guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Edictos

Edictos

Procesal

I. CONCEPTO Y ALCANCE

El edicto viene definido por el Diccionario de la Lengua Española con dos acepciones. La primera de ellas como mandato, decreto publicado con autoridad del príncipe o del magistrado, y la segunda de ellas como escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados, y en el cual se da noticia de algo para que sea notorio a todos.

Sobre esta base podemos definir el edicto como uno de los modos de practicar un acto de comunicación mediante la fijación del mismo en un lugar público.

Partiendo de este concepto a nadie la cabe duda de la dificultad que tiene la persona a la que va dirigida la notificación de enterarse de hecho de la misma, toda vez que una resolución judicial fijada en el tablón de anuncios de un juzgado o en un Boletín Oficial es muy difícil que llegue a conocimiento de la parte a la que va dirigida.

Consciente de esa dificultad el Tribunal Constitucional desde el inicio de su andadura ha sostenido que si bien es válida la notificación edictal la misma ha de ser utilizada como el último recurso para notificar una resolución judicial por los juzgados y siempre que haya sido imposible la localización de un domicilio del deudor para poder notificarle de forma personal.

Así ya la Sentencia del Tribunal Constitucional 233/1988 fundamentaba el celo con que se debe utilizar la citación edictal, tras recordar los artículos 267 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que regulaban las formalidades a que están sujetas las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos. Cuando no constara el domicilio de la persona que debía ser notificada (o emplazada) o por haber mudado de habitación se ignorase su paradero, habría de consignarse así por diligencia y el Juez mandaría que se hiciera por edictos en la forma que determinaba el artículo 269. El artículo 270 establecía la nulidad de las notificaciones, citaciones y emplazamientos que no se practicaran con arreglo a los preceptos anteriores, nulidad que, caso de no declararse por los órganos judiciales, por afectar tales omisiones al derecho de defensa garantizado por el artículo 24.1 de la Constitución, podía dar lugar en amparo al restablecimiento de tal derecho, una vez comprobada que la omisión de los requisitos legales había producido efectivamente la indefensión de quien la alega.

Consciente de la jurisprudencia del Alto Tribunal, el legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 plasmó en la exposición de motivos el principio de ser la notificación edictal el último recurso para proceder a la práctica de un acto de comunicación, así en la propia exposición de motivos dispone: " La preocupación por la eficacia de los actos de comunicación, factor de indebida tardanza en la resolución de no pocos litigios, lleva a la Ley a optar decididamente por otorgar relevancia a los domicilios que consten en el padrón o en entidades o Registros públicos, al entender que un comportamiento cívica y socialmente aceptable no se compadece con la indiferencia o el descuido de las personas respecto de esos domicilios. A efectos de actos de comunicación, se considera también domicilio el lugar de trabajo no ocasional. En esta línea, son considerables los cambios en el régimen de los citados actos de comunicación, acudiendo a los edictos sólo como último y extremo recurso."

El reflejo legislativo de lo dicho en la exposición de motivos lo encontramos en el artículo 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone: "En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155. Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad" (artículo 156.1 LEC)."En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso" (artículo 156.2 LEC)."Si de las averiguaciones a que se refiere el apartado 1 resultare el conocimiento de un domicilio o lugar de residencia, se practicará la comunicación de la segunda forma establecida en el apartado 2 del artículo 152, siendo de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 158" (artículo 156.3 LEC)."Si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Secretario judicial ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos" (artículo 156.4 LEC).

De dicho artículo se desprende la obligación de búsqueda de oficio por parte del Tribunal del domicilio de la parte, dirigiéndose a todo tipo de Registros Oficial, padrón municipal, Colegios Profesionales y solo cuando no se pueda por estos medios conocer el domicilio del demando se la podrá citar, notificar o emplazar por edictos.

