorable.

Así pues, la concepción abstracta de la acción, defendida por Carnelutti, define la acción como "un derecho abstracto, consistente en la facultad de promover la actividad de los órganos jurisdiccionales, encaminado a la actuación de la Ley". En España la apoyan Prieto Castro, Gimeno Sendra, Moreno Catena, y otros muchos.

Los caracteres más significativos de esta noción son los siguientes:

  • a) La existencia de un derecho o interés, de carácter auxiliar o secundario, a la actividad jurisdiccional del Estado, que surge como consecuencia de la prohibición de la autotutela. Es el derecho al proceso, en cuanto poder jurídico para dirigirse a los órganos de la jurisdicción.
  • b) Ese derecho a la actividad jurisdiccional del Estado es independiente de la existencia en concreto de un interés material cuya insatisfacción se denuncia.
  • c) El objeto de la acción no es una sentencia favorable para quien solicita la tutela jurisdiccional, pues el resultado del pleito es ajeno al fundamento del derecho de acción.

A partir de estos puntos comunes, las diferentes teorías difieren en cuanto al alcance de este derecho al proceso o derecho de acceso a la jurisdicción pues para algunos se da por cumplida esta satisfacción con cualquier resolución judicial, incluso la que no entra en el fondo y rechaza resolver la cuestión planteada por no concurrir todos los presupuestos procesales, mientras para otros, el derecho se satisface sólo cuando el órgano jurisdiccional decide la cuestión de fondo, lo que supone una situación jurídica material concreta, transgredida o amenazada, y la concurrencia de los presupuestos procesales.

En conclusión, esta concepción de la acción como derecho o poder jurídico independiente del derecho subjetivo, y que se dirige al Estado al objeto de imprecar tutela jurisdiccional, con independencia de cuál vaya a ser el resultado del pleito, es la concepción que se ajusta mejor a la relación ciudadano-administración de Justicia que configura la Constitución por cuanto, tal como se dijo al inicio, el artículo 24 de la Norma Fundamental, ubicado dentro de la Sección 1ª del Capítulo II, del Título I, que lleva por rúbrica "De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", reconoce a todas las personas el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental, cuya primera manifestación según la Jurisprudencia del Tribunal constitucional, es el derecho a acceder a la jurisdicción, y el derecho a conseguir una resolución que basta con que sea fundada en derecho, por lo que se satisface igualmente tanto en caso de ponerse fin al pleito sin entrar en el fondo (por falta de presupuestos procesales) como cuando la sentencia de fondo es desfavorable al demandante.

Recuerde que...

  • El derecho privado pretende que el demandado cumpla la obligación, pero el derecho de acción busca una tutela judicial, de manera que la satisfacción de la acción no depende del demandado contra el que se dirige sino de un acto del estado, de tutela favorable a la solicitud del actor.
  • Así pues, la concepción abstracta de la acción define la acción como "un derecho abstracto, consistente en la facultad de promover la actividad de los órganos jurisdiccionales, encaminado a la actuación de la Ley".
  • La concepción de la acción como derecho o poder jurídico independiente del derecho subjetivo, y que se dirige al Estado al objeto de imprecar tutela jurisdiccional es la concepción que se ajusta mejor a la relación ciudadano-administración de Justicia que configura la Constitución.
Subir