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Incapacitación

Incapacitación

Ausencia, incapacitación y tutela

¿En qué consiste la incapacitación?

Es la declaración judicial, en sentencia, de privación de la capacidad de obrar de una persona física. Se entiende por capacidad de obrar la aptitud de una persona para realizar y dar eficacia en Derecho a sus actos.

Para el Profesor Martín Granizo, es la aptitud o cualidad contingente y variable, que no se da en todas las personas ni acaso en cada una de ellas igualmente durante toda su vida. Resulta evidente que la incapacidad como término en el que la referida "cualidad" va precedida del prefijo "in" significa falta o negación de lo expresado por la palabra a que acompaña, es por tanto falta o ausencia o menor medida e incluso ausencia total de la capacidad.

Para el Profesor De Castro es un acto modificativo del estado civil de la persona. Para el Profesor Martín Granizo, aquel acto judicial que al operar la modificación absoluta o relativa del ser jurídico de la persona, o sea, su personalidad, la somete a tutela o a curatela.

Esta definición nos da los elementos caracterizadores, que son:

  • a) Es una excepción al principio general de plena capacidad de la persona.
  • b) La declaración es únicamente realizada en los casos expresamente determinados en la Ley.
  • c) Es necesaria declaración judicial, por medio de un proceso, que termina con sentencia.
  • d) Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma.

¿Cuál es el procedimiento para incapacitar a una persona?

El proceso de incapacitación es la privación de la capacidad de obrar a una persona física, en principio capaz, por sentencia, por causas fijadas en la Ley (O'Callaghan).

La prodigalidad es una incapacitación parcial, que sitúa al sujeto en un grado de capacidad restringida (O'Callaghan).

La competencia objetiva es del Juzgado de Primera Instancia del domicilio del menor o incapaz. En algunas capitales existen juzgados especializados de tutelas e incapacitaciones.

Respecto a la competencia territorial, es competente para las demandas sobre capacidad y declaración de prodigalidad el Juez de Primera Instancia del lugar en que resida la persona a la que se refiere la declaración que se solicita.

¿Quién está legitimado para instar la incapacitación?

La legitimación activa se reconoce a las personas que pueden interesar la declaración de incapacidad y la declaración de prodigalidad, que son, conforme al artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • a) El presunto incapaz
  • b) El cónyuge o la persona que se encuentra en una situación de hecho asimilable.
  • c) Los descendientes.
  • d) Los ascendientes.
  • e) Los hermanos del presunto incapaz.

En caso de que estas personas no efectúan la petición, puede interesarse por parte del Ministerio Fiscal.

Está legitimada pasivamente la persona del presunto incapaz o la persona cuya declaración de prodigalidad se solicite. Debe valorarse, después de la Ley 41/2003, la posibilidad de que se puede iniciar, a petición concreta del presunto incapaz; en este caso el demandado será el Ministerio Fiscal.

¿Cuáles son las fases del procedimiento?

El artículo 758 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que el presunto incapaz puede comparecer en el proceso con su propia representación y defensa o, de no hacerlo, ser defendido por el Ministerio Fiscal, salvo que sea el promotor del procedimiento, en cuyo caso el Letrado de la Administración de Justicia le designará un defensor judicial, a no ser que estuviera ya nombrado.

El artículo 759 de la Ley procesal establece, además de las pruebas que se practiquen conforme al artículo 752, como pruebas y audiencias preceptivas: a) la audiencia de los parientes más próximos; b) el examen o exploración del presunto incapaz, y c) la obligatoriedad de acordar de oficio un dictamen pericial médico. Es decir no se puede decidir la incapacitación sin previo dictamen pericial médico, acordado por el Tribunal.

¿Cuál debe ser el contenido de la sentencia?

Conforme al artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento. La declaración de incapaz no tiene efecto retroactivo y la sentencia en que dicha declaración se contiene no produce excepción de cosa juzgada.

Su motivación debe al menos, tener los siguientes parámetros:

  • a) Valoración de la prueba practicada de los parientes presentados por la parte, de los parientes más próximos;
  • b) Valoración del examen personal practicado por el juez del presunto incapaz,
  • c) Valoración de los informes periciales emitidos y que ponen de manifiesto la situación médica del presunto incapaz. Con la valoración de la prueba se procede a establecer la extensión y límites de la incapacitación.

