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Delitos contra los derechos de los tr...

Delitos contra los derechos de los trabajadores

defraudacion ss y delitos contra los derechos de los trabajadores

I. CONCEPTO, BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y ELEMENTOS GENERALES

1. Concepto y bien jurídico protegido

El Título XV del Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, con el nombre "De los delitos contra los derechos de los trabajadores", artículos 311 a318 del CP, regula una serie de conductas que forman parte del llamado Derecho Penal del Trabajo, un sector del Derecho Penal que pretende que las más intolerables agresiones a los derechos de los trabajadores, tengan un tratamiento punitivo. Se abre camino así a lo que la jurisprudencia denomina delitos de explotación, sociales, o laborales. Se trata, en suma, de proteger y reforzar los derechos del trabajador reconocidos tanto en las leyes generales, empezando con los artículos 1, 7, 14, 28 y 35 de la Constitución, como en las normas particulares como es el contrato de trabajo. En definitiva, se trata de proteger por un lado el interés del Estado a que se respeten las condiciones mínimas de vida profesional de los trabajadores, y por otro lado también se protege, y fundamentalmente, los derechos individuales del ciudadano derivados de su condición de trabajador. Bienes como la tutela de la libertad en el trabajo, la estabilidad en el empleo, el mercado legal de mano de obra, la igualdad en las relaciones laborales, la libertad sindical y el derecho de huelga y la salud o integridad física de los trabajadores pretenden ser protegidos por los tipos penales que vamos a analizar. Este sería el bien jurídico que podemos llamar categorial, es decir, común a todos los delitos. Al tratar cada uno de ellos concretaremos qué parcela o aspecto es el que específicamente protege el precepto analizado.

Pero el componente predominantemente colectivo del bien jurídico protegido hace que aunque haya varios trabajadores víctimas de una misma acción criminal se aprecie un único delito y no tantos como afectados como ocurriría si el bien jurídico protegido fuera individual.

Aunque parece que este Titulo XV contendría todos los tipos penales de protección del trabajador, en otros lugares del Código Penal de 1995 se recogen conductas que pretenden proteger determinados intereses importantes para el trabajador. Así, por ejemplo el artículo 257 del CP que protege los derechos económicos de los trabajadores en los supuestos de declaraciones de concursos ilícitos en las empresas y sociedades, o en el caso del artículo 307 CP que prevé como delito determinadas conductas de defraudación a la Seguridad Social, de esencial interés para los derechos sociales de los trabajadores.

2. Elementos generales

  • a) Sin perjuicio de la concreción que se producirá al analizar los delitos, podemos decir con carácter general que cuando el sujeto activo de estos delitos es el empresario, ha de entenderse como tal tanto al empresario individual (particular o profesional) como al colectivo, ya sea una sociedad de naturaleza civil o mercantil, o cualquier ente colectivo como grupos de empresas, uniones temporales de empresas, partidos políticos, cooperativas, sindicatos, entidades del Derecho público (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Entidades Locales Menores, Organismos Autónomos, Institucionales, Agencias Públicas, etc).

    Pero para favorecer el castigo de cualquier intervención consciente en la comisión de los hechos, ampliando así la eficacia del precepto, el artículo 318 del Código Penal establece que cuando los hechos se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello. Es decir, el autor no será necesariamente el representante legal de la sociedad o ente societario sino que puede serlo cualquier responsable del trabajador que teniendo conocimiento de la situación y pudieron evitarla o remediarla no lo hubiere hecho o al menos intentado.

    En algunos supuestos, como veremos, sujeto activo puede ser cualquier persona.

  • b) El sujeto pasivo en estos delitos es común a todos ellos, y no es otro que el trabajador o trabajadores como seres humanos que modifican con su esfuerzo y trabajo el mundo exterior, desarrollando una actividad realizada en condiciones singulares de productividad, ajenidad y libertad, ya desarrollen funciones públicas o privadas, sean nacionales o extranjeros.

    No es descartable como sujeto pasivo en determinados delitos (por ejemplo delitos contra la libertad sindical y de huelga) al personal estatutario.

  • c) Finalmente señalar que el carácter indisponible e irrenunciable de los derechos laborales básicos determina la irrelevancia del consentimiento del trabajador.

