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Actor civil en el proceso penal

ACTOR CIVIL EN EL PROCESO PENAL

I. CONCEPTO Y NATURALEZA

Es toda persona física o jurídica, que dentro de un proceso penal ejercita una mera pretensión civil o patrimonial que es consecuencia de los hechos delictivos, sin ejercitar la acción penal, ya que, si también la ejercitara, sería considerado acusador particular. Por el contrario, el responsable civil, sería la persona física o jurídica, responsable y obligada por los daños y perjuicios a que ha dado lugar la comisión del hecho delictivo.

El ejercicio de esta acción civil, denominada ex delicto, por venir derivada del delito, no pierde su específico carácter civil y, por tanto, no se desnaturaliza por ejercitarse dentro del proceso penal, y se rige por lo dispuesto en el Código Penal, y supletoriamente por lo que disponga el Código Civil, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, todo lo cuál se infiere de los artículo 984.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la ejecución de Sentencias, y artículo 1092 del Código Civil (En este sentido, se pronuncia la Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2005).

Esta acción civil derivada del delito, se denomina eventual, porque puede o no surgir, ya que si el perjudicado renuncia o se reserva su ejercicio separado en la jurisdicción civil no se acumulará al proceso penal, y también accesoria, porque sigue en parte las vicisitudes de la acción penal, que es la considerada principal, al tiempo, que si se extingue la penal, subsistirá la civil, pero a ejercitar únicamente ante la Jurisdicción civil (artículos 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Esta posibilidad es una consecuencia específica de nuestro sistema procesal penal, que permite acumular al ejercicio de la acción penal la acción civil reparatoria e indemnizatoria para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible, dando lugar a la denominada acumulación de pretensiones. Este sistema permite una gran ventaja para los perjudicados, al evitar tener que acudir a otro proceso civil en reclamación de los perjuicios, ya que, los mismos son resueltos en el propio proceso penal, dando lugar a una gran agilidad en la resolución de su pretensión evitando dilaciones y costes.

Ahora bien, una vez ejercitada la acción civil derivada del delito, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión cubre también dicha acción civil cuando es esgrimida simultáneamente con la acción penal en el proceso correspondiente (Sentencias del Tribunal Constitucional 18/1985, de 11 de febrero, y 107/1992, de 1 de julio).

En nuestro sistema procesal, ejercitada la acción penal, lleva implícito también el ejercicio de la acción civil, salvo que el perjudicado la reserve para su ejercicio ante la jurisdicción civil, o la renuncie (artículos 100 y 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y artículo 109 del Código Penal). Por ello, cabría plantearse, si una vez ejercitada la acción civil por un actor civil, el Ministerio Fiscal debe dejar de reclamar por los perjuicios que pudieran corresponder a dicho actor civil.

La respuesta es negativa, ya que, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercitar dicha acción civil reparatoria de los daños y perjuicios producidos por el delito, salvo que dicho perjudicado expresamente se reserve el ejercicio de su acción ante la jurisdicción civil, o renuncie expresamente a su ejercicio (artículo 108 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Podemos indicar que el originario o verdadero legitimado para el ejercicio de la acción civil es el perjudicado, actuando el Ministerio Fiscal siempre que éste no renuncie o se reserve el ejercicio de la acción, pero quien tiene el principio de disposición es el perjudicado, que si renuncia a dicha acción, vincula al Ministerio Fiscal, que no puede ya ejercitar, prosiguiendo el proceso respecto a la acción penal, que necesariamente ejercita el Ministerio Fiscal.

Como hemos indicado, la acción civil es renunciable, por ello a diferencia de la pretensión penal, que es indivisible e indisponible, la acción y pretensión civil está sometida al denominado principio dispositivo, siendo el actor civil quien puede decidir su reclamación o su renuncia.

Una vez dictada una Sentencias penal que establezca una responsabilidad civil, si ésta es recurrida, en apelación, el actor civil puede solicitar su ejecución provisional (artículo 989.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil para regularla).

II. CONTENIDO DE LA ACCIÓN CIVIL

La acción civil incorpora una pretensión de carácter civil, que puede comprender la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales (artículo 110 del Código Penal).

1. La restitución de objetos

Si se solicita la restitución, ésta consiste en devolver el objeto a su legítimo propietario. Y debe consistir, si es posible, en el mismo bien (por ejemplo, del bien sustraído en un delito de robo o de hurto), debiendo abonarse los deterioros y menoscabos que se hayan producido, y que el Juez determine (en el ejemplo anterior, los daños que se hubieran producido al sustraer el bien).

