guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Investigado

Investigado

Proceso penal

I. CONCEPTO

Imputar es atribuir a otro una culpa, acción o delito, y por ello, en sentido vulgar, investigado es aquella persona a la que alguien atribuye con un mínimo de seriedad y pruebas la autoría o implicación en un delito. Tradicionalmente, se ha venido utilizando el término imputado. Sin embargo, la connotación peyorativa que durante los años ha ido asociada al término ha llevado al legislador –a través de la reforma operada por la LO 13/2015, de 5 de octubre- ha sustituir la denominación de “imputado” por la de “investigado” o “encausado”.

Por su parte en la doctrina procesal penal se ha ido usando el término imputado como sinónimo de inculpado, sospechoso, investigado, etc.

Técnicamente es la parte pasiva del proceso penal, esto es, aquel sobre quien se despliega el proceso.

Es decir, es el elemento subjetivo del objeto del proceso que conforme dispone el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo conforma, no sólo la averiguación de la perpetración del delito con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, sino también la culpabilidad de los delincuentes.

En sentido lato, sin embargo, la atribución más o menos fundada de la autoría delictiva a alguien, no conlleva la realidad de una acusación contra ella, pues se queda en la mera sospecha que hay que verificar.

Y así la condición de investigado procesal se gana cuando las autoridades judiciales, después de haber hecho el oportuno análisis muy preliminar sobre la posible atribución a una persona de una infracción delictiva, admiten a trámite una denuncia o querella, o bien desde que se lleve a cabo contra ella cualquier actuación procesal que le implique en un hecho delictivo, y por supuesto desde que haya sido objeto de detención o cualquier medida cautelar (Sentencia del Tribunal Constitucional 44/1985).

La consecuencia práctica de ganar la calidad procesal de investigado es que en ese momento surge el derecho de defensa en él, y por tanto, además de deber ser informado de los hechos en que se le involucra, puede ejercitar todo el estatuto del derecho de defensa, pudiendo personarse en la causa con Abogado y Procurador, pidiendo diligencias, enterándose del contenido de la misma, recurriendo lo que no sea acorde con sus intereses, y pretendiendo lo que lo sea, singularmente, en su caso, el sobreseimiento.

Por el contrario la cualidad de investigado le hace susceptible de que se adopten en su contra todo tipo de medidas cautelares, ya sean personales, para asegurar su presencia a disposición de la investigación, ya sean reales, para responder en su día de las posibles consecuencias civiles que se puedan derivar de la acción y de los hechos en que se le involucra.

Por otro lado, tradicionalmente el término imputado se ha empleado en Derecho Procesal Penal en un sentido más formal según el cual en un momento más avanzado del proceso se eleva el rango del mero sospechoso investigado a algo definitivamente mayor (investigado), por haberse desprendido de las diligencias practicadas en las actuaciones indicios racionales suficientes de que él pueda ser el responsable criminal de los hechos sometidos a proceso. No obstante, tras el cambio de denominación, para dicha situación más madura puede reservarse el término encausado.

Y según el tipo de procedimiento, el Juez lo formaliza exteriorizando tales indicios fundados y racionales suficientes de sospecha y vinculación del investigado con la autoría de los hechos, a través de la oportuna resolución: el Auto de finalización de las Diligencias Previas en el Procedimiento Abreviado y el Auto de Procesamiento en el Sumario.

Claro que la imputación formalizada así no es definitiva para que el investigado ahora acabe siendo finalmente juzgado, porque la formalización judicial, pese a que añade certeza para reforzar en el afectado su derecho-deber de defenderse, y a que es hecha por el Órgano neutro que significa su cualidad judicial, en aplicación del principio acusatorio, no sustituye el papel de acusar que necesariamente y también de forma exteriorizada clara debe hacer la parte acusadora.

Por ello, la imputación formal es un reforzamiento y un reaviso de que se sospecha fundadamente de un investigado, que no tiene otra finalidad que la de reforzar el derecho-deber de defenderse.

Como igualmente la imputación supone el descarte del sobreseimiento, se configura como un requisito de procedibilidad necesariamente previo a la apertura de juicio oral.

II. MOMENTO EN QUE SURGE LA IMPUTACIÓN, Y POR ENDE EL DERECHO DE DEFENSA

La imputación -como atribución de un hecho punible- surge con la efectiva actividad de organismo oficial con obligación de averiguar la veracidad de posibles hechos con caracteres de infracción penal por cualquiera de las vías que señala la ley, y excepto que se declare el secreto sumarial, hace surgir, como principal consecuencia, el derecho de defensa.