II. DELITOS DE IMPOSICIÓN DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO

Los apartados 1º, 3º y 4º del artículo 311 del CP prevé delictivas una serie de acciones que imponen y mantienen unas condiciones ilegales de trabajo. La acción central es actuar con engaño o abuso de situación de necesidad para imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

El análisis de este delito es el siguiente:

  • a) El sujeto activo del delito es el empresario, individual o colectivo. En el caso del empresario colectivo, responderá el representante legal del ente societario o empresarial o el responsable de la empresa que haya tenido la intervención necesaria para poder atribuirle las características que disciplinan la autoría de este delito (hemos de remitirnos a lo dicho más arriba).

    Consciente el legislador de la importancia de definir bien el círculo de autores de la conducta castigada, el artículo 311 en un punto 3º establece que serán castigados "los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en el apartado anterior, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro", con lo que se castiga a quien simplemente, conociendo la ilegalidad, omite restablecer la legalidad.

  • b) La acción es imponer una serie de condiciones mediante engaño o abuso de necesidad.
    • 1. Por imponer hemos de entender obligar, actuar contra la verdadera voluntad del trabajador. Si la aceptación de las condiciones de trabajo es libre y voluntaria por el trabajador no se cometerá este delito, aunque puedan existir infracciones de tipo administrativo. Lo trascendente es suprimir la libertad del trabajador a la hora de la contratación.
    • 2. Esta imposición se produce mediante engaño es decir, ocultando o alterando la realidad maliciosamente para que el trabajador incurra en error respecto a las verdaderas condiciones de trabajo a las que es sometido, o lo que es lo mismo acción y efecto de hacer creer a alguien con palabras o de cualquier otro modo, algo que no es verdad. El engaño ha de ser bastante, suficiente y proporcional.
    • 3. También se produce la imposición aprovechándose de una situación de necesidad del trabajador, lo que equivaldría a hacer un uso excesivo o indebido de la especial posición de fuerza que normalmente tiene el empresario, unido a la especial necesidad del empleo o precariedad en la que se encuentra el trabajador.

    Existe una modalidad agravada en el apartado 4º del artículo 311 del CP cuando las conductas reseñadas en los apartados anteriores se llevan a cabo con violencia o intimidación, es decir mediante maltrato de obra, agresión, coacciones o amenazas (véase "Coacciones", "Amenazas"). En este caso no sólo se castigará este delito sino también las consecuencias que el empleo de la violencia pueda conllevar para la salud, concurriendo este delito con el delito o falta de lesiones que constituya el resultado lesivo ocasionado.

  • c) El resultado es la imposición de condiciones laborales o de Seguridad Social perjudiciales e ilegales, por restringir o suprimir derechos. En cuanto a qué debemos entender por condiciones laborales y de Seguridad Social, se trata de una norma penal en blanco, es decir, que el Código Penal nos remite a la legislación específica laboral y de Seguridad Social para la determinación de cuáles son esas condiciones conforme a esa regulación especial, y también a las condiciones individuales de trabajo ya en convenios colectivos, ya en contratos individuales de trabajo, con lo que se extiende extraordinariamente el campo de actuación del derecho penal. En no pocos casos se producirá una situación de prejudicialidad, es decir, que previamente a determinar si se ha cometido un delito, puede tener que enjuiciarse el contenido y configuración legal de una determinada norma o condición de trabajo o de Seguridad Social (como pueden ser la asistencia sanitaria, recuperación profesional, prestaciones económicas en situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez, jubilación, desempleo, las económicas de protección a la familia, los servicios sociales, asistencia social, etc.)

    El delito se consuma con la imposición de las condiciones desfavorables e ilegales, sin que sea necesario que permanezcan en el tiempo, e incluso sin que se llegue a producir un perjuicio efectivo al trabajador.

    El carácter permanente del delito que se prolonga mientras persiste la relación ilícita, supone fijar el inicio de la prescripción en el momento de cese de la situación. Es, pues, un delito instantáneo y de efectos permanentes.

