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Detención

Detención

Proceso penal

I. CONCEPTO

Consiste en una breve limitación del derecho a la libertad de una persona sospechosa de haber cometido un delito, que pueden adoptar la autoridad judicial y fiscal, la policial e incluso los demás ciudadanos en ciertos supuestos, con la finalidad esencial, de ser puesta a disposición judicial, para valorar si procede elevar la detención a prisión o si por el contrario, debe dejarla sin efecto, y acordar su libertad.

Constituye, por tanto, una medida cautelar de naturaleza personal, como también la prisión, si bien difieren en que la detención tiene más carácter de provisionalidad, ya que su duración es mucho más breve, al no poder sobrepasar de las 72 horas, carácter preventivo que es destacado por el artículo 17 de la Constitución.

No obstante, una detención que tenga lugar para cumplir con una sentencia condenatoria, ya no sería una medida cautelar, sino una medida de ejecución de una condena previamente impuesta.

Pese a que el artículo 495 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que "No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviere domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle", debe tenerse en cuenta que en la actualidad las faltas han sido derogadas. En este sentido, dado que algunas de las conductas han pasado a ser delitos leves, cabría aplicar la previsión citada también para dicha modalidad delictiva por lo que la detención de una persona debe estar vinculada a la comisión de un delito, lo que parecería excluir en principio la detención por un delito leve o una falta administrativa. Sin embargo, no puede obviarse que ciertas conductas en la actualidad se consideran como delitos menos graves y no se trata de una mera transposición de falta a delito leve, por lo que para aquellas conductas bien podría realizarse una detención si concurren los demás requisitos necesarios para ello.

Hay que recordar, que existen unos supuestos en que no procede la detención, sino únicamente en los supuestos de flagrante delito, es decir, de comisión de delitos en el momento de cometerse o inmediatamente después de los mismos; así, sería el supuesto de los Diputados y Senadores (artículo 71.2 de la Constitución), los parlamentarios de las Asambleas legislativas y miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas si lo disponen sus Estatutos, los jueces y magistrados y fiscales (y únicamente, por orden del Juez competente, artículo 398 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 56 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal), el Defensor del Pueblo y sus adjuntos (artículo 6 de su Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril).

II. SUPUESTOS QUE NO CONSTITUYEN UNA AUTÉNTICA DETENCIÓN (CACHEOS, RETENCIONES Y OTRAS MEDIDAS)

En ocasiones, se ha planteado, si cuando un ciudadano es sometido a diversos controles por motivos genéricos de seguridad, esa breve restricción de su libertad deambulatoria, constituye un genuino supuesto de detención.

Así, por ejemplo, en relación al cacheo, cabe concluir que no se trata de una diligencia de detención de la persona cacheada. Se trata de una restricción de la libertad de menor intensidad y de escasa duración en el tiempo, justificada por la finalidad de obtener los instrumentos o efectos de una actividad delictiva, que ha de practicarse con moderación y con el máximo respeto a la persona cacheada, por lo que, no se encuentra sometida a los requisitos constitucionales y procesales necesarios de la diligencia de detención propiamente dicha (así se pronuncia la jurisprudencia, en Sentencias del Tribunal Supremo 432/2001, de 16 de marzo, 11 de enero de 1997, y 31 de marzo de 2000).

Por todo ello, no son aplicables a estas medidas, que sólo afectan al derecho a la libertad personal en grado menor, los derechos constitucionales que surgen para la genuina detención, no exigiéndose asistencia de letrado ni información de derechos y del hecho imputado. La jurisprudencia viene declarando que las diligencias de cacheo suponen para el afectado un sometimiento normal a las normas de policía y no implican violación de sus derechos constitucionales a la intimidad siempre que la actuación policial esté justificada y se mantenga dentro del respeto al principio de proporcionalidad (Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2004, rec. 2898, en relación con la STS 193/2002, de 24 de julio, o STS 1393/2002, de 24 de julio).

Tampoco constituye detención una exploración radiológica, ni la realización de una prueba de alcoholemia, ni una mera diligencia de identificación de un ciudadano. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 1579/2005, de 22 de diciembre, indica lo siguiente: "... el examen radiológico a que son sometidos algunos pasajeros al llegar a los aeropuertos españoles -en prevención de un posible transporte de droga en el interior de su organismo- no es por sí misma una detención, ni comporta que necesariamente ésta previamente se haya practicado. Se trata de un mero control dentro de las normales actuaciones policiales de prevención delictiva que, cuando se realiza -como en este caso- voluntariamente, a instancias de los Agentes que solicitan del pasajero ser examinado, prestándose éste voluntariamente a la comprobación interesada, no entraña limitación o constricción forzosa de la libre deambulación, propia de una verdadera detención, por lo mismo que no lo es tampoco la momentánea interrupción que soporta el peatón a quien se le pide la identificación personal, o el conductor a quien se ordena parar para someterse a la prueba de alcoholemia...".