En la sentencia se determinará el régimen de tutela o curatela a que haya de quedar sometido el incapacitado, se designa en la sentencia la persona que haya de representar (tutela) o de asistir (curatela).

En caso de que se deba adoptar la medida de internamiento del presunto incapaz, el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone claramente que el internamiento requerirá autorización judicial, que será recabada del Tribunal del lugar donde resida la persona afectada por el internamiento. El mismo precepto aclara que en los casos de internamiento urgente la competencia para la ratificación de la medida corresponderá al tribunal del lugar en que radique el centro donde se haya producido el internamiento.

¿Cuál es la normativa autonómica?

En Andalucía, Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día y de noche; Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa, respecto a menores.

En Aragón, Decreto 168/1998, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos; Decreto 13/2004, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican parcialmente el Decreto 168/1998, de 6 de octubre, por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos y el Decreto 113/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

En Asturias, Ley 2/1998, de 26 de noviembre, primera modificación de la Ley 7/1991, de 5 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano; Decreto 38/1999, de 8 de julio de 1999, por el que se regula el programa de acogimiento familiar para personas mayores del Principado de Asturias.

En las Islas Baleares, Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.

En las Islas Canarias, art. 34 de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones.

En Cantabria, Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria.

En Castilla y León, Ley 5/2003, de 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León.

En Castilla-La Mancha, Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha; Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, de desarrollo del ingreso mínimo de solidaridad, ayudas de emergencia social y prestaciones económicas en favor de colectivos desfavorecidos, y de la colaboración y cooperación en materia de servicios sociales.

En Cataluña, Llei 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. Además el Título VII del Código de Familia de Cataluña regula las tutelas y demás instituciones tutelares.

En Extremadura, Ley 10/2001 de 28 de junio de 2001, de Salud de Extremadura; Ley 2/1994, de 28 de abril, de Asistencia Social Geriátrica.

En Galicia, Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia; Decreto 318/2003, de 26 de junio, por el que se regula el programa de acogimiento familiar para personas mayores y personas con discapacidad.

En La Rioja, Decreto 27/1998, de 6 de marzo, por el que se regulan las categorías y requisitos específicos, de los centros residenciales de personas mayores en La Rioja; Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja.

En Madrid, Decreto 72/2001, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el régimen jurídico básico del servicio público de atención a personas mayores en residencias, centros de atención de día y pisos tutelados.

En Murcia, Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social.

En Navarra, Decreto Foral 269/2001 de 24 de septiembre de 2001, por el que se crea la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas.

En el País Vasco, Norma Foral 8/2003 de 1 de abril, de incremento y mejora de la atención a personas mayores, con discapacidad, en situación de exclusión social y menores en situación de desprotección.

En la Comunidad Valenciana, Decreto 192/1998 de 30 de noviembre de 1998, de ordenación de la Comisión valenciana de tutelas y defensa judicial de incapacitados.

¿Cómo se ha pronunciado el Tribunal Supremo?

La Fiscalía del Tribunal Supremo interpretó, en informe elevado a la Sala Primera del Alto Tribunal que la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 13 de agosto de 2006 incide de lleno en el proceso especial de «capacidad de las personas», fundamentalmente en la incorporación del «modelo de apoyos», que se enfrenta directamente al sistema de tutela tradicional.

En concreto la Fiscalía, y también previamente algún sector doctrinal, se basaba en el artículo 12 de Convención que dice: Esas salvaguardias asegurarán que las medidas respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, lo que a su juicio comportaba una mutación radical del régimen previsto por el Código Civil.

No tiene, sin embargo, en cuenta que en no pocas ocasiones, la persona carece por completo de capacidad de obrar en uno, alguno o todos los ámbitos de la vida, o bien, el déficit de capacidad de obrar en uno, varios o todos los ámbitos de la vida es tan marcado que no es suficiente ese mero complemento, sino que hay que suplir la capacidad de la que naturalmente carece para una adecuada protección de sus derechos, de modo que pueda actuar en la vida jurídica en igualdad de condiciones con las personas que, por naturaleza, tienen plena capacidad de obrar. Así pues, frente a lo que sostiene mediante la incapacitación se otorga el estado civil correspondiente a su estado natural supliendo la deficiencia que le sitúa en o inferioridad respecto a los demás confiriéndole los medios e instrumentos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de sus derechos, y ello valorando en el caso la intensidad con la que se manifiesta en la persona el estadio de la enfermedad, las condiciones personales y el grado de afectación.

