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Inspección ocular

Inspección ocular

Proceso penal

I. CONCEPTO

Es una diligencia probatoria de la instrucción sumarial en la que el Órgano judicial por sí mismo y sin intervención de intermediarios percibe por medio de sus sentidos (principal, pero no exclusivamente la vista) algún objeto que tiene interés dentro de la misma -escena del crimen, armas utilizadas en el mismo, ropas dejadas por su presunto autor, etc.-, general pero no exclusivamente desplazándose fuera de su sede a donde se encuentra, para consignar los extremos relevantes que aprecie sobre cómo se han producido los hechos, quién pueda ser su autor, y las circunstancias de relieve asociadas a estos.

Se trata por tanto de un examen o comprobación que realiza el Juez -instructor o fallador, según los casos- usando sus propias percepciones sensoriales -singular, pero no exclusivamente la vista- directamente, de la persona, objetos o lugares que puedan servir para descubrir extremos relevantes sobre el hecho o el autor de una determinada infracción criminal.

II. SOBRE SU DENOMINACIÓN

Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal la llame "inspección ocular", ya decimos que no sólo bascula sobre la información relevante para la causa que se aprecie a través del sentido de la vista, ya que igualmente vale la que aporten otros sentidos.

Por eso quizás hubiera sido mejor la denominación de "reconocimiento judicial", que es la que con mejor técnica usa la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 353 y siguientes, es decir, consignación en Acta al dictado del Juez de lo que aprecie en un desplazamiento exterior a su sede en una descripción de características físicas que dependan de su percepción sensorial.

III. CARACTERÍSTICAS

  • a) La realiza el Juez instructor, es decir, Órgano judicial neutro respecto de las partes, por lo que con ser diligencia probatoria subjetiva, lo es directa, ya que no se realiza a través de la labor de tercera persona, y en ese sentido queda "descontaminada" de las subjetividades de quienes realizan otras diligencias instructorias.

    Esa es la razón por la que el Juez, al estar el Acta de la inspección autorizada por la fe pública del Secretario judicial, no debe comparecer a la vista oral a ratificarla o explicarla, bastando como prueba autónoma que es, a diferencia de otras diligencias instructorias parecidas, como la inspección ocular practicada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que exigen de su ratificación en el acto del juicio oral, para ser validadas como prueba.

    No obstante el artículo 727 Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la Sala falladora por sí misma realizar la inspección ocular de lo que todavía permanezca inalterable (por ejemplo: lugar donde ocurrió el delito) si importara, constituyéndose fuera de su sede, para afirmar la convicción de extremos importantes para la resolución del asunto.

    En este supuesto, además de tratarse de prueba de directa percepción, tendría la valoración que a la libre apreciación de la misma asociaran los Magistrados que la practiquen, conforme permite el artículo 741 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

    En ella, así como en la hecha por el Órgano unipersonal instructor, las partes podrán hacer notar las consideraciones y observaciones que a su posición procesal y derecho convengan, debiendo consignarlas en acta, al igual que las incidencias que se produzcan durante su desarrollo.

  • b) Al ser distinto el Juez inspector-instructor de quienes en la fase de juicio oral formarán Sala y dictarán sentencia, por lo que para ayudar a la convicción de juzgadores distintos no perceptores directos, deberá documentarse con el mayor de los detalles, y en la actualidad apoyarse en las nuevas tecnologías que dejen constancia física de los extremos relevantes que aporta la inspección sensorial (fotografías, grabaciones, filmaciones, reproducciones, etc.) y ello sin olvidar la consignación de las observaciones que las partes quieran hacer constar, como método de propiciar, en su caso, algún grado de contradicción.
  • c) Sin embargo, entendemos que se trata de una auténtica prueba, de naturaleza distinta de otras como la documental o la pericial, pues aunque documentada en Acta autorizada por Secretario judicial, y hecha por el máximo experto en materia procesal penal, lo que hace no es indicar máximas científicas de experiencia, sino consignar percepciones sensoriales relevantes para la aclaración de extremos fácticos convenientes al proceso.

    Y esa es la razón por la que, insistimos, tiene una valoración probatoria autónoma per se, distinta de la que resalten otras pruebas practicadas en el mismo proceso.

