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Acoso sexual (Derecho penal)

Acoso sexual (Derecho Penal)

Es la situación que se produce cuando una persona en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, aprovecha dicha circunstancia para solicitar favores de naturaleza sexual a otra que está en ese mismo ámbito provocándole una situación objetiva y gravemente intimidatorio, hostil o humillante.

Parte especial

Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido es el mismo que el del resto de delitos contemplados en el Título VIII del Libro II del Código Penal: la libertad e indemnidad sexuales (véase la voz "abusos sexuales"). Sin embargo, esta figura penal, contemplada en el Capítulo III, artículo 184 CP, trata de proteger no sólo la libertad sexual del sujeto pasivo que se ve compelida por otra persona que solicita un favor de esa naturaleza, sino también la protección de la víctima en su libertad individual en otros ámbitos, como puede ser el laboral, en los que este tipo de comportamientos pueden comprometer el ambiente normal que debe existir en el lugar donde desarrolla su trabajo.

Esta figura penal fue introducida, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, por el Código Penal de 1995 y su actual desarrollo es consecuencia de la reforma operada por la Ley Orgánica 11/99 de 30 de abril.

Tipo básico

Para que se pueda hablar del delito de acoso sexual (el tipo básico del artículo 184.1 Código Penal) deben darse los siguientes elementos:

  • Un elemento objetivo en la modalidad comisiva, en cuanto que la acción consiste en solicitar favores de naturaleza sexual. En estos casos, basta con trasladar dicha solicitud a una persona de su mismo entorno laboral, docente o de prestación de servicios, y ello con independencia de que ésta sea atendida. El concepto "solicitar" debe ser entendido como requerir, recabar o pedir. Esta solicitud puede ser realizada de forma verbal o por escrito. El término "favor" ha de entenderse como prestación de cualquier acto con contenido sexual.
  • Un segundo elemento objetivo determinado por la repercusión que la acción pueda tener en la víctima. Si el legislador no exigió, como elemento esencial del tipo, que se obtuviera el favor sexual solicitado, en cuyo caso estaríamos ante otro posible delito sexual, sí contempló la necesidad de que con la solicitud se colocara al sujeto pasivo en una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Esto hace que este tipo penal no sea un mero delito tendencial sino que se exige que haya un resultado, aunque éste sea indirecto. Parte de la doctrina entiende que no es un delito de resultado sino de mera actividad, por lo que este elemento es una condición objetiva de punibilidad. Por tanto, para esta parte de la doctrina el delito se consuma con la realización de la conducta descrita sin que el agente busque esa situación de hostilidad o humillación, aunque la misma deberá concurrir para castigarse penalmente. En todo caso y cualquiera que sea la postura que se adopte, la falta de este requisito podría dar lugar a otra figura delictiva como la de amenazas condicionales (art. 171.1 del CP) o el delito contra los derechos de los trabajadores (en concreto el previsto en el art. 314 CP) o un delito contra la integridad moral (artículo 173.5 del Código Penal).
  • El tercer elemento exigido es el entorno en el que la acción se lleva a cabo. Es necesario que exista una relación entre el sujeto activo y el pasivo, y ésta debe ser en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios. Además esa relación debe ser habitual o continuada, descartándose la de carácter coyuntural o esporádico, e incluso la de tipo familiar o cualquier otra que no esté descrita en el tipo. No se exige la nota de prevalimiento o de jerarquización entre los sujetos. Las normas penales no pueden interpretarse de forma extensiva ni análoga, sino que impera la necesidad, por el principio de tipicidad y seguridad jurídica, de que la interpretación sea restrictiva y ateniéndose a lo preceptuado en la ley (art. 4 CP). Por ello, los únicos casos en donde se puede cometer un delito de acoso sexual es en los ámbitos señalados por el artículo 184 del Código Penal
  • El elemento subjetivo exigido es el del dolo. El agresor tiene que actuar con conciencia y voluntad tanto en el comportamiento que lleva a cabo como en la situación en la que coloca a la víctima, aunque no la busque expresamente (dolo eventual). No cabe la modalidad imprudente.