La jurisprudencia actual mantiene la línea jurisprudencial de realizar todos los actos necesarios tendentes a la localización del demandado con la finalidad de conseguir un notificación personal, así sirva de ejemplo ya que en la misma se realiza un resumen de la jurisprudencia existente la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2007, rec. 758/2000, que establece: "...la conclusión de la Audiencia Provincial, proclamando la nulidad del procedimiento sumario de referencia al no haberse practicado el previo requerimiento de pago en el domicilio real del deudor, debe ser confirmada en esta sede. Resta añadir, atendiendo las consideraciones jurídicas vertidas por el recurrente en el segundo motivo de su recurso, que ninguna violación se ha producido en la sentencia impugnada en relación con la configuración jurisprudencial del concepto de indefensión. A este respecto ha de recordarse que, como ha venido reiterando el Tribunal Constitucional, "si es cierto que el cumplimiento por los órganos judiciales de las normas reguladoras de los actos de comunicación de las partes y, muy en especial, los de emplazamiento, forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que establece el artículo 24 de la Constitución, se ha de tener en cuenta que lo significativo de su omisión es que impida a la parte afectada el conocimiento preciso para ejercer su derecho de defensa, pues la razón de ser de las exigencias impuestas por el legislador a los actos de comunicación consiste en que el destinatario del acto tenga oportuna noticia para que pueda adoptar la conducta procesal que estime convenirle, por cuya razón el cumplimiento de tales requisitos ha de examinarse en cada caso concreto de conformidad con aquella ratio y fundamento y si la parte afectada tiene conocimiento por cualquier medio ajeno al proceso de la tramitación del juicio, la diligencia exigible en la defensa de sus intereses le obliga a personarse en el procedimiento, subsanando así la posible infracción que haya podido hacer cometido el órgano judicial, a menos que (y esta matización es relevante en el supuesto de autos) se trate de un conocimiento tan tardío que le impida la defensa o que se le haya negado indebidamente la personación, ya que, como ha dicho esta Sala, no puede alegar indefensión quien se coloca a sí mismo en tal situación por falta de la diligencia razonablemente exigible.artículo 24 de la Constitución

Desde este punto de vista habrá de convenirse que, aun cuando en el supuesto de autos el deudor hipotecario tuvo conocimiento, como así se reconocía en la demanda, de la pendencia del procedimiento sumario al tiempo de la publicación de los edictos de la subasta en el correspondiente Boletín Oficial de la Provincia, tal conocimiento extraprocesal, por tardío, no le evitó la pérdida de oportunidades procesales, al no haber tenido oportunidad de evitar la incoación misma del procedimiento hipotecario, liberando las fincas al tiempo del requerimiento, con el correspondiente devengo de importes en concepto de intereses, gastos y costas de ejecución.

Resulta terminante para la desestimación del recurso la circunstancia no impugnada y tenida en cuenta en la sentencia recurrida de que en la escritura de la compraventa con garantía hipotecaria de fecha 22 de junio de 1990 constaba la existencia del nuevo domicilio del demandante."

La excepción la vino dada por la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, la cual modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un nuevo párrafo al artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dispone que en los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele no efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el segundo párrafo del número 3 del artículo 15, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más, trámites, a fijar la cédula de citación en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

En la Ley 4/2013 de medidas de flexibilización del alquiler se ha modificado el artículo 164 Ley de Enjuiciamiento Civil que queda como sigue:

"En los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de rentas o cantidades debidas o por expiración legal o contractual del plazo y en los procesos de reclamación de estas rentas o cantidades debidas, cuando no pudiere hallársele ni efectuarle la comunicación al arrendatario en los domicilios designados en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 155, ni hubiese comunicado de forma fehaciente con posterioridad al contrato un nuevo domicilio al arrendador, al que éste no se hubiese opuesto, se procederá, sin más trámites, a fijar la cédula de citación o requerimiento en el tablón de anuncios de la oficina judicial."

Vemos que se añade la mención “requerimiento” ya que en el artículo 440 Ley de Enjuiciamiento Civil lo que se lleva a cabo es el requerimiento al deudor para que desaloje el inmueble, pague, o se oponga, o plantee la enervación, con lo que es el requerimiento que no se ha podido practicar por la ineficacia de los actos de comunicación en el inmueble designado, en su caso, lo que se inserta.

