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Diligencias urgentes en el juzgado de...

Diligencias urgentes en el juzgado de guardia

Proceso penal

I. CONCEPTO

Las actuaciones procesales que se realizan ante el Juzgado de Guardia dentro del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos y antes de la preparación del juicio oral, se llaman Diligencias Urgentes.

Vienen reguladas en los artículos 797 a 799 incluidos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Por extensión, el procedimiento que se incoa cuando llega al Juzgado de Guardia un atestado para el enjuiciamiento rápido de un delito, también se llama Diligencias Urgentes, y en él se incluyen además de los actos investigadores previos, la preparación del juicio oral, y la realización de este, con su producto final, que es la sentencia de conformidad con la rebaja privilegiada del tercio de la pena solicitada por la acusación más grave.

II. REGULACIÓN

Comienza el artículo 797 Ley de Enjuiciamiento Criminal estableciendo que el Juzgado de Guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso, lo acompañen, incoará, si procede, Diligencias Urgentes.

Es importante reseñar que la procedencia o no de la incoación de las Diligencias Urgentes, además de corresponder en exclusiva al Juez de Instrucción, supone un análisis preliminar de la inicial atribución competencial hecha por la Policía, que al poder ser errónea, por no proceder los supuestos consignados en el artículo 795 Ley de Enjuiciamiento Criminal, puede ser corregida por el Órgano Judicial.

Señala la ley a continuación que contra este auto no cabrá recurso alguno, ya que su correctivo es una disposición posterior que permite en ciertas circunstancias transformar el procedimiento, y todo con la clara intención de potenciar los enjuiciamientos rápidos, para evitar posibilidades dilatorias.

Se debe entender que es irrecurrible el Auto que lo acuerda, no el que lo deniega, que puede ser recurrido por el Ministerio Fiscal si cree concurren los requisitos del artículo 795 Ley de Enjuiciamiento Criminal y por la parte, especialmente el investigado, en reforma y apelación -no suspensivos- ya que, por ejemplo, de otra forma se podría perder la rebaja privilegiada de reducción de un tercio en la condena que posibilita al investigado su conformidad si se le denegara la tramitación de este tipo de proceso.

1. Facultades del Juez de Instrucción

Una vez determinada la procedencia de la tramitación, la regulación enumera las facultades que el Juez de Instrucción posee en las Diligencias Urgentes, que son además de todas las funciones que tiene encomendadas, que practicará, cuando resulten pertinentes, las siguientes diligencias, en el orden que considere más conveniente o aconsejen las circunstancias, con la participación activa del Ministerio Fiscal:

  • Recabará por el medio más rápido los antecedentes penales del detenido o persona investigada.
  • Si fuere necesario para la calificación jurídica de los hechos investigados:
    • a) Recabará, de no haberlos recibido, los informes periciales solicitados por la Policía Judicial.
    • b) Ordenará, cuando resulte pertinente y proporcionado, que el médico forense, si no lo hubiese hecho con anterioridad, examine a las personas que hayan comparecido a presencia judicial y emita el correspondiente informe pericial.
    • c) Ordenará la práctica por un perito de la tasación de bienes u objetos aprehendidos o intervenidos y puestos a disposición judicial, si no se hubiese hecho con anterioridad.
  • Tomará declaración al detenido puesto a disposición judicial o a la persona que, resultando investigada por los términos del atestado, haya comparecido a la citación policial, en los términos previstos en el artículo 775 LECrim, es decir, después de instruido en sus derechos por el Letrado de la Administración de justicia, tras la entrevista con su Abogado, si la solicitase, y después de que el Juez le informe comprensiblemente de los hechos que se le atribuyan.

    Ante la falta de comparecencia del investigado a la citación policial ante el Juzgado de guardia, podrá éste ordenar su detención en aplicación de lo previsto en el artículo 487 LECrim.

  • Tomará declaración a los testigos citados por la Policía Judicial que hayan comparecido.

    Ante la falta de comparecencia de cualquier testigo a la citación policial ante el Juzgado de guardia, se le impondrá al incomparecido una multa, la primera vez, de entre 200 y 5000 euros, y caso de persistir, será conducido a la presencia del Juez de Instrucción por los agentes de la autoridad, conforme permite el artículo 420 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • Llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas en el artículo 776 LECrim, es decir, hará el llamado ofrecimiento de acciones a los testigos que además sean ofendidos o perjudicados por el delito.
  • Practicará el reconocimiento en rueda del investigado, de resultar pertinente y haber comparecido el testigo.
  • Ordenará, de considerarlo necesario, el careo entre testigos, entre testigos e investigados o investigados entre sí.
  • Ordenará la citación, incluso verbal, de las personas que considere necesario que comparezcan ante él.

    A estos efectos no procederá la citación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuya declaración obre en el mismo, salvo que, excepcionalmente y mediante resolución motivada, considere imprescindible su nueva declaración antes de adoptar alguna de las resoluciones previstas en el artículo 798 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • Ordenará la práctica de cualquier diligencia pertinente que pueda llevarse a cabo en el acto o dentro del plazo establecido en el artículo 799 Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, durante la duración del servicio de guardia.

También permite la norma el aseguramiento probatorio, que obviamente parece más previsto para los supuestos en que no vaya a haber conformidad, en que se hará señalamiento ante Juez de lo Penal, o en los de guardia semanal, que es dilatable en el tiempo, que en los que la habrá, ya que el juicio acabará en la misma jornada de guardia.