Y respecto de la retención con fines identificativos, y cacheos y registros hemos de recordar, que la L.O. 1/1992 de seguridad ciudadana ha sido derogada y sustituida por la L.O. 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana donde se regulan con detalle las facultades de las autoridades y de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para dictar órdenes e instrucciones, para la entrada y registro en domicilios, requerir la identificación de personas, efectuar comprobaciones y registros en lugares públicos, establecer restricciones del tránsito y controles en la vía pública, así como otras medidas extraordinarias en situaciones de emergencia imprescindible para garantizar la seguridad ciudadana (desalojo de locales o establecimientos, prohibición de paso, evacuación de inmuebles, etc.). Igualmente se regulan las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana.

La relación de estas potestades de policía de seguridad es análoga a la contenida en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, si bien, en garantía de los derechos de los ciudadanos que puedan verse afectados por su legítimo ejercicio por parte de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se perfilan con mayor precisión los presupuestos habilitantes y las condiciones y requisitos de su ejercicio, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional. Así, la habilitación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de identificaciones en la vía pública no se justifica genéricamente –como sucede en la Ley de 1992– en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito; por otra parte, en la práctica de esta diligencia, los agentes deberán respetar escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, y sólo en caso de negativa a la identificación, o si ésta no pudiera realizarse in situ, podrá requerirse a la persona para que acompañe a los agentes a las dependencias policiales más próximas en las que pueda efectuarse dicha identificación, informándola de modo inmediato y comprensible de los fines de la solicitud de identificación y, en su caso, de las razones del requerimiento.

Por primera vez se regulan los registros corporales externos, que sólo podrán realizarse cuando existan motivos para suponer que pueden conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las Leyes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos registros, de carácter superficial, deberán ocasionar el menor perjuicio a la dignidad de la persona, efectuarse por un agente del mismo sexo que la persona sobre la que se practique y, cuando lo exija el respeto a la intimidad, en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros.

Más concretamente el art. 16 LO 4/2015, de 30 de marzo, señala que:

1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.

En estos supuestos, los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados.

En la práctica de la identificación se respetarán estrictamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación por razón de nacimiento, nacionalidad, origen racial o étnico, sexo, religión o creencias, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

2. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas.

La persona a la que se solicite que se identifique será informada de modo inmediato y comprensible de las razones de dicha solicitud, así como, en su caso, del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias policiales.

3. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado 2 se llevará un libro-registro en el que sólo se practicarán asientos relacionados con la seguridad ciudadana. Constarán en él las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos, circunstancias y duración de las mismas, y sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal. El órgano competente de la Administración remitirá mensualmente al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una. Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los tres años.

4. A las personas desplazadas a dependencias policiales a efectos de identificación, se les deberá expedir a su salida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en ellas, la causa y la identidad de los agentes actuantes.

5. En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley.

Ahora bien, como indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2002, de 27 de febrero, citando a su vez, la STC 341/1993, el detenido a que se refiere el artículo 17.2 de la Constitución, es, en principio, el afectado por una medida cautelar de privación de libertad de carácter penal; y por lo mismo, el límite máximo de setenta y dos horas no es aplicable cuando la privación de libertad sirve a un fin radicalmente distinto. No obstante, dicho Tribunal, viene indicando, que del artículo 17.2 CE, se induce que toda privación de libertad, aun no siendo detención, ha de ser limitada en el tiempo. Este criterio fue reiterado en las sentencias TC 174/1999 y 179/2000, ambas referidas a la expulsión de extranjeros desde la zona de tránsito aeroportuaria. Finalmente indica dicho Tribunal, "...que ese límite temporal frente a toda privación de libertad -distinta de la detención para la persecución penal- no es necesariamente uniforme, sino que ha de adecuarse -por supuesto sin concesiones arbitrarias a las autoridades gubernativas- a las finalidades que en cada caso persigue la privación de libertad".

Actualmente, respecto a la denominada devolución de extranjeros que tienen prohibida su entrada en España, tras la aprobación de la Ley Orgánica 4/2000 reguladora de los Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social, si la orden de devolución no se puede cumplir dentro de las 72 horas, debe solicitarse de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión (artículo 58.3 LO 4/2000).

III. CLASES

1. Detención por particulares

Es la detención realizada por un particular sobre otro. Es una facultad o una posibilidad, siempre que concurran unos concretos supuestos establecidos por la Ley procesal penal; así, el artículo 490 LECrim especifica como tales las siguientes: 1º) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo, 2º) Al delincuente, "in fraganti", es decir al que está o acaba de cometer el delito, 3º) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena, 4º) Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme, 5º) Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior, 6º) Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente, 7º) Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Son, en definitiva, supuestos de comisión inmediata de un delito, o de fuga de detenidos, presos o condenados, o personas imputadas, acusadas o condenadas que se encuentran en rebeldía, es decir, sin paradero conocido y sin poderse realizar con los mismos las diligencias necesarias del procedimiento. La detención producida en cualquier otro supuesto distinto de los anteriores, podría dar lugar a la comisión de un delito de detención ilegal (artículo 163.4 del Código Penal). Hay que tener en cuenta, que si la persona detenida lo exige, quien detiene debe dar la pertinente explicación de creer que existen motivos racionalmente suficientes para creer que se encuentra en uno de dichos supuestos que permiten la detención (artículo 491 LECrim).

2. Detención policial

Es la realizada por la policía, y a diferencia