  • d) Es, junto con la diligencia del cuerpo del delito, una diligencia preferente, por indicación legal, que se practicará con prioridad respecto al resto de las demás del Sumario, ante el riesgo de su desaparición, y por ello, el artículo 266 Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que no se suspenderá su ejecución "sino para asegurar la persona del presunto culpable o para dar el auxilio necesario a los agraviados por el delito".
  • e) Debe practicarse cuanto más cerca posible al momento de comisión de los hechos, con el objeto de no hallar modificaciones circunstanciales a lo que debió presentar el momento de la causación del delito.
  • f) Es una prueba personalísima y por lo tanto sólo ejecutable por el Juez, por lo que deviene indelegable en tercera persona -que, de hacerse, convierte la inspección judicial en mera prueba testifical- .
  • g) La práctica de la inspección judicial puede combinarse con la realización de otras diligencias que la refuercen, como puede ser la pericial, para que el Juez se vea auxiliado de expertos en el caso de que de lo contrario no pudiera apercibirse de conocimientos de circunstancias de importancia para el asunto, o incluso la testifical, pues la ley permite que no se ausenten del lugar las personas que en él se hubieran hallado, e incluso la obligación de que comparezcan inmediatamente las que se encontraren en cualquier otro sitio próximo, con el objeto de tomarles declaración.

En este punto hay que marcar las diferencias entre la inspección ocular efectuada por los agentes policiales en fase prejudicial y la llevada a cabo durante el sumario.

Lo aclara la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo Penal de 10 de octubre de 2005, rec. 2295/2004, al señalar que:

«Hemos de distinguir entre las diligencias policiales como actos de investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y su autoría, para cuya efectividad la Policía Judicial está facultada para la recogida de efectos, instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración, y la inspección ocular llevada a cabo durante la instrucción sumarial y que debe ser realizada por el Juez de instrucción, inspección ocular judicial que no puede confundirse ni asimilarse con las diligencias de investigación llevadas a cabo por técnicos de la Policía Judicial. Por ello, a diferencia de la inspección ocular que pueden realizar los funcionarios de la policía judicial al amparo de lo dispuesto en los artículos 282 Ley de Enjuiciamiento Criminal y 28 Real Decreto 769/1987, que son solo actos de investigación y no de prueba (Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2001), el reconocimiento judicial efectuado por el Juez de instrucción constituye un acto de prueba preconstituida (Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2001), que es susceptible de ser introducida en el juicio oral a través de la lectura sanadora del artículo 730 Ley Enjuiciamiento Criminal. En definitiva aquellas medidas de investigación, carecen en sí mismas de valor probatorio alguno, aún cuando se reflejan documentalmente en un atestado policial, por lo que los elementos probatorios que de ellos pudiesen derivarse deben incorporarse al juicio oral mediante un medio probatorio aceptable en derecho: por ejemplo la declaración testifical de los agentes intervinientes debidamente practicada en el juicio con las garantías de la contradicción y la inmediación (Sentencias del Tribunal Supremo 64/2000, 756/2000, Sentencia del Tribunal Constitucional 303/1993), bien entendido que en cuanto al carácter de prueba documental del atestado, cabe precisar que el atestado, con independencia de su consideración material de documento, no tiene por regla general, el carácter de prueba documental, pues incluso en los supuestos en que los agentes policiales que intervinieron en el mismo presten su declaración en el juicio oral, sus declaraciones tienen la consideración de prueba testifical (Sentencia del Tribunal Constitucional 217/1989). Solo en los casos en los que el atestado contenga datos objetivos y verificables como pueden ser croquis, planos, huellas, fotografías, etc. el atestado policial puede tener la consideración de prueba documental siempre y cuando se incorpore al proceso respetando en lo posible, los principios de inmediación, oralidad y contradicción (Sentencia del Tribunal Constitucional 173/1997 de 14 de octubre).»

Para aclarar las diferencias existentes, señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 30 de mayo de 2000, rec. 3346/1998 que:

"Con cierta frecuencia empieza a cuestionarse la diligencia de inspección ocular efectuada por la policía a pretexto de no estar presente la autoridad judicial. En tal planteamiento olvida el artículo 282 de la LECrim que autoriza expresamente a la policía judicial a "... recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito...". Se trata de unas actuaciones efectuadas por la propia policía judicial anteriores a la investigación judicial en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene atribuidas y que tiene por finalidad la obtención de las fuentes de pruebas con evidente riesgo de desaparición, como ocurre con la recogida de huellas. Esta diligencia puede ser judicializada a través de la presencia de los miembros actuantes en el Plenario, con lo que tal diligencia queda debidamente incorporada al mismo y sometida a los principios de publicidad y contradicción. En el mismo sentido puede citarse el artículo 28 del Real Decreto 769/1987, regulador de la Policía Judicial.

Cuestión distinta es que la autoridad judicial, una vez se encuentre al frente de la investigación acuerde, de conformidad con el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una diligencia de inspección ocular. En tal sentido Sentencia del Tribunal Supremo 112/2000, de 26 de enero."

IV. OBJETO

No recae sólo sobre inmuebles o lugares, sino que al poder serlo sobre cualquier elemento que importe convicción sobre los hechos o autor delictivos, también puede la inspección recaer sobre muebles (armas, documentos, etc.) cosas, objetos, o incluso personas, cuyas características físicas y rasgos exteriores, por ejemplo, pueden ayudar mucho al reconocimiento de la autoría de un delito.

