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Entidades públicas empresariales

Entidades públicas empresariales

Las entidades públicas empresariales son entidades de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. Analizaremos a continuación su creación, modificación, extinción y régimen jurídico.

Administración estatal y autonómica

Concepto

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP) regula los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales del sector público estatal bajo la denominación de "organismos públicos".

Los organismos públicos se definen en esta ley como aquéllos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente, bien a través de otro organismo público, cuyas características justifican su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia, y que son creados para la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación, gestión de servicios públicos o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, así como actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. Tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad expropiatoria.

Creación, modificación y extinción

Las entidades públicas empresariales, en cuanto organismos públicos que son, comparten aspectos fundamentales de su régimen organizativo con los organismos autónomos. Es común su régimen de creación, de modificación, de refundición y de extinción, así como el contenido mínimo de sus Estatutos y su sometimiento a un Plan de actuación.

La creación ha de efectuarse por ley, para la que se fija un contenido mínimo, pues, por un lado, ha de precisar el tipo de organismo público que se crea, con indicación de sus fines generales y el Departamento de dependencia o vinculación; por otro lado, ha de reseñar los recursos económicos y las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley. El anteproyecto de ley de creación que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de una propuesta de Estatutos y de un Plan inicial de actuación, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda que valorará lo previsto en el artículo 91 de la LRJSP.

En cuanto a los Estatutos se prevén igualmente unas determinaciones básicas:

  • - Las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar.
  • - La determinación de su estructura organizativa, con expresión de la composición, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada órgano. Asimismo se especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la vía administrativa.
  • - El patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos.
  • - El régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.
  • - La facultad de participación en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecución de los fines asignados.

El Plan inicial de actuación, aprobado por el titular del Departamento ministerial del que el organismo dependa, ha de incluir necesariamente los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programación pluriannual de carácter estratégico para alcanzarlos, especificando los medios económicos que dedicará, así como el ámbito temporal en que se prevé desarrollar la actividad del organismo.

En principio, no parece que los Planes de actuación de las entidades públicas empresariales y de los organismos autónomos puedan ser excesivamente convergentes, porque los problemas de la planificación de las entidades que operan en el mercado son muy distintos de los de los organismos que no lo hacen. Por otra parte, es frecuente que estas entidades hayan suscrito con la Administración matriz convenios o contratos-programa en los que se vengan a fijar objetivos concretos a cumplir.

La modificación o refundición ha de hacerse por ley cuando suponga la alteración de los fines generales, del tipo de organismo público o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos, al régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal o cualesquiera otra que exijan norma con rango de ley. En los demás casos, basta un Real Decreto.

De acuerdo con el art. 96 de la LRJSP, los Organismos públicos estatales deberán disolverse:

  • - Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.
  • - Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado.
  • - Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.
  • - Cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua.
  • - Por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos.
  • - Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.
  • - Cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución.

Régimen jurídico

Según se ha dicho, las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios públicos o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

En cuanto a su régimen jurídico, las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creación, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicación.

Por lo que se refiere al ejercicio de las potestades administrativas, se adopta una cautela, pues su ejercicio sólo corresponde a aquellos órganos a los que los Estatutos les asignan esta facultad, sin que dichos órganos puedan ser asimilados en cuanto a su rango administrativo a los de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Hecho el anterior diseño general, han de realizarse menciones específicas en algunos ámbitos.

Así, el personal al servicio de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en el artículo 106 de la LRJSP y las excepciones relativas a los funcionarios públicos de la Administración General del Estado, quienes se regirán por lo previsto en el Texto Refundido de la Ley básica del Estatuto del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos o por la normativa laboral.

El personal directivo debe nombrarse atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestion pública o privada; el resto del personal se selecciona mediante convocatoria pública atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así como de aquellos del Patrimonio de la Administración que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, será ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.

Las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales, y con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

  • - Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.
  • - Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, podrá financiarse con los recursos económicos que provengan de las siguientes fuentes:

  • a) Las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.
  • b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas.
  • c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

No obstante lo señalado, las entidades público empresariales se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado.

Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

En este sentido, una característica muy significativa de estas entidades es que, de acuerdo con esa ley, tienen la obligación anual de elaborar un presupuesto de explotación y uno de capital, con el detalle de los recursos y de las dotaciones correspondientes, para integrarse en los presupuestos generales del Estado.

Estas entidades están sometidas, como los organismos autónomos, a un control de eficacia y supervisión continua por el Departamento al que estén adscritas, sin perjuicio del establecido en la Ley General Presupuestaria. Este control tiene como finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.

Finalmente, hay que reseñar que la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, obliga, en el artículo 35, a las entidades públicas empresariales adscritas a la Administración General del Estado, a adaptar su gestión a los principios enunciados en dicha Ley (mejora de la competividad, estabilidad de las finanzas, racionalización, fomento de la capacidad innovadora, ahorro y eficiencia energética o promoción de las energías limpias, proclamados en el artículo 3), así como a adaptar sus planes estratégicos para efectuar las actuaciones diseñadas en el referido artículo 35.

Recuerde que…

  • Las entidades públicas empresariales dependen de la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta, al que le corresponde la dirección estratégica, la evaluación de los resultados de su actividad y el control de eficacia.
  • Las entidades públicas empresariales tendrán, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.
  • Las entidades públicas empresariales aplicarán el régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
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