  • d) En cuanto a la pena, es de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses (cada día del mes a razón de una cuota de dos euros a cuatrocientos euros según la capacidad económica del condenado -artículo 50.4 del Código Penal-). Si se utiliza la violencia o la intimidación, la pena sería la superior en grado, es decir, la de prisión pasa a ser de tres años y un día a cuatro años y medio, y la de multa pasa a ser de doce meses y un día a dieciocho meses.
  • e) Finalmente estos delitos son dolosos, es decir, han cometerse los hechos conscientemente, con malicia, a sabiendas. La propia naturaleza de los hechos castigados en que se emplea engaño y abuso de circunstancias de necesidad para imponer las condiciones ilegales es incompatible con que esa acción se pueda cometer por descuido o negligencia.

III. DELITO DE OCUPACIÓN DE TRABAJADORES SIN DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL O SIN AUTORIZACIÓN DE TRABAJO

Delito incluido por la LO 7/2012, de 27 de diciembre, con entrada en vigor a partir del 16 de enero de 2013.

El análisis del delito es el siguiente:

  • a) Bien jurídico protegido

    A pesar de este tipo delictivo se incardina en el ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores, bajo una rúbrica que expresa tutela del trabajador, lo cierto es que la protección real que se pretende, como reconoce la propia exposición de motivos, es el sistema público de Seguridad Social el bien.

    El art. 311.2 CP tipifica ahora dos conductas nuevas: la contratación de trabajadores sin dar de alta en la Seguridad Social y la contratación de trabajadores sin permiso de trabajo, siempre que, en ambos casos, se alcance un número mínimo de los mismos en proporción al total de trabajadores de la empresa. En ambas conductas la finalidad es la misma: evitar que se contraten trabajadores sin que se cotice debidamente por ellos al sistema de Seguridad Social. La referencia a la ausencia de permiso de trabajo hará su aplicación necesaria a ciudadanos extranjeros o a algunos casos excepcionales donde pudiera ocurrir que, por edad, o por otras circunstancias hiciese falta un permiso de trabajo; lo que en todo caso se reconduciría a la ausencia de alta en la Seguridad Social.

  • b) Sujeto activo

    El sujeto activo de esta conducta va a ser el empresario o empleador, y en este caso necesariamente ha de tratarse de una persona con una cierta estructura empresarial, ya que así como en el caso de la explotación laboral de extranjeros, el sujeto pasivo puede ser un único trabajador, en este caso necesariamente han de como mínimo cinco.

    Una norma particular de este precepto, referida a la autoría en esta conducta, es la contenida en el art. 311.3 CP, que establece lo siguiente:

    «Los que en el supuesto de transmisión de empresas, con conocimiento de los procedimientos descritos en los apartados anteriores, mantengan las referidas condiciones impuestas por otro».

    Así, si un empresario lleva a cabo estas conductas penales y se produce un cambio en la titularidad de la empresa, en caso de que el nuevo titular, con conocimiento de que existen esas condiciones, las mantenga, ello supone exactamente lo mismo que si fue él el que inició la actuación ilícita, convirtiéndose en autor. Se trata de una autoría no simultánea, pero sí sucesiva, sin eliminar la responsabilidad del anterior autor.

  • b) Sujeto pasivo

    Es el trabajador al que no se le da de alta en la Seguridad Social o que carece de permiso de trabajo. Necesariamente van a existir varios sujetos pasivos, al exigirse una contratación simultánea de un número mínimo de trabajadores.

  • c) Conducta típica

    Es la siguiente:

    Los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores afectados sea al menos de:

    • a) el veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores,
    • b) el cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien, o
    • c) la totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez trabajadores.

    Se distinguen así dos supuestos:

    * Contratación simultánea de varios trabajadores españoles, comunitarios o extranjeros con permiso de trabajo, sin comunicar el alta en la Seguridad Social (dentro del número mínimo que se establece).

    * Contratación simultánea de varios trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo (dentro del número mínimo que se establece).

    La referencia, que se contiene en el precepto, a la ausencia de autorización de trabajo es de aplicación a ciudadanos extranjeros; así nos lo dice la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica que introduce este precepto y así nos lo dice también la aplicación de la normativa de extranjería, donde no se exige autorización de trabajo ni para los españoles ni para los ciudadanos comunitarios.