Tampoco se excluyen de la práctica de la diligencia que analizamos las personas muertas o los animales, y por supuesto los objetos inanimados que aporten elementos de convicción que tengan relación con la causa investigada -los cuerpos, o rastros dejados por el delito, y los instrumentos del delito, es decir, los medios materiales empleados por el delincuente para realizar su acción-.

Además la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula específicamente distintos tipos particulares de inspecciones judiciales:

V. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE

Los recogidos en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el Órgano judicial lo considere útil y conveniente.

Cuando la petición de parte se hace al Tribunal fallador, debe solicitarse en el escrito de conclusiones provisionales, y su práctica podrá hacerse tanto antes como después del inicio de las sesiones de la vista oral, lo que provocaría la suspensión del juicio conforme a lo dispuesto en el artículo 746.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Según la regulación legal, cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el juez de Instrucción o quien haga sus veces -generalmente la policía a prevención- los recogerá y conservará para el juicio oral si fuere posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que tenga relación con la existencia y naturaleza del hecho.

A este fin debe hacer consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio u estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones, y todos los demás detalles que pudieran utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa.

Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía judicial o médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia o examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando lo hace la policía sin presencia judicial.

Cuando fuere conveniente para mayor claridad o comprobación de los hechos, se levantará el plano del lugar suficientemente detallado, o se hará el retrato de las personas que hubiesen sido objeto del delito, o la copia o diseño de los efectos o instrumentos del mismo que se hubiesen hallado.

Si se tratare de un robo o cualquier otro delito cometido con fractura, escalamiento o violencia, el Juez Instructor -o Policía judicial- deberá describir los vestigios que haya dejado, y consultará el parecer de peritos sobre la manera, instrumentos, medios o tiempo de la ejecución del delito.

Para que sea efectivo todo lo anterior, como señalamos más arriba, podrá el Juez de Instrucción acordar que no se ausenten durante la diligencia de descripción las personas que hubiesen sido halladas en el lugar del delito. Y que comparezcan, además inmediatamente las que se encontraren en cualquier otro sitio próximo, recibiendo a todas separadamente, la oportuna declaración.

Cuando no hayan quedado huellas o vestigios del delito que hubiese dado ocasión al Sumario, el Juez Instructor averiguará y hará constar, siendo posible, si la desaparición de las pruebas materiales ha ocurrido natural, casual o intencionalmente, y las causas de la misma o los medios que para ello se hubiesen empleado, procediendo seguidamente a recoger y consignar en el Sumario las pruebas de cualquier clase que se puedan adquirir acerca de la perpetración del delito.

Cuando el delito fuere de los que no dejan huellas de su perpetración, el Juez Instructor procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación la ejecución del delito y sus circunstancias, así como la preexistencia de la cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma.

VI. MODO DE PRACTICARLA

Las diligencias de la inspección ocular se extenderán por escrito en el acto mismo de su práctica, y serán firmadas por el Juez instructor, el Fiscal si asistiere al acto, el Secretario y las personas que se hallaren presentes.

Cuando al practicarse la inspección ocular hubiese alguna persona declarada ya procesada como presunta autora del hecho punible, podrá presenciarlas, ya sola, ya asistida del defensor que eligiese o le fuese nombrado de oficio si así lo solicitara.

Uno y otro podrán hacer en el acto las observaciones que estimen pertinentes, las cuales se consignarán por diligencia si no fuesen aceptadas.

Al efecto se pondrá en conocimiento del procesado el acuerdo relativo a la práctica de la diligencia con la anticipación que permita su índole y no se suspenderá por la falta de comparecencia del procesado o de su defensor.

El mismo derecho asiste a quien -sin estar procesado todavía- se hallase privado de libertad en razón de estas diligencias.

Y por extensión, por tanto, también a todo imputado al que el resultado de la inspección ocular, o sus observaciones in situ, pudiera interesar el ejercicio de su derecho de defensa.

Lo importante, pese a la literalidad de los preceptos es que se pueda ejercer la defensa por parte del interesado, por parte de su representante jurídico o por ambos, ya que nos hallamos como decimos ante una prueba autónoma que pasará al juicio oral directamente y que entonces tendrá mayor difícil contradicción. Por ello se prefiere la que pueda hacerse en el acto, que razones de orden público pueden reducir.

Por ello, si existen motivos de seguridad que desaconsejen la presencia del implicado, se deberá por parte judicial reforzar los mecanismos que potencien las posibilidades de defensa y contradicción -por ejemplo, interesando además de la presencia de defensor, la grabación de la práctica de la diligencia-.

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