guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Cuestión prejudicial (proceso civil)

Cuestión prejudicial (proceso civil)

Las cuestiones prejudiciales son aquellas que se plantean en conexión con el objeto del proceso y que son competencia de otro orden jurisdiccional distinto del que conoce de la cuestión principal. A continuación se detallan aquellas pertenecientes al ámbito civil.

Proceso civil

¿Qué son las cuestiones prejudiciales?

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introdujo por primera vez un sistema general sobre el tratamiento de las cuestiones prejudiciales en su artículo 10 LOPJ: ("A los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le estén atribuidos privadamente"), tras la determinación distributiva de las competencias entre los diversos órdenes jurisdiccionales en el artículo 9. La Ley Orgánica del Poder Judicial quiso fijar un sistema general, pero abriendo las posibilidades a las excepciones que por ley pudieran establecerse a este régimen general, lo que otorgaba una cobertura legal que amparase un régimen divergente para situaciones específicamente delimitadas en las leyes procesales.

Las cuestiones prejudiciales son aquellas que se plantean en conexión con el objeto del proceso y que son competencia de otro orden jurisdiccional (afectan a la competencia genérica del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) distinto del que conoce de la cuestión principal, no obstante lo cual, el legislador ha optado, por razones de política legislativa, por permitir en ocasiones que resuelva sobre ellas el mismo tribunal que conoce de la cuestión principal, si bien a los solos efectos del proceso principal en el que surgen.

De entre los diversos conceptos que se han desarrollado de las cuestiones prejudiciales, destacan fundamentalmente dos concepciones: desde una visión amplia, se hace referencia a la denominada prejudicialidad "homogénea", entendiendo por tal aquellas cuestiones que se suscitan de manera conexa con la cuestión de fondo que se plantea en el proceso, y que, por la naturaleza a la que responde, pueden estar atribuidas a la competencia de un tribunal del mismo orden jurisdiccional; por otro lado, desde una visión estricta de la prejudicialidad, se está haciendo referencia a la prejudicialidad "heterogénea", cuya competencia se atribuye a tribunales de distinto orden jurisdiccional.

Los elementos delimitadores de las cuestiones prejudiciales pueden quedar específicamente determinados del modo siguiente:

  • a) Guardan conexión con el objeto del proceso, refiriéndose a la relación jurídica material que se ventila, no a la procesal.
  • b) La conexión con la relación jurídica material del proceso principal no comporta, sin embargo, una dependencia absoluta respecto del proceso principal, sino que, antes al contrario, en sí es autónoma como objeto de un proceso, lo que sucede es que cuando surge y se plantea es por su conexión o vinculación con el proceso principal, y es respecto de éste que puede predicarse un cierto carácter accesorio.
  • c) A diferencia de lo que sucede con las cuestiones incidentales, no es nota definidora de las prejudiciales la existencia de un procedimiento y una resolución autónoma, y ello por cuanto el legislador decide la solución que entiende más acorde, atendida la clase de cuestión prejudicial que se hubiere planteado. De este modo, en ocasiones decide canalizar formalmente la cuestión prejudicial a través de un procedimiento con resolución propia, y en otras se une al proceso y a la resolución principal, dando lugar a las prejudiciales devolutivas o no devolutivas.
  • d) La verdadera cuestión prejudicial es la que es competencia de los tribunales de otro orden jurisdiccional distinto del que está conociendo del proceso principal (concepto estricto de cuestión prejudicial).

¿Qué características tienen las cuestiones prejudiciales en el proceso civil?

Las cuestiones prejudiciales en la Ley de Enjuiciamiento Civil

El legislador ha pretendido consolidar en el proceso civil una regulación unitaria, "en lugar de las normas dispersas e imprecisas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881" (Exposición de Motivos). Con la Ley Orgánica del Poder Judicial se pretendió atribuir ese carácter de uniformidad a las cuestiones prejudiciales, con una eficacia expansiva aplicable a los diversos órdenes jurisdiccionales.

De hecho, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que acoge este régimen de las prejudiciales, sucede al artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que se consagra la llamada "competencia genérica o por órdenes", a la que va a afectar la admisibilidad de pronunciamientos prejudiciales en un proceso de distinto orden jurisdiccional.

El artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial desarrolla dos fórmulas diferentes de configuración y régimen de las cuestiones prejudiciales, de manera que en el apartado primero, aplicable a las cuestiones prejudiciales no penales, despliega una regla general que consiste en que la cuestión prejudicial es resuelta, inicialmente, por el tribunal que está conociendo del proceso, aunque su cognición se incardine en competencia genérica distinta, esto es, atribuible a tribunal de orden jurisdiccional distinto.