No cualquier derecho de defensa, sino todo un completo estatuto propio y bien diferenciado -más privilegiado, porque es el que más arriesga - respecto del resto de partes e intervinientes en el proceso penal.

Dice así el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.

La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la atribución de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados.

El surgimiento del derecho de defensa y la calidad de parte pasiva del proceso penal permitirá otros derechos anejos del investigado como son el de tomar conocimiento de todas las actuaciones que se lleven en su contra, el de intervenir (artículo 333 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) activa o pasivamente en las diligencias que se acuerden en el mismo, el de contradecir o criticar el resultado de lo obtenido, el de solicitar o practicar por sí diligencias probatorias en su interés siempre que el Juez las encuentre pertinentes, preconstituir pruebas que le sean favorables, el de recurrir las que encuentre gravosas o desfavorables, lo que dentro de la legalidad crea adecuado a sus pretensiones entre las que no es menor, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Constitucional 66/1989, la de evitar que frente a él se dirija posteriormente un escrito de acusación.

Para ejercitar ese derecho de defensa, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Abogado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.

Si no hubiesen designado Procurador o Abogado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombrará de oficio si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a tal estado en que se necesite el consejo de aquellos o hayan de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.

En parecido sentido, el artículo 767 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para el Procedimiento Abreviado que desde la detención o desde que de las actuaciones resulte la atribución de un delito contra persona determinada, será necesaria la asistencia letrada.

Igual que en el Sumario, la Policía judicial, el Ministerio Fiscal o la Autoridad judicial, deberán recabar de inmediato en ese caso del Colegio de Abogados la designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado.

Pero a diferencia del Sumario, el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que el Abogado designado para la defensa tenga también la habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo por tanto aquí necesaria la intervención de Procurador hasta el trámite de apertura de juicio oral, y para ello, el Abogado deberá señalar al Juzgado un domicilio a efecto de notificaciones y traslado de documentos.

El derecho de defensa, y en todo caso para el momento del inicio de la imputación, es el derecho que la ley más garantiza con el objeto de tratar que el investigado pueda desde muy pronto en la investigación, no sólo conocer, sino participar en la instrucción, evitando cuanto antes investigaciones procesales innecesarias, o posibilitando que las necesarias lo sean en su extensión justa y adecuada.

Esa es la razón por la que el artículo 771.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que la Policía Judicial practicará, entre otras, la siguiente diligencia: informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del art. 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

  • a) guardar silencio no declarando si no quiere o contestando alguna o algunas de las preguntas que le formulen o manifestar que sólo declarará ante el Juez;
  • b) no declarar contra sí mismo o no declararse culpable;
  • c) designar Abogado o a que se le designe de oficio, si no lo hace él, y solicitar su presencia para que le asista en las diligencias policiales y judiciales de declaración o en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto; (...)
  • e) a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.

Y la reiteración de la imputación, se repite en el Juzgado ante el Juez, ya que como señala el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la primera comparecencia ante el mismo, este informará al investigado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le atribuyen.

Previamente, el Letrado de la Administración de Justicia le informará de sus derechos -obviamente los del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como los del art. 118 del mismo cuerpo legal- y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La atribución de hechos debe ser concreta, esto es, de elementos fácticos determinados y no difusos o genéricos, porque sólo es factible defenderse de lo concreto, específico e individualizado.

Nadie puede defenderse de lo que ignora, de lo que no se le ha contado en lo sustancial por adelantado, de prospecciones e imputaciones vagas y genéricas, ya que el proceso penal sólo tiene por finalidad la investigación de hechos -además generalmente ya cometidos-, (no de trayectorias o comportamientos pautales vitales), y por ello, no puede utilizarse la investigación penal para el descubrimiento de delitos en general, ni para las investigaciones prospectivas o predelictuales.

Por ello, si en el curso de una investigación penal surgen nuevas imputaciones por el conocimiento de nuevos hechos ignorados o no comprobados hasta entonces y radicalmente aumentan la incriminación sobre el investigado, debe interrogársele sobre ellos, antes de pasar a nuevas fases procesales, pues de lo contrario podría causársele indefensión parcial si no se le deja explicarse sobre ellos, pues nos hallaríamos ante una imputación incompleta.

Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los supuestos de incomunicación.

No cabe por tanto, bajo el riesgo de vulnerar el estatuto que supone el conjunto de los derechos de la defensa, retardar el conferimiento de la condición de investigado, porque hacerlo supondría limitar el indicado derecho fundamental (por ejemplo la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1989 y 128/1993).

Tampoco cabe citar a la persona sospechosa de ser el autor de los hechos investigados primero como testigo, y después como investigado, pues las diferencias de trato legal entre una y otra calidad, vulneran en principio la defensa.

Así, el testigo, además de su obligación de comparecer, tiene la obligación de jurar decir verdad, y de declarar, pudiendo ser conducido a la fuerza a hacerlo y ser procesado por desobediencia o falso testimonio, y ante todo, no tiene que ser informado de los hechos investigados.

Por el contrario, el investigado puede no comparecer a juicio en las faltas y en los enjuiciamientos en ausencia por delito de menos de 2 años de prisión, y sobre todo no tiene obligación ni siquiera de declarar, por lo que por no hacerlo no se le puede seguir actuaciones delictivas, y si decide hacerlo, debe ser previamente informado de sus imputaciones.

La razón, posibilitar la defensa con garantías y evitar entre ellas, los interrogatorios sorpresivos y desleales.

Sin embargo esas primeras imputaciones, hasta aquí, sólo lo son en el sentido lato, aunque crucial que señalamos en el epígrafe anterior.

No obstante lo cual, permiten junto con el derecho de defensa, y para posibilitar el principio de contradicción, el de la participación, excepto si hay secreto decretado en la causa, a través de su Abogado, en las diligencias de instrucción que se acuerden y, la petición de práctica e incorporación a ella de las propias que el Juez considere pertinentes.

Es cuando el Juez considere que la investigación está finalizada porque ya constan en la causa todas las diligencias que permiten, en su caso, la tipificación delictiva, que conforme a lo dispuesto en el artículo 779.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede a convertir la mera atribución lata en una imputación formal.

Así, establece ese párrafo que si el hecho cuya investigación se considera concluida constituyera delito comprendido en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, seguirá el procedimiento por los trámites del Procedimiento Abreviado.

Y lo hará en un Auto que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le atribuyen, y que no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir en esa cualidad de investigado, y por lo tanto sin haberse podido de alguna forma desplegar el estatuto propio de la defensa.

En el Sumario Ordinario, tal resolución, mucho más formalizada, se llama Auto de procesamiento, y el artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que la regula, exige que se dicte cuando resulte del expediente algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona- en la práctica se hace una vez agotada la investigación como colofón para concluirla-.

La razón es que la irrupción del artículo118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señalando momentos anteriores en todo caso que potencian y hacen real el inicio del ejercicio efectivo del derecho de defensa a hechos que exterioricen la imputación lata, dejan la formal del procesamiento sin mayor virtualidad que la de potenciar si cabe la defensa por segunda vez para que gane en eficacia.

La formalización judicial de la imputación sin embargo, no significa que el Juez supla el papel de acusador que está en sistemas de principio acusatorio como el español reservado a las partes, y por ello, pese a ella, puede acabar con que los acusadores no la compartan, y no formulen acusación, vedando entonces la posibilidad de la continuación de la causa penal.

Pero la concreción de la imputación final es exponencialmente creciente.

Eso es por lo que por encima de la imputación formal está, en el mundo de la concreción, la acusación misma.

El dibujo de la formulación final de la pretensión de acusación, se inicia con la mera atribución formal, en cuyo camino a la concreción se archivan tantos y tantos procedimientos, sigue, si no, con la imputación formal judicial, continúa con la acusación provisional, y finaliza con la acusación definitiva en el momento del juicio oral.

Correlativamente, la defensa madura hacia posiciones más concretas dirigidas hacia la realización de una justicia amparada cada vez en mayores garantías, de entre las que, no es la menor, el hecho de que la imputación nunca puede comportar las mismas exigencias que la condena.

III. MOMENTO HASTA EL QUE DURA LA IMPUTACIÓN

La condición de investigado no se pierde dentro del mismo proceso penal en que alguien ha sido inculpado, o encausado, ni siquiera después de ser condenado.

