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Inculpado

Inculpado

Proceso penal

I. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO

Es un término jurídico utilizable exclusivamente en materia sancionadora, bien sea, por la jurisdicción penal o por la administración disciplinaria. No obstante, el legislador, a través de la reforma operada por la LO 13/2015, de 5 de octubre, ha efectuado una revisión de los términos usados para identificar a los sujetos pasivos del proceso penal sustituyéndolos por la denominación de “investigado” o “encausado”. Entiende el legislador que términos como “imputado”, “procesado” o “inculpado” contienen connotación peyorativa que socialmente tiende a considerar que quien forma parte del proceso como imputado o inculpado posee un cierto grado de culpabilidad que, con el cambio de denominación, debería eliminarse. Sin perjuicio de ello, lo cierto es que la Lecrim. todavía contiene referencias a los términos que a continuación van a ser objeto de examen.

1. En el ámbito penal

No tiene una significación específica, porque es la denominación que genéricamente se ha venido aplicando a todo el que está implicado en un proceso penal como posible culpable.

Su carácter genérico le otorga una significación de amplio espectro que comprende al presunto culpable de un delito en cualquier fase del proceso penal.

No obstante, en el Juicio por delitos leves -anterior juicio de Faltas- no suele emplearse esa denominación por su propia simplicidad procedimental, que no precisa de una previa atribución formal de culpabilidad concentrando en el acto del juicio oral toda la actividad acusatoria. Por ello suele llamarse "denunciado" al sujeto pasivo del hecho, que no contiene una connotación culpabilística, al proceder esa denominación de un acto pre-procesal, como es la presentación de la denuncia.

No se le puede asimilar a ninguna otra de las varias denominaciones que se emplean para designar a los que se encuentran incursos en el proceso, al no ser equiparable a ellas, porque estas tienen un significado más preciso y designan al aparente culpable en cada una de las fases en que se divide el proceso penal, en función del grado de imputación que corresponda a cada una de ellas.

No existe completa sinonimia entre la expresión "inculpado" y las restantes que se aplican a los que tienen procesos en curso con la justicia penal.

Los otros vocablos que designan a esa misma persona en el proceso penal tienen un significado más preciso y lo identifican con una concreta posición en cada uno de los períodos en que va discurriendo el procedimiento. La utilización de cada uno suele coincidir temporalmente con el transcurso de la fase del proceso a que se asigna.

Así, "denunciado" que deriva de haberse presentado una denuncia contra una persona, sin que suponga, por sí sola, indicación de participación en el hecho, o, "querellado" que tiene el mismo significado, pero que procede de haberse formalizado la denuncia en forma de querella. Son expresiones carentes de significado inculpatorio, porque derivan de los actos que dan inicio al proceso, lo que no impide que se siga utilizando durante la fase de instrucción.

"Investigado o encausado" hace referencia a la situación de aquel a quien se atribuye la comisión de un delito en los inicios del proceso penal, en el que los indicios de participación en el hecho aparentemente delictivo apuntan hacia su persona, le atribuyen su comisión indiciariamente, de manera que las autoridades encargadas de investigarlo, ya sean policiales o judiciales, son quienes se lo atribuyen. Esa denominación, junta a la de “encausado”, se mantiene indistintamente durante toda la sustanciación del proceso, al menos, hasta que se abre el juicio oral y pasa a ser "acusado", por haberse formulado escrito de acusación contra él.

"Procesado", otra de las designaciones que se aplica al implicado en el juicio penal tiene un sentido más preciso, pues se aplica a aquel contra el que se dirige formalmente el proceso al haberse confirmado los indicios racionales de criminalidad que determinan que se haya dictado auto de procesamiento. Precisamente desde que se dicta ese auto se adquiere la condición de "procesado". Esa denominación se diferencia de la anterior en que no designa al implicado indefinido en el proceso, sino que designa al que ha adquirido un carácter especial que le otorga su naturaleza de "procesado". Otra diferencia característica de esta denominación es que remite hacia un procedimiento penal determinado, el ordinario, y a la fase de instrucción del mismo, el sumario, pues únicamente en esta clase y fase del procedimiento se puede dictar el auto de procesamiento y adquirir el imputado la condición de procesado. En este procedimiento de sumario ordinario, el "investigado" se convierte en "procesado" desde que se dicta el auto de procesamiento, adquiriendo un status de mayor garantismo de sus derechos.

Por último, el "acusado", otra de las denominaciones que se emplean para designar al presunto culpable en el curso del procedimiento, también tiene un significado específico, pues remite hacia la fase final del proceso, la preparatoria y de celebración del juicio oral, cuando las partes acusadoras han formulado sus escritos provisionales de acusación y han dirigido la acción penal contra una persona determinada, que, desde ese momento, pasa a ser "acusado". Hasta el momento en que se formula acusación, no se le llama con tal nombre.

No debe omitirse la referencia al "condenado" o "penado", que, como su propio nombre indica, se aplica a aquel que ha sido declarado culpable del delito en la sentencia y se le ha impuesto la condena correspondiente, adquiriendo la condición de "condenado" o "penado".

