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Disciplina deportiva

Disciplina deportiva

Los incumplimientos de las reglas del juego o de las normas generales deportivas o de las normas estatutarias o reglamentarias de Clubes deportivos, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas pueden ser sancionadas a través de la llamada disciplina deportiva.

Derecho deportivo

¿Cómo se regula?

La práctica del deporte es libre y voluntaria. Como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado. Así, la Constitución, en su artículo 43.3 atribuye a los poderes públicos el fomento de la actividad física y el deporte. A su vez dentro de la actividad deportiva cabe distinguir varios niveles:

  • - La práctica deportiva del ciudadano como actividad espontánea y lúdica o con fines educativos y sanitarios.
  • - La actividad deportiva organizada a través de estructuras asociativas.
  • - El espectáculo deportivo como fenómeno de masas.

En relación con la segunda manifestación la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, distingue dos niveles de asociacionismo deportivo, de un lado, el de base configurado por clubes elementales y de otro, las Federaciones deportivas españolas y las Ligas profesionales como formas asociativas de segundo grado. Las Federaciones Deportivas son entidades privadas con personalidad jurídica propia cuya actuación se extiende a todo el territorio del Estado en el desarrollo de las competencias que le son propias y están integradas por Federaciones Deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros.

Las Federaciones ejercen por delegación de la Administración funciones públicas de carácter administrativo, entre ellas la disciplina deportiva, actuando así como agentes colaboradores de la Administración (art. 30.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre).

La disciplina deportiva la ejercen bajo la tutela del Consejo Superior de Deportes. Bajo la dependencia de este se encuentra el ya inexistente Comité Español de Disciplina Deportiva que resuelve definitivamente en la vía administrativa todas las cuestiones de aplicación del régimen disciplinario deportivo. Sus competencias fueron asumidas por el Tribunal Administrativo del Deporte, de acuerdo con lo previsto por la derogada Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, que suprimió el Comité Español, así como la Junta de Garantías Electorales, asumiendo el TAD todas las competencias y medios de los órganos extintos.

Se encuentra regulado en el art. 84 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que ha sido modificado por la Disposición final primera de la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte.

En las distintas Comunidades Autónomas existen órganos similares para la organización y aplicación de la disciplina deportiva por ejemplo, Castilla-La Mancha, que hace referencia al Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha, en el art. 126 de la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte, del Deporte de dicha Comunidad, o el Valenciano, en el Tribunal del Deporte regulado en el art. 120.2.b) de la Ley 2/2011, 22 marzo, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, etc.).

Al Estado no le resulta indiferente el desarrollo de la actividad deportiva de ahí que la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, dedique un título especifico, el XI a la "disciplina deportiva" que puede definirse como "el sistema de normas que permite imponer sanciones a sujetos subordinados al ordenamiento jurídico-deportivo por la comisión de infracciones previamente tipificadas".

De acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, de Disciplina Deportiva, el ámbito de la disciplina deportiva se extiende cuando se trate de competiciones de ámbito estatal y, en su caso, internacional:

  • 1º. A las infracciones de las reglas del juego o competición (las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo).

    De acuerdo con el art. 8 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, en este sentido, los estatutos de los clubes deportivos que participen en competiciones de ámbito estatal, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas, deben prever en relación con la disciplina deportiva, los siguientes extremos:

    • a) Un sistema tipificado de infracciones, de conformidad con las reglas de la correspondiente modalidad deportiva, graduándolas en función de su gravedad.
    • b) Los principios y criterios que aseguren la diferenciación entre el carácter leve, grave y muy grave de las infracciones, la proporcionalidad de las sanciones aplicables a las mismas, la inexistencia de doble sanción por los mismos hechos, la aplicación de los efectos retroactivos favorables y la prohibición de sancionar por infracciones no tipificadas con anterioridad al momento de su comisión.
    • c) Un sistema de sanciones correspondiente a cada una de las infracciones, así como las causas o circunstancias que eximan, atenúen o agraven la responsabilidad del infractor y los requisitos de extinción de esta última.
    • d) Los distintos procedimientos disciplinarios de tramitación e imposición, en su caso, de sanciones.
    • e) El sistema de recursos contra las sanciones impuestas (art. 75 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).
  • 2º. A las normas generales deportivas tipificadas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en sus disposiciones de desarrollo y en las estatutarias o reglamentarias de clubes deportivos, Ligas profesionales y Federaciones deportivas españolas. (Son infracciones a las normas generales deportivas las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto por dichas normas).