Dice la norma entonces que cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo, fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de Guardia practicará inmediatamente la misma asegurando, en todo caso, la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de Acta autorizada por el Letrado de la Administración de justicia, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Respecto de la postulación, ante lo que son actuaciones urgentes y muchas veces fuera de lo que son días y horas hábiles por hallarnos en el servicio de guardia, la norma establece que el Abogado que se designe para la defensa, tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido en todas las actuaciones que se verifiquen ante el Juez de Guardia, lo que convierte en meramente potestativo y extraño incluso, la designación de Procurador en este procedimiento, al menos hasta que se remite la causa al Juzgado Penal para su enjuiciamiento o al de Ejecutorias para su ejecución.

Añade la norma que para garantizar el ejercicio del derecho de defensa, el Juez, una vez incoadas Diligencias urgentes, dispondrá que se le dé traslado de copia del atestado y de cuantas actuaciones se hayan realizado o se realicen en el Juzgado de Guardia.

Regula la norma además, en el artículo 797 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal, ciertas especificidades para el caso de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ya que entonces las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas de audiencia.

Permite así que la Policía Judicial realice las citaciones a que se refiere el artículo 796 Ley de Enjuiciamiento Criminal (las hechas al médico forense, las del investigado y denunciado no detenidos, las del Abogado de oficio, las de los testigos exclusión hecha de los que pertenezcan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Compañías de Seguros), ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre aquéllos que se fijen reglamentariamente, debiendo realizar las mismas fijando el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. A estos efectos el Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo establecido en el ya derogado artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta coordinación.

La única excepción sería el supuesto en que hubiera investigado detenido, ya que en ese caso, tendría que ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, y sólo cuando no fuera posible la presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente.

Practicadas las diligencias anteriores y a continuación -como señala el artículo 798 Ley de Enjuiciamiento Criminal-, el Juez oirá a las partes personadas y al Ministerio Fiscal sobre cuál de las resoluciones previstas en el apartado siguiente procede adoptar.

Además, las partes acusadoras y el Ministerio Fiscal podrán solicitar cualesquiera medidas cautelares frente al investigado o, en su caso, frente al responsable civil, sin perjuicio de las que se hayan podido adoptar anteriormente.

2. Resolución

El Juez de guardia dictará resolución con alguno de estos contenidos:

  • a) En el caso de que considere suficientes las diligencias practicadas, dictará auto en forma oral, que deberá documentarse y no será susceptible de recurso alguno, ordenando seguir el procedimiento del capítulo siguiente, salvo que estime procedente alguna de las decisiones previstas en las reglas 1 y 3 del apartado 1 del artículo 779 LECrim -sobreseimiento o inhibición a otra jurisdicción-, en cuyo caso dictará el correspondiente Auto.

    Tras la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, desaparece la opción de que el juez de guardia considere falta el hecho, ya que se contempla que se considere delito leve una vez se reciba el atestado y a raíz de la nueva redacción del art. 963 Lecrim modificado en esta reforma se articula el procedimiento por delito leve y actuará de la siguiente manera:

    «1. Recibido el atestado conforme a lo previsto en el artículo anterior, si el juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna de las siguientes resoluciones:

    1.ª Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las siguientes circunstancias:

    a) El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las personales del autor, y

    b) no exista un interés público relevante en la persecución del hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no existe interés público relevante en su persecución cuando se hubiere procedido a la reparación del daño y no exista denuncia del perjudicado.

    En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del juicio a todos aquellos que hubieran sido citados conforme al apartado 1 del artículo anterior.

    El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los ofendidos por el delito.

    2.ª Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que hayan comparecido las personas citadas o de que, aun no habiendo comparecido alguna de ellas, el juzgado reputare innecesaria su presencia. Asimismo, para acordar la inmediata celebración del juicio, el Juzgado de guardia tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún medio de prueba que se considere imprescindible.

  • b) En el caso de que considere insuficientes las diligencias practicadas, ordenará que el procedimiento continúe como diligencias previas del Procedimiento abreviado.

    El Juez deberá señalar motivadamente cuáles son las diligencias cuya práctica resulta necesaria para concluir la instrucción de la causa o las circunstancias que lo hacen imposible.

    Como parece que tal declaración puede ser perjudicial para los intereses de alguna parte, entendemos que el silencio legal se debe interpretar en el sentido de que esta decisión es recurrible en reforma y apelación no suspensivas.

Cuando el Juez de guardia dicte el Auto acordando el sobreseimiento y archivo de la causa, su inhibición ante la jurisdicción de menores, militar o Juzgado de Violencia sobre la Mujer, o reputando los hechos por la vía del procedimiento por delito leve, en el mismo acordará lo que proceda sobre la adopción de medidas cautelares frente al investigado y, en su caso, frente al responsable civil.

Frente al pronunciamiento del Juez sobre medidas cautelares, cabrán los recursos previstos en el artículo 766 Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuando el Juez de guardia dicte Auto en forma oral ordenando la continuación del procedimiento, sobre la adopción de medidas cautelares se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 800 Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir se resolverá conforme a lo que ratifiquen o soliciten al respecto, las partes.

Asimismo ordenará, si procede, la devolución de objetos intervenidos.

Finalmente, y respecto a la temporalidad, el artículo 799 Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que las diligencias y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante el servicio de guardia del Juzgado de Instrucción.

Como hay distintos tipos de guardia en función del tamaño y órganos judiciales del partido judicial, la norma añade que, no obstante lo dispuesto, en aquellos partidos judiciales en que el servicio de guardia no sea permanente y tenga una duración superior a veinticuatro horas, el plazo establecido en el apartado anterior podrá prorrogarse por el Juez por un período adicional de setenta y dos horas en aquellas actuaciones en las que el atestado se hubiera recibido dentro de las cuarenta y ocho anteriores a la finalización del servicio de guardia.

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