guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Fondos de promoción de empleo

FONDOS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

I. CONCEPTO

Los Fondos de Promoción de Empleo se constituyen como asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y tienen el carácter de Entidades Colaboradoras del Instituto Nacional de Empleo, actuando bajo la inspección del mismo.

Pueden constituir un Fondo de Promoción de Empleo las Empresas de un sector declarado en reconversión, las Sociedades de Reconversión y las Organizaciones empresariales y los Sindicatos que hayan negociado y prestado su conformidad al Plan de Reconversión correspondiente.

Los Fondos de Promoción de Empleo tendrán el ámbito territorial que fijen sus correspondientes Estatutos, pudiendo extenderse a todo el territorio nacional.

II. OBJETO

La finalidad de los Fondos de Promoción de Empleo es:

  • a) La mejora de la intensidad de la protección por desempleo, complementando su cuantía y ampliando su duración.
  • b) La colaboración en la recolocación de los trabajadores afectados por la reconversión, mediante incentivos económicos a la creación de nuevos empleos de carácter estable.

    Los citados incentivos económicos podrán no ser concedidos a aquellas Empresas que en el año inmediatamente anterior hayan sido autorizadas a la extinción o suspensión de contratos de trabajo con todos o parte de los trabajadores de plantilla en virtud de Expediente de Regulación de Empleo o hayan procedido en el mismo período a la realización de despidos declarados improcedentes en vía de conciliación o por sentencia judicial.

    Los significados incentivos económicos no se concederán a las Empresas cuando suscriban contratos de duración temporal con los trabajadores acogidos al Fondo, de acuerdo con la normativa vigente, conservando el trabajador el derecho a reintegrarse al Fondo una vez finalizado su contrato.

  • c) La readaptación profesional de los trabajadores que resulten excedentes en virtud de un proceso de reconversión, mediante la organización, en colaboración con el Instituto Nacional de Empleo, de los cursos de formación precisos para facilitar la adaptación del trabajador al nuevo empleo.
  • d) La actuación coordinada con las Comisiones Gestoras de las Zonas de Urgente Reindustrialización, de manera que se garantice la participación sindical dispuesta en el artículo 30, párrafo 3, de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, mediante los correspondientes mecanismos de coordinación entre los Fondos de Promoción de Empleo y la Comisión Gestora de la correspondiente zona.

Para el cumplimiento de sus fines, los Fondos de Promoción de Empleo tendrán capacidad para realizar cuantos actos jurídicos fueran necesarios y para recabar información y colaboración de las Sociedades de Reconversión u Órganos Gestores de los Planes de Reconversión.

III. REGULACIÓN NORMATIVA

Se contiene en el Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero, por el que se regulan los Fondos de Promoción de Empleo.

Inicialmente en el Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, de Reconversión y Reindustrialización, y posteriormente en la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, que lo derogó, se estableció, el nuevo marco jurídico para la reconversión industrial, y es precisamente en su artículo 22, donde se conforman los Fondos de Promoción de Empleo.

En la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y más concretamente en su artículo 31, se contiene el procedimiento de disolución y liquidación de los Fondos de Promoción de Empleo.

A tal fin los órganos de gobierno de los Fondos adoptarán, en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la citada Ley, los correspondientes acuerdos, extinguiéndose la personalidad de los Fondos de Promoción de Empleo una vez concluido el proceso de liquidación iniciado mediante los ya significados acuerdos de disolución y que habrá de llevarse a cabo por una Comisión Liquidadora, formada por un máximo de 24 miembros, designados, de forma conjunta, por los órganos de gobierno de los Fondos.

Finalmente, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2005 se da por concluido el mandato de la Comisión Liquidadora de los Fondos de Promoción de Empleo, prevista en el artículo 31 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con fecha de efectos de 31 de diciembre de 2005.

IV. INTERPRETACIÓN POR LA JURISPRUDENCIA

A la vista del contenido del Real Decreto 335/1984, de 8 de febrero, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en su Sentencia de fecha 20 de noviembre de 1993, entiende que los Fondos de Promoción de Empleo cumplen, complementando, una función pública y social evidente, por cuanto su artículo 2, establece que tales entidades se constituirán como asociaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y con el carácter de entes colaboradores del Instituto Nacional de Empleo, actuando bajo la inspección del mismo. A tal efecto, véase los fines fijados en el artículo 3 del citado texto legal, y como al disolverse (artículo 8.2) el patrimonio resultante se ingresa en el Tesoro o se trasfiere al Patrimonio del Estado.

Es decir, que funcionalmente desarrollan una labor colaboradora en la acción de protección social, de tal forma que la Sala en su parte dispositiva declara el derecho que asiste al actor a que la cuantía percibida del Fondo de Promoción de Empleo, no sea computada como renta a efectos de la exacción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En el orden jurisdiccional social, se ha de significar el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de fecha de 1 de septiembre de 2003, en la que la Sala considera que no se trata de entender que los contratos de trabajo de los actores se extinguieron por finalización del servicio contratado sino por la desaparición del Fondo de Promoción de Empleo del Sector de la Construcción Naval de conformidad con lo dispuesto en el antes significado artículo 31 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social sobre disolución y liquidación de los Fondos de Promoción de Empleo, pues el servicio que fue objeto de contratación hubiera proseguido de no haberse extinguido la personalidad del empresario, siendo pues de aplicación el artículo 49.1.g) del Estatuto de los Trabajadores 2015, que regula la extinción del contrato de trabajo por desaparición de la personalidad jurídica del empleador.

Subir