También se usan otras expresiones para designar al presunto autor del hecho punible, como es la de "reo", que aunque tiene un significado más generalizador que las anteriores, suele aplicarse a la situación del sujeto a que se refiere en la fase del juicio oral o de ejecución de sentencia, teniendo una mayor similitud con "acusado" o "penado", que con las restantes que se han mencionado anteriormente.

De todo este recorrido terminológico, se alcanza la conclusión de que el término analizado, "inculpado", tiene un sentido más generalizador que cualquiera de los otros y su significado abarca todas las fases del proceso y todas las situaciones en que puede encontrarse el implicado en el mismo, como posible autor del hecho delictivo, a lo largo de todo su transcurso.

Ese significado tan genérico puede haber influido en que haya caído en cierto desuso, siendo cada vez menos utilizado en el lenguaje jurídico del proceso penal, donde se sustituye por los demás términos que ofrecen un significado más concreto a cada fase y posición del implicado en el curso del proceso.

2. En el régimen disciplinario

Al contrario de lo que ocurre en el derecho penal, el sentido abierto del vocablo "inculpado" ha generalizado su uso en materia gubernativa, siendo el que usualmente se utiliza para designar al funcionario que está sometido a una investigación o expediente disciplinario. Es comprensible esa generalización, porque el implicado en el asunto como presunto responsable de la infracción administrativa no adquiere un status determinado, según el avance de la tramitación del expedientado, no contando la normativa administrativa con ningún término específico que designe a aquel de quien se predica su responsabilidad. Podría decirse que el vocablo "inculpado" encuentra similitud o igualdad con el de "expedientado", si bien este último que tiene el mismo significado, no es el que suele aplicarse.

Hay una diferencia sustancial entre ambas esferas, pues mientras en la administrativa o disciplinaria predomina el término genérico, en la penal, prevalecen las denominaciones específicas en detrimento de aquella denominación generalizadora y menos comprensiva de las condiciones específicas en que se encuentra el "inculpado" en las distintas fases o períodos del proceso.

II. COBERTURA LEGAL

La propia imprecisión del término se aprecia en el empleo del mismo por nuestras leyes penales, que lo aplican sin orden, ni concierto, en sustitución de cualquiera de los otros más concretos, como si se tratara de una denominación genérica semejante a cualquiera de ellos.

Y debido a esa ambigüedad técnica, las diferentes reformas de nuestras leyes procesales tienden a prescindir de su uso, utilizando en su lugar las expresiones más apropiadas para designar a aquel contra quien se dirige el proceso en cada uno de sus períodos, máxime cuando en la última reforma se tiende a dar una nueva nomenclatura a los términos “investigado” y “encausado”. Esta es la tendencia que se desprende claramente de las últimas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuyos artículos 503 y 504 LECrim, se prescinde de llamar "inculpado" al destinatario de la medida, sustituyendo esa denominación en los nuevos textos por otra más actualizada.

No obstante, son varios los preceptos legales que siguen hablando del "inculpado", aunque muestran la confusión entre los vocablos se manifiesta en diversos preceptos de la legislación.

En el artículo 218 LOPJ alude a "procesado o inculpado", equiparándolos como expresiones idénticas. En la misma confusión terminológica incurre el artículo 303 LOPJ.

Se ha eliminado la referencia que todavía se podía observar en el artículo 118 LEcrim. No obstante, parece existir una asimilación entre los vocablos "investigado" e "inculpado" que contiene el artículo 309 bis de la misma Ley. Sin embargo, el artículo 368 solo menciona al inculpado cuando trata de la identificación del delincuente. Vuelve a utilizar exclusivamente el vocablo "inculpado" para designar al sujeto pasivo del proceso, cuando establece las circunstancias precisas para acordar medidas cautelares de protección de la víctima de delitos de violencia doméstica o de género, en el artículo 544 bis. Y ese mismo sistema de univocidad generalizadora del término lo sigue en los artículos 707 y 789, incluidos en las normas que regulan el Procedimiento Abreviado; así como en el artículo 309 bis de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, en que no se produce la confrontación o identificación con los restantes términos similares de que se hace mención.

La misma tónica generalizadora que provoca el empleo de la expresión "inculpado" para designar de manera uniforme y casi exclusiva al sometido a un expediente disciplinario, se aprecia en la legislación gubernativa. La Ley Orgánica 4/87, 15 de julio de Competencia y Organización de la jurisdicción militar, usa dicha denominación habitualmente. Ese mismo criterio se mantiene en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el Reglamento de Régimen disciplinario de funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real decreto 33/1986, de 10 de enero.

La misma terminología utilizan las disposiciones disciplinarias de ámbito autonómico y municipal, así como la generalidad de las normativas reguladoras de las actividades profesionales asociativas (Colegios profesionales, Asociaciones de diverso fin...)

