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Denuncia (Derecho procesal)

Denuncia (Derecho procesal)

Proceso penal

I. CONCEPTO

Con carácter general, la investigación de los delitos por un Juzgado Instructor, pueden iniciarse por una triple vía:

  • - Denuncia.
  • - Querella
  • - De oficio por el propio Juez Instructor.

La denuncia es el acto por el que se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción criminal.

La investigación de los delitos públicos podrá comenzar por cualquiera de las tres vías que anteriormente he citado. Los denominados delitos semipúblicos requieren denuncia o querella de la parte ofendida, pudiendo en determinados delitos iniciarse el procedimiento a instancia del Ministerio Fiscal (generalmente cuando los perjudicados son menores, incapaces, personas desvalidas o cuando el delito afecte a una pluralidad de personas). En el caso de los delitos privados (injuria y calumnia contra particulares) se exige la querella del ofendido (artículo 215.1 Código Penal).

II. DENUNCIANTE

1. Deber de denunciar

Nuestro ordenamiento establece, como principio, el deber de todo ciudadano que tiene conocimiento de la perpetración de un delito de ponerlo en conocimiento de la autoridad competente o de sus agentes.

Así, de forma taxativa manifiesta el artículo 259 Ley Enjuiciamiento Criminal que:

"El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare."

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2001 desarrolla el concepto de denunciante:

"Por denunciante, ha de entenderse quien cumpliendo la obligación, -que para los perjudicados por el delito es también derecho, especialmente si de delitos semipúblicos se trata-, que impone a todos los que presenciasen la comisión de un delito el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en especial a los que por su profesión u oficio tuviesen noticia de la existencia de un delito público, lo que refuerza el artículo 262 de dicha ley, de participar a la autoridad judicial o policial más próxima la "noticia criminis" -Sentencia de 16 febrero 1993-".

El artículo 262 Ley Enjuiciamiento Criminal prevé una obligación específica de denunciar a: "los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público".

2. Personas que no están obligadas a denunciar

La Ley de Enjuiciamiento Criminal excluye a determinadas personas de la obligación de denunciar, por razón de su capacidad, relación con el presunto sujeto activo del delito o profesión.

a) Los impúberes o los que no gozaren de pleno uso de razón

El término impúber es ciertamente impreciso. Habitualmente se entiende por tal la persona menor de catorce años. Así, se viene entendiendo por los Tribunales con relación al artículo 433 Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la obligación del impúber de declarar como testigo en el plenario, pero sin requerirle para que preste juramento.

Esta opción se acepta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 febrero 2001:

"Es de resaltar que los artículos 259 y 260 de la Ley de Enjuiciamiento Criminalobligan a quien presenciare un hecho delictivo, a ponerlo en conocimiento de la Autoridad, salvo que fuera impúber pudiendo entenderse como tal a los menores de 14 años".

También resulta muy imprecisa la referencia a las personas que "no gozaren de pleno uso de razón". Creo que lo más lógico es integrar dicho concepto con el contenido del artículo 25 del Código Penal:

"A los efectos de este Código se considera incapaz a toda persona, haya sido o no declarada su incapacitación, que padezca una enfermedad de carácter persistente que le impida gobernar su persona o bienes por sí misma".

b) Determinados familiares del presunto autor del hecho denunciado

En concreto el artículo 261 de la Ley Enjuiciamiento Criminal exime de la obligación general de denunciar a:

  • - El cónyuge del delincuente.

    En este ámbito debe equipararse al matrimonio la unión estable no matrimonial (homosexual o heterosexual) con convivencia y vocación de permanencia.

    El Tribunal Constitucional ha admitido el tratamiento distinto del matrimonio y la unión extramatrimonial, especialmente en el ámbito del Derecho Civil, sobre la base de que quien se casa adquiere una serie de derechos y obligaciones que, en principio, no se asumen en su integridad por quien ha optado por una relación estable al margen de la institución matrimonial. Ahora bien, este tratamiento diferente nunca puede constituir una violación del principio de igualdad previsto en el artículo 14 de la Constitución Española, o, en otras palabras, no puede amparar una privación de derechos sin causa justificada (Esta doctrina aparece especialmente elaborada en la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 11 de diciembre de 1992, reiteradamente citada en las posteriores).

  • - Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines del delincuente y sus colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive.

Tanto la posibilidad de no denunciar como de no testificar en el plenario determinados parientes del presunto responsable (artículo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), constituyen un derecho reconocido a determinadas personas por su especial vínculo con el acusado, teniendo por objeto el intentar no perturbar la "paz familiar".

Se trata de un derecho (exención de la obligación de denunciar) que supone al mismo tiempo una ventaja para el acusado. Cuando comparezca una persona a presentar una denuncia, en su caso, debe ser informada de esa posibilidad. En su defecto, posteriormente se puede invocar la nulidad de las declaraciones efectuadas sin esa prevención.

Una corriente Jurisprudencial, estima que quien renuncia a ese derecho e interpone denuncia contra un familiar, luego no puede negarse a declarar invocando la relación familiar que le une al acusado (artículo 416.1 Ley Enjuiciamiento Criminal), ya que la "paz familiar" que se pretende proteger ya se ha visto alterada por la presentación de la denuncia. Esta posición se está extendiendo con relación a los delitos de violencia familiar.

En ese sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2007:

"La Sala estima que cuando la propia víctima formaliza una denuncia en forma espontánea y para obtener protección personal no es aplicable el artículo 416.1º LECr, que contiene una causa de justificación para aquellos que nieguen su testimonio respecto de hechos que se imputan a personas con las que está vinculados parentalmente, pero de cuyos hechos no son víctimas. Dicho de otra manera: el artículo 416.1º establece un derecho renunciable en beneficio de los testigos, pero no de los denunciantes espontáneos respecto de hechos que los han perjudicado y que acuden a la Policía en busca de protección".

La Jurisprudencia también ha declarado que en determinados supuestos este derecho a no denunciar cede ante intereses prevalentes, como puede ser el deber de evitar determinados delitos, precisamente por los vínculos familiares con la víctima (deber de garante que determina la autoría del delito por comisión por omisión).

Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2005 condenó a una madre por consentir los delitos cometidos por su esposo contra la hija común, en concepto de autora por comisión por omisión (artículo 11 Código penal), manifestando;

"En el caso presente, el artículo 154.1º C.C. impone a los padres el deber de velar por sus hijos, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Había una obligación legal para la madre de impedir lo que el padre estaba haciendo.

No puede servir de excusa para esta obligación lo dispuesto en el artículo 261.1º LECr que excluye del deber genérico de denunciar al cónyuge del delincuente, pues por encima de esta norma procesal se encuentra esa obligación legal de velar por sus hijos, educándolos y procurándoles una formación adecuada, máxime cuando se halla en juego la continuación de una actividad delictiva en perjuicio de una hija menor y, como tal, sometida a la patria potestad de la madre, que tiene un deber positivo de actuar para impedir la repetición de esta clase de comportamientos criminales".

El apartado 3 del artículo 416 LECrim ha sido introducido por el apartado nueve del artículo primero de la L.O. 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la L.O. 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales («B.O.E.» 28 abril) y ahorala nueva redacción del precepto señala que:

Están dispensados de la obligación de declarar:

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261.

El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia.

2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor.

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido.

3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación.

3. Determinadas personas por razón de su profesión u oficio

El artículo 263 Ley Enjuiciamiento Criminal contempla dos excepciones a la obligación de declarar por razón de la actividad desarrollada:

  • - Los Abogados y los Procuradores con respecto a las instrucciones o explicaciones que recibieran de sus clientes.

    Con relación a estos profesionales más que un derecho se trata de una obligación de no desvelar los secretos comunicados por el cliente, cuya infracción puede tener trascendencia penal (artículos 199.2 y 466 Código Penal).