  • d) Tipo subjetivo

    Este tipo penal supone un paso más en la protección de los trabajadores, y en particular en la tutela de los que no son nacionales, ya que se castiga la simple contratación de extranjeros sin permiso de trabajo, lo que no ocurre en el caso del apartado 2 del artículo 312 in fine del CP, donde se exigen dos cosas: contratar y explotar; por lo que el mero desempeño de funciones laborales para una persona por un extranjero sin permiso de trabajo no es delito del art. 312.2 CP, si no existen condiciones abusivas en el desempeño de las mismas, sí pudiendo encajar tal conducta en la nueva regulación del art. 311 de nuestro Código sancionador en materia criminal.

    Se exige en el art. 312.2 del CP que exista, en esa situación de explotación, un engaño o un abuso de una situación de necesidad, lo que no se exige expresamente en la conducta del art. 311.1 CP porque esa ausencia de permiso se entiende que es un plus de antijuridicidad que hace que ya se presuma una situación de necesidad y una restricción más evidente de derechos como la afiliación a la Seguridad Social, el desempeño de cursos de formación, la existencia de seguros de diverso tipo, la posibilidad de que existan bajas médicas, etc.

    No es intención del legislador convertir en un ilícito penal la mera contratación, sin más, de un trabajador que carezca del permiso administrativo para ello o por no darle de alta en la Seguridad Social, lo que chocaría con principios propios del derecho penal como el de intervención mínima o el de proporcionalidad. Lo que se hace es convertir en delito esta conducta cuando quede claro que no es un mero acto aislado de un empresario, sino que se puede acreditar que es su mecánica generalizada y común de operar: el valerse del trabajo de personas no nacionales que carezcan de la ya repetida autorización, aunque no exista propiamente una situación de clara explotación. Es por ello por lo que se establece un número mínimo de trabajadores que se encuentren contratados en tales circunstancias, para que se pueda entender cometido este nuevo delito.

    Dice el precepto que la contratación de los trabajadores ha de ser simultánea.

  • e) Penalidad

    Prisión de 6 meses a 6 años y multa de 6 a 12 meses.

    No habrá tantos delitos como trabajadores contratados de forma irregular, sino que existirá un único delito referente a todos los trabajadores. Esto resulta claro al ser ya un elemento configurador de la conducta típica el que exista una pluralidad de contrataciones.

  • f) Tipo agravado

    Si se usa violencia o intimidación se impondrán las penas superiores en grado. (art. 311.4 CP).

IV. DELITO DE TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA

Recogido este delito en el artículo 312 del Código Penal, castiga a quienes trafiquen de manera ilegal con mano de obra o recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Recogido este delito en el artículo 312 del Código Penal, castiga a quienes trafiquen de manera ilegal con mano de obra o recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

  • a) Respecto al sujeto activo, puede ser cualquiera, sin que se precise la condición de empresario. Es, por lo tanto, un delito común.
  • b) Como es fácil advertir, en cuanto a la acción, existen dos modalidades:
    • 1. Por un lado es el tráfico ilegal de mano de obra. Se castiga en este tipo penal la colocación de trabajadores al margen de los mecanismos legales, es decir, la infracción de la normativa vigente en materia de contratación de mano de obra. Fundamentalmente la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación. Esta normativa se basa por un lado en la existencia de unos Servicios Públicos de Empleo estatal y autonómicos, que son servicios oficiales de colocación de trabajadores públicos y gratuitos, no estando permitida la existencia de agencias de colocación lucrativas, debiendo las no lucrativas estar debidamente autorizadas. Por otro lado se regula la cesión temporal de trabajadores a otras empresas regulando las llamadas empresas de trabajo temporal (vulgarmente conocidas como ETT). En este caso no se tiene en cuenta tanto el perjuicio del trabajador en el caso concreto como el sistema global de contratación laboral, dado que se puede cometer el delito aunque en un supuesto determinado el trabajador haya resultado beneficiado. Se requiere traficar, comerciar, es decir, la mediación habitual no autorizada de contratos de trabajo presidida por un ánimo de lucro, quebrando el control administrativo Ahora bien, para que la conducta de infracción de esta normativa sea penalmente castigable, es necesario algo más que la mera infracción de la normativa, y ese algo más es que se ponga en peligro los derechos de los trabajadores, como puede ser el perjuicio a las legítimas expectativas de trabajo, pues en otro caso existirá una mera infracción administrativa conforme al texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
    • 2. Por otro lado se castiga a quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. Se trata de una especie de conducta de estafa en la que no se exige que haya un engaño o abuso de situación de necesidad, como en el artículo 312 del CP, y tiene que recaer, necesariamente, sobre mano de obra extranjera sin permiso de trabajo.
  • c) En cuanto a las penas, los autores de este delito de tráfico de mano de obra serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses.
  • d) Las conductas castigadas son dolosas, es decir, han cometerse los hechos conscientemente, con malicia, a sabiendas.

