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Ejecución provisional

Ejecución provisional

La ejecución provisional fue introducida por la reforma de la Ley procesal civil del año 2000 y posibilita a quien haya obtenido una sentencia a su favor pueda ejecutarla frente al condenado, pese a que este haya recurrido.

Proceso civil

¿Qué es la ejecución provisional?

La importancia de esta voz es básica hoy en día para que aquellas personas que hayan obtenido una sentencia favorable en la que se les reconozca el derecho que reclamaban en su demanda puedan conseguir ejecutarla y que el condenado tenga que asumir el resultado fijado en la sentencia pese a que este la haya recurrido. Nótese que el problema que se puede plantear en los casos que una persona haya obtenido una sentencia favorable ante un Juzgado de Primera Instancia es que el hecho de que el condenado la recurra ante la Audiencia retrase la posibilidad de que el demandante pueda cobrar lo que se le debe, aunque cada vez se está consiguiendo agilizar más la resolución de estos recursos en las Audiencias Provinciales.

Esta posibilidad de que quien ha obtenido una sentencia a su favor pueda ejecutarla frente al condenado, pese al recurso de este ante la Audiencia Provincial, no podía llevarse a cabo con anterioridad a la reforma de la Ley procesal civil del año 2000. Por ello, muchos fueron en su momento los aspectos novedosos que nos deparó la Ley 1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados para los acreedores es el relativo a la ejecución provisional, al haberse producido un vuelco radical en la conceptuación de esta institución jurídica. En efecto, de prestar fianza el que había obtenido una sentencia favorable para poder ejecutarla se ha pasado a que la deposite, en su caso, el que ha interpuesto el recurso de apelación, pero sólo para suspender la ejecución provisional en el caso de condenas dinerarias, es decir, las que condenan a una persona a abonar a otro una deuda que con él tiene contraída.

¿En qué se diferencias las medidas cautelares y la ejecución provisional?

Es evidente que la situación de la ejecución provisional y la de las medidas cautelares son bien distintas. En las segundas no existe ningún derecho reconocido. Las medidas cautelares se nos presentan como una expectativa de derecho ante un título o un principio de prueba que puede dar lugar a su reconocimiento, pero no existen argumentos sólidos de peso para entender que se puede conceder alegremente tal posibilidad sin exigirse una caución al solicitante de las medidas, ante los posibles perjuicios que se puede derivar al demandado por la adopción de esas medidas cautelares.

El único caso en que se mantiene la oportunidad de interesar el embargo sin la necesidad de prestar fianza se da, como sabemos, en el caso del procedimiento de reclamación de gastos de comunidad del artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal reformado por la disposición final 1.ª de la Ley 1/2000, que mantiene que si se opone el deudor por escrito a la petición inicial "El tribunal acordará, en todo caso, el embargo preventivo sin necesidad de que el acreedor preste caución...".

Vemos que el tribunal no puede negarse a ello, sino que en este procedimiento especialísimo, como es el monitorio de reclamación de cuotas comunitarias, debe concedérselo.

Sin embargo, en la ejecución provisional la situación es bien distinta. El salto cualitativo procedimental, si podemos llamarlo así, se ha producido de tal manera que ya no tenemos una expectativa de derecho basada en un principio de prueba -como gusta llamar la nueva ley-. Tenemos una sentencia en la que se le reconoce a un particular un derecho frente a otro.

Vemos que el legislador llama al principio de prueba "humo de buen derecho", a fin de justificar la exigencia de la caución. Pero en el caso de la ejecución provisional tenemos "algo más". Contamos con una sentencia que reconoce la existencia de un derecho y que sólo por la interposición del recurso de apelación no puede ejecutarse de plano. Quizás, motivos dirigidos a una mayor y mejor efectividad de la justicia civil. Quizás, criterios motivados por la necesidad de dar una respuesta a la imposibilidad de ejecutar títulos judiciales que reconocían derechos pero que no se ejecutaban por la exigencia de la fianza determinaron ese cambio radical en la conceptuación de esta institución.