¿Qué ocurriría si el bien ya ha pasado al poder de terceras personas que lo han adquirido de buena fe y que, por supuesto, no han intervenido en el delito, por ejemplo en la sustracción del bien a que antes hicimos referencia?

En estos supuestos, debe entregarse el bien por parte del tercero, pudiendo dicho tercera persona reclamar contra quien corresponda, además de poder ser indemnizado por el responsable civil del delito. No obstante, cuando el tercero que adquirió el bien de buena fe haya adquirido dicho objeto en las circunstancias y condiciones que con arreglo al Derecho Civil y Mercantil protegen a todo trance dicha adquisición, haciéndole irreivindicable, en dicho supuesto, el citado tercero no puede ser obligado a la devolución del objeto, conforme establece el artículo 111 del Código Penal en relación con los artículos 85 CCom (sobre compras de mercaderías en tiendas abiertas al público), art. 86 CCom (pago al contado con moneda de curso legal en establecimientos abiertos al público), art. 324 CCom (sobre valores dados en prenda en préstamos con garantía de valores), y art. 545 CCom (sobre títulos al portador); artículo 34 de la Ley Hipotecaria respecto de la adquisición a título oneroso y de buena fe de bienes inmuebles o derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad y artículos 464 y 1955 del Código Civil (sobre adquisición, en ciertos supuestos, de bienes muebles por la posesión no interrumpida de los mismos).

Ahora bien, ¿podría solicitarse en el seno del proceso penal y al amparo de la restitución del bien, la nulidad de algún contrato realizado para la comisión del delito?

La respuesta es afirmativa. En estos casos el Tribunal Supremo, indica que hay que proceder a la restauración del orden jurídico conculcado por el delito, pudiendo procederse en ciertos delitos, como los de alzamiento de bienes dentro de las insolvencias punibles y en algunos delitos de estafa, a la declaración judicial de nulidad de dichos contratos, normalmente simulados o fraudulentos, que han permitido defraudar a la otra parte del contrato o a los acreedores, si bien, para que dicha posibilidad pueda tener lugar, han de traerse al proceso, normalmente en calidad de responsables civiles, a las personas afectadas o perjudicadas por dicha nulidad para salvaguardar sus derechos y poder ser oídas en el seno del proceso penal (así, Sentencias del Tribunal Supremo, de 26 de marzo de 1993, 16 de abril de 1992, 12 de marzo de 1993, entre otras muchas).

2. La reparación del daño

Es la realización de una conducta por parte del responsable civil, al objeto de paliar los menoscabos sufridos por el objeto del delito, pudiendo consistir en obligaciones de dar alguna cosa, o realizar una conducta o no realizarla, la cuál puede el Juez establecer atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser realizadas a su costa, es decir, a cargo del mismo (artículo 112 del Código Penal).

Para analizar el contenido de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, hay que acudir a lo que al respecto establece el Código Civil, en los artículos 1096, 1098 CC, y concordantes, e igualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la denominada ejecución no dineraria prevista en los artículos 699 LEC y siguientes.

3. La indemnización de perjuicios

Consiste en el abono de una cantidad dineraria, y procede cuando no pueda darse lugar a la restitución del objeto, y siempre que el delito produzca un perjuicio patrimonial (por ejemplo, la cantidad de dinero no recuperada de un robo, la cantidad estafada o apropiada no recuperada). Dicha indemnización, comprenderá, tanto los perjuicios materiales como los morales, causados al agraviado, pero también los originados a su familia o a un tercero (artículo 113 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Acudiendo a los daños materiales, deben ser claramente acreditados en el proceso, y pueden reclamarse no sólo los perjuicios sufridos, sino también la ganancia dejada de obtener, denominada lucro cesante (artículo 1106 del Código Civil). Y respecto del daño moral, dado que su prueba suele ser dificultosa al basarse en aspectos aflictivos o sentimentales, la Jurisprudencia, ha declarado que no es preciso que tengan que concretarse en relación con alteraciones patológicas o psicológicas sufridas por las víctimas, bastando que sean fruto de una evaluación global de la reparación debida a las mismas, en función de la gravedad del hecho, edad y circunstancias personales de los ofendidos.

¿Puede valorarse y, en consecuencia, reducirse el importe de la indemnización a percibir cuando la propia víctima haya contribuido, de alguna forma a la originación del perjuicio?