V. DELITO DE MIGRACIÓN FRAUDULENTA ILEGAL

Previsto en el artículo 313 del CP, castiga diversas formas de intervención en migraciones ilegales. Por migración laboral puede entenderse todo movimiento de población entre zonas distintas de uno o más países que tienen por causa o finalidad la colocación o empleo por cuenta ajena. A partir de este concepto general debemos diferenciar entre inmigración, que es la traída de personas a España, y la emigración, en que se produce el traslado de la residencia fuera de España.

Conforme a la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se modifica el artículo 313, relativo a la migración fraudulenta ilegal, en los siguientes términos: "El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante, será castigado con la pena prevista en el artículo anterior".

  • a) Sujeto activo de este delito puede ser cualquiera, dado que no está vinculado el delito a una relación de trabajo entre sujeto activo y pasivo. Puede cometerlo cualquier persona que ejecuten las distintas modalidades de acciones.
  • b) Respecto al sujeto pasivo, la doctrina mayoritaria admite un solo delito aún cuando afecte la inmigración a varios trabajadores.
  • c) En lo que se refiere a la acción, existen dos tipos distintos:
    • 1. Conducta de inmigración. La previsión penal tiene una gran incidencia dado el espectacular incremento del fenómeno inmigratorio en España en la última década. El delito consiste en realizar cualquier acto no sólo de promoción sino de favorecimiento de este fenómeno. Con los verbos "promover" y "favorecer" se trata de comprender en el delito la totalidad de las actividades de este tipo de delincuencia, toda intervención en este tipo de tráfico, por lejanas que esas actuaciones estén del mismo. Promover será la incitación a terceros para que realicen o intervengan en la realización de tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas desde, en tránsito o con destino a España. Favorecer es equiparable a ayudar, posibilidad o colaborar en la ejecución por terceros de esa actividad ilícita.
    • 2. Conducta referida a la emigración. En este caso se exige un requisito específico y determinante que es la utilización de engaño, como es la simulación de un contrato o empleo o cualquier otro, dado que el precepto sólo reseña algún supuesto específico de engaño dejando abierto cualquier otro semejante a los expresamente recogidos. En este caso la conducta debe "determinar" el resultado o "favorecer" la consecución del mismo. Que sea determinante quiere decir que es la causa principal y eficiente de la decisión de emigrar. Favorecer es equiparable, como ya vimos en el apartado anterior, a auxiliar, pero aquí se ha de exigir algo más pues favorecer en el sentido de ayudar a quien libremente emigra no constituye este delito. Se trata de auxiliar utilizando un procedimiento engañoso, puesto que el engaño es el requisito esencial de esta modalidad.
  • d) El resultado es la emigración o inmigración en las condiciones previstas en la norma, es decir, el cambio de residencia. No se requiere, sin embargo, perjuicio del trabajador, que incluso puede resultar beneficiado. Es posible la tentativa, es decir, la realización por el autor de la acción sin que se llegue a producir el cambio de residencia por causas ajenas a él.
  • e) El delito es doloso, por lo que, al igual que el resto de los que hemos tratado, exige obrar con conocimiento y voluntad de cometer los hechos y requisitos del delito. No se castiga penalmente la forma imprudente, que por otro lado es de difícil concurrencia sobre todo en el tipo penal que exige un actuar engañoso, que es esencialmente malicioso e intencional.
  • f) Las penas son de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses.

VI. DELITO DE DISCRIMINACIÓN LABORAL

Se contiene en el artículo 314 del CP, que trata de proteger el derecho a la igualdad de los trabajadores. Por ello castiga a los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado.