El problema que puede plantear este delito, como en general los que afectan a la libertad sexual, es el de la prueba. Son delitos que, por su propia naturaleza, se cometen en ámbitos muy privados y en situaciones extremadamente íntimas, lo que provoca la ausencia de testigos presenciales distintos de la víctima. En estos casos la declaración de los sujetos afectados (denunciante y denunciado) cobra mayor relieve e importancia que en otros tipos de delitos. Para que la declaración de la víctima pudiera ser considerada como prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, que ampara al acusado, sería necesaria la concurrencia de ciertas garantías. Tales garantías, reseñadas por las sentencias del Tribunal Constitucional 173/1990 y 229/1991; sentencias del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1998, 2 de junio de 1999, 2 de octubre de 1999, 10 de marzo de 2000 y 10 de diciembre de 2002, entre otras muchas resoluciones judiciales, consisten en que se cumplan los siguientes requisitos:

  • En primer lugar, la declaración debe ser subjetivamente creíble. La ausencia de incredibilidad subjetiva se deduce de las relaciones interpersonales que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento o interés.
  • El segundo requisito consiste en que la declaración sea objetivamente verosímil. Para que ello ocurra, es necesario que la versión de los hechos, que constituye el contenido de la declaración se encuentre confirmada por la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo.
  • Por último, la jurisprudencia exige que la declaración testifical sea persistente en el tiempo; esto es, plural y sin ambigüedades, ni contradicciones sobre extremos o elementos esenciales.

La pena prevista para este tipo básico es de: prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

Tipos agravados

En el art. 184.2 CP, se sancionan dos conductas cualificadas que se redactan de forma alternativa, lo que hace pensar a algún autor que se trata de una sola modalidad que exige los dos requisitos: prevalimiento y anuncio de un mal, aunque la expresión gramatical de forma alternativa ("o") indica todo lo contrario, por lo que se refiere a dos conductas diferenciadas:

-El acoso de prevalimiento. Lo característico de este subtipo agravado es que la conducta descrita en el apartado primero se realice por un superior jerárquico o funcional, Debe existir, por tanto, una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica y que se aproveche de la misma. Se ha discutido doctrinalmente sobre si esa superioridad debe ser orgánica solamente o cabe también la funcional; es decir, si debe cometerse ese comportamiento en un entorno laboral organizado jerárquicamente o cabe también entre compañeros de trabajo que teniendo el mismo rango jerárquico en el organigrama de la empresa desempeñan funciones diferentes y subordinadas entre sí -piénsese en aquellos puestos de trabajo en los que un compañero debe repartir tareas de trabajo entre sus iguales o establecer las condiciones de trabajo-. Hay autores que piensan que en estos casos no existe el elemento objetivo de superioridad, por lo que no operará el subtipo agravado. Sin embargo, otros entienden que lo que el legislador ha querido castigar no es que exista una relación objetiva de superioridad, sino una situación de superioridad, cualquier que fuese ésta, por ello el Código Penal utiliza la expresión "situación" y no "relación".

Anunciar un mal, expresa o tácitamente, a la víctima relacionado con sus legítimas expectativas en el ámbito de esa relación. El mal que se anuncia debe ser real y el destinatario del mismo debe ser la víctima y no un tercero -por ejemplo cuando se anuncia que se despedirá a un hermano u otro familiar-. Cuestión aparte merece la discusión sobre si debe ser un mal o puede ser el anuncio de un bien a cambio de realizar el favor solicitado -por ejemplo la mejora salarial-, en estos casos existe un cierto vacío legal difícil de cubrir por la jurisprudencia, que debe estar sometida al principio de legalidad y tipicidad. La legítima expectativa debe entenderse como toda pretensión de mejora de condiciones laborales previstas para trabajadores cuya concesión puede ser condicionada a una solicitud sexual.

La pena prevista para este subtipo agravado es de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.

El art. 189.3 CP contempla una especial agravación de la conducta típica por razón de las especiales circunstancias de la víctima, como son: La edad, la situación en que éste se encuentre, o la enfermedad que padezca. Es necesario en estos casos que la víctima no sólo sea vulnerable, sino que lo sea de una forma tan especial que haga mucho más fácil la consumación del delito. El agresor se aprovecha de esta circunstancia para realizar el acoso sexual, por lo que debe ser consciente de que la misma existe. En estos casos se impone una pena mayor porque el grado de culpabilidad del autor es muy superior que en el resto de los casos, lo que justifica un mayor reproche penal. Así, se prevé prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos del art. 184.1 CP, y de prisión de seis meses a un año en caso de prevalimiento (art. 184.2 CP).

Recuerde

• El delito de acoso sexual del art. 184 CP protege la libertad e indemnidad sexual en el ámbito laboral, docente o de prestación de servicios.

• Los elementos del tipo básico son:

  • Solicitud sexual.
  • Situación en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios.
  • Provocación de situación intimidatoria, hostil o humillante.

• Tipos agravados: acoso sexual de prevalimiento y acoso sexual causal o chantaje sexual.

• Subtipo agravado: especial vulnerabilidad por razón de la edad, enfermedad o situación.

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