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Delitos contra el estado civil de las...

Delitos contra el estado civil de las personas

Parte especial

I. INTRODUCCIÓN

La Constitución incluye la protección de la familia en su artículo 39, dentro de los "principios rectores de la política social y económica", tras haber reconocido el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, en el artículo 32 CE.

La familia, pues, considerada como la institución social más antigua, construida sobre el matrimonio o fórmula similar, es una entidad natural, con una fuerte impronta cultural, y aun religiosa, considerada la "célula básica de la sociedad", por la Declaración Universal de los Derechos Humanaos, que genera un amplio conjunto de derechos-deberes, artículo 39 de la Constitución Española.

A este respecto, el Derecho de familia, como conjunto de normas y principios que regulan la institución matrimonial, y e particular el matrimonio, por mucho que pueda hablarse de un "polimorfismo familiar" y de sus evidentes cambios, es esencial a la hora de configurar la noción de "estado civil" de las personas. Y es que, desaparecida la dualidad libre-esclavo, las situaciones básicas sobre las que pivota la noción de "estado civil" son la de pertenencia a una familia y a una comunidad territorial, de un modo u otro.

Así las cosas, podemos definir el "estado civil" de las personas como la posición de una persona en una comunidad, derivada de los vínculos más íntimos que comparte con otros, la cual genera un status propio del que derivan un conjunto de derechos-deberes.

Puede así hablarse de soltero, casado, viudo, divorciado por un lado, y de nacional, extranjero por otro. Y lo mismo, de mayor o menor de edad, capaz o incapaz, hijo matrimonial o no matrimonial, biológico o adoptivo. Pero, en todo caso, representa lo que las Partidas llamaban "el modo o manera en que los hombres están".

En cuanto a sus caracteres, el estado civil : a) configura una determinada personalidad, b) supone un haz de derechos-deberes, c) tiene naturaleza pública, en cuanto no cabe su enajenación, transacción o negociación por estar excluido de la libre disponibilidad de las interesados, d) a pesar de sus diferencias, el estado civil no puede servir para discriminar ciudadanos, por impedirlo el principio de igualdad, e) tiene vocación de publicidad, por sus efectos "erga omnes" (frente a todos), lo cual se traduce en que debe inscribirse en el Registro Civil su constitución, modificación y extinción, para que pueda ser conocido por todos y f) el Estado vela, incluso con un carácter tuitivo, por los más indefensos como hijos menores o incapaces, a través del Ministerio Público, presente en todas las actuaciones y procedimientos atinentes a los mismos.

De ahí la importancia que el atribuye el Derecho a esta situación, pues de la misma, nacen derechos y deberes, de alcance distinto pero cuyo conocimiento y publicidad, resultan esenciales a la hora de determinar el elemento "población", uno de los tres que componen -con el territorio y la organización jurídica- el concepto de Estado.

Por eso, se regula el modo de adquirir el estado civil, los cambios y extinción del mismo, la necesidad de su inscripción en un Registro Civil y, dado el carácter público de la cuestión, el interés del Estado en velar por el mismo, aunque no dependa de él, sino de las propias personas individuales, su constitución y dinámica.

Todo lo indicado, explica su protección constitucional, en modo de mandato a los poderes públicos para que lo tutelen, incluso por la vía penal, dada su incontestable importancia para una sociedad transparente y bien organizada.

II. FUNDAMENTO

La punición penal de los ataques a la institución familiar, en cuanto a sus consecuencias para el estado civil, es materia de suficiente entidad, dado el interés del Estado, y en consecuencia de la sociedad, a la libertad y veracidad, de la misma, para justificar que se sancionen determinadas conductas que lo atacan frontalmente.

En efecto, la necesidad de proteger un tráfico jurídico fiable, que proporcione la necesaria seguridad jurídica a las relaciones personales, económicas y de toda índole, justifican sobradamente que la regulación del estado civil de las personas, materia propia del Derecho Civil regulada por el Código Civil, la Ley de Protección Jurídica del Menor, la Ley del Registro Civil y su Reglamento, se vea reforzada mediante el instrumento penal.

III. BIEN JURÍDICO

Las relaciones familiares, en cuanto a las consecuencias que genera la filiación o el matrimonio, estableciendo el estado civil de las personas, y los derechos-deberes que nacen del mismo. Dichas relaciones tienen naturaleza pública, dado el interés del estado en asegurar el orden jurídico-matrimonial y las consecuencias que, para el estado civil, tiene el mismo.