El delito se distribuye en los siguientes requisitos:

  • a) El sujeto activo parece ir dirigido al empresario, público o privado, dado que sólo se entiende en esa posición de supremacía empresarial la posibilidad de "imponer" una situación discriminatoria se entiende en las condiciones directas e indirectas de trabajo.
  • b) La acción no es la discriminación en el trabajo que, en principio, no es por sí constitutiva de delito. Lo que es objeto de castigo penal es la insistencia en la discriminación tras haber sido objeto el sujeto de un requerimiento o sanción administrativa sin que haya depuesto el comportamiento discriminatorio. Además no es suficiente cualquier discriminación, pues ha de ser grave, es decir, socavando las más elementales bases de la igualdad.
  • c) La conducta ha de ser dolosa, intencional, no pudiendo castigarse si es imprudente, exigencia esta que es clara a tenor de la expresión utilizada por el precepto de actuarse "por razón de" su ideología, religión, etc. Lo que parece difícil es que el hecho se produzca por imprudencia o descuido, no sólo por la consideración última, sino también por tener que mediar un previo requerimiento o sanción administrativa, por lo que el sujeto ya conoce que su comportamiento es ilícito, de modo que si insiste voluntariamente en su continuación la acción será dolosa.
  • d) Finalmente, en cuanto a la pena, los autores serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

VII. DELITO CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO A LA HUELGA

Se regula en el artículo 315 del Código Penal y su análisis es el siguiente:

  • a) Los bienes jurídicos protegidos en concreto en este tipo penal son los derechos constitucionales como son el derecho a la libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución Española) y el derecho de huelga (artículo 28.2 de la Constitución Española). El primero supone el derecho de los individuos a fundar sindicatos, a afiliarse a los de su elección, a darse de baja del mismo, a no estar sindicado, a ejercer las funciones que de ellos es dable esperar de acuerdo con el carácter democrático del Estado. En cuanto al derecho de huelga es el derecho de los trabajadores para colocar el contrato de trabajo en una fase de suspensión y de ese modo limitar la libertad del empresario. Hay que excluir de la aplicación del precepto el cierre patronal.
  • b) El sujeto activo puede ser cualquiera, si bien parece razonable pensar que lo normal es que el autor sea el empresario que lesione los mencionados derechos fundamentales, entendido en esa configuración amplia expuesta más arriba.
  • c) La acción consiste en impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. Por "impedir" puede entenderse coartar de modo definitivo y permanente el ejercicio del derecho negándolo por completo y dejándolo sin contenido, y por "limitar" impedirlo parcialmente o perturbarlo.
    • 1. Respecto a la conducta sobre la libertad sindical, Podemos distinguir dos modalidades, una básica, que está en el párrafo 1º, que exige que el autor utilice engaño o abuso de situación de necesidad (y debemos remitirnos al análisis que hicimos en el apartado II.2 de estos conceptos) y otra más grave, párrafo 2º, que requiere el empleo de fuerza, violencia o intimidación. También nos referimos en el mismo apartado II.2 a los términos "violencia" e "intimidación". En cuanto al término "fuerza", no parece que se haya incluido como equiparado al concepto de violencia material, sino que se ha querido incluir conductas de fuerza en las cosas, es decir acciones que se produzcan con actos de rompimiento de muebles o inmuebles, que tiene un carácter intimidatorio o coaccionante indirecto cercano a la amenaza o coacción.
    • 2. En cuanto a la conducta respecto a la huelga, es similar a la del delito de coacciones genérico (artículo 172 del Código Penal) y consiste en el comportamiento violento de los denominados piquetes de extensión de huelgas coactiva para que terceros inicien o continúen una huelga. Lo cierto es que su interpretación ha de ser restrictiva dado que el normal ejercicio del derecho de huelga implica una cierta coacción psicológica. De no ser así toda actuación de los piquetes "informativos" podría llegar a ser constitutiva de delito.
  • d) Respecto a la pena, será de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses para el delito básico referido al derecho de libertad sindical, que pasará a ser de prisión de tres años y un día a cuatro años y medio más multa de doce a meses y un día a dieciocho meses para el caso del empleo de fuerza, violencia e intimidación, y en todo caso para la conducta respecto a la huelga.