Estableciendo el segundo párrafo del artículo 155.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cuando la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

La Ley 4/2013 también modifica el artículo 497.3 Ley de Enjuiciamiento Civil que queda como sigue:

3. No será necesaria la publicación de edictos en el “Boletín Oficial” de la Comunidad Autónoma o en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’ en aquellos procedimientos en los que la sentencia no tenga efecto de cosa juzgada y en los procesos de desahucio en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas. En estos casos bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.»

Lo que se añade es la mención de los procesos en los que se acumule la acción de reclamación de las rentas y cantidades debidas.

II. LA PUBLICACIÓN EDICTAL DE LA SUBASTA

Uno de los defectos de los que adolece la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 es la escasa importancia que le da a la publicidad de la subasta judicial, de hecho solo el artículo 645 LEC viene dedicado a la publicidad de la subasta, que ahora regula ya el nuevo sistema de publicidad. Este artículo ha sido modificado por la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil que señala que: 1. Una vez firme la resolución prevista en el artículo anterior, la convocatoria de la subasta se anunciará en el "Boletín Oficial del Estado", sirviendo el anuncio de notificación al ejecutado no personado. El Secretario judicial ante el que se siga el procedimiento de ejecución ordenará la publicación del anuncio de la convocatoria de la subasta remitiéndose el mismo, con el contenido a que se refiere el artículo siguiente y de forma telemática, al "Boletín Oficial del Estado". Igualmente, y solo a efectos informativos, se publicará el anuncio de la subasta en el Portal de la Administración de Justicia.

Además, a instancia del ejecutante o del ejecutado y si el Secretario judicial responsable de la ejecución lo juzga conveniente, se dará a la subasta la publicidad que resulte razonable, utilizando los medios públicos y privados que sean más adecuados a la naturaleza y valor de los bienes que se pretende realizar.

2. Cada parte estará obligada al pago de los gastos derivados de las medidas que, para la publicidad de la subasta, hubieran solicitado, sin perjuicio de incluir en la tasación de costas los gastos que, por la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", se hubieran generado al ejecutante.

Decimos que es uno de los defectos de la nueva Ley de Enjuiciamiento ya que la publicidad de la subasta es de suma importancia, ya que cuanto mayor sea la publicidad de la subasta, mayor número de participantes habrá en ella y por tanto mayor precio se conseguirá en la subasta, lo cual beneficia tanto al acreedor ejecutante como al deudor, y pese a ello la publicidad que prevé la Ley de Enjuiciamiento es a todas luces escasa, y de ello se restringe en comparación a la publicidad prevista en la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, la mejora en la publicidad en el portal de la administración de justicia servirá para que se tenga mejor conocimiento de la misma.

Ante una ausencia de publicidad podría llegar a producirse subastas casi privadas.

Esta importancia de dar la mayor publicidad posible a la fecha de la publicación de la subasta como medio para conseguir un mayor precio en la subasta también ha sido reconocida por la propia jurisprudencia, así el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 6 de febrero de 2001, rec. 279/2000, que dice: "Ante todo debe significarse que la publicidad edictal constituye un elemento fundamental en la regularidad del procedimiento de apremio pues de ella dependerá que se obtenga el precio adecuado a las circunstancias de la finca en un régimen de concurrencia como es el de la subasta pública. Cualquier error o insuficiencia tenderá a producir una distorsión en la concurrencia de licitadores y en la determinación del precio final resultante, siendo el riesgo mayor cuanto más significativo sea el error cometido, de forma que en algunos casos la solución no podrá ser otra que la de la anulación de la subasta sobre todo cuando se haya producido un perjuicio considerable a un interviniente en el procedimiento que no pueda ser subsanado o corregido de otra forma. En definitiva, será el arbitrio judicial el que deberá adoptar las medidas adecuadas - subsanación mediante una publicación complementaria, convalidación, conservación del remate, o anulación del mismo - según la naturaleza, importancia y consecuencias de los defectos padecidos, pero teniendo siempre presente la importancia de la publicidad edictal pues, como declaró la resolución de la Sección 13ª de esta Audiencia Provincial de 4 Jul. 1990, con cita de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 Abril de 1933, que debía exigirse con todo rigor que los edictos fueran publicados con precisa determinación de los extremos que según la Ley deben contener, pues todos los requisitos exigidos para las subastas son esenciales, como encaminados a evitar errores, engaños o fraudes, entrañando por tanto los defectos en los edictos y en acuerdo de publicarlos un vicio de nulidad."

