guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Demarcación judicial

Demarcación judicial

Organización judicial y teoría del proceso

I. Nociones generales

La función jurisdiccional se ejerce dentro de unas coordenadas de tiempo y de espacio. Como derivación que es de la soberanía, el límite territorial máximo de la jurisdicción española es el territorio nacional, pero dentro de él la ley, distribuye la jurisdicción desde un punto de vista material y territorial entre los distintos juzgados y tribunales que integran el complejo orgánico en que consiste la organización jurisdiccional. Partiendo de estas premisas, por demarcación jurisdiccional se entiende el territorio al que cada órgano jurisdiccional extiende su jurisdicción. Se regula, con carácter general, en los artículos 30 a37 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y, de forma más específica, en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

La noción de demarcación judicial está indisolublemente asociada a la de sede, que es el lugar, dentro de la demarcación, en donde está situado el órgano jurisdiccional. Ambos elementos son los que determinan los requisitos de lugar de los actos judiciales, puesto que de acuerdo con el artículo 268.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las actuaciones se deben practicar, como regla, en la sede del órgano jurisdiccional, pero los Juzgados y Tribunales pueden constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para la práctica de aquéllas, cuando fuere necesario o conveniente para la buena administración de justicia. Fuera de su demarcación los órganos jurisdiccionales carecen de jurisdicción, de suerte tal que para la realización de las actuaciones procesales que se hayan de celebrar fuera de su demarcación se deberán asistir a través del auxilio judicial, del juzgado o tribunal radicado en la demarcación en la que se deba practicar la actuación de que se trate. Excepcionalmente, los jueces pueden realizar cualesquiera diligencias de instrucción penal en lugar no comprendido en el territorio de su jurisdicción, cuando el mismo se hallare próximo y ello resultare conveniente, dando inmediata noticia al juez competente. Los Jueces y Tribunales de otros órdenes jurisdiccionales podrán también practicar diligencias de instrucción o prueba fuera del territorio de su jurisdicción cuando no se perjudique la competencia del Juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal (artículo 275 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero la excepción no hace sino confirmar la regla general, en este caso.

II. Tipos de demarcación

De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, son identificables en España cinco tipos de demarcaciones (artículo 30): A efectos judiciales, el Estado se organiza territorialmente en municipios, partidos, provincias, Comunidades Autónomas y, aunque no lo diga la ley, también el territorio nacional. El municipio se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre. Por su parte, el partido es la unidad territorial integrada por uno o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma provincia, pudiendo coincidir con la demarcación provincial. La provincia y la Comunidad Autónoma se ajustan a los límites territoriales de la demarcación administrativa del mismo nombre.

De acuerdo con la extensión territorial de su demarcación, hay órganos jurisdiccionales municipales (los Juzgados de Paz), de partido (los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, como órganos mixtos o diferenciados), provinciales (los Juzgados de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, Audiencias Provinciales), autonómicos (Salas de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas) y nacionales (Juzgados Centrales de Instrucción, Centrales de lo Penal, Central de Menores, Central de Vigilancia Penitenciaria, Salas de la Audiencia Nacional y Salas del Tribunal Supremo).

En cuanto a la capitalidad, en el caso de los juzgados y tribunales de ámbito nacional ésta se sitúa en la capital de la Nación (artículo 6 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial); los de ámbito autonómico, en el lugar que se indique en el Estatuto respectivo y si no, en donde estuviera la Audiencia Territorial (salvo el caso de tener varias, como en Castilla León, por ejemplo), y si no tuvieran Audiencia Territorial, en la capital de la Comunidad Autónoma (artículo 7 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial); los de ámbito provincial, en la capital de la provincia; los juzgados de partido se encuentran en la capital del municipio (si es de un solo municipio), o en la capital del municipio que se determine por Ley de la Comunidad Autónoma, que pasará a ser la cabeza del partido judicial: en el resto de las capitales de los municipios dentro del partido judicial, habrá Juzgado de Paz. Además de la capitalidad de los partidos judiciales, por Ley Autonómica se puede determinar también su modificación, la cual se realizará, en su caso, en función del número de asuntos, de las características de la población, medios de comunicación y comarcas naturales.

