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Delitos de caza

Delitos de caza

Parte especial

I. CONCEPTO, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y NORMAS COMUNES

1. Concepto y bien jurídico protegido

Dentro del Libro II, Titulo XVI, con nombre de "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente", se dedica el Capítulo IV a la rúbrica "De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos", y en concreto los artículos 334 a 336 a los delitos relativos a la caza, si bien con el nombre más genérico de delitos contra la fauna.

El legislador al dictar el Código Penal de 1995, trajo al código los delitos de caza que antes se regulaban en la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, dado que existía la política legislativa, acertada, de centralizar en el Código Penal todos los delitos que antes se preveían en leyes especiales.

El hecho de estar los delitos relativos a la caza, o más correctamente relativos a la fauna, dentro de un capítulo específico distinto al de los delitos relativos a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente no quiere decir que estos delitos que analizamos no afecten al medio ambiente y a los recursos naturales, pues la caza o fauna en general forman parte del medio natural y del equilibrio ecológico, y su ataque constituye un peligro para el medio ambiente que tiene que ser protegido. El hecho de castigar estos delitos contra la fauna en un capítulo especial es que en este caso se castigan conductas que ocasionan un resultado material lesivo. De este modo el Capítulo III protege el medio ambiente en general castigando conductas que lo ponen en peligro con afectación de todos los seres vivos, humanos, flora o fauna, y en este Capítulo IV se castigan conductas que, en concreto, no ponen en peligro la fauna (y la flora) sino que materialmente lesionan estas especies.

2. Normas comunes

De acuerdo con el artículo 338 del Código Penal, cuando las conductas que vamos analizar afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas (conforme al artículo 70 del Código Penal, la pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a ésta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementada en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer. Por ejemplo la pena de prisión de dos a cuatro años se convierte en pena de prisión de cuatro años y un día a seis años).

El artículo 339 del Código Penal dispone que en estos delitos los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho, de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados.

Si el culpable de cualquiera de los hechos que estudiaremos hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, el artículo 340 del Código Penal dispone que la pena a imponer será la inferior en grado a la prevista (según el artículo 70 del Código Penal la pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de ésta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducida en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena a imponer. Por ejemplo, la pena inferior en grado a la de prisión de dos años a cuatro años será la de prisión de un año a dos años menos un día).

II. DELITOS RESPECTO A ESPECIES AMENAZADAS

De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se modifica el apartado 1 del artículo 334 CP estableciendo aquellas conductas que el legislador considera delictivas.

  • a) La acción la podemos clasificar en cuatro tipos de conductas:
    • - La caza, pesca, adquisición, posesión o destrucción de especies protegidas de fauna silvestre.
    • - El tráfico de especies protegidas de fauna silvestre, o de sus partes o derivados.
    • - La realización de actividades que impidan o dificulten la reproducción o migración de especies protegidas de fauna silvestre.
    • - La destrucción o alteración grave del hábitat de la fauna silvestre protegida.
  • b) El objeto material es una especie protegida de fauna silvestre, lo que nos lleva, como norma penal en blanco –de hecho, la referencia a la contravención de las leyes u otras disposiciones de carácter general es constante-, a la legislación aplicable al respecto como es Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la normativa concordante al respecto del Estado y de las Comunidades Autónomas. En el caso de afectar la acción a especies o subespecies en peligro de extinción, el apartado 2º de este precepto incrementa la pena al situarla en su mitad superior.
  • c) La conducta castigada es preferentemente dolosa, es decir, se tiene que tener conocimiento de todos los elementos examinados, y voluntad de cometer los hechos. Podría pensarse que es fácil alegar error de prohibición o de tipo (artículo 14 del Código Penal), es decir, desconocimiento del carácter de especie amenazada o en peligro de extinción, sin embargo las personas que se dedican a este tipo de actividades tienen un conocimiento especializado en que no es fácil que puedan acogerse a esta posibilidad.

    Se castiga también la comisión de los hechos por imprudencia grave.