Este es el criterio que sostiene el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la STS 282/2009, de 29 abril de 2009, rec. 1259/2006, en la que señala en relación a las instituciones de protección fundamental: Así pues, el denominado modelo de sustitución o apoyo en la toma de decisiones -tutor o curador- es necesario para la protección del incapacitado.

La Sentencia del Tribunal Supremo del 24 de junio de 2013 no de rec 1220/2012 ha supuesto una nueva revisión del concepto de incapacidad al incorporar el contenido de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por un incapacitado y el propio Ministerio Fiscal, en relación a la incapacitación del primero. La sentencia recurrida entendía que las limitaciones del demandado exigían acudir a la tutela y confirmaba a la Sentencia de primera instancia que había declarado su incapacidad como consecuencia de una minusvalía del 65%, resultado de una enfermedad mental crónica (esquizofrenia paranoide). En el recurso se cita como infringida la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ratificada por España en 2007) así como los artículos 199, 200 y 287 del Código Civil, puestos en relación con los artículos 10, 14, 23 y 96 de la Constitución Española.

La sentencia del Tribunal Supremo señala la importancia de que la figura de la tutela se emplee como un complemento, y no como un sustituto de la capacidad del sujeto, y advierte de la necesidad de individualizar los casos para poder adoptar la medida que sea más favorable conforme a la manera en que cada sujeto se vea afectado.

El Tribunal Supremo hace especial hincapié en señalar la titularidad del derecho de sufragio del incapaz:

"La pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia automática o necesaria de la incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que una persona no pueda regirse por sí misma, ni administrar su patrimonio, y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente".

¿Qué es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad?

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos creado por la Organización de Naciones Unidas. El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. El texto de la Convención fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de Naciones Unidas de Nueva York. España ratificaría el texto el 3 de diciembre de 2007 y entraría en vigor el 3 de mayo del año siguiente.

La Convención se basa en los principios de respeto, no discriminación, participación e inclusión plena en la sociedad, respeto por la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre el hombre y la mujer y respeto a la evolución de las facultades de los niños con discapacidad, así como el derecho a preservar su identidad. Del contenido de la Convención derivan una serie de obligaciones para los Estados Partes. Éstos se comprometerán a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad.

La Convención de Naciones Unidas ha desplegados sus efectos en la jurisprudencia española. El Tribunal Supremo, en su sentencia del 24 de junio de 2013 (no de recurso 1220/2012), ha revisado el concepto de incapacidad a la luz del contenido de la Convención de Naciones Unidas. La sentencia señala la importancia de que la figura de la tutela se emplee como un complemento, y no como un sustituto de la capacidad del sujeto, y advierte de la necesidad de individualizar los casos para poder adoptar la medida que sea más favorable conforme a la manera en que cada sujeto se vea afectado: "No se discute que la incapacitación de una persona, total o parcial, debe hacerse siguiendo siempre un criterio restrictivo por las limitaciones de los derechos fundamentales que comporta. Lo que se cuestiona en este caso es de qué manera se encuentra afectado el sujeto para adoptar la medida que sea más favorable a su interés y cómo puede evitarse una posible disfunción en la aplicación de la Convención de Nueva York". Además, la sentencia cita el artículo 29 de la Convención y señala la importancia de que los sujetos afectados por una incapacidad puedan ejercer el derecho de sufragio siempre que su situación se lo permita: "La pérdida del derecho de sufragio no es una consecuencia automática o necesaria de la incapacidad, sino que es posible la incapacitación y la reserva al incapaz de este derecho pues una cosa es que una persona no pueda regirse por sí misma, ni administrar su patrimonio, y otra distinta que esté impedida para ejercitarlo correctamente".

Recuerde que...

  • La incapacitación es la declaración judicial por la que se priva de capacidad de obrar a una persona en los casos expresamente determinados en la ley.
  • Podrá instar la incapacitación el presunto incapaz, el cónyuge, los descendientes o ascendientes y los hermanos, pudiendo interesarse también por el Ministerio Fiscal.
  • Debe probarse mediante audiencia de los parientes más próximos, examen del presunto incapaz y dictamen pericial médico.
  • La sentencia de incapacitación no tiene carácter retroactivo ni produce excepción de cosa juzgada, debiendo determinar el régimen al que queda sometido el incapaz.
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