III. LA NOTIFICACIÓN EDICTAL ELECTRÓNICA

1. Introducción del tablón edictal para notificaciones en la reforma de la Ley sobre tráfico, circulación y seguridad vial operada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial.

Tras la introducción del domicilio electrónico vial en el año 2009 en la Ley 18/2009 y el servicio de notificaciones TESTRA el sistema de notificaciones en materia de sanciones en tráfico es el siguiente según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial:

Art. 90 RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre:

  • 1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial (DEV).

    En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

  • 2. La notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV) permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.

    Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV), transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar en el procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

  • 3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

    Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se dejará constancia de esta circunstancia en el procedimiento sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

    Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.

Artículo 91 RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre: Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE)

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la notificación se hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite.

Artículo 92 RD Legislativo 6/2015, de 30 de octubre: Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)

1. Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el artículo anterior podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el TESTRA se hará conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Con ello, el servicio de TESTRA ha pasado a ser un sistema facultativo pero donde se producen ahora las notificaciones es en el BOE si no pueden llevarse a cabo en el DEV.

2. Regulación de la notificación edictal en la Ley de Enjuiciamiento Civil

La Ley 13/2009 ha apostado por el recurso a las notificaciones edictales electrónicas que nos permitirá ahorrar una importante cantidad de dinero y ser más ágiles en las notificaciones edictales, frente al sistema del papel, que se mantiene voluntario para cuando la parte inste que se inserte en el BOE, BOP o medios de comunicación, aunque dudamos mucho que ello sea así, porque correrá de su cuenta el coste derivado del uso de su inserción en boletines oficiales o medios de comunicación. Parece, por ello, que el legislador cuando toma la decisión de introducir las nuevas tecnologías le da miedo cerrar del todo el uso y recurso al papel, por cuanto aunque admite las tecnologías de la comunicación, en este caso vía edictal, sigue manteniendo la opción de la publicación tradicional. Quizás, de lege ferenda, sería mejor que cuando se introducen estas reformas se apostara decididamente por la anulación definitiva del recurso al papel, porque mientras se deje la opción de utilizarlo será más lenta la adaptación a los nuevos sistemas tecnológicos.

  • 1. Comunicación edictal en el artículo 164 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

    Se contempla el recurso a la vía edictal como un mecanismo subsidiario de la ausencia de datos en donde llevar a cabo la comunicación en domicilios distintos de los que constan en los registros públicos o particulares. Por ello, se trata de "agotar" las vías que recoge el artículo 155 LEC, ya que como veremos más tarde solo podremos acudir a la vía edictal, en este caso ya electrónica por inserción en boletines de tal clase cuando las vías estén agotadas; es decir, se dé cumplida cuenta de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que exigen dónde se le debe buscar antes de citarle o emplazarle por edictos. La designación de domicilios en la demanda se hará por el orden de importancia donde se deduzca que se puede localizar al demandado. El actor debe vigilar que se cumplan estos presupuestos porque en caso contrario si se instara una nulidad por el demandado que hubiera sido declarado rebelde sin dar cumplimiento al artículo 155 LEC podría decretarse la nulidad de lo actuado.

    Pero, ¿cuáles son los domicilios que deben ser tenidos en cuenta? Pues los de los artículos 155 y 156 de la LEC.

    Si la acción civil se basa en un contrato o documento del que dimana la reclamación será el domicilio de la parte a demandar que consta en ese contrato

    Si la acción civil se basa en un contrato o documento del que dimana la reclamación será el domicilio de la parte a demandar que consta en ese contrato.

    Números de teléfono, de fax o similares.

    El que aparezca en el padrón municipal.

    El que conste oficialmente a otros efectos, por ejemplo en Hacienda o Seguridad Social.

