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Comercio exterior (Derecho mercantil)

Comercio exterior (Derecho mercantil)

Mercantil

I. CONCEPTO

El comercio exterior es el conjunto de relaciones internacionales de intercambio de bienes y servicios, de importación y exportación. Es la nota distintiva de la existencia de una economía abierta, es decir, la que mantiene relaciones comerciales con el resto de países mediante ese intercambio de bienes y servicios, y que se contrapone a la economía cerrada. Vicent Chuliá dice que los contratos de comercio exterior, que son los celebrados entre empresarios con establecimientos situados en distintos Estados, presentan numerosas especialidades. Así, normalmente establecen expresamente cuál es la ley nacional aplicable con carácter supletorio a las cláusulas del contrato; incluyen la frecuente remisión a condiciones generales, fijadas en el sector para un determinado tráfico, o a las Reglas uniformes recopiladas por la Cámara de Comercio Internacional, como los "Incoterms", que expresan sintéticamente el régimen de una modalidad de compraventa o como las reglas sobre créditos documentarios, cobros o remesas documentarias para la Banca; y finalmente determinan el nacimiento en algunos contratos de un derecho uniforme, una legislación internacional de aplicación imperativa que procede de los Convenios de Naciones Unidas.

Se han de citar expresamente por su relevancia la Convención de 11 de abril de 1980 de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, hecha en Viena, siendo publicado el Instrumento de adhesión de España de 17 de julio de 1990 en el Boletín Oficial del Estado de 30 de enero de 1991; y los distintos convenios en materia de transporte, por ser este el ámbito de mayor desarrollo de las reglas comunes, y así entre otros el Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera (CMR), hecho en Ginebra el 5 de julio de 1978; Convenio Internacional sobre Armonizaciones de los controles de mercancías en las fronteras, hecho en Ginebra el 21 de octubre de 1982; Convenio aduanero relativo al Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR), hecho en Ginebra el 14 de noviembre de 1975; el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, o el Convenio internacional sobre transporte de mercancías por ferrocarril (CIM), hecho en Berna el 7 de febrero de 1970.

II. COMPETENCIA SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR

La Constitución Española dice en su artículo 149 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la materia de comercio exterior; con lo que parece extenderse el ámbito de las relaciones internacionales que le corresponden en exclusiva, uniendo además el comercio exterior al régimen aduanero y arancelario.

Pero esta idea ha de ser matizada en un doble sentido. En primer lugar porque el Tribunal Constitucional ha declarado que se ha de aplicar con suma cautela el título de comercio exterior a las relaciones comerciales entre los Estados que forman la Comunidad Europea, ya que, como se insiste en varias sentencias recientes, una aplicación extensiva de este título competencial acabaría por vaciar de contenido la premisa consolidada en la doctrina constitucional conforme a la cual el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y la consiguiente transposición de las normas de Derecho comunitario derivado no altera las reglas constitucionales de distribución de competencias, ya que sería muy difícil encontrar normas comunitarias que no tuvieran incidencia en el comercio exterior, si éste se identifica, sin más matización, con comercio intracomunitario. Por lo tanto, y a pesar de que se produce la intervención de varios países o establecimientos situados en varios países, no necesariamente, en el ámbito comunitario, se ha de entender que se trata de operaciones de comercio exterior.

Por otro lado, el reconocimiento de exclusividad de la materia al Estado no impide, también ha declarado el Tribunal Constitucional, que las Comunidades Autónomas realicen actividades que tengan proyección exterior siempre que no supongan el nacimiento de obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no influyan en la política, no incidan en la política exterior del Estado y no generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones internacionales. En todo caso, y para terminar la referencia desde el punto de vista administrativo y de las competencias se ha de decir que por Real Decreto-ley 6/1982, de 2 de abril (hoy derogada por Real Decreto-Ley 4/2011, de 8 de abril, de Medidas urgentes de Impulso de la Internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial "Instituto Español de Comercio Exterior" (ICEX), se creó el Instituto Nacional de Fomento a la Exportación, cuya denominación fue modificada mediante el Real Decreto 1417/1987, de 13 de noviembre, pasando a ser el Instituto Español de Comercio Exterior.

III. REFERENCIA A LA CONVENCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 1980 DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS, HECHA EN VIENA

De entre todos los convenios internacionales que marcan la tendencia a lo que se conoce ya como derecho mercantil internacional y a la creación de un derecho uniforme destaca este, cuya finalidad declarada es contribuir a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promover el desarrollo del comercio internacional con la adopción de normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se tengan en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos. En cuanto a su ámbito de aplicación, lo será a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando esos estados sean contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. A los efectos de determinar la aplicación de la Convención no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Por lo que se refiere a la materia sobre la recae la convención, quedan excluidas las compraventas de mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor, en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración, no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso; las que sean resultado de subastas, las judiciales, las de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero, las de buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves y las de electricidad. Se considerarán compraventa los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que las encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. No se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. Para el cumplimiento de aquéllas finalidades la Convención regula exclusivamente la formación del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador dimanantes de ese contrato; sin incidir salvo disposición expresa sobre la validez del contrato ni sobre los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. Como principios generales se establecen el de interpretación favorable a promover la uniformidad en su aplicación y el de observancia de la buena fe en el comercio internacional, resolviéndose lo no dispuesto expresamente de conformidad con los principios generales en los que se basa la Convención y supletoriamente de conformidad con la Ley aplicable en virtud de las normas de derecho internacional privado; no teniendo el contrato de compraventa que celebrarse ni probarse por escrito ni quedando sujeto a ningún otro requisito de forma; pudiendo ser probado por cualquier medio, incluso por testigos.

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