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Exhibición de libros

Exhibición de libros

Proceso civil

La Ley de Enjuiciamiento Civil y dentro del apartado referente a la prueba documental en el proceso y, concretamente, a la prueba de documentos privados, hace mención en el artículo 327 a la prueba denominada de exhibición de libros de comercio. Bajo la denominación de "libros de los comerciantes" el mencionado precepto indica que, cuando hayan de utilizarse como medio de prueba los libros de los comerciantes, se estará a lo dispuesto en las Leyes mercantiles, y de manera motivada y con carácter excepcional, el Tribunal podrá reclamar que se presenten ante él los libros o su soporte informático, siempre que se especifiquen los asientos que deben ser examinados. En este sentido el precepto invocado, en primer lugar, hace referencia a una remisión a las Leyes mercantiles, debiendo remitirnos, por tanto, al contenido del Código de Comercio donde se regulan los libros de los comerciantes.

El artículo 25 del Código de Comercio establece que todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios, añadiendo el párrafo segundo de dicho precepto que llevará, necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o disposiciones especiales, un libro de inventarios y cuentas anuales y otro diario. A su vez, las sociedades mercantiles, según el artículo 26 del citado Código de Comercio, deberán llevar también un libro o libros de actas, en los que deben hacer constar los acuerdos tomados por las juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad. El artículo 31 del Código de Comercio establece que el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho y, el artículo 33 del Código de Comercio, establece que el reconocimiento de dichos libros, ya sea general o particular, debe hacerse siempre en el establecimiento del empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos.

En este sentido el artículo 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con una terminología quizás más limitada que la que podemos encontrar en el Código de Comercio (en éste se habla de empresario, concepto más amplio que el de comerciante), establece una excepción a este principio general de examen de los libros y documentos en el establecimiento empresarial, fijando la posibilidad de que, si bien con carácter excepcional, el Tribunal pueda reclamar que se presenten ante él los libros o su soporte informático, debiendo siempre especificarse los asientos que deban ser examinados. Por tanto, desde el momento en que la Ley de Enjuiciamiento Civil remite la prueba de libros del comerciante a la legislación mercantil, la primera conclusión que debe extraerse no es otra sino que el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables debe ser apreciado por los Tribunales de acuerdo con las reglas generales del Derecho, pues ello es el principio establecido, como queda expuesto, en el artículo 31 del Código de Comercio.

Además, los libros de comercio tienen garantía de autenticidad, toda vez que el artículo 27 del Código de Comercio exige la presentación de aquellos que obligatoriamente se deben llevar, en el Registro Mercantil del lugar donde tuvieren su domicilio, a fin de que antes de su utilización se ponga en el primer folio de cada uno diligencia de los que tuviere el libro y, en todas las hojas de cada libro, el sello del Registro.

Habida cuenta que la contabilidad de los empresarios es secreta, la exhibición o presentación de los libros sólo podrá adoptarse en alguno de los siguientes casos:

  • 1. En los procesos concursales.
  • 2. En los expedientes laborales de regulación de empleo.
  • 3. Cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores, tengan derecho a su examen directo (artículo 32.2 del Código de Comercio)

Esta regla general tiene su excepción en el número 3 del propio precepto, en cuanto que se establece que fuera de estos casos podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios, a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición, pero siempre deberá limitarse el reconocimiento a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.

Hay que añadir que en el caso de que un particular se niegue a exhibir los libros una vez haya sido requerido por el juez se le podrán imponer multas. Y así, el artículo 591 Ley de Enjuiciamiento Civil lleva por rúbrica Deber de colaboración y en él se recoge la obligación de colaboración de “terceros” con los requerimientos que le haga el órgano judicial para el buen éxito de la ejecución. Y así señala que:

“1. Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar su colaboración en las actuaciones de ejecución y a entregar al Secretario judicial encargado de la ejecución o al procurador del ejecutante, cuando así lo solicite su representado y a su costa, cuantos documentos y datos tengan en su poder, y cuya entrega haya sido acordada por el Secretario judicial, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes. Cuando dichas personas o entidades alegaran razones legales o de respeto a los derechos fundamentales para no realizar la entrega dejando sin atender la colaboración que les hubiera sido requerida, el Secretario judicial dará cuenta al Tribunal para que éste acuerde lo procedente.”

Vemos que este es el pronunciamiento obligacional que debe llevar a cabo cualquier persona y/o entidad pública o privada para facilitar al órgano judicial cualquier información que pueda resultar de interés para facilitar la vía ejecutiva. Y es para el caso de que los “terceros” personas físicas o jurídicas, no cumplan, cuando se aplica el apartado 2º de este artículo que señala que:

“2. El Tribunal, previa audiencia de los interesados, podrá, en pieza separada, acordar la imposición de multas coercitivas periódicas a las personas y entidades que no presten la colaboración que el Tribunal les haya requerido con arreglo al apartado anterior. En la aplicación de estos apremios, el Tribunal tendrá en cuenta los criterios previstos en el apartado 3 del artículo 589.”