Pero es que, además, razones de justicia social también debieron influir en este cambio, ya que el régimen de la Ley de 1881 solamente beneficiaba a aquellas personas físicas o jurídicas que podían permitirse el lujo de aportar un aval para ejecutar en detrimento de aquellos que no podían hacerlo. Era una justicia distinta según la persona que obtenía la sentencia a su favor.

Hay que hacer mención a una reforma de la LEC introducida en la de oficina judicial por la que se modifica el art. 524.1 LEC que queda como sigue: "1.-La ejecución provisional se instará por demanda o simple solicitud, según lo dispuesto en el artículo 549 de la presente ley." Con ello, no hace falta ya presentar demanda sino que será posible hacerlo por simple solicitud.

Novedad importante en esta materia es que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, ha modificado el artículo 527.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en correlación con la supresión de la preparación del recurso de apelación, por lo que se modifica el momento para interesar la ejecución provisional, a cuyo tenor el artículo 527.1 LEC señala ahora que:

"1. La ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en éste."

Del mismo modo, el apartado 2 del artículo 535 LEC queda redactado en los siguientes términos:

"2. En los casos a los que se refiere el apartado anterior la ejecución provisional podrá solicitarse en cualquier momento desde la notificación de la resolución que tenga por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal o el recurso de casación y siempre antes de que haya recaído sentencia en estos recursos.

La solicitud se presentará ante el tribunal que haya conocido del proceso en primera instancia, acompañando certificación de la sentencia cuya ejecución provisional se pretenda, así como testimonio de cuantos particulares se estimen necesarios, certificación y testimonio que deberán obtenerse del tribunal que haya dictado la sentencia de apelación o, en su caso, del órgano competente para conocer del recurso que se haya interpuesto contra ésta."

¿En qué consiste la ejecución provisional de condenas no dinerarias?

Fuera de los casos comprendidos en el artículo 525 de la LEC, relativos a las sentencias no ejecutables provisionalmente, todas aquellas sentencias de condena no dineraria se pueden ejecutar cuando son apeladas por el condenado, si así se interesa por el que ha visto reconocido en sentencia su derecho. ¿Qué puede hacer el condenado ante ello?

Bien, sabido es que el auto que admite la ejecución provisional de condena no dineraria no puede ser recurrido, ya que lo único que puede hacer el condenado es lo siguiente:

  • - Una vez notificada la resolución por la que se acuerda el despacho de ejecución de la sentencia no dineraria puede oponerse a la misma, no recurrirla.
  • - El plazo para ello es el de cinco días desde la notificación.
  • - Podrá alegar en el escrito de oposición que es imposible o de extrema dificultad, atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas, restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causaren, si aquélla fuera revocada.

    Se añade también en la reforma procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la oficina judicial en el artículo 528 LEC un apartado 4.º que señala que: "4. Además de las causas citadas en los apartados que preceden, la oposición podrá estar fundada en el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificarse documentalmente, así como en la existencia de pactos o transacciones que se hubieran convenido y documentado en el proceso para evitar la ejecución provisional. Estas causas de oposición se tramitarán conforme a lo dispuesto para la ejecución ordinaria o definitiva."

    Estos son los pasos que puede dar el condenado en el caso de las no dinerarias, pero ¿qué puede hacer en estos casos el que insta la ejecución provisional por tener sentencia favorable a sus pretensiones?

  • - El solicitante de la ejecución provisional de condena no dineraria al que le oponen la causa 2.ª del ap. 2.º del artículo 528 LEC puede impugnar cuanto se hubiere alegado por el condenado.
  • - Puede ofrecer caución suficiente para:
    • Garantizar que en caso de revocarse la sentencia se restaurará la situación anterior, o
    • Si es imposible, que resarcirán los daños y perjuicios. En la reforma procesal civil de la oficina judicial se añade en el art. 528.2 LEC que: "Si el ejecutado no indicara medidas alternativas ni ofreciese prestar caución, no procederá en ningún caso la oposición a la ejecución y así se decretará de inmediato por el Secretario judicial. Contra dicho decreto cabrá recurso directo de revisión que no producirá efectos suspensivos."

¿Qué puede acordar el juez?