Para el habitual supuesto en que la causa se parcela y fragmenta porque se enjuician a sus diferentes componentes en diversas vistas orales, quien ha declarado como investigado, debe ser traído a las siguientes vistas no como testigo, sino como encausado igualmente.

En ese sentido, indica la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2007 que es cierto que esta Sala ha dicho (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2000), que: "es indudable que mientras el testigo ocupe en el proceso la cualidad de investigado o coimputado no puede ser sometido al régimen general de cualquier testigo, en cuanto que está exento de declarar y si declara faltando a la verdad no puede cometer el delito de falso testimonio. Sin embargo, cuando ya ha abandonado la posición de investigado para ser sustituida por la de "ejecutoriamente condenado" la declaración no puede producirse bajo las prevenciones del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues declara sobre hechos que ya no le pueden afectar penalmente, por lo cual (obvio es decirlo) la única forma posible de comparecer, según razona el Ministerio Fiscal, es en calidad de testigo".

Pero también se ha señalado (Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de noviembre de 2004), citando lo que precisamente sostiene la Fiscalía General del Estado al resolver una consulta con fecha 14 de abril de 2000: "que el derecho de defensa del ya enjuiciado y condenado no termina completamente con la sentencia condenatoria. Se extiende, aunque no con el mismo contenido y perfiles, con posterioridad a la misma. Aunque el derecho de defensa del penado adquiera en la fase de ejecución una modulación especial, un contenido diferente al que tenía antes de la sentencia sus manifestaciones consistentes en el derecho a no declarar contra sí mismo y a no ser requerido bajo juramento o promesa a narrar los hechos verazmente, se deben considerar vigentes también en la fase de ejecución de la sentencia.

El mantenimiento del derecho a no declarar y a no prestar juramento o promesa por quien ya ha sido condenado se justifica en virtud del principio de no exigibilidad de otra conducta. Resultaría cuando menos chocante que a una persona, después de haber sido condenada en sentencia, pueda exigírsele bajo la amenaza del delito de falso testimonio que se ajuste a la verdad en la declaración que haya de prestar en el juicio para otro copartícipe, obligándola así tal vez a reconocer lo que en el juicio propio tuvo derecho a negar.

Esta especie de reconocimiento de culpa ulterior del ya condenado no sólo es inexigible humanamente sino que, desde el punto de vista jurídico, podría acarrearle consecuencias contrarias a su derecho de defensa en fase de ejecución.

Además, como argumento que refuerza lo anterior, en estos casos de fragmentación del juicio oral en tantos actos como partícipes en el hecho, no debe perderse de vista la idea de que el objeto del proceso es único. La relación que cada uno de los sujetos del proceso mantiene con dicho objeto, lo que le confiere un determinado status, no puede ser alterada por la concurrencia o no de eventos imprevisibles determinantes de la necesidad de fragmentación del juicio oral en varios actos. El status de las partes se adquiere y se mantiene en el proceso con independencia de aquellas circunstancias condicionantes de la necesidad de dividir o no el juicio oral en sucesivos actos para los diferentes acusados.

Cabe argumentar, además, que existe apoyo para sostener la no obligación de declarar en la interpretación analógica del artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A tenor de este precepto "ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente y de una manera directa o importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de los parientes a que se refiere el artículo 416”. Si el perjuicio se deriva para sí mismo, como sucede en el caso que se examina, el fundamento de la no obligación de declarar resulta evidente. En este sentido conviene recordar que, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo 971/1998, de 27 de julio, el derecho de los acusados a no declarar contra sí mismos se extiende tanto al aspecto de su personal intervención en un hecho, como a la realidad del hecho mismo imputado. Este último aspecto parece difícil que no pueda verse afectado por las preguntas que se le formulen.

Por todo lo expuesto cabe concluir que el condenado que sea citado a prestar declaración en el juicio ulterior para los restantes acusados conserva los derechos que tuvo en la declaración que prestó en el juicio celebrado entonces para él.

Podrá negarse a declarar y, de otra parte, no incurrirá, aún cuando no se ajustara a la verdad, en el delito de falso testimonio.

La exigencia de juramento o promesa de decir la verdad conduciría a situaciones inaceptables. No cabe admitir la hipótesis de un condenado que resultara posteriormente acusado de falso testimonio por las declaraciones, negando los hechos objeto de condena, vertidas en el juicio celebrado posteriormente para los restantes partícipes".

Subir