Además, se prevén dos subtipos agravados:

  • El artículo 315.2 CP recoge un subtipo agravado cuando las conductas descritas en el número 1 se ejercen a través de coacción acarreando una pena de prisión de un año y nueve meses a tres años o multa de dieciocho meses a veinticuatro meses, entendiendo tal coacción como conductas intimidatorias o fuerza en las cosas.
  • El artículo 315.3 CPregulaba hasta el 23 de abril de 2021 un segundo subtipo agravado de coacción a la huelga o coacciones laborales, para quien, conjunta o individualmente, previo acuerdo, compeliera a un tercero, mediante coacción, a iniciar o permanecer en la huelga, que se castigaba con prisión de un año y nueve meses a tres años o multa de dieciocho meses a veinticuatro meses.

    A partir del 24 de abril de 2021se suprime esta agravación, ya que la LO 5/2021, de 23 de abril deroga el apartado 3 del citado artículo 315 CP. En consecuencia, estas conductas pasarán a estar tipificadas en el delito de coacciones genérico del art. 172 CP. Es importante destacar que la DT de la LO 5/2021 prevé que se revisarán las sentencias firmes dictadas conforme a la legislación derogada.

VIII. DELITOS CONTRA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES

Los artículos 316 y 317 del Código Penal castigan a "Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".

El tipo delictivo tiene los siguientes requisitos específicos:

  • a) En cuanto al bien jurídico protegido en concreto, se trata el analizado de un importante delito a través del cual se pretende proteger penalmente la seguridad e higiene de los trabajadores, que está íntimamente ligada a la vida, salud e integridad física de los trabajadores, siendo una preocupación esencial de nuestra sociedad, en la que la siniestralidad laboral es realmente una lacra insostenible, debiendo emplearse toda la coacción que el Estado pueda legítimamente utilizar para promover la actuación preventiva de este desgraciado fenómeno, como es este delito, de los llamados de peligro concreto que adelantan la protección penal a un estadio anterior a la causación de un resultado lesivo.
  • b) Respecto al sujeto activo, lo establece el artículo 316 del CP en "quiénes están legalmente obligados" a facilitar los medios a que se refiere. Esta configuración desborda la limitación del sujeto activo al empresario, que también lo es, para incluir a todas las personas, oficios y profesionales que trabajen a su servicio, con competencia directa o delegada, que ostenten mando o dirección, técnicos o de ejecución, ya se trate de mandos superiores como de intermediarios o subalternos, incluso de hecho siempre que vengan obligados por normas administrativas o por actuación de hecho a proporcionar los medios de protección del trabajador previsto en la normativa de prevención de riesgos laborales, lo que nos lleva a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa concordante, norma que además del empresario, crea una red de seguridad que implica no sólo al vértice de la empresa que es el empresario sino a una serie de cuadros de mando intermedios a los que impone obligaciones en materia de prevención, y que son eventuales sujetos activos de este delito (delegados de prevención, comités de seguridad y salud, fabricantes, importadores, suministradores, e incluso los mismos trabajadores -artículo 29 de la Ley citada-)
  • c) En cuanto a la conducta castigada, en este caso no es de acción sino de omisión, es decir no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Pero esto constituiría una mera infracción administrativa, pues para que el hecho constituya delito es necesario que se den, a la vez, dos requisitos que son:
    • 1. Una infracción de las normas de prevención de riesgos laborales.
    • 2. Que se ponga en peligro grave la vida, salud o integridad física del trabajador. Es decir, no basta un peligro general o abstracto, sino que en concreto, a determinados trabajadores, se les haya puesto en peligro. Se configura, pues, como un delito de peligro concreto. La gravedad del peligro habrá que medirla en relación a tres parámetros como son el posible resultado que podría haberse producido (incidencia en la vida o la salud del trabajador), segundo la importancia o naturaleza de la norma omitida (trascendencia de la misma) y, finalmente, el grado de incumplimiento (total o parcial).
  • d) Este es el único delito en que no sólo se castiga la realización de estas conductas (omisiones) de forma intencional o maliciosa, es decir dolosa, sino también cuando se cometen de forma imprudente. Así es que el artículo 317 del Código Penal establece que cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado. La imprudencia grave es un descuido o negligencia temeraria, es decir, con olvido de las más elementales normas de prudencia que son exigibles en ese sector de la actividad en las circunstancias concretas de lugar y tiempo.
  • e) En cuanto a la pena es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses si el comportamiento es doloso y de prisión de tres a seis meses y multa de tres a seis meses en caso de ser imprudente.
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