En cuanto a los partidos judiciales, la Ley de Demarcación y Planta dispone lo siguiente (artículo 4): a) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de otro, continuará perteneciendo al mismo partido judicial. b) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes al mismo partido judicial, continuarán perteneciendo a éste. c) Cuando se incorporen o fusionen dos o más municipios pertenecientes a distintos partidos judiciales, el municipio resultante se integrará en el partido judicial al que correspondía el municipio que tuviera mayor población de derecho entre los afectados. d) Cuando se constituya un nuevo municipio por segregación de parte del territorio de municipios pertenecientes a partidos diferentes, el nuevo municipio se integrará en el partido judicial al que correspondía la parte segregada con mayor población de derecho. e) Cuando se incorpore a un municipio parte del territorio de otro municipio limítrofe por segregación, el territorio segregado se integrará en el partido del municipio al que ha sido agregado.

La demarcación judicial se establecerá por ley. A tal fin, las Comunidades Autónomas participan en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos, remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que fijarán los partidos judiciales. El Ministerio de Justicia, vistas las propuestas de las Comunidades Autónomas, redactará un anteproyecto, que será informado por el Consejo General del Poder Judicial en el plazo de dos meses. Emitido el precitado informe, el Gobierno aprobará el oportuno proyecto de ley, que, en unión de las propuestas de las Comunidades Autónomas y del informe del Consejo General del Poder Judicial, remitirá a las Cortes Generales para su tramitación. La demarcación judicial será revisada cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan, mediante ley elaborada conforme al procedimiento anteriormente establecido. Las Comunidades Autónomas determinarán, por ley, la capacidad de los partidos judiciales.

III. Demarcaciones con jurisdicción limitada

Establecidas las reglas generales, debe reconocerse la existencia de diferentes excepciones a ellas. Así por ejemplo, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia, hay determinadas Salas que tienen limitada su jurisdicción a partes determinadas de la Comunidad Autónoma, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. En ocasiones, con esa medida se pretendió simplemente, no perjudicar a las capitales de provincia que, habiendo sido sede de Audiencia Territorial, dejarían de serlo una vez aplicado el mapa autonómico al campo judicial. En otros casos, se trataba sencillamente de evitar tensiones y rivalidades territoriales en determinadas Comunidades Autónomas.

De este modo, hay Salas con jurisdicción limitada en los siguientes casos: las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, tienen su jurisdicción limitada a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y las que tienen su sede en Granada, a las provincias de Almería, Granada y Jaén; las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga tienen jurisdicción limitada a su provincia; las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que tienen su sede en Valladolid a las provincias de León, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora; a las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria, las que tienen su sede en Burgos; a la provincia de Las Palmas, las Salas de lo Contencioso-administrativo y de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que tienen su sede en Las Palmas de Gran Canaria, y a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las que tienen su sede en Santa Cruz de Tenerife. A efectos de la demarcación judicial, las ciudades de Ceuta y Melilla quedan integradas en la circunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Especialidad que también se establece respecto a los jueces de adscripción territorial a que se refiere el artículo 2 bis de esta Ley, introducido por la Ley 4/2010, de 4 de marzo que dispone que:

"1. En cada Tribunal Superior de Justicia, y para el ámbito territorial de la provincia, se crean las plazas de Jueces de adscripción territorial que se fijan en el anexo IV de esta Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 347 bis de la LOPJ.

2. El desarrollo posterior de estas plazas de Jueces de adscripción territorial así como su modificación se efectuará mediante Real Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley."

Hay demarcación limitada también en el caso de determinados tribunales de ámbito provincial. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, puede limitarse la demarcación a un partido judicial dentro de la provincia o a varios colindantes entre sí cualquier órgano de ámbito provincial: en ese caso, la sede del órgano sigue siendo la capital de la provincia, con la excepción de la Audiencia Provincial, en que su capitalidad será la del partido judicial que legalmente se determine. Hay, así, juzgados provinciales con demarcación limitada en numerosos casos: por ejemplo, en Juzgados de lo Penal, en Cádiz, Granada, Málaga, Asturias, Islas Baleares, Las Palmas, León, Barcelona, Gerona, Alicante, Castellón, Valencia, Badajoz, Cáceres, Coruña, Pontevedra, Murcia y Vizcaya; en Juzgados Contencioso-administrativo de Cádiz, Málaga, Asturias, Alicante, Badajoz, Coruña, Pontevedra y Murcia; en el caso de las Audiencias Provinciales, hay secciones de demarcación limitada en Cádiz, Algeciras, Ceuta, Jerez de la Frontera, Málaga, Melilla, Oviedo, Gijón, Alicante, Elche, Badajoz, Mérida, Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Murcia y Cartagena.

IV. Demarcaciones de jurisdicción extendida

Del mismo modo, es posible que algunos órganos provinciales extiendan su demarcación al territorio de más de una provincia. Ocurre, así, por ejemplo, en muchos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.

Subir