Y, por su parte, el apartado segundo configura las cuestiones prejudiciales penales, caracterizadas por la suspensión del proceso principal hasta su resolución definitiva. Con ello se conforma un régimen mixto en la resolución de las prejudiciales, al permitir que en unos casos se consolide la admisibilidad de los pronunciamientos jurisdiccionales "iuris tantum", mientras que en otros, se mantenga el carácter devolutivo de las cuestiones prejudiciales suscitadas, desarrollándose un proceso autónomo, con resolución propia y con los efectos jurídicos que se despliegan respecto del proceso mismo.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ha querido subsanar, de alguna forma, la ineficaz e inoperante regulación que en relación con las cuestiones prejudiciales que pudieren plantearse en un proceso civil, contenía la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Para ello, el legislador ha clasificado las prejudiciales, atendiendo a la posible distinción entre:

  • a) La llamada prejudicialidad civil.
  • b) La prejudicialidad laboral y administrativa.
  • c) La prejudicialidad penal.
  • d) La prejudicialidad constitucional.
  • e) La prejudicialidad comunitaria.

A estas últimas no se refiere expresamente el legislador, si bien su incidencia en cualquiera de los órdenes jurisdiccionales está fuera de toda duda.

Con carácter general debe tenerse en cuenta que la regulación que introduce la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 en relación con las cuestiones prejudiciales refleja un dato significativo: ciertamente guardan conexión con el objeto, con la relación material sobre la que versa la pretensión, si bien afectan a la competencia por órdenes, y ello en cuanto también aquí, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el legislador ubica estos preceptos tras la regulación de la extensión y límites de la jurisdicción, y tras los elementos que conforman el tratamiento procesal de la falta de jurisdicción y de la falta de competencia por órdenes.

La llamada cuestión prejudicial civil

El artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace referencia expresa a la prejudicialidad civil en el proceso civil, estableciendo un régimen jurídico propio. No obstante, resulta significativo que el legislador haya querido referir la prejudicialidad a cuestiones del mismo orden jurisdiccional -del civil- que se plantean en un proceso civil, lo que ha determinado a la doctrina a denominarla como "prejudicialidad civil".

Tal denominación obedece a la configuración misma de la naturaleza de las cuestiones prejudiciales en sentido estricto, pues el elemento fundamental que debe servir a los efectos de delimitar lo que es prejudicial de lo que no lo es, debe ser la naturaleza referida a uno u otro orden jurisdiccional respectivamente.

Precisamente por ello, resulta un tanto confuso el término prejudicialidad civil en un proceso civil, dado que lo que subyace en su regulación es la posibilidad de plantear las cuestiones incidentales en el proceso civil, al ser del mismo orden jurisdiccional, el civil. Ciertamente, nos hallamos ante una cuestión conexa a la cuestión principal, que actúa como antecedente lógico de ésta, y que debe resolverse por ello, de forma anticipada, para resolver el objeto principal.

Todos estos elementos sirven para delimitar las cuestiones previas, a las que se refieren los artículos 387 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pese a la confusión terminológica empleada por el legislador, se ubica entre las cuestiones prejudiciales, a las que el legislador denomina como prejudiciales civiles, y se les atribuye un tratamiento específico en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que difiere en función del momento en que se suscita y en función de la concurrencia o no del efecto de litispendencia respecto de otra causa.

El tratamiento procesal aplicable es distinto atendidas las diversas situaciones que pueden plantearse:

  • 1º) Cuando en un proceso civil se plantea una cuestión conexa civil, que puede considerarse como presupuesto o antecedente lógico de la decisión que pueda alcanzarse en aquél, y sobre la que no se ha producido efecto alguno de litispendencia, en cuanto no existe otro proceso civil sobre la misma. En este supuesto no se ha producido efecto alguno de litispendencia, al no existir un proceso civil pendiente sobre la citada cuestión, produciéndose vis atractiva en favor del mismo tribunal civil que conoce del proceso en el que se suscita.

    No plantea problema ni de competencia genérica ni de competencia material, por cuanto es un tribunal del orden jurisdiccional al que se atribuyen ambas cuestiones, el que resuelve.

  • 2º) Cuando para resolver sobre el objeto del litigio civil sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil. En este supuesto se ha producido el efecto de la litispendencia y, por tanto, existe la atribución del asunto a un tribunal civil y en un proceso civil, lo que abre dos posibles caminos:
    • a) Proceder a la acumulación de procesos, al amparo de lo que prevén los artículos 74 y siguientes.
    • b) Si no fuere posible la acumulación de procesos, el tribunal, a petición de ambas partes o bien a petición de una de ellas, si bien oída la contraria, podrá decretar la suspensión del curso de las actuaciones hasta que finalice el proceso en el que se tenga por objeto la citada cuestión. Es necesario que concurran aquí los siguientes elementos:
      • 1) Petición de parte, que puede provenir de ambas, quienes conjuntamente formalizan una petición de suspensión con el fin de que la resolución de la cuestión conexa se efectúe por el competente, o bien puede provenir de la petición de una sola de ellas, si bien en este caso deberá cumplirse con el principio de contradicción, dando la posibilidad de ser oída a la parte contraria, pero sin que se exija la voluntad conforme de ésta, a diferencia de lo que sucede con las cuestiones administrativas o laborales devolutivas, al amparo de lo prescrito en el artículo 42.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
      • 2) La petición no supone la automática decisión del tribunal accediendo a la citada suspensión. El legislador establece claramente "el tribunal podrá". La decisión corresponde, por ello, al tribunal civil que conoce de la causa civil en la que se suscita la correspondiente cuestión conexa, que se halla pendiente de resolución en otro proceso civil. Esa facultad del tribunal pudiera convertir en inoperante la posibilidad de suspensión del artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dando a este respecto una solución distinta a la cuestión civil incidental que surge para resolver la cuestión principal.

