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Acciones posesorias

Acciones posesorias

Proceso civil

¿Qué son, cuál es el origen y dónde están reguladas las acciones posesorias?

En nuestro Derecho, el principio de protección de la posesión esta expresado en el artículo 446 del Código Civil, a cuyo tenor "todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen". Estos medios se encuentran reflejados en la Ley 1/2000, de 7 de enero, Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuyo artículo 250.1.4º LEC se dispone que, "se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: 4º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute".

La protección posesoria se confía a medios judiciales, y no a la propia autoridad del poseedor. El ordenamiento jurídico repudia la violencia, tanto para mantener el estado posesorio actual como para el restablecimiento del mismo. El artículo 441 del Código Civil es determinante en este sentido.

¿Quién ostenta la legitimación activa para la tutela posesoria?

La legitimación activa para la protección posesoria es muy amplia. El artículo 446 del Código Civil establece que todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen. El artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere al tenedor o poseedor de una cosa o derecho.

La tutela posesoria puede referirse:

  • 1º. A la defensa contra actos de despojo o perturbación de la tenencia o posesión de una cosa o derecho. Son demandas en las que se pretende la posesión de una cosa o derecho por quien ha sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute (artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

    Y para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado del denominado fenómeno "okupa" y el consiguiente desalojo por la fuerza del ocupante de la vivienda ocupada ilegalmente, la Ley 5/2018 modificó el juicio verbal del interdicto de recobrar la posesión del art. 250.1.4º LEC permitiendo pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento, limitando el ámbito subjetivo a la persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

  • 2º. A la posesión de bienes adquiridos por herencia. Se trata de demandas en las que se pretende que el Tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiera adquirido por herencia, si no estuvieran siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructario (artículo 250.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • 3º. A la suspensión de una obra nueva (artículo 250.1.5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • 4º. A la demolición o derribo de edificios u objetos en estado de ruina (artículo 250.1.6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asimismo, cabe referirse a la acción publiciana.

¿Qué acciones existen para ejercer la protección posesoria?

Juicio verbal para retener o recobrar la posesión

Dispone el artículo 250.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo siguiente: se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: 4º Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

Estamos ante el antiguo interdicto de recobrar y retener la posesión, del que la presente acción es sucesora directa. La defensa de la posesión se fundamenta en el respeto que los estados de hecho existentes merecen ante los actos realizados por terceros para aquietar o despojar el hecho de la posesión. Se trata de un procedimiento de carácter sumario destinado a proteger la posesión de hecho o el mero hecho de la posesión. Por ello se habla también de "proceso cautelar", por su finalidad aseguratoria, y de que protege situaciones interinas o no definitivas al no producir excepción de cosa juzgada la sentencia que pone fin a los mismos. Se trata de resolver una cuestión de hecho, atendiendo solo a que se mantenga la situación posesoria tal y como aparece.

Son sus requisitos los siguientes:

  • 1. Que se halle el reclamante, o su causante, en la posesión o en la mera tenencia de la cosa.
  • 2. Que haya sido despojado de tal tenencia o posesión o perturbado en su disfrute.
  • 3. Que se presente la demanda antes de haber transcurrido un año, a contar desde el acto de la perturbación o el despojo. Establece el artículo 439.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se admitirán las demandas que pretendan retener o recobrar la posesión si se interponen transcurrido el plazo de un año a contar desde el acto de la perturbación o el despojo. Este plazo coincide con el del artículo 460.4º del Código Civil para la pérdida de la posesión, estableciendo dicho precepto que el poseedor puede perder su posesión por la posesión de otro, aun contra la voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de un año.

Esta acción se sustancia por los trámites del juicio verbal, con las siguientes especialidades:

  • 1º. En estos procesos no se admite reconvención alguna, puesto que, dispone el artículo 438.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en ningún caso se admitirá reconvención en los juicios verbales que, según la ley, deban finalizar por sentencia sin efectos de cosa juzgada.
  • 2º. En cuanto juicio sumario, la sentencia que se dicte no produce el efecto de cosa juzgada, al disponer el artículo 447.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no producirán efectos de cosa juzgada las sentencias que pongan fin a los juicios verbales sobre tutela sumaria de la posesión. Consecuentemente, aquél que se crea con derecho a la posesión podrá acudir al juicio declarativo correspondiente, lo que no se admite es la recuperación de la posesión mediante actos de propia autoridad.

Hay que tener en cuenta la facultad de recuperación posesoria por parte de las Administraciones Públicas, prevista en el artículo 55 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en el que, bajo la rúbrica de "potestad de recuperación posesoria", se prevé lo siguiente:

1. Las Administraciones públicas podrán recuperar por sí mismas la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.

2. Si los bienes y derechos cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de demaniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo.

3. Si se trata de bienes y derechos patrimoniales la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que la iniciación del procedimiento haya sido notificada antes de que transcurra el plazo de un año, contado desde el día siguiente al de la usurpación. Pasado dicho plazo, para recuperar la posesión de estos bienes deberán ejercitarse las acciones correspondientes ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

En el artículo 56 de la Ley 33/2003 se establece el procedimiento para el ejercicio de la potestad recuperatoria, y en el artículo 57 Ley 33/2003 se establece cuáles son los órganos competentes para ello.

