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Embargo preventivo en el proceso civil

Embargo preventivo en el proceso civil

Proceso civil

¿Qué es el embargo preventivo?

El embargo preventivo viene contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 como una medida cautelar específica encaminada a asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos (párrafo I del artículo 727.1ª LEC). Fuera de esos supuestos, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado (párrafo II del artículo 727.1ª LEC).

Se trata, pues, de la medida cautelar por excelencia que puede adoptarse en aquellos procesos que tienen por objeto una pretensión de condena al pago de una determinada cantidad económica, los cuales suponen un número muy importante en la práctica diaria de nuestros juzgados y tribunales.

¿Cómo está regulado el embargo preventivo y la tutela cautelar?

La Ley de Enjuiciamiento Civil, a diferencia de la anterior ley procesal, contempla expresamente, dentro de las clases de tutela jurisdiccional, "la adopción de medidas cautelares". En este sentido, el artículo 5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone:

"1. Se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley.

2. Las pretensiones a que se refiere el apartado anterior se formularán ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida."

La ley procesal vigente contempla el embargo preventivo como una concreta medida cautelar (nominada) junto a otras que también se enuncian o enumeran en el mismo precepto (por ejemplo, la anotación preventiva de demanda, la intervención o administración judicial de bienes productivos, la suspensión de acuerdos sociales impugnados, entre otras), a la que resultan aplicables unas normas generales que la ley procesal reserva para las medidas cautelares. En este sentido, la Exposición de Motivos de la ley (parágrafo XVIII) indica que "En cuanto a las medidas cautelares esta Ley las regula en un conjunto unitario de preceptos, del que sólo se excluyen, por las razones que más adelante se dirán los relativos a las medidas específicas de algunos procesos civiles especiales. Se supera así una lamentable situación, caracterizada por escasas e insuficientes normas, dispersas en la Ley de 1881 y en otros muchos cuerpos legales". Prosigue la misma Exposición diciendo "... Esta Ley ha optado por sentar con claridad las características generales de las medidas que pueden ser precisas para evitar que se frustre la efectividad de una futura sentencia, perfilando unos presupuestos y requisitos igualmente generales, de modo que resulte un régimen abierto de medidas cautelares y no un sistema de número limitado o cerrado".

Por lo tanto, para tener una visión panorámica del embargo preventivo de bienes habrá que tener en cuenta todos los preceptos contemplados en el Título VI ("De las medidas cautelares") del Libro III (artículos 721 a747 LEC), y más concretamente, el Capítulo I ("De las medidas cautelares: disposiciones generales"); el Capítulo II ("Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares"); el Capítulo III ("De la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado"), el Capítulo IV ("De la modificación y alzamiento de las medidas cautelares") y el Capítulo V ("De la caución sustitutoria de las medidas cautelares"). También será necesario reseñar las alusiones que al embargo preventivo se hacen en el juicio cambiario (artículos 821 a823 LEC); en el juicio monitorio de la Ley de Propiedad Horizontal (artículo 21.5 de la Ley de Propiedad Horizontal) y en el de tutela sumaria por incumplimiento, por parte del comprador, de las obligaciones derivadas de contrato inscrito de una compraventa a plazos de bienes muebles (artículo 441.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

¿Cuáles son los presupuestos en los que se produce el embargo preventivo?

El embargo preventivo es unamedida cautelar específica cuyo presupuesto (situación cautelable) es el aseguramiento de una eventual sentencia condenatoria a la entrega de cantidades de dinero o de frutos, rentas y cosas fungibles computables a metálico por aplicación de precios ciertos (artículo 727.1ª LEC). Fuera de esos supuestos, también será procedente el embargo preventivo si resultare medida idónea y no sustituible por otra de igual o superior eficacia y menor onerosidad para el demandado.

Por lo tanto, sin perder de vista que el embargo preventivo va encaminado, en la práctica totalidad de los casos, a asegurar las resultas de una eventual sentencia declarativa de condena al pago de una determinada cantidad económica, los presupuestos del embargo preventivo, como del resto de medidas cautelares que se contemplan en la ley procesal, son los siguientes: la apariencia de buen derecho ("fumus boni iuris"), el peligro por la mora procesal ("periculum in mora") y la prestación de caución.