  • - Los eclesiásticos o ministros de cultos disidentes (hoy debe integrarse este concepto con las religiones reconocidas) respecto a las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de sus ministerios.

III. ÓRGANOS ANTE LOS QUE PUEDE INTERPONERSE LA DENUNCIA

Son diversas las posibilidades:

1. Los Juzgados de Instrucción

Los Juzgados de Instrucción tienen la obligación de recibir las denuncias que formulen ante ellos. Seguidamente se incoarán las correspondientes diligencias para la comprobación del hecho denunciado.

El artículo 269 Ley Enjuiciamiento Criminal, contempla dos supuestos en que se excluye la investigación. En primer lugar cuando el hecho no revistiere caracteres de delito, es decir, se denuncie una conducta que no aparezca descrita como delito en el Código Penal. En segundo lugar, cuando la denuncia refleje unos hechos manifiestamente falsos. Por tanto, se exige la certeza y no la mera sospecha. El archivo de la causa por este motivo podría motivar la incoación de otra por denuncia falsa (artículo 456 del Código Penal).

El Juzgado deberá admitir la interposición de la denuncia aunque sea incompetente por razón del territorio (el delito no se ha cometido en el partido correspondiente). En este caso estará obligado a practicar las primeras diligencias que resulten imprescindibles (artículo 13 Ley Enjuiciamiento Criminal), dando cuenta inmediatamente al Juzgado competente, al que remitirá las actuaciones en un plazo no superior a los tres días.

2. El Ministerio Fiscal

El artículo 124 de la Constitución establece que corresponde al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses de los ciudadanos y del interés público.

Los artículos 259 y 262 Ley Enjuiciamiento Criminal incluyen al Ministerio Fiscal entre los obligados a recibir y cursar denuncias. Ello no obstante, no se desarrollan las obligaciones concretas que derivan de esta función. A tal efecto, resulta necesario acudir al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado por Ley 50/1981, de 30 de diciembre y, en concreto, al artículo 5 EOMF.

Recibida una denuncia por el Ministerio Público obrará en la forma siguiente:

  • - Podrá enviarla a la autoridad judicial o decretar su archivo, cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, lo que deberá notificar al denunciante.
  • - También resulta facultado, para el esclarecimiento de los hechos denunciados, para llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las cuales no podrán suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos. No obstante, podrá ordenar el Fiscal la detención preventiva.

Todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.

Su práctica estará regida por los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa.

En este ámbito, está facultado para recibir declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas.

La duración de esas diligencias habrá de ser proporcionada a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda exceder de seis meses, salvo prórroga acordada mediante decreto motivado del Fiscal General del Estado. No obstante, las diligencias de investigación en relación con los delitos tendrán una duración máxima de doce meses salvo prórroga acordada mediante Decreto motivado del Fiscal General del Estado.

Transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiera evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a formular la oportuna denuncia o querella ante la autoridad judicial. Si su resultado fuera negativo acordará el archivo.

3. La policía

La denuncia puede interponerse ante cualquier dependencia o puesto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Las diligencias llevadas a cabo por la policía en averiguación del delito configuran el atestado que, una vez concluido, será presentado ante la autoridad judicial, teniendo el valor de una denuncia, según establece el artículo 297 Ley Enjuiciamiento Criminal.

Es reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que se pronuncia sobre la eficacia probatoria, en aspectos muy concretos, del atestado en el procedimiento penal. En principio, tiene únicamente en valor de denuncia, adquiriendo eficacia como prueba las diligencias objetivas de carácter incontestable que pueda contener. Así, en el ámbito de la circulación puede darse este valor a las fotografías, croquis, descripción de la vía, huellas de frenado o localización de desperfectos en los vehículos. También puede tener eficacia como prueba preconstituida la prueba de alcoholemia practicada al conductor de un vehículo. Para su eficacia probatoria, dichas diligencias deberán ser ratificadas en el plenario y sometido su testimonio a contradicción.