Efectivamente, los Tribunales pueden valorar ésta conducta de la victima que ha contribuido a la causación de los daños y perjuicios, y en consecuencia, moderar el importe de la reparación o indemnización (artículo 114 del Código Penal). Esta moderación, tiene lugar en muchas ocasiones en materia de algunos delitos de homicidio y lesiones producidos por imprudencia del acusado, pero en los que la víctima también ha tenido algún grado de negligencia en la conducta, por ejemplo cuando se trata de la conducción de un vehículo de motor. Salvo en supuestos en que la imprudencia de la víctima absorba, por su magnitud, la del acusado, no puede, normalmente llegar a exonerar de responsabilidad penal al autor del hecho delictivo, si bien, además de permitir la moderación indemnizatoria a que antes hemos aludido, en ciertos supuestos podría degradar una conducta imprudente de la categoría de delito a la de mera falta (Sentencias del Tribunal Supremo 30 de junio 2000).

¿La Sentencia que se pronuncie sobre el ejercicio de una acción civil y, en consecuencia sobre una responsabilidad civil, debe necesariamente contener un pronunciamiento económico o puede fijarse en ejecución de Sentencia?

En principio, y de ser posible, debe pronunciarse en la Sentencia cuantificando los daños y perjuicios, si los hubiere, pero si declarada la existencia de responsabilidad civil, en fase de juicio no ha podido ser del todo cuantificada, entonces bastará con que el Tribunal, en su Sentencias, establezca, razonadamente, las bases o criterios que fundamenten los daños e indemnizaciones, fijándose definitivamente con arreglo a dichas bases, en ejecución de Sentencia (artículo 115 del Código Penal).

En algunos supuestos, existen unos criterios cuantitativos para la indemnización de los daños y perjuicios, que hemos de tener en cuenta, para valorar cuantitativamente el importe de los mismos. Así, en el ámbito de los delitos de homicidio y lesiones, que se cometan por imprudencia, con ocasión de la circulación de vehículos de motor, hay que tener en cuenta el contenido de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que reforma el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, estableciéndose un baremo, actualizado cada año, vinculante para los órganos judiciales para la fijación de dichos daños y perjuicios con una serie de criterios cuantitativos, en función de las lesiones o muertes producidas, edades de las víctimas o perjudicados, que además de ser preceptivos en el ámbito de dichos delitos, tal y como sucedía con el baremo establecido en la Ley 30/1995, será acogido, en muchas ocasiones, por parte de los Tribunales, con carácter analógico o supletorio para fijar las indemnizaciones procedentes en el ámbito de otras infracciones penales y civiles. Constituye, en definitiva, un sistema de cuantificación de las indemnizaciones a acordar a los perjudicados de accidentes de tráfico, tanto para los procesos civiles como penales, que ha sido declarado en su mayor parte constitucional (Sentencias del Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio), declarándose únicamente inconstitucional en la parte relativa a la fijación de cantidades por incapacidad temporal en que haya una culpa relevante, ya que, dicho sistema no debe impedir la reparación íntegra de los perjuicios causados, cuando se acrediten perjuicios superiores derivados de daños de carácter personal.

La Sala Penal del Tribunal Supremo, en Sentencias 1915/2002, de 15 de noviembre, interpretando la Sentencias del Tribunal Constitucional, matiza el valor vinculante del baremo, indicando que dicho sistema es vinculante respecto del sistema tabular de cuantificación de daños así como en relación a los factores de individualización previstos como factores de corrección, pero no vincula en la determinación de quién sean los perjudicados. Por ello, tras comprobar que en la Tabla I del Baremo, está prevista la concurrencia de padres o abuelos de la víctima con hermanos menores de edad que con aquellos convivan, y en cambio no lo está la concurrencia de hermanos menores de 25 años -pero no menores de edad- con padres o abuelos, admite que puedan tener la consideración de perjudicados.

También es interesante citar, el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2003, que acuerda, que en los supuestos de fallecimiento de víctima sin cónyuge e hijos, pero sí con ascendientes que:"la cuantía indemnizatoria prevista en el grupo IV de la tabla i del baremo contenido en el anexo a la ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en el supuesto de fallecimiento de victima sin cónyuge ni hijos y con ascendientes, en tanto que expresamente se atribuye a los padres, ha de entenderse que se trata de la concesión del importe total a ambos progenitores conjuntamente, de modo que ni procede otorgar la totalidad de esa cantidad legalmente fijada, a cada uno de ellos por separado, en caso de supervivencia de ambos, ni reducirla a la mitad prevista, cuando fuere uno sólo el superviviente".