        De este modo, de no acceder el tribunal civil a la petición de la o las partes, no se produciría la suspensión y la devolución de la cuestión al otro tribunal civil. Nada dice el legislador acerca del plazo para dictar la resolución, por lo que lógico es pensar que se tendrá que tener en cuenta la regla general que establece que cuando no se fije plazo ni término, se entenderá que han de practicarse sin dilación (artículo 132.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

      • 3) La decisión del tribunal civil revestirá la forma de auto motivado, por medio del cual accederá o denegará la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.
      • 4) La impugnación de la decisión del tribunal civil correrá diversa suerte, según se trate de un auto que deniegue la petición de suspensión, en cuyo caso cabe interponer recurso de reposición (artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o que el auto acuerde la suspensión, pues en este supuesto cabrá presentar recurso de apelación. A diferencia de lo que expresamente el legislador estableció en relación con la prejudicialidad penal (artículo 41.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), nada dice en el artículo 43 -tampoco lo hace el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- sobre la posibilidad de plantear recurso extraordinario por infracción procesal en relación con la prejudicialidad civil, lo que nos inclina a mostrarnos en contra de su viabilidad.

Caso práctico

De entre las más recientes cuestiones prejudiciales planteadas podemos destacar la efectuada por el Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona que decidió suspender un procedimiento de ejecución hipotecaria y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) Si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previsto en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos.

2) Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar contenido al concepto de desproporción en orden:

  • a) A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo -en este caso 33 años- por incumplimientos en un período muy limitado y concreto.
  • b) La fijación de unos intereses de demora -en este caso superiores al 18 %- que no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro, aun en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado.
  • c) La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables -tanto ordinarios como moratorios- realizados unilateralmente por el prestamista vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria [y que] no permiten al deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.

Ante esto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, Sentencia de 14 Mar. 2013, C-415/2011 ha declarado que "en el sistema procesal español, la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible, aunque el carácter abusivo de la cláusula impugnada por el consumidor ante el juez que conozca del proceso declarativo entrañe la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria, salvo en el supuesto de que el consumidor realice una anotación preventiva de la demanda de nulidad de la hipoteca con anterioridad a la nota marginal indicada.

A este respecto, es preciso señalar, no obstante, que, habida cuenta del desarrollo y de las peculiaridades del procedimiento de ejecución hipotecaria controvertido en el litigio principal, tal supuesto debe considerarse residual, ya que existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no realice esa anotación preventiva en los plazos fijados para ello, ya sea debido al carácter sumamente rápido del procedimiento de ejecución en cuestión, ya sea porque ignora o no percibe la amplitud de sus derechos (véase, en este sentido, la sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, apartado 54).

Por consiguiente, procede declarar que un régimen procesal de este tipo, al no permitir que el juez que conozca del proceso declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas resulte necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, apartado 77).

En efecto, tal como señaló también la Abogado General en el punto 50 de sus conclusiones, sin esa posibilidad, en todos los casos en que, como en el litigio principal, se haya llevado a cabo la ejecución de un inmueble hipotecado antes de que el juez que conozca del proceso declarativo adopte una decisión por la que se declare el carácter abusivo de la cláusula contractual en que se basa la hipoteca y, en consecuencia, la nulidad del procedimiento de ejecución, esa decisión sólo permite garantizar al consumidor una protección a posteriori meramente indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13

Por todo ello, declaró que:

  • 1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que, al mismo tiempo que no prevé, en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, la posibilidad de formular motivos de oposición basados en el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, no permite que el juez que conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el carácter abusivo de esa cláusula, adopte medidas cautelares, entre ellas, en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para garantizar la plena eficacia de su decisión final.
  • 2) El apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que:
    • - el concepto de «desequilibrio importante» en detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las partes, para determinar si -y, en su caso, en qué medida- el contrato deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se encuentra dicho consumidor en función de los medios de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas;
    • - para determinar si se causa el desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe comprobarse si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual.

El apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que el anexo al que remite esa disposición sólo contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.

Recuerde que...

  • Son aquellas que se plantean en conexión con el objeto del proceso y que son competencia de otro orden jurisdiccional.
  • Nos hallamos ante una cuestión conexa a la cuestión principal, que actúa como antecedente lógico de ésta, y que debe resolverse por ello, de forma anticipada, para resolver el objeto principal.
  • La Ley de Enjuiciamiento Civil hace referencia expresa a la prejudicialidad civil en el proceso civil, estableciendo un régimen jurídico propio.
Subir