    En todo caso, de acuerdo con el art. 14 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre, se consideran infracciones comunes muy graves a las reglas de juego o competición o a las normas deportivas generales, las siguientes:

    • a) Los abusos de autoridad.
    • b) Los quebrantamientos de sanciones impuestas.
    • c) Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición.
    • d) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales (art. 75 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).

Además, se consideran infracciones muy graves y graves en materia de dopaje en el deporte las contempladas en la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, a la que seguidamente haremos referencia.

Ha de tenerse en cuenta, además, el régimen sancionador que se contiene en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad disciplinaria?

El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde (art. 6.2 del Real Decreto 1591/1992, de 23 de diciembre):

  • a) A los jueces o árbitros, durante el desarrollo de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas establecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.
  • b) A los clubes deportivos, sobre sus socios o asociados, deportistas o técnicos y directivos o administradores.
  • c) A las Federaciones deportivas españolas, sobre: todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros, y, en general, todas aquellas personas y Entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito estatal.
  • d) A las Ligas profesionales, sobre los clubes deportivos que participan en competiciones oficiales de carácter profesional y sobre sus directivos o administradores.
  • e) A las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal sobre todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica, los clubes deportivos asociados y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros y, en general, sobre todas aquellas personas y entidades pertenecientes a las citadas Agrupaciones.

    Los acuerdos disciplinarios que agoten las instancias establecidas por las Agrupaciones de clubes de ámbito estatal serán recurribles ante el Comité Español de Disciplina Deportiva.

  • f) Al Comité Español de Disciplina Deportiva –actualmente, Tribunal Administrativo del Deporte-, sobre las mismas personas y entidades que las Federaciones deportivas españolas, sobre estas mismas y sus directivos, sobre las Ligas profesionales [art. 74, ap. 2, e) de la Ley del Deporte]. y, en general, sobre el conjunto de la organización deportiva y de las personas integradas en ella.

Las entidades y asociaciones pertenecientes a la organización deportiva ejercen la potestad disciplinaria de acuerdo con sus propias normas estatutarias y con el resto del ordenamiento jurídico deportivo, instruyendo y resolviendo expedientes disciplinarios deportivos de oficio, o a solicitud del interesado.

¿Cómo se sancionan las infracciones deportivas?

De acuerdo con el art. 79.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las sanciones susceptibles de aplicación por la comisión de infracciones deportivas son:

  • a) La inhabilitación, suspensión o privación de licencia federativa, con carácter temporal o definitivo.
  • b) La facultad, para los correspondientes órganos disciplinarios, de alterar el resultado de encuentros, pruebas o competiciones por causa de predeterminación mediante precio, intimidación o simples acuerdos, del resultado de la prueba o competición.
  • c) Las de carácter económico, en los casos en que los deportistas, técnicos, jueces o árbitros perciban retribución por su labor.
  • d) Clausura del recinto deportivo.
  • e) Las de prohibición de acceso al estadio, pérdida de la condición de socio y celebración de la competición deportiva a puerta cerrada.
  • f) La de apercibimiento.

En el art. 80 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, se establecen unos plazos de prescripción de tres años, un año o un mes tanto para las infracciones como para las sanciones. En el primer caso, el plazo comienza a contar desde el día siguiente a la comisión de la infracción. Si se trata de la sanción el plazo de prescripción comienza desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción, o desde que se quebrantase su cumplimiento si éste hubiera comenzado.

¿Qué supone la suspensión cautelar?

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, en su art. 81 establece que las sanciones impuestas a través del correspondiente expediente disciplinario serán inmediatamente ejecutivas sin que las reclamaciones y recursos que procedan contra las mismas paralicen o suspendan su ejecución, todo ello sin perjuicio de las facultades que corresponden a los órganos disciplinarios de las distintas instancias de adoptar, a instancia de parte, las medidas cautelares que estime oportunas para el aseguramiento de la resolución que, en su día, se adopte. Por esa razón, los Tribunales vienen manteniendo el criterio de no acceder, con carácter general, a la suspensión de las sanciones derivadas de la práctica deportiva, salvo que circunstancias excepcionales aconsejen la adopción de la medida cautelar.

Así por ejemplo, en el ámbito de la práctica deportiva profesional una sanción de suspensión de la licencia federativa por un periodo de dos años puede suponer un perjuicio irreparable para la carrera del deportista pero la suspensión de la sanción también puede implicar una alteración irreversible del buen orden de la competición deportiva, que impone la efectiva e inmediata ejecución de las sanciones derivadas de la práctica del deporte, siempre que sea posible, en la propia competición donde fueron impuestas y de forma inmediata en el tiempo.

Es más, la adopción de medidas cautelares en estos casos podría llevar a una situación en la que compensara asumir el riesgo de la sanción, frente al beneficio de la infracción, ante la previsible suspensión de la sanción y su presumible ejecución después de concluida la competición y en fechas muy alejadas de la misma. En cualquier caso, han de analizarse las circunstancias del caso concreto.

¿Cómo se agota la vía administrativa en materia de disciplina deportiva?

De acuerdo con lo establecido en el art. 84.1 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, el Comité Español de Disciplina Deportiva es el órgano de ámbito estatal, adscrito orgánicamente al Consejo Superior de Deportes que, actuando con independencia de éste, decide en última instancia, en vía administrativa, las cuestiones disciplinarias deportivas de su competencia.

Podrá también, en general, tramitar y resolver expedientes disciplinarios a instancia del Consejo Superior de Deportes, y de su Comisión Directiva, en los supuestos específicos a que se refiere el art. 76 de la citada Ley 10/1990, de 15 de octubre.

El procedimiento de tramitación y resolución de los expedientes disciplinarios ante el Comité Español de Disciplina Deportiva se ajustará sustancialmente a lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, salvo las consecuencias derivadas de la violación de las reglas de juego o competición, que se regirán por las normas específicas deportivas.

Las resoluciones del Comité Español de Disciplina Deportiva agotan la vía administrativa y se ejecutarán, en su caso, a través de la correspondiente Federación deportiva, que será responsable de su estricto y efectivo cumplimiento (art. 84.5 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte).

¿Cómo está regulada la lucha contra el dopaje?

La derogada Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, supuso un hito fundamental en la historia de la lucha contra el dopaje en nuestro ordenamiento jurídico. La también derogada Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, contempló una nueva regulación íntegra del marco jurídico aplicable a la protección de la salud y a la lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.

Con la actual ley, la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte, tal y como señala su exposición de motivos, se culmina el proceso de división de cometidos y responsabilidades en relación con la específica lucha contra el dopaje y la más genérica protección de la salud en el deporte, que, por otro lado, ya se inició con el Real Decreto-ley 3/2017, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015. Frente a las prácticas de dopaje deportivo, cada vez más sofisticadas y difíciles de detectar, se requiere adoptar acciones especialmente rigurosas que las prevengan mediante la intensificación de los controles y, en su caso, de las medidas de reacción en caso de producirse.

De esta forma, la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte es el organismo público adscrito al Ministerio con competencias en la política deportiva, a través del cual se elaboran y ejecutan las políticas de lucha contra el dopaje, correspondiéndole la planificación, la realización de controles y la tramitación y resolución de los expedientes sancionadores.

Señala la exposición de motivos, que para lograr una mayor eficacia en la eliminación de las prácticas de dopaje en el deporte competitivo, y facilitando con ello también una mejor protección de la salud de los y las deportistas, se ha considerado conveniente introducir cambios en el marco regulador de esta materia, procediendo fundamentalmente a deslindar las competencias específicas en materia de lucha contra el dopaje de las más generales relativas a la protección de la salud y, en consecuencia, a encomendar y circunscribir el ejercicio de las primeras a una entidad especializada en tales cometidos, la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

La organización, funciones y procedimientos de actuación de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte se determinarán en sus estatutos de conformidad con lo previsto en esta ley, aplicándose supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En este nuevo marco establecido por la Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, la Agencia contará con un Comité Sancionador Antidopaje, con la naturaleza, composición y funciones previstas en el capítulo III del título II de la citada ley orgánica, y un Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico, que ejercerá las competencias establecidas en el artículo 17.

El Comité Sancionador Antidopaje es el órgano competente para resolver los expedientes sancionadores por infracciones de dopaje previstos en esta ley cuya incoación acuerde el Director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, y conocerá a su vez, del recurso especial previsto en el art. 47 de la citada Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre.

En el órgano colegiado de gobierno de la Agencia participarán los agentes del deporte y, dentro de los mismos, específicamente, las federaciones deportivas.

Recuerde que...

  • Las Federaciones ejercen por delegación de la Administración funciones públicas de carácter administrativo, entre ellas la disciplina deportiva, actuando así como agentes colaboradores de la Administración (art. 30.2 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre) y bajo la tutela.
  • El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponde a los jueces o árbitros, a los clubes deportivos, a las Federaciones deportivas españolas, a las Ligas profesionales, a las Agrupaciones de clubes, y al Tribunal Administrativo del Deporte.
  • El Tribunal Administrativo del Deporte, bajo la dependencia del Consejo Superior de Deportes, resuelve definitivamente en la vía administrativa todas las cuestiones de aplicación del régimen disciplinario deportivo.
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