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que respecto de algunos delitos, el propio Código Penal, se remite para la concreción de los criterios indemnizatorios a lo dispuesto en leyes ajenas a la propia norma penal, como ocurre con los delitos contra la Propiedad Intelectual (artículo 272.1 del Código Penal).

En materia de lucro cesante destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010 en la que por medio de la Sala de lo civil se viene a resolver una vieja polémica acerca de la total reintegración a los perjudicados de un accidente de circulación del total perjuicio que hubieran podido sufrir en un siniestro más allá de la presunción que el concreto factor de corrección hubiera fijado en el baremo actualmente aplicable. Así, se fija el criterio de que siempre que la aplicación de los factores de corrección por perjuicios económicos o por incapacidad permanente que figuran en el baremo no baste para compensar el lucro cesante "es posible acudir a otro concepto indemnizatorio". Es decir, que se abre la frontera y el campo de actuación en el que pueden basarse ahora los perjudicados para reclamar tras un siniestro, ya que en la actualidad existía una especie de "corsé" sobre el que debían girar en sus reclamaciones los letrados de sus perjudicados. Así, no se abonará solo por las aseguradoras un determinado concepto, sino las consecuencias que puede tener esa pérdida concreta o perjuicio en la profesionalidad del perjudicado.

El requisito que para ello se impone es que esto será posible siempre que se haya probado debidamente la existencia de un grave desajuste entre la remuneración y el lucro cesante realmente padecido, y que los factores de corrección incluidos en el cómputo no sirvan por sí solos para remunerar lo que se va a dejar de ganar como consecuencia de un accidente de tráfico.

La sentencia viene a dar una respuesta a las constantes reivindicaciones que se habían venido realizando históricamente por las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico que habían visto cómo el encorsetamiento del baremo estaba imposibilitando que aunque las partes perjudicadas acreditaran un perjuicio mayor pudieran ser indemnizadas por ello, destacándose en estas críticas al sistema de indemnización actual que, por ejemplo, en la actualidad, el damnificado de un accidente de tráfico de 33 años que queda en una situación de tetraplejia cobra en España una indemnización de 1,2 millones de euros, la mitad que en Francia (donde recibe 2,5 millones de euros); 2,6 veces menos que en Italia (3,2 millones de euros); tres veces menos que en Bélgica (3,9 millones de euros); 3,5 veces menos que en Alemania (4,2 millones de euros) y 3,6 veces menos que en Reino Unido (4,3 millones de euros).

Así, en esta sentencia se contemplan los requisitos para el reconocimiento del lucro cesante como "nuevo factor de corrección".

Se concluye, pues, por el Tribunal Supremo que debe indemnizarse el lucro cesante, que se entiende como un nuevo factor de corrección, siempre que concurran los siguientes requisitos:

  • 1) Se haya probado debidamente la existencia de un grave desajuste entre el factor de corrección por perjuicios económicos y el lucro cesante realmente padecido.
  • 2) Éste no resulta compensado mediante la aplicación de otros factores de corrección, teniendo en cuenta, eventualmente, la proporción en que el factor de corrección por incapacidad permanente pueda considerarse razonablemente que comprende una compensación por la disminución de ingresos.
  • 3) Principios básicos para el reconocimiento de este derecho.

    Sin embargo, hay que reconocer también que la aplicación del nuevo factor de corrección (lucro cesante) debe sujetarse, además, a los siguientes principios:

    • 1. Máximo a reconocer en cualquier caso. La corrección debe hacerse en proporción al grado de desajuste probado, con un límite máximo admisible, que en este caso es el que corresponde a un porcentaje del 75% de incremento de la indemnización básica, pues éste es el porcentaje máximo que se fija en el factor de corrección por perjuicios económicos.
    • 2. Compatibilidad del lucro cesante con el factor de corrección por perjuicios económicos. La aplicación de este nuevo factor de corrección de la Tabla IV para la compensación del lucro cesante ha de entenderse que es compatible con el factor de corrección por perjuicios económicos.
    • 3. Necesidad de compensar el lucro cesante con el porcentaje de incremento de la indemnización básica. El porcentaje de incremento de la indemnización básica debe ser suficiente para que el lucro cesante quede compensado en una proporción razonable, teniendo en cuenta que el sistema no establece su íntegra reparación, ni esta es exigible constitucionalmente. En la fijación del porcentaje de incremento debe tenerse en cuenta la suma concedida aplicando el factor de corrección por perjuicios económicos, pues, aun siendo compatible, se proyecta sobre la misma realidad económica.
    • 4. Aplicación en la incapacidad permanente. El porcentaje de incremento sobre la indemnización básica por incapacidad permanente no puede ser aplicado sobre la indemnización básica concedida por incapacidad temporal.