En el artículo 530.2 LEC se recoge la regulación en el caso de la petición de ejecución provisional de las condenas no dinerarias. Así, el juez puede:

  • - Desestimar la ejecución provisional por estimar que:
    • De revocarse la sentencia sería imposible o extremadamente difícil restaurar la situación anterior o
    • Garantizar el resarcimiento mediante la caución que el solicitante está dispuesto a depositar.
  • - Estimar la ejecución provisional por haber aceptado la caución que ofreció el ejecutante y entenderla suficiente para el caso de que la sentencia fuera revocada.

Pues bien, en el primer supuesto de desestimación de la ejecución provisional, sin embargo, la ley permite que subsistan los embargos y las medidas de garantía que se hubieren adoptado y las que procedieran, lo que resulta lógico, ya que una cosa es que no se quieran aventurar los gravísimos perjuicios que se pueden derivar de una revocación en el caso de las condenas no dinerarias, y otra que se alcen los embargos acordados, en su caso, para garantizar la ejecución, lo que sería un contrasentido de admitirse esto último.

Llama la atención la diferencia que existe en los motivos de oposición a las condenas dinerarias frente a las no dinerarias. En efecto, en las primeras no se puede oponer el ejecutado a la ejecución misma, sino a actividades concretas de ejecución, mientras que la oposición a la ejecución en bloque sí que es admisible en las de condena no dineraria.

En efecto, la Ley concede al juez amplios poderes para valorar la procedencia o improcedencia de la ejecución de condenas no dinerarias, a diferencia de las dinerarias, en las que debe concederlas, y habrá que estar a la valoración del caso concreto y las circunstancias de imposibilidad de la recuperación de la situación anterior en el caso de revocación, o de que fuera imposible compensar el daño con la caución que hubiera prestado en este caso el ejecutante.

¿En qué situaciones contempla la ley en las ejecuciones provisionales no dinerarias?

Cierto es que tenemos una institución nueva perfectamente aplicable, pero si en materia de ejecución provisional de condenas dinerarias no debe existir problema para continuar la misma, en materia de condenas no dinerarias la situación cambia. No nos encontramos ante un supuesto de que no sea posible devolver lo que se entregó en las dinerarias, sino que pese a la prestación de caución por el ejecutante sea imposible recuperar lo ya ejecutado.

No se trata de que sea imposible la recuperación por situaciones nuevas de insolvencia del ejecutante. Se trata de que ya no es posible físicamente la recuperación de la situación anterior.

Cierto es que la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala que:

"La presente Ley opta por confiar en los Juzgados de Primera Instancia, base, en todos los sentidos, de la Justicia civil. Con esta Ley, habrán de dictar sentencias en principio inmediatamente efectivas por la vía de la ejecución provisional; no sentencias en principio platónicas, en principio inefectivas, en las que casi siempre gravite, neutralizando lo resuelto, una apelación y una segunda instancia como acontecimientos que se dan por sentados. Este nuevo régimen de la ejecución provisional deparará, a buen seguro, muchos más beneficios directos que perjuicios o casos injustos y serán muy positivos tanto los efectos colaterales de la innovación radical proyectada, como la disminución de recursos con ánimo exclusivamente dilatorio."

Es cierto, no se trata de que contemos con sentencias platónicas, pero ¿qué pasará en las ejecuciones no dinerarias de imposible restauración y de imposible compensación económica?, nos preguntamos.

Para aclarar la regulación legal vamos a ofrecer un cuadro gráfico de esta materia que aclare la regulación legal. Veamos:

  • Causas de oposición a la ejecución (artículo 528 LEC).
    • - Resultar imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior atendida la naturaleza de las actuaciones ejecutivas.
    • - Resultar imposible la compensación económica mediante el resarcimiento de los daños si se revocara la sentencia (artículo 528.2.2.ª LEC).
  • Trámite de la oposición a la ejecución provisional no dineraria. Puede ofrecerse caución por el ejecutante para garantizar que en caso de revocarse la sentencia se restaurará la situación anterior o, si es imposible, se resarcirán los daños y perjuicios (artículo 529.3 LEC).
  • Decisión del tribunal desestimando la ejecución provisional (artículo 530.2 LEC). Se dicta auto dejando en suspenso la ejecución (artículo 530.2 LEC). Subsisten los embargos y las medidas de garantía adoptadas y se pueden adoptar las que procedan (artículo 530.2 LEC). No cabe recurso alguno contra este auto (artículo 530.4 LEC).
  • Revocación de sentencias con ejecución provisional de condena no dineraria admitida (artículo 534 LEC). Si se hubiere condenado a la entrega de un bien determinado se restituirá éste al ejecutado más rentas, frutos o productos, o el valor pecuniario de utilización del bien. Si la restitución es imposible el ejecutado puede pedir que se le indemnicen daños y perjuicios por la vía del artículo 712 de la LEC . Si se tratare de condena de hacer y se hubiere realizado se puede pedir que se deshaga lo hecho y que se indemnicen los daños y perjuicios por la vía del artículo 712 de la LEC . Para la restitución de la cosa, la destrucción de lo mal hecho o la exacción de daños y perjuicios se puede acudir a la ejecución provisional ante el propio tribunal en el caso de que no sea firme y se presentare recurso de casación. En este último caso, el obligado a restituir, deshacer o indemnizar puede oponerse por el mismo artículo 528 LEC que antes utilizó el ejecutado.

Entendemos que es preciso ser cauteloso ante la ejecución de sentencias de condenas no dinerarias y que puede ocurrir que ni tan siquiera con la prestación de la caución por el ejecutante se pueda volver a la situación anterior a la ejecución. Además, es precisamente en estos casos de condenas no dinerarias en donde no tiene efectividad real la indemnización de los daños y perjuicios que hubiere sufrido el ejecutado en caso de que se revocara la sentencia.

Hemos visto la paradoja que puede darse al revocarse la sentencia por la Audiencia Provincial y que, si cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, se inste la ejecución provisional por el ejecutado, y que el ejecutante se oponga por las mismas razones que a aquél le desestimaron en primera instancia.

Esta situación no se hubiera dado si no se hubiera ejecutado; más aún, si en muchos de estos casos, como en materia de arrendamientos urbanos, se exige la consignación de las rentas debidas y las que vayan venciendo.

En definitiva, que habrá que estar al caso concreto, pero el criterio restrictivo en estos casos concretos será la regla a seguir ante los innumerables problemas que se pueden presentar. Si en el caso de las condenas dinerarias está claro que es preceptiva la entrega de la suma consignada al ejecutante vía artículo 531 de la Ley, en el caso de las no dinerarias queda al arbitrio del juzgador su admisión o no. En las dinerarias no puede existir oposición radical a la no ejecución, pero sí en las no dinerarias, por lo que el margen de discreción marca y establece criterios y supuestos claramente diferenciados, como hemos visto.

Se modifica en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la reforma de la oficina judicial el artículo 531 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que contempla los supuestos de suspensión de la ejecución provisional, para señalar que: "El Secretario judicial suspenderá mediante decreto la ejecución provisional de pronunciamientos de condena al pago de cantidades de dinero líquidas cuando el ejecutado pusiere a disposición del Juzgado, para su entrega al ejecutante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección siguiente, la cantidad a la que hubiere sido condenado, más los intereses correspondientes y las costas por los que se despachó ejecución. Liquidados aquéllos y tasadas éstas, se decidirá por el Secretario judicial responsable de la ejecución provisional sobre la continuación o el archivo de la ejecución. El decreto dictado al efecto será susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que hubiera autorizado la ejecución."

Recuerde que...

  • La ejecución provisional permite la posibilidad de que quien ha obtenido una sentencia a su favor pueda ejecutarla frente al condenado, pese al recurso de este.
  • La principal diferencia entre las medidas cautelares y la ejecución provisional es que en estas segundas hay una sentencia en la que se le reconoce a un particular un derecho frente a otro.
  • Las sentencias de condena no dineraria se pueden ejecutar cuando son apeladas por el condenado, si así se interesa por el que ha visto reconocido en sentencia su derecho y no las exceptúa la ley.
  • Es preciso ser cauteloso ante la ejecución de sentencias de condenas no dinerarias y que puede ocurrir que ni tan siquiera con la prestación de la caución por el ejecutante se pueda volver a la situación anterior a la ejecución.
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