    El que aparezca en Registro oficial o en publicaciones de Colegios profesionales, cuando se tratare, respectivamente, de empresas y otras entidades o de personas que ejerzan profesión para la que deban colegiarse obligatoriamente.

    El lugar en que se desarrolle actividad profesional o laboral no ocasional.

    Cuando en la demanda se ejercite una acción de aquellas a las que se refiere el número 1.º del apartado 1 del artículo 250, se entenderá que si las partes no han acordado señalar en el contrato de arrendamiento un domicilio en el que se llevarán a cabo los actos de comunicación, éste será, a todos los efectos, el de la vivienda o local arrendado.

    Si la demanda se dirigiese a una persona jurídica, podrá igualmente señalarse el domicilio de cualquiera que aparezca como administrador, gerente o apoderado de la empresa mercantil, o presidente, miembro o gestor de la Junta de cualquier asociación que apareciese en un Registro oficial.

  • 2. En cualquier caso, el artículo 156.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene a señalar que solo si estas averiguaciones resultaren infructuosas, el Secretario judicial ordenará que la comunicación se lleve a cabo mediante edictos, que ahora ya podrán ser electrónicos.

    ¿Cómo se llevará a cabo?

    Se contempla en el artículo 164 LEC que el Secretario judicial, consignadas estas circunstancias, mandará que se haga la comunicación fijando la copia de la resolución o la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvaguardando en todo caso los derechos e intereses de menores, así como otros derechos y libertades que pudieran verse afectados por la publicidad de los mismos. Tal publicidad podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, conforme a lo previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

    Este precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya fue incluido hace ocho año cuando se aprobó la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial e introdujo en la efectividad de la publicación de los boletines electrónicos para poder cumplir con lo establecido en el artículo 156.4 LEC en relación con el artículo 164 LEC, con lo que se han tardado ocho años para que pueda hacerse efectiva esta opción.

  • 3. También en el artículo 497 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se recoge esta opción de acudir a la vía edictal electrónica en cuanto a la resolución que declare la rebeldía si no fuere conocido su domicilio. Así, si el demandado se hallare en paradero desconocido, la notificación se hará publicando un extracto de la misma por medio de edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el "Boletín Oficial del Estado, aunque en el apartado 4º se añade que "esta publicación podrá ser sustituida, en los términos que reglamentariamente se determinen, por la utilización de medios telemáticos, informáticos o electrónicos, conforme a lo previsto en el artículo 236 de la Ley Orgánica del Poder Judicial."

    Quiere esto decir, que en lugar de recurrir a este sistema tecnológico como vía principal se utiliza como secundario, cuando debería ser el principal y desaparecer el recurso a la publicación tradicional.

3. Exigencia de cumplimiento del requisito del agotamiento de las vías de localización de domicilio antes del recurso a los edictos

Así lo viene exigiendo la doctrina del TC desde hace tiempo, por lo que, como hemos expuesto, al primero que le debe interesar que los domicilios que se hagan constar en la demanda den resultado positivo y se localice al demandado es al actor, ya que si se cumple de forma irregular podría llegarse a la nulidad de lo actuado y volver a empezarse con la notificación personal.

Entre las más recientes resoluciones del TC que recogen estas exigencias podemos citar la Sentencia 61/2010 de 18 de octubre de 2010, recurso 4277/2005, en la que se concreta que:

"La validez constitucional de esta forma de emplazamiento exige que se hayan agotado previamente por el órgano judicial las modalidades aptas para asegurar en el mayor grado posible la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin aquél ha de extremar las gestiones en la averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales a su alcance, de manera que el acuerdo o resolución judicial que lleve a tener a la parte en un proceso como persona en ignorado paradero debe fundarse en criterios de razonabilidad que conduzcan a la certeza, o cuando menos a una convicción razonable, de la inutilidad de los medios normales de citación."