4. Supuestos especiales de acción civil

Existen algunos supuestos, en que el contenido de la acción civil, además de pronunciamientos indemnizatorios, pueden existir otros. Así, por ejemplo, tratándose de delitos contra la libertad sexual, el tribunal penal debe realizar los pronunciamientos que procedan respecto de la filiación y fijación de alimentos (artículo 193 del Código Penal).

En los delitos de calumnia e injuria, la reparación del daño comprende también la publicación o divulgación de la Sentencias condenatoria a costa del condenado, en el tiempo y forma que el Tribunal considere más adecuado (artículo 216 del Código Penal). Disposición similar existe para los delitos contra la propiedad intelectual (artículo 272.2 del Código Penal), y en los delitos relativos al mercado y los consumidores (artículo 288 del Código Penal).

Igualmente, en supuestos dudosos de previa existencia de procesos civiles que han reconocido la indemnización procedente, se especifica, que la condena por dicho delito comportará el pago indemnizatorio, como ocurre con el delito de impago de prestaciones familiares contenido en el artículo 227.3 del Código Penal. Y también tiene lugar análoga previsión el artículo 382 del Código Penal, relativo a los delitos contra la seguridad del tráfico, cuando además del riesgo se produzca un resultado lesivo.

Destacar que en la Ley orgánica 5/2010 se añadió un apartado 4º en el artículo 116 Código Penal para añadir que: "La responsabilidad penal de una persona jurídica llevará consigo su responsabilidad civil en los términos establecidos en el artículo 110 de este Código de forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos". Quiere esto decir que el régimen que contempla el artículo 31 bis Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas se extiende a su régimen de responsabilidad civil, aunque hay que recordar que la L.O. 1/2015 de 30 de marzo ha introducido un profundo cambio en el régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas añadiendo los arts. 31 ter, 31 quater y 31 quinquies del Código Penal , fijando el establecimiento de unos planes de prevención jurídica o compliance programme que evitará la existencia de responsabilidades penales y por ello civiles.

III. TITULARIDAD: ¿TODO PERJUDICADO POR EL DELITO PUEDE COMPARECER EN CALIDAD DE ACTOR CIVIL EN EL PROCESO PENAL?

La titularidad de la acción civil corresponde originariamente al perjudicado, que tiene la legitimación originaria y el dominio de la pretensión, pudiendo renunciarla, si bien, también puede ser reclamada por el Ministerio Fiscal, a modo de lo que la doctrina denomina, legitimación por sustitución. No obstante, existen supuestos, como cuando el perjudicado es un menor, que sus legales representantes, para renunciar a dicha acción civil, por ejemplo por haber llegado a una transacción, precisan de una aprobación judicial, previo informe del Fiscal (artículos 166 y 1810 del Código Civil).

La comisión de una infracción penal, puede generar unos daños y perjuicios, y estos pueden ser originados, tanto directa como indirectamente por la infracción. Hay que concluir, que únicamente los daños generados directamente por el delito, son los que pueden directamente ser reclamados en el proceso penal por el actor civil, debiendo reclamarse los daños indirectos en un proceso civil independiente.

En conclusión, sólo quien sea el agraviado, la familia de éste, o terceros pueden reclamar su personación como actores civiles, siempre que se les originen daños y perjuicios directos, y no indirectos, por la comisión de la infracción penal. Y aún así, cabría especificar más, ya que, a la familia cabría considerarla perjudicada por el delito de forma directa, cuando se produzca el fallecimiento de un familiar, pudiendo reclamar por el dolor moral por la pérdida del ser querido y gastos médicos u otros, e inclusive, cabría precisar más, ya que, debe tratarse de familiares que convivieran con el fallecido o dependieran de sus ingresos. Además, no parece que la familia pueda considerarse perjudicada directa en otros supuestos, como en el caso de que se produzcan lesiones, ya que, en ellas el daño viene a ser asumido por el agraviado, siendo la familia afectada de un modo indirecto.

En relación con la prueba de los perjuicios sufridos por la familia, si se trata perjuicios morales, viene entendiéndose que no hace falta una especial prueba, porque así tiene lugar normalmente y es la regla de experiencia humana más habitual, y en cambio, para reclamar por daños materiales, sí que se requiere prueba específica de los mismos (normalmente mediante aportación de facturas, informes periciales, etc.).