En este sentido pueden recordarse las Sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 1989, 13 de octubre de 1992, 6 de noviembre de 1995 ó 14 de octubre de 2002, entre otras muchas. Idéntica doctrina se refleja en las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2002 ó 9 de octubre de 2004.

Como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2006:

"El atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser planos, croquis, huellas, fotografías que, sin estar dentro del perímetro de las pruebas preconstituidas o anticipadas, pueden ser utilizadas como elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes [SSTC. 132/92, 157/95] por cuanto ninguna de las enumeradas son practicables directamente en el juicio oral por ser imposible su reproducción en idénticas circunstancias.

Por lo mismo, las pericias técnicas que se adjuntan al atestado no pierden por ello su propio carácter y constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez probatoria si son incorporadas debidamente al proceso".

IV. REQUISITOS FORMALES Y MATERIALES

Resulta patente el antiformalismo en esta materia, con el objeto de facilitar que la noticia criminis llegue a conocimiento de aquellos que resultan obligados a su investigación.

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial (artículo 265 Ley Enjuiciamiento Criminal).

Si es escrita deberá estar firmada por el denunciante; y si no pudiere hacerlo, por otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona a su ruego (artículo 266 Ley Enjuiciamiento Criminal).

Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación (artículo 267 Ley Enjuiciamiento Criminal).

No debe confundirse la denuncia, con la puesta en conocimiento de la policía por una persona cuya identidad no consta de hechos presuntamente delictivos. Este supuesto configura una mera confidencia que puede determinar el inicio de diligencias policiales para su investigación y, en su caso, la formación de un atestado con valor, este sí, de denuncia. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 diciembre 2005:

"En efecto, como decíamos en la S. 82/2002, una confidencia a la policía no es una denuncia, pues esta requiere que se haga constar la identidad del denunciado, como exige el artículo 268 LECrim pero puede ser un medio de recepción de la notitia criminis que dé lugar a que la policía compruebe la realidad de la misma y como resultado de esa comprobación iniciar las actuaciones establecidas en los artículos 287 y ss. LECrim., elevándolas al órgano judicial competente. Las solicitudes policiales cuando no existe causa penal abierta tienen el valor de denuncia y obligan a incoar las correspondientes diligencias judiciales. Si no fuera así seria la propia policía la que, prácticamente, decidiría una medida que limita un derecho fundamental.

Las noticias o informaciones confidenciales, en suma, aunque se consideran fidedignas no pueden ser fundamento, por si solas, de una medida cautelar o investigadora que implique el sacrificio de derechos fundamentales (en este sentido la STC. 8/2000 de 17.1)".

El Juez, Tribunal, Autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harán constar atendiendo a su documentación, o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la persona del denunciador. Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia (artículo 268 Ley Enjuiciamiento Criminal).

V. LA PRESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS OBJETO DE DENUNCIA

En la Ley orgánica 5/2010 de reforma del Código Penal se introdujeron algunas modificaciones sustanciales en materia de ejercicio de la acción penal que afectan a materia de prescripción de los delitos, ya que se eleva al plazo de cinco años la prescripción de la generalidad de los delitos derogando la posibilidad de la cifra de los tres años antes contemplada

En la L.O. 1/2015 se vuelve a dar nueva redacción al artículo 131 del Código Penal quedando como sigue:

«1. Los delitos prescriben: A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años. A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años. A los diez, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

2. Cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

3. Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona.

4. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.»

Además, se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 132 CP, que queda redactado como sigue:

2. La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes: 1.ª Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. 2.ª No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses, a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna de las resoluciones judiciales mencionadas en la regla 1.ª, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis meses, recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada. La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dicho plazo, el juez de instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en este artículo.

Con ello, se sigue el criterio marcado por el Tribunal Constitucional en materia de aceptación de la prescripción retrasándola al momento de la intervención judicial como parámetro para delimitarla, no al momento de la presentación de una denuncia o querella.

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