  • d) La pena es de prisión de seis meses a dos años o alternativamente la de multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para para profesión u oficio y el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. Si afecta a una especie en peligro de extinción las penas serán de prisión de un año, dos meses y un día a dos años, alternativamente la de multa de dieciséis meses y un día a veinticuatro meses y en todo caso inhabilitación para profesión u oficio y cazar o pescar por tiempo de tres años y un día a cuatro años. Cuando la condena lo fuera por imprudencia grave, se impondrá la pena de prisión de tres meses a un año o alternativamente la de multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio y para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

III. DELITO DE FURTIVISMO

Previsto en el artículo 335 del Código Penal, el análisis del precepto penal es el siguiente:

  • a) En cuanto a la acción se prevén las siguientes conductas:
    • - Cazar especies no amenazadas o en peligro de extinción, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza. Se trata de cazar especies que no estando amenazadas o en peligro de extinción, sí es necesario proteger para mantener el equilibrio medioambiental sometiéndose a determinadas prohibiciones su caza por la normativa administrativa. Se trata de normativa que, por ejemplo, somete la caza a temporadas de veda en que está expresamente prohibido cazar. Es una norma penal en blanco que hace preciso acudir a la legislación estatal constituida por la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza reformada por la Ley 42/2007 de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que también modificó el Reglamento de la Ley de Caza aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo de interés a estos efectos, como lo es también la propia Ley 42/2007. Y también habrá que tener en cuenta la extensa normativa al respecto de las Comunidades Autónomas, dado que es una competencia asumible por éstas (artículo 148 de la Constitución Española). Estas normas administrativas establecerán las prohibiciones cuya vulneración determinará la comisión de este delito.
    • - Cazar estas especies en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular. Es igualmente una norma penal en blanco que exige acudir a dichas normas administrativas para determinar qué terrenos están catalogados como de régimen cinegético especial.
    • - Causar graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial realizando estas actividades anteriores. Esta gravedad se medirá por el Juez o Tribunal en el caso concreto atendiendo a los informes y periciales medioambientales que se hayan aportado al proceso.

    Se plantea si este precepto castiga una mera desobediencia a la normativa administrativa, en cuyo caso el mero hecho de cometer los hechos con contravención de dicha normativa constituye delito, o más bien sólo se castiga penalmente el hecho cuando, además de cumplirse esas contravenciones de las normas administrativas, se produce además un peligro para el medio ambiente o equilibrio ecológico. Lo cierto es que el precepto penal no somete el carácter penalmente ilícito a la producción de dicho peligro general sino sólo a la realización de los hechos (cazar en las condiciones previstas en el precepto) y comisión de los resultados reseñados (en el caso de graves daños al patrimonio cinegético), que en este último caso supone la materialización de ese peligro al medio natural.

  • b) Las penas varías según la conducta cometida, siendo la de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años para la primera de las acciones, para la segunda la de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado primero, y la tercera la de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años.
  • c) Agravación por cometer los hechos en grupo. El apartado 4º del precepto analizado impone la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente. El fundamento de esta agravación es la especial potencialidad lesiva del daño medioambiental por el número de autores concertados en la actividad o por la utilización de medios prohibidos, que precisamente lo son por su carácter dañino o de afectación masiva de las especies.

IV. DELITO DE EMPLEO DE MEDIOS DE CAZA ESPECIALMENTE DESTRUCTIVOS PARA LA FAUNA

Es un delito previsto en el artículo 336 CP: "El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior".

  • a) La acción consiste en realizar la actividad de caza en tiempo, lugar y especie administrativamente permitido, pero empleando medios ilegales y potencialmente muy destructivos para la fauna.
  • b) La pena es de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de uno a tres años.
  • c) En el caso de causarse un daño de notoria importancia, el inciso final del artículo 336 del Código Penal establece un tipo agravado en el que se impone la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior, es decir, pena de un año y dos meses y un día a dos años de prisión.

V. DELITO DE ATAQUE A LA FAUNA AUTÓCTONA

Previsto en el artículo 333 del Código Penal, se pena al que introdujera o liberara especies de fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna.

El análisis del precepto penal es el siguiente:

  • a) En cuanto al bien jurídico específico protegido está en conservar la pureza de las razas autóctonas evitando su desaparición, razas que están protegidas por las normas administrativas.
  • b) La acción es introducir o liberar las especies de fauna no autóctonas en el medio terrestre o bien en un medio acuático o incluso aéreo, con posibilidad de perjudicar el equilibrio biológico.
  • c) El resultado es el perjuicio del equilibrio biológico que tendrá que ser acreditado por medio de la correspondiente prueba pericial.
  • d) La pena prevista es de prisión de cuatro meses a dos años o alternativamente pena de multa de ocho a veinticuatro meses.
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