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Entidades del sector público instituc...

Entidades del sector público institucional estatal.

Para una mayor operatividad en la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles o no de contraprestación, la Administración crea entes institucionales bajo formas privadas de personificación. Analizaremos a continuación su tipología y regulación.

Administración estatal y autonómica

Concepto

Las técnicas de disociación entre forma de personificación y régimen aplicable se desarrollaron inicialmente para dar curso al fenómeno moderno de las llamadas genéricamente empresas públicas (Véase "Empresas públicas"), esto es, empresas organizadas y gestionadas por la Administración con las cuales actúa directamente en el mundo económico de la producción y de los servicios, fenómeno desconocido por el Derecho Administrativo clásico, que más bien sancionaba la incapacidad económica de la Administración y de sus organizaciones por la reserva expresa de dicho mundo a la sociedad.

La utilización sistemática del Derecho privado por la Administración no supone una liberación de la sumisión a la legalidad de Derecho público que a la Administración alcanza necesariamente por su carácter de organización política.

Vemos que la instrumentalidad de los entes que se personifican o que funcionan en derecho privado remite su titularidad final a una instancia administrativa inequívocamente pública, como público es también, y no puede dejar de serlo, el ámbito interno de las relaciones que conexionan a dichos entes con la Administración de la que dependen.

Indudablemente, se trata de un medio práctico de ampliar su acción social y económica sin desbordar en ningún caso los límites trazados por el orden constitucional de competencias.

En el Título II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se regula la organización y funcionamiento del sector público institucional.

Clasificación

La Ley 40/2015, en su artículo 84.1, clasifica las entidades del sector público institucional estatal en:

  • a) Los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en:
    • 1.º Organismos autónomos.
    • 2.º Entidades Públicas Empresariales.
  • b) Las autoridades administrativas independientes.
  • c) Las sociedades mercantiles estatales.
  • d) Los consorcios.
  • e) Las fundaciones del sector público.
  • f) Los fondos sin personalidad jurídica.
  • g) Las universidades públicas no transferidas.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria primera de la Ley 40/2015, esta composición y clasificación del sector público estatal se aplicará únicamente a los organismos públicos y las entidades integrantes del sector público institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, y a los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional cuarta.

Dichos organismos autónomos y entidades públicas empresariales son creados por una Ley en la que se indicarán sus fines generales así como el Ministerio u Organismo de adscripción, sus recursos y peculiaridades, su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley.

Se extinguirán por determinación de una Ley o mediante Real Decreto acordado por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda y a iniciativa del Ministro de adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo, por el transcurso del tiempo señalado en la Ley de creación, por haberse asumido sus fines y objetivos por los servicios de la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, o porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos. El remanente de la liquidación de sus bienes y derechos, si lo hubiere, se ingresará en el Tesoro Público.

Organismos autónomos estatales

Los organismos autónomos son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia, tesorería y patrimonio propios y autonomía en su gestión, que desarrollan actividades propias de la Administración Pública, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta.

Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde su dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

La contratación de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en la legislación sobre contratación del sector público. El titular del máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación.

Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autónomos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.1 de la Ley 40/2015, los organismos autónomos aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Los actos y resoluciones de los órganos de los Organismos autónomos son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común. Las reclamaciones previas en asuntos civiles y laborales, serán resueltas por el órgano máximo del organismo autónomo salvo que su estatuto asigne la competencia a uno de los órganos superiores del Ministerio de adscripción (véase "Organismos Autónomos").

Entidades públicas empresariales de ámbito estatal

Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación.

Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

No obstante, a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artículo y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en el RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

Son autoridades administrativas independientes de ámbito estatal las entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley.

Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial.

Las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común.

Las autoridades administrativas independientes estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

Sociedades mercantiles estatales

Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:

  • a) Bien porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artículo 84, integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. Para la determinación de este porcentaje, se sumarán las participaciones correspondientes a la Administración General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector público institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.
  • b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes.

Las sociedades mercantiles estatales se regirán por lo previsto en la Ley 40/2015, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

Consorcios

Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

Los consorcios podrán realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios públicos y cuantas otras estén previstas en las leyes.

Recuerde que…

La Ley 40/2015, en su artículo 84.1, clasifica las entidades del sector público institucional estatal en:

  • Organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en Organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
  • Autoridades administrativas independientes.
  • Sociedades mercantiles estatales.
  • Consorcios.
  • Fundaciones del sector público.
  • Fondos sin personalidad jurídica.
  • Universidades públicas no transferidas.
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