Igualmente, hemos de preguntarnos por una posible compatibilidad de indemnizaciones. Es decir, si por ejemplo, fallece un hijo que estaba casado, ¿tendrían derecho a la indemnización tanto la viuda como los padres, o sólo la primera?

La jurisprudencia se ha decantado por la compatibilidad de indemnizaciones por daño moral, tanto a la viuda como a los padres del fallecido, pues ambos sufren la pérdida del ser querido, si bien, los padres no deben solicitar cantidades indemnizatorias superiores a las de la viuda (Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1986, 19 de abril de 1991 y 14 de noviembre de 1992). En el caso de los hermanos, por su condición de tales, al encontrarse dentro del denominado orden natural de los afectos, y salvo que se acredite que se acredite una ruptura de la cohesión familiar, aunque no pruebe una especial relación de convivencia o de particular afección, también se les considera legitimados a percibir por derecho propio una indemnización por daño moral, si bien condicionada a que no existan otros familiares más inmediatos (Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1981, y 1 de febrero de 1991).

En el supuesto de personas convivientes como pareja de hecho, los Tribunales suelen valorar las circunstancias concretas del caso, la convivencia, su duración, y demás circunstancias, habiendo concedido una indemnización a mujer que convivía con la víctima como pareja de hecho, otorgándole la misma cantidad que a la esposa de la que se había separado dicha víctima (Sentencias de dicho Tribunal de 5 de julio de 1999).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, estima que las indemnizaciones por causa de fallecimiento, más que concederse a los herederos lo es a los perjudicados (Sentencias de dicho Tribunal de 15 y 19 de abril de 1991).

También pueden considerarse perjudicados directos por el delito, los terceros, dice el artículo 113 del Código Penal. Este concepto se viene restringiendo al que sufra un perjuicio directo y no sea familiar inmediato del agraviado, por ejemplo cuando se comete un delito de homicidio, y se tienen vínculos muy parecidos a los familiares, como las parejas de hecho.

Igualmente se han considerado terceros directamente perjudicados, aquellas personas o entidades, que sin existir una relación jurídica preexistente, asisten a la víctima del delito, como los hospitales, clínicas y similares. En éste sentido, cabe considerar a las Mutuas laborales y las entidades gestoras de la Seguridad Social, ya que expresamente, el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los considera terceros perjudicados a efectos del Código Penal, pudiendo personarse directamente en el procedimiento penal o civil para hacer efectiva la indemnización cuando la prestación realizada haya tenido origen en supuestos que impliquen una responsabilidad penal o civil de alguna persona, pudiendo reclamar del responsable del hecho, y ello sin perjuicio de las acciones que hayan podido ejercitar los trabajadores o sus causahabientes.

También se ha planteado, si una compañía aseguradora, que ha abonado al perjudicado la cantidad reclamada, en virtud del contrato de seguro que tiene con el mismo, podría tras el pago de dicha indemnización personarse en el proceso penal, como actor civil, subrogándose en la posición de dicho actor civil. Tras existir en los Tribunales diferentes criterios al respecto, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en virtud de un Acuerdo adoptado en Sala General el día 30 de enero de 2007, acordó que " Cuando la entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición del perjudicado".

En el supuesto en que puedan existir diversos perjudicados por una infracción penal, como tiene lugar con el delito de daños cometidos por imprudencia del artículo 267 del Código Penal, que exige que se supere la cantidad de 80.000 euros, pero sólo alguno de ellos, reúna las condiciones para poder aperturar un proceso penal, una vez formulada la pertinente denuncia del perjudicado, podrán comparecen otros perjudicados aunque la cuantía de sus daños no alcance la prevista en dicho precepto (Disposición Adicional Tercera del Código Penal).

IV. MOMENTO Y ÁMBITO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

Debe ejercitarse mediante la personación con abogado y procurador cuando le sean ofrecidas las acciones al perjudicado, siempre que lo realice antes del trámite de calificación del delito (artículos 109, 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). El auténtico momento de ejercicio de la acción civil tiene lugar con el escrito de calificación provisional, donde tras la calificación de los hechos por el Ministerio Fiscal y acusador particular, interviene el actor civil, presentando en el plazo de cinco días su escrito atinente a la responsabilidad civil reclamada, indicando quien es el responsable de las indemnizaciones y restituciones de objetos que procedan (artículo 651.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