Juicio verbal sobre posesión de bienes adquiridos por herencia

Esta figura procesal es sucesora del antiguo interdicto de adquirir. A la misma se refiere el artículo 250.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al decir que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: 3º Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

La tramitación se sigue por los trámites del juicio verbal, con las siguientes especialidades:

  • 1º. La competencia internacional corresponderá a los tribunales españoles a tenor de la nueva redacción del art. 22 quater g) LOPJ modificada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio en materia de sucesiones, cuando el causante hubiera tenido su última residencia habitual en España o cuando los bienes se encuentren en España y el causante fuera español en el momento del fallecimiento. También serán competentes cuando las partes se hubieran sometido a los Tribunales españoles, siempre que fuera aplicable la ley española a la sucesión. Cuando ninguna jurisdicción extranjera sea competente, los Tribunales españoles lo serán respecto de los bienes de la sucesión que se encuentren en España. .
  • 2º. La competencia territorial corresponderá al tribunal del lugar en que el causante tuvo el último domicilio y si lo hubiere tenido en lugar extranjero, al del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante (artículo 52.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • 3º. La legitimación activa corresponde a quien pretenda haber adquirido los bienes por herencia.
  • 4º. Como especialidades procedimentales han de destacarse la reforma introducida por la Ley 42/2015 en el art. 441 LEC en base a la introducción de la contestación a la demanda, y así:

Interpuesta la demanda en el caso del número 3.º del apartado 1 del artículo 250 LEC, el letrado de la administración de justicia llamará a los testigos propuestos por el demandante y, según sus declaraciones, el tribunal dictará auto en el que denegará u otorgará, sin perjuicio de mejor derecho, la posesión solicitada, llevando a cabo las actuaciones que repute conducentes a tal efecto. El auto será publicado por edictos, que se insertarán en un lugar visible de la sede del tribunal, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación en la misma, a costa del demandante, instando a los interesados a comparecer y reclamar mediante contestación a la demanda, en el plazo de cuarenta días, si consideran tener mejor derecho que el demandante.

Si nadie compareciere, se confirmará al demandante en la posesión; pero en caso de que se presentaren reclamantes, previo traslado de sus escritos al demandante, el secretario judicial le citará, con todos los comparecientes, a la vista, sustanciándose en adelante las actuaciones del modo que se dispone en los artículos siguientes.

Juicio verbal para la suspensión de obra nueva

Este proceso deriva del anterior interdicto de obra nueva. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: 5º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva. La legitimación activa del demandante derivará del hecho de que la obra nueva le produce algún perjuicio.

La especialidad más notable viene prevista en el artículo 441.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 42/2015, según el cual, si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes incluso de que se dé traslado para la contestación a la demanda, dirigirá inmediata orden de suspensión al dueño o encargado de la obra, que podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado. El tribunal podrá disponer que se lleve a cabo reconocimiento judicial, pericial o conjunto, antes de la vista.

La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 64 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Tampoco se admite en estos juicios reconvención alguna (artículo 438.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y la sentencia no produce efectos de cosa juzgada material (artículo 447.2 LEC).

Juicio verbal para la demolición de edificios u objetos ruinosos

Tiene su antecedente en el antiguo interdicto de obra ruinosa. El artículo 250.1.6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes: 6º Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

La legitimación activa del actor derivará del hecho de que la obra u objeto ruinoso pueda ocasionarle algún perjuicio, de lo que se deduce la amplitud del supuesto. La legitimación pasiva corresponde al dueño o usufructuario de la obra u objeto.

Dado el peligro del supuesto, lo normal es que el actor solicite la adopción de medidas cautelares.

Como juicio verbal sumario que es, no cabe la reconvención ni se produce efecto de cosa juzgada material.

La acción publiciana

En el derecho moderno se concibe la publiciana como una acción que protege al poseedor en concepto de dueño, cuando aún no ha consumado a su favor la usucapión, en razón de que la buena fe del poseedor legitima su título posesorio otorgándole un mejor o superior derecho a poseer, como el que tendría si realmente fuera ya dueño de la cosa poseída. Es pues la publiciana una acción propiamente dirigida a preservar la posesión del usucapiente, que no el dominio, aunque el dominio pueda resultar indirectamente protegido, en la medida que la estimación de la acción publiciana pasa por reconocer el mejor derecho del poseedor, y conlleva la ficción de que había cumplido lo necesario para usucapir.

Se ha discutido en la doctrina científica acerca de la subsistencia y autonomía de esta acción, en particular en relación con la acción reivindicatoria, siendo criterio jurisprudencial mayoritario el que se decanta por admitir la subsistencia de la acción publiciana, con entidad propia, con la consecuencia de que solo puede ser estimada si se ejercita expresamente, ya de forma aislada o, subsidiariamente, respecto de la reivindicatoria, sin que haya lugar a su estimación cuando en la demanda no se haga alusión a ella por ejercitarse solo la meramente declarativa o la reivindicatoria propiamente dicha.

Recuerde que...

  • El juicio verbal para retener o recobrar la posesión es un procedimiento de carácter sumario destinado a proteger la posesión de hecho o el mero hecho de la posesión.
  • El juicio verbal sobre posesión de bienes adquiridos por herencia es sucesor del antiguo interdicto de adquirir.
  • En el juicio verbal para la suspensión de obra nueva la legitimación activa del demandante derivará del hecho de que la obra nueva le produce algún perjuicio.
  • En el Juicio verbal para la demolición de edificios u objetos ruinosos, como juicio verbal sumario que es, no cabe la reconvención ni se produce efecto de cosa juzgada material.
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