Y hace mención al aspecto que antes mencionábamos del esfuerzo que debe hacer el juzgado acerca de la obligación de ser cauteloso a la hora de buscar el domicilio auténtico del demandado, al concretar que:

"Esta irregular ejecución por el órgano judicial de las gestiones para la averiguación del paradero de la requerida, sin facilitar todos los datos referidos a ella que constaban en las actuaciones a quienes podían informar de otros domicilios, ni procurar la identificación de éstos a través de aquellos otros cauces, sin necesidad de efectuar una desmedida labor investigadora, hace que deban reputarse inútiles al fin perseguido y que no permitan sustentar de modo consistente el desconocimiento del domicilio o paradero de la recurrente ni, en definitiva, puedan llevar a una razonable convicción sobre la inutilidad de otros medios de comunicación distintos a la notificación edictal, no pudiendo por consiguiente estimarse justificado constitucionalmente el recurso a ésta."

También en la Sentencia del TC 176/2009 de 16 de julio de 2009, se añade que:

"El emplazamiento edictal constituye un remedio último de carácter supletorio y excepcional, que requiere el agotamiento previo de los medios de comunicación ordinarios y la convicción del órgano judicial de que, al ser desconocido el domicilio o ignorado el paradero del interesado, resultan inviables o inútiles los otros medios de comunicación procesal (por todas, Sentencias del Tribunal Constitucional 306/2006, de 23 de octubre, FJ 2; 163/2007, de 2 julio, FJ 2; 78/2008, de 7 de julio, FJ 2). En esta última Sentencia destacábamos que para el cumplimiento de ese deber, el Tribunal debe agotar las posibilidades, por los medios que racionalmente se le ofrezcan, y, en todo caso «habrá de dirigirse a aquellos organismos oficiales y registros públicos que por su naturaleza sea previsible que dispongan de datos efectivos para la localización de la parte. Exigencia esta última que este Tribunal Constitucional hizo ya efectiva a propósito de procesos civiles sustanciados con la [Ley de enjuiciamiento civil: LEC 1881], en la que no se preveía nada en tal sentido (entre otras, Sentencias del Tribunal Constitucional 100/1997, de 20 de mayo, FJ 3; 158/2001, de 2 de julio, FJ 3; 304/2006, de 23 de octubre, FJ 3) y ha seguido proclamándolo también en relación con los artículos 155 y 156 LEC 2000, donde se especifican algunas de esas fuentes de búsqueda para alcanzar el emplazamiento personal de la parte (Sentencias del Tribunal Constitucional 138/2003, de 14 de julio, FJ 3; 223/2007, de 22 de octubre, FJ 3; y 231/2007, de 5 de noviembre, FJ 3)"..

En materia de notificación edictal resulta interesante apelar a la doctrina destacada por la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre la teoría de la denominada “maquinación fraudulenta” cuando se trata de la pretensión del demandado e intentar la revisión de una sentencia alegando que la actora realizó la solicitud de citación o emplazamiento en un domicilio que no era el correspondiente del demandado al objeto de conseguir una notificación edictal que conlleve que no comparezca a juicio. Y a estos efectos la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de Octubre de 2012 apunta que:

“A) Esta Sala tiene dicho que la maquinación fraudulenta «[C]onsiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión (SSTS de 5 de julio de 1994 , 22 de mayo de 1996 y 19 de febrero de 1998).

»Una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial cuando oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía (STS de 14 mayo 2003, 9 de mayo de 2007, 6 de septiembre de 2007). Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber mudado de habitación.

»Como consecuencia de ello se ha entendido que no cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación (STS 19 de febrero de 1998). En consecuencia, el actor tiene la carga procesal de que se intente dicho acto en cuantos lugares existe base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la demanda y debe desplegar la diligencia adecuada en orden a adquirir el conocimiento correspondiente, aunque no cabe exigirle una diligencia extraordinaria (STS 3 de marzo de 2009). »De no hacerlo así se entiende que el demandante ha incurrido en ocultación maliciosa constitutiva de la maquinación fraudulenta que puede dar lugar a la revisión de la sentencia (STS 16 de noviembre de 2000). En suma, la maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante y no a aquel (SSTS 9 de mayo de 1989; 10 de mayo de 2006 , 14 de junio 2006 , 15 de marzo de 2007)» (STS n.º 297/2011, de 14 de abril . PR n.º 58/2009).”

Subir