Con respecto a la exhibición de libros de sentencias y la competencia para acordar o denegar el acceso a los mismos y su exhibición resulta interesante destacar la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 4 de junio de 2012, rec. 7/2012 en cuanto a la determinación del órgano competente para resolver sobre la solicitud de acceso a los Libros de Sentencia, acordando que corresponde al secretario judicial y no al juez acordar la exhibición, independientemente de que contra la resolución que dicte el secretario quepa recurso directo de revisión ante el juez. Por ello apunta que:

“El artículo 2 del Acuerdo de 15 de septiembre de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales dispone que «1. Los interesados tendrán acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la Ley, de conformidad con lo establecido en el art. 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Tendrán carácter reservado las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, principios y valores constitucionales».

El Artículo 3 del citado Reglamento añade que «1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los interesados podrán acceder al texto de las sentencias, una vez extendidas y firmadas por el Juez o por todos los Magistrados que las hubieran dictado, depositadas en la Oficina judicial y registradas en los sistemas informáticos. 2. No obstante, se podrá restringir el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas, cuando el mismo pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas dignos de especial tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, y, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes».

Y el lo que aquí interesa el artículo 4 concluye afirmando que «1. Corresponde a los Secretarios de la Oficina judicial facilitar a los interesados el acceso a los documentos judiciales a que se refieren los dos artículos anteriores. 2. Quienes estén interesados en acceder a los documentos a que hacen referencia los dos artículos anteriores, presentarán la solicitud por escrito en la Secretaría del órgano judicial, precisando el documento o documentos cuyo conocimiento se solicita y exponiendo la causa que justifica su interés. La solicitud será resuelta en el plazo de dos días mediante acuerdo del Secretario de la unidad de la Oficina judicial en que se encuentre la documentación interesada, quien deberá valorar si el solicitante justifica su interés, la existencia de derechos fundamentales en juego, y la necesidad de tratar los documentos a exhibir o de omitir datos de carácter personal en los testimonios o certificaciones a expedir, en caso de que el solicitante no justifique un interés personal y directo, de manera que se salvaguarde el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de los afectados por la resolución judicial. Si accediere a lo solicitado expedirá el testimonio o la certificación que proceda o exhibirá la documentación de que se trate, previo tratamiento de datos de carácter personal, en su caso. 3. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes de procedimiento, el acuerdo denegatorio del Secretario judicial será revisable por el Juez o Presidente a petición del interesado, que lo deberá solicitar en el plazo de tres días desde la correspondiente notificación. Si, transcurridos dos días desde la solicitud, no hubiere recaído acuerdo expreso del Secretario, ni se hubiere expedido el testimonio o certificación solicitados, ni realizada tampoco la exhibición de que se trate, se entenderá que la petición ha sido denegada y, en su consecuencia, el interesado podrá ejercitar ante el Juez o Presidente el derecho de revisión mencionado anteriormente. Contra el acuerdo del Juez o Presidente se podrán interponer los recursos establecidos en el Reglamento número 1/2000, de 26 de julio, de los órganos de Gobierno de Tribunales. 4. Respecto del acceso a las actuaciones judiciales de las que se desprendan datos con trascendencia tributaria, se estará además a lo establecido en el art. 94.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria».

No cabe duda que la denegación de acceso al Libro de Sentencia fue dictada por órgano manifiestamente incompetente, el Magistrado, pues la decisión viene atribuida al Secretario Judicial, causa de nulidad de pleno derecho, contemplada en el artículo 62.1,b) de la Ley 30/1992 (la cita debe entenderse hecha al artículo 47.1,b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).

No podemos compartir el criterio de la resolución recurrida, que entendió que en todo caso como el Magistrado era competente para resolver el recurso sobre el acuerdo denegatorio que, en su caso, dictara el Secretario Judicial, y en aras al principio de celeridad y ahorro de trámites, procedía desestimar tal causa de nulidad, pues dicho criterio se opone a lo previsto en el artículo 12 de la Ley 30/1992 (la cita debe entenderse hecha al artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), que establece que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por el órgano administrativo que la tenga atribuida como propia.

Todo lo anterior conduce a la estimación parcial del recurso, anulando los Acuerdo del Pleno del CGPJ y del Magistrado de lo Mercantil n.º 2, ordenando retrotraer las actuaciones para que se resuelva por el órgano competente, el Secretario Judicial, de dicho órgano judicial. La estimación del recurso con base en la incompetencia del Juez de lo Mercantil n.º 2 de Valencia, que dictó el acuerdo recurrido en alzada ante el CGPJ, no permite, sin embargo, acceder a la petición del suplico de demanda de que se reconozca al demandante el derecho a la exhibición del libro de sentencias, cuestión de fondo que deberá ser decidida por el órgano competente al respecto, debiéndose por tanto desestimar en este punto la demanda.”

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