La utilidad que comporta el uso del término por su carácter omnicomprensivo, que abarca todo el espectro terminológico de denominaciones del presunto responsable de un hecho delictivo, ha dado lugar a que se emplee, casi con exclusividad, en la normativa reguladora del proceso en la gran mayoría de los países de habla hispana de Suramérica.

III. CONSECUENCIAS DE LA CONDICIÓN DE INCULPADO

Al tratarse de una denominación genérica, que comprende todos los vocablos que designan a aquel contra se dirige el proceso penal, todas las medidas y derechos que garantizan su posición en el procedimiento y su derecho de defensa le resultan aplicables. El efecto esencial de su nueva situación es la de estar amparado por el conjunto derechos y garantías que enumera el artículo 24 de la Constitución Española.

La primera consecuencia que produce en su persona es la obligación de quedar sometido a la disposición del Tribunal, el cual tiene la potestad de decidir sobre su situación personal, decretando su prisión provisional, siempre que concurran los requisitos legales para acordarla y medie petición de parte legítima, las acusadoras, o de dejarle en libertad, pudiendo imponerle restricciones o limitaciones de movimiento y desplazamiento para tenerlo controlado. Cualquiera que sea la situación en que quede, siempre deberá estar a disposición del procedimiento, con objeto de garantizar su presencia en el juicio.

En relación con su status personal de sometido a un proceso penal destaca el deber de los organismos públicos de garantizar el ejercicio de sus derechos, que se traduce en que se le dé conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de las circunstancias personales y objetivas concurrentes en los mismos.

Corolario de este, que se le garantice su derecho fundamental de defensa, permitiéndole proveerse de Abogado de su elección, o, en su defecto, que se le nombre de oficio, para que le asista en todas las actuaciones que precisen su presencia personal y ostente su defensa a lo largo del procedimiento y se le permita la proposición de las diligencias exculpatorias que considere conveniente.

Y llegado el punto culminante del proceso, el juicio oral, que su celebración se acomode a los principios rectores del mismo, con exquisito respeto de la publicidad, contradicción, inmediación y oralidad, sin detrimento u obstaculización del derecho de defensa.

De orden secundario, que se le comuniquen todas las incidencias y transformaciones que ocurran en el procedimiento y, especialmente, que la tramitación de la causa respete las normas procesales y le permita intervenir en aquellas diligencias que sea procedente, a fin de evitar causarle indefensión por postergación de sus derechos. El respeto a su derecho de defensa es fundamental para que pueda plantear su inocencia con los medios probatorios que considere oportunos, pues si viera vulnerado ese derecho fundamental podría instar la declaración de nulidad de las actuaciones por haberle causado indefensión.

Los derechos que le concede la ley por su condición de inculpado merecen todo el respeto de los operadores jurídicos, porque en tanto ostente esa condición, está amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia.

IV. CUÁNDO SE ADQUIERE LA CONDICIÓN DE INCULPADO

Desde el momento en que se dirige el procedimiento contra alguien determinado, se convierte en inculpado.

La apertura de las actuaciones, sean de naturaleza penal o de índole administrativo, en todo caso, de carácter sancionador, determina que la persona que figura en ellas como posible o aparente responsable de la infracción, que se va ver sometida a la investigación correspondiente sobre la existencia del hecho punible y su participación en el mismo, adquiere una condición especial como sujeto pasivo de las diligencias que recibe la denominación genérica de "inculpado".

Desde que la Ley Orgánica 5/2010 ha adicionado un específico régimen de responsabilidad penal directa de las personas jurídicas es posible que éstas participen de la condición de inculpado en el proceso penal, no obstante lo cual la Ley 37/2011, de 10 de octubre, ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adicionar un específico régimen en virtud del cual se disciplina la intervención de la persona jurídica en el proceso por medio de sus representantes.

Así, entre otros el artículo 409 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducido ex novo por la Ley 37/2011 señala ahora que:

"Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, se tomará declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización. A dicha declaración le será de aplicación lo dispuesto en los preceptos del presente Capítulo en lo que no sea incompatible con su especial naturaleza, incluidos los derechos a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a no confesarse culpable.

No obstante, la incomparecencia de la persona especialmente designada por la persona jurídica para su representación determinará que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar".

V. EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN DE INCULPADO

Esa condición derivada de su sometimiento al proceso sancionador puede cesar por dos circunstancias diferenciadas:

  • a) Porque se termine el procedimiento sin encontrar responsabilidad en la conducta del inculpado y se decrete su sobreseimiento, supuesto en que desaparece definitivamente la designación de inculpado.
  • b) Si se dicta resolución condenatoria se produce una extinción terminológica de esa denominación, pero no de su sometimiento y dependencia del proceso, porque adquiere la condición de "penado", "condenado", "expedientado" o "sancionado", que, si bien expresan la especial consecuencia del resultado contrario del procedimiento, no excluyen el mantenimiento de aquella designación de "inculpado", más genérica y comprensiva que estas otras, que tienen un sentido más particularista, aunque no sea frecuente denominar de ese modo al que ya ha sido encontrado culpable de la infracción.
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