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Posiciones (prueba de confesión)

Posiciones (prueba de confesión)

Proceso civil

Las posiciones, en el ámbito de la prueba procesal, son las preguntas formuladas por una parte a la contraria, al practicarse la prueba de confesión en juicio, actualmente denominada “interrogatorio de las partes”. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 empleaba la expresión “absolver posiciones” para designar a la toma de declaración judicial acerca de las mismas, es decir, al acto en el que las partes contestaban, en presencia del juez, a las preguntas formuladas por la contraria.

El propio Diccionario de la Lengua Española recoge este significado del término “posición” y lo define como “cada una de las preguntas que cualquiera de los litigantes ha de absolver o contestar bajo juramento, ante el juzgador, estando citadas para este acto las otras partes”.

“Las posiciones -establecía el artículo 581 de la norma- “serán formuladas por escrito con claridad y precisión, y en sentido afirmativo, y deberán concretarse a hechos que sean objeto del debate”. La parte interesada podía presentar las posiciones en pliego cerrado, que había de conservar el juez hasta el acto de la comparecencia para absolverlas, o bien reservarse para dicho acto la presentación del interrogatorio, solicitando la citación al efecto de la parte que hubiera de declarar, debiendo señalar el juez el día y hora en que debían comparecer las partes para llevar a efecto la referida absolución de posiciones.

La sanción procesal que recoge el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil consiste en poder tener al litigante incomparecido por confeso en los hechos que le resulten perjudiciales.

El indicado artículo viene a establecer una carga -la de posibilitar el interrogatorio- que tiene una determinada consecuencia -la ficción de tener por reconocidos los hechos perjudiciales al incomparecido-.

Ahora bien, no basta con la simple incomparecencia al acto del interrogatorio.

Aunque la aplicación de este precepto remite siempre a un notable casuismo, podemos esbozar, con el ánimo de clarificar su ámbito de aplicación, las siguientes ideas:

1.º) Ante todo, requiere el precepto que se haya propuesto el interrogatorio y la parte, consciente de ello, deje de asistir. Esta dinámica que se muestra con claridad en el juicio ordinario, en el que la prueba se habrá propuesto y admitido en la audiencia previa, se difumina en el verbal, pues en él las partes no conocerán si se propondrá o no su interrogatorio, lo que implicaría, en una aplicación rigorista del citado precepto, la necesidad de asistir, en todo caso, a la vista por si acaso se propone su interrogatorio, con el consiguiente dispendio de tiempo y dinero, que puede resultar inútil si, luego, no se solicita este medio de prueba.

Ello ha llevado a exigir, según la jurisprudencia menor de las Audiencias, además de la expresión que en la citación a juicio previene el artículo 440.1 párrafo 3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la solicitud de la parte que propone el interrogatorio de la contraria en el término de los cinco días siguientes a la citación, de expresarlo así, conforme al artículo 440.1 párrafo 4.º de la citada Ley.

En efecto, dentro de la regulación del juicio verbal, dispone el artículo 440.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que el Letrado de la Administración de Justicia, cuando haya de celebrarse vista de acuerdo con lo expresado en el artículo 438, citará a las partes con la prevención de que si alguna de ellas no asistiere personalmente y se propusiera y admitiera como prueba su declaración, podrán considerarse como reconocidos los hechos del interrogatorio en los que hubiere intervenido personalmente y le sean enteramente perjudiciales (artículo 440.1 párrafo 3.º). La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte (artículo 440.1 párrafo 4.º).

Pues bien, la aparente contradicción entre ambos párrafos se ha solventado en el sector mayoritario de la denominada "jurisprudencia menor" de las Audiencias Provinciales estableciendo que que cuando se pretenda interrogar a un litigante, para que pueda establecerse esa admisión o reconocimiento tácito de hechos es preciso que se le haya citado expresamente a tal efecto, y no genéricamente para el acto de la vista. Como destaca la doctrina, en el juicio verbal, cuando las partes hubieren designado Procurador que los represente en la vista, no están obligadas a comparecer personalmente, y como la prueba de interrogatorio de partes ha de proponerse y practicarse si fuera posible, como todas las otras, en el acto de la vista, el único modo en que podrá asegurarse la personal presencia del litigante contrario para ser interrogado es haciendo uso de las facultad que otorga el artículo 440.1 párrafo 4.º, es decir, solicitando expresamente la citación de la parte adversa para ser interrogada. Cuando esa concreta citación no se hubiera realizado, sin perjuicio de que la prueba de interrogatorio de partes podrá igualmente proponerse y practicarse caso de que la contraria haya comparecido, no será posible ante su incomparecencia hacer uso de la admisión de hechos del artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que se concluye que no puede utilizarse por el tribunal la «ficta confessio» cuando la parte no ha sido citada «expresamente» para ser interrogada, pues una cosa es la citación para el juicio (artículo 440.1 párrafo 3.º) y otra, bien distinta, su citación para ser interrogada (artículo 440.1 párrafo 4.º), supuesto este último que será el único que puede conducir a la pretendida «ficta confessio».

No obstante, existen resoluciones judiciales que estiman que no es necesaria esa segunda citación (SAP Madrid de 30 de noviembre de 2007).

2.º) En todo caso, y aunque se considerase suficiente la simple citación ante la eventualidad de proposición del interrogatorio, la sanción de la denominada ficta confessio, se deriva de los hechos "en que dicha parte hubiese intervenido personalmente".

3.º) La posible ficta confessio exige que la parte proponente haga consignar las preguntas que pretendía hacer al confesante incomparecido. Sólo así podrá determinarse si se refieren a hechos personales y perjudiciales, y sólo así podrá valorarse otro presupuesto previo: la admisibilidad de la pregunta.

4.º) Expuesto así el interrogatorio, si el Juez decide acoger el reconocimiento ficticio, se habrá de limitar, lógicamente, a aquellos hechos contenidos en las referidas preguntas. Y no, por extensión, a otros o a la generalidad de los manifestados en las alegaciones de la proponente.

5.º) Finalmente, la consecuencia prevista en el artículo 304 es una simple facultad, y en modo alguno una consecuencia automática ni menos aún imperativa. En ello han abundado los pronunciamientos de los Tribunales.

6.º) Y, como corolario a lo expuesto, no puede perderse de vista que la ficta confessio, que permite basar la decisión judicial en una base tan anómala como es la pura y simple ficción, se relaciona con el principio de buena fe procesal, siendo medio apto para reprimir la conducta obstruccionista de la parte a interrogar, pero también lo ha de ser para no dar carta de naturaleza a la petición de interrogatorio sorpresiva, que surge ante la inasistencia de la parte a la vista, de forma que, con ese remedio, se pretenda conseguir una ventaja para paliar la inconsistencia intrínseca de la posición que la proponente mantiene en el proceso.

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