Tampoco puede perderse de vista que, como cualquier medida cautelar, el embargo preventivo ha de ser instrumental, homogéneo y provisional respecto de la pretensión judicial ejercitada principalmente:

  • a) Instrumental, porque la medida cautelar no constituye un fin en sí mismo sino un medio para asegurar la eficacia práctica de un pronunciamiento judicial que se dictará tras la tramitación del correspondiente proceso. Pero la instrumentalidad de la medida cautelar no impide que pueda hablarse de un proceso cautelar con presupuestos y contenido distintos al proceso declarativo que está llamado a asegurar.
  • b) Homogéneo, porque, como dice el Tribunal Constitucional en su STC 39/1995, de 13 de febrero, "siendo uno de los caracteres fundamentales de las medidas cautelares la homogeneidad con las medidas ejecutivas, es decir, el que anticipan en parte los efectos de la decisión final, resulta evidente que no cabe acordar cautelarmente medidas que produzcan consecuencias que nunca podrían derivarse de la resolución final".
  • c) Provisional, porque lo que se trata de asegurar es el resultado de una eventual sentencia condenatoria, de ahí que no pueda tener una vigencia superior a la de la sentencia firme que se dicte en el procedimiento en cuestión.

1. La apariencia de buen derecho ("fumus boni iuris")

Uno de los presupuestos de toda tutela cautelar es la verosimilitud del derecho invocado en la demanda. La denominada "apariencia de buen derecho" consiste, según el artículo 728.2 LEC, en la presencia de "datos, argumentos, y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del Tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión". En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios de prueba, que deberá proponer en forma en el mismo escrito. El objeto de prueba de este presupuesto coincide básicamente con el de la prueba requerida para la estimación de la acción principal ejercitada, si bien la diferencia radica en que la tutela cautelar no exige certeza o convicción sino solamente verosimilitud o probabilidad cualificada. De ahí que baste con que se muestre verosímil el derecho invocado como fundamento de la acción ejercitada en la demanda. Es suficiente con que resulte probado que el actor, probablemente, tiene derecho a la tutela que afirma y solicita (Audiencia Provincial de Barcelona Sección 15ª Autos de 22 Octubre 1999 y 14 Abril 2000).

2. El peligro por la mora procesal ("periculum in mora")

En relación con el denominado "peligro por la mora procesal", el artículo 728 indica claramente que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, "podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria" (artículo 728.1 LEC). El precepto meritado exige que el solicitante de medidas "justifique" ese peligro por la mora procesal, por lo que no resultará suficiente, como sucede en muchas ocasiones, la alusión a un temor de que el demandado pueda malvender o desprenderse de sus bienes en perjuicio del actor, resultando necesaria una acreditación, bien que sea mínima e indiciaria, de los hechos en que se concreta ese temor (documento en que se reconozca la intención de vender los bienes o la realización de ofertas a terceros, fotografía de cartel anunciador de la venta, testimonio de persona interesada en la adquisición ...).

3. La prestación de caución

Por último, el tribunal determinará la caución para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado, atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión y a la valoración que realice, según el apartado anterior (párrafo I del artículo 728.3 LEC), sobre el fundamento de la solicitud de la medida, la cual podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 728.3 LEC).

¿Cuáles son las disposiciones generales aplicables al proceso cautelar en general y al embargo preventivo de bienes en particular?

El proceso cautelar no tiene que solicitarse necesariamente en toda contienda sino que todo actor, principal o reconvencional, "podrá solicitar del tribunal ... la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en la sentencia estimatoria que se dictare" (artículo 727.1 LEC).

Las medidas cautelares previstas en el Título VI del Libro III, y entre ellas el embargo preventivo de bienes, no podrán en ningún caso ser acordadas de oficio por el tribunal, sin perjuicio de lo que se disponga para los procesos especiales. Tampoco podrá éste acordar medidas más gravosas que las solicitadas (artículo 721.2 LEC).

Será tribunal competente para conocer de las solicitudes sobre medidas cautelares el que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer de la demanda principal (artículo 723.1 LEC); si bien, será competente para conocer de las solicitudes relativas a medidas cautelares que se formulen durante la sustanciación de la segunda instancia o de un recurso extraordinario por infracción procesal o de casación, el tribunal que conozca de la segunda instancia o de dichos recursos (artículo 723.2 LEC).

Recuerde que...

  • El embargo preventivo es una medida cautelar por excelencia que puede adoptarse en aquellos procesos que tienen por objeto una pretensión de condena al pago de una determinada cantidad económica.
  • Los presupuestos del embargo preventivo son los siguientes la apariencia de buen derecho ("fumus boni iuris"), el peligro por la mora procesal ("periculum in mora") y la prestación de caución.
  • El embargo preventivo ha de ser instrumental, homogéneo y provisional respecto de la pretensión judicial ejercitada principalmente.
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