El ámbito de la acción civil queda circunscrito a la petición de restitución de objetos, reparación de los daños e indemnización de perjuicios, careciendo de cualquier tipo de legitimación en lo que se refiere al ejercicio de la acción penal, por lo que, su petición de diligencias, petición de medidas cautelares relacionadas con la responsabilidad civil (petición de fianzas y embargos), calificación, e incluso para los recursos que pueda interponer, queda delimitado al aspecto de la responsabilidad civil (artículos 320 y 735 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y por ello, en el supuesto de interposición de un recurso de apelación contra la Sentencia, podrá solicitar la ejecución provisional respecto de los aspectos civiles de la Sentencia (artículo 989.1 LECrim). Igualmente, en el supuesto de conformidad respecto de la pretensión penal, pero no respecto de la civil, el juicio continuará si bien limitado a la acción civil ejercitada (artículo 695 LECrim).

También, el actor civil podrá solicitar, de forma anticipada, en los delitos cometidos mediante la circulación de vehículos de motor, con cargo al seguro de existir, o al seguro obligatorio, el abono anticipado de una pensión provisional para atender a la víctima y personas que estuvieren a su cargo, así como en todo supuesto, en que la responsabilidad civil esté garantizada con un seguro obligatorio (artículo 765 LECrim).

V. EN EL SUPUESTO DE ABSOLUCIÓN PENAL DEL DELITO, ¿HA DE REALIZARSE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACCIÓN CIVIL EJERCIDA POR EL ACTOR CIVIL?

En principio no, ya que, dado el carácter accesorio de la acción civil frente a la penal, en caso de extinción de ésta o terminación del proceso penal por archivo o absolución del acusado, no deben realizarse pronunciamientos de índole civil en la Sentencia. En estos supuestos, en general puede decirse, que el tribunal de lo criminal pierde toda competencia para el conocimiento de la acción civil que puede ser ejercitada por su titular ante los órganos civiles competentes, tal y como contempla el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Inclusive se ha sostenido, que revisada una condena penal por existir una norma posterior favorable al condenado que despenalice la conducta, se puede entender que dicha revisión puede afectar también al pronunciamiento condenatorio civil contenido en la Sentencia, debiéndose acudir a la jurisdicción civil a reclamarlo, lo cual no se estimó contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, porque a los perjudicados les quedan vías de reclamación en la jurisdicción civil (Sentencias del Tribunal Constitucional 135/2001, de 18 de junio).

No obstante, existen supuestos, que pese al dictado de una Sentencia absolutoria penal, debe procederse a realizar pronunciamientos de índole civil en dicha Sentencia.

Así, en los supuestos de exención de la responsabilidad criminal por aplicación de las circunstancias eximentes previstas en los números 1 (enajenación mental o trastorno mental transitorio), 2 (intoxicación alcohólica por consumo de drogas o alcohol), 3 (alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad), 5 (estado de necesidad), y 6 (obrar impulsado por miedo insuperable) del artículo 20 del Código Penal, el Juez o Tribunal que dicte Sentencia absolutoria, debe proceder a fijar las responsabilidades civiles, salvo que se haya hecho expresa reserva de las acciones para reclamarlas en la vía correspondiente (artículo 119 del Código Penal). En estos supuestos, si por dichas circunstancias las partes acusadoras solicitaran el sobreseimiento, el Juez de Instrucción debe devolver las actuaciones a las acusaciones para calificación, continuando el juicio hasta Sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y del enjuiciamiento de la acción civil (artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Igualmente, existen otros supuestos, en que terminado un proceso penal sin condena del acusado, se debe proceder a realizar algunas actuaciones relacionadas con la acción civil. Así, cuando nos encontremos en el seno de un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria en la circulación de vehículos de motor, se ha de tener en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos de motor, tras la última reforma motivada por la Ley 21/2007, de 11 de julio, cuyo artículo 13, hemos de recordar que en las denominadas "Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecución", salvo renuncia o reserva del perjudicado, debe dictar antes de acordar el archivo de la causa, auto, en el que se determinará la cantidad líquida máxima que puede reclamarse como indemnización de los daños y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripción obligatoria.

En el caso de sentencias absolutorias en circulación hay que recordar que el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 16 de junio de 2010, rec. 939/2006 apunta que recaída sentencia absolutoria en el previo procedimiento penal, y oportunamente notificada a las partes personadas, con otorgamiento del plazo legalmente estipulado para recurrirla, el día inicial del plazo de prescripción queda determinado por el agotamiento de dicho plazo sin mediar impugnación, por ser entonces cuando la sentencia absolutoria deviene firme y no puede desconocerse la desaparición del obstáculo que para el ejercicio de la acción civil suponía la previa tramitación de un preferente proceso penal por los mismos hechos.

VI. EN LOS SUPUESTOS EN QUE NO SE PERMITE LA PERSONACIÓN EN CONCEPTO DE ACUSACIÓN PARTICULAR, ¿PODRÍA PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO EN CONCEPTO DE ACTOR CIVIL?

La Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2007, confirma, con fundamento en el artículo 103.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que un cónyuge no puede ejercitar la acusación particular por el delito de apropiación indebida contra el otro cónyuge, a pesar de la situación de separación matrimonial existente entre ellos, dado el vínculo matrimonial aún existente, por lo que su posición procesal queda relegada a la de actor civil y, en consecuencia, como tal actor civil no puede pretender la condena penal de su cónyuge, dado que no le está permitido ejercitar la acusación penal.

VII. EL ACTOR CIVIL ANTE LA JURISDICCIÓN DE MENORES Y LA JURISDICCIÓN MILITAR

Como indica el artículo 61.1 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la acción para exigir la responsabilidad civil en el procedimiento de menores, se ejercitará por el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí mismo en el plazo de un mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y en relación a la intervención del actor civil en los procesos de la Jurisdicción Militar, el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, la permite, salvo tiempo de guerra en que debe acudirse a la jurisdicción civil.

VIII. LOS RESPONSABLES CIVILES

Si existe un actor civil como perjudicado por el delito, éste debe ejercitar su acción civil contra los responsables civiles. El primer responsable civil es el que ha sido responsable del delito, ya que, la comisión de éste lo ha generado, y si existen varios responsables de la infracción penal, entonces los Tribunales deben señalar la cuota de que cada uno es responsable (artículo 116 del Código Penal).

Seguidamente, existen unos supuestos de responsables civiles exclusivos, en el sentido de no haber sido declarados responsables penales. Así, tenemos a los aseguradores, que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso y explotación de cualquier bien o actividad, cuando como consecuencia de un hecho previsto en el Código Penal, se produzca un hecho que determine el riesgo asegurado, en cuyo caso, se les considera responsables directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o pactada en el contrato, sin perjuicio del derecho de los aseguradores a reclamar contra quien corresponda (artículo 117 CP).

Y luego, existen unos responsables subsidiarios, es decir, aquellos, que únicamente son responsables en los supuestos de insolvencia o carencia de bienes de los responsables principales, por lo que se denominan responsables subsidiarios. Estos responsables subsidiarios, aparecen mencionados en los artículos 120 y 121 del Código Penal, refiriéndose a las de: 1) Los padres o tutores por los daños y perjuicios causados por sus hijos o tutelados, cometidos por los mayores de 18 años, sujetos a su patria potestad y tutela, y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia, 2) Las personas naturales o jurídicas titulares de medios de comunicación, por los delitos cometidos en los medios de que sean titulares, 3) Las personas naturales o jurídicas por los delitos cometidos en los establecimientos de que sean titulares, cuando por los que los administran o sus dependientes, se hayan infringido disposiciones administrativas relacionadas con el hecho punible, 4)Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos cometidos por sus empleados, 5) Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos de motor por los delitos cometidos con la utilización de aquellos por sus dependientes, 6) Los entes públicos por los daños causados por la comisión de infracciones penales cuando sus responsables sean autoridad o agentes o contratados de esta o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, si el daño producido es consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de índole administrativo que pudiera concurrir, si bien no podrá darse una duplicidad indemnizatoria. Caso de exigirse en el proceso penal la responsabilidad de estas personas que prestan servicios para estos entes públicos, deberá dirigirse la acción civil también contra el citado ente público, y 7) Cuando se haya participado a título lucrativo, es decir sin contraprestación, de los efectos de un delito (artículo 122 del Código Penal).

IX. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL

La extinción de la acción civil derivada del delito, se produce por las mismas causas que las obligaciones civiles, al no perder el carácter y naturaleza de dicha acción por ejercitarse en el seno de un proceso penal.

A dichas causas de extinción de la acción, hay que añadir, la renuncia o reserva para su ejercicio ante la jurisdicción civil, y lógicamente, como acción acumulada a otra principal, cuál es la penal, la extinción de ésta, si bien hay que recordar que puede acudirse a su reclamación en el seno del proceso civil, salvo cuando se declare en la Sentencia penal que no existió el hecho del que la civil hubiera podido nacer, en cuyo supuesto se produce también la extinción de la acción civil (artículos 115 y 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

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