IV. REGULACIÓN

Los delitos contra el estado civil de las personas, se hallan contenidos en el Libro II del Código Penal, dentro del Título XII que trata de los "Delitos contra las relaciones familiares" y en el Capítulo IV del Título XVIII, "De las falsedades", en un capítulo que consta de un único artículo, el 401 del Código Penal y que se titula precisamente "De la usurpación del estado civil".

Se regulan, en concreto, los delitos de matrimonios ilegales (artículos 217 a 219 del Código Penal ), el delito de simulación de parto, (número 1 del artículo 220 del Código Penal ), los delitos de alteración de la paternidad, estado o condición del menor, en los artículos 220, 221 y 222 del Código Penal y, finalmente, el delito de usurpación de estado civil en el artículo 401 del Código Penal.

V. CONDUCTAS DELICTIVAS

Los delitos que pueden cometerse contra el estado civil de las personas, recogidos en el Código Penal español, pueden desglosarse en las siguientes conductas:

1. Bigamia

Se castiga con pena de seis meses a un año de prisión a quien contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior. Requiere dolo, por lo que no se comete este delito si el segundo enlace es por imprudencia o error, creyendo disuelto el anterior. La razón del castigo es la existencia del impedimento de de ligamen, que establece el Código Civil para casarse válidamente. La jurisprudencia ha llegado a reconocer daños morales al primer cónyuge, por la aflicción que supone ese nuevo e ilegal enlace.

2. Celebración de matrimonio inválido

Sanciona este tipo delictivo, con pena de seis meses a dos años, a quien "para perjudicar al otro contrayente", celebrare matrimonio inválido. Se trata de matrimonios inválidos porque no se podían celebrar, así porque en quien concurre un impedimento, no dispensable, lo oculta y contrae matrimonio. Son impedimentos indispensables, ser menor de catorce años o tener parentesco en línea recta con el otro cónyuge.

3. Autorización de matrimonio ilegal

Castiga este delito a la autoridad -civil o religiosa-competente para autorizar un matrimonio en el que concurra alguna causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente. La pena igual que la de la celebración de matrimonio inválido, conlleva, además inhabilitación de la autoridad para empleo o cargo público, por tiempo de dos a seis años. Naturalmente, si se omite el expediente, estaremos ante un matrimonio nulo.

4. Suposición de parto

También se sanciona con pena de seis meses a dos años, fingir la existencia de un nacimiento de un niño o presentar un niño ajeno como propio, a fin, en ambos casos, de simular una paternidad o maternidad inexistente. Es evidente que con la conducta indicada, se atenta al derecho de toda persona, a su verdadera filiación.

5. Ocultación o entrega de hijo a terceros

Igual pena se impone a quien "ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación". Se castiga tanto la entrega física como la omisión de información para, en ambos casos, tratar de alterar la verdadera filiación del niño.

6. Sustitución de un niño por otro

Conducta que merece una pena de uno a cinco años de prisión, porque afecta a dos niños y familias, ya que supone intercambiar vínculos tan importantes como el paterno-filial. Además se sanciona, de modo separado el que el hecho lo cometan sus ascendientes (padres o abuelos), llevando aparejada la pérdida de a patria potestad hasta por diez años; y la sustitución en un centro sanitario -por una enfermera, por ejemplo- por imprudencia grave, lo cual determina una pena inferior, de seis meses a un año.

Por otro lado, si el autor de cualquiera de las conductas descritas en los apartados E) y F), fuera educador, facultativo, autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones, incurrirán, además en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a seis años.

7. Usurpación de estado civil

Dentro de las falsedades personales, es decir, las que recaen no sobre objetos -así, una falsedad documental- se regula la "usurpación de estado civil", expresión que la jurisprudencia ha interpretado como suplantar la identidad de otra persona. No basta hacerse pasar por otra persona, para una cuestión concreta (presentarse a un examen, a un juicio, etc), se exige una situación de cierta duración o permanencia, que induzca a confusión en cuanto una persona adopta el estatus de otra (nombre, estado civil, profesión, nacionalidad etc) presentándose como quien no es. Se afecta a la confianza de la sociedad y además, a una persona determinada, viva o muerta, por quien se hace pasar el autor. En cambio no sería delictivo el fingir poseer otra personalidad que no afecte a nadie en concreto, pues no habría "usurpación", ya que ésta implica desposeer a alguien de las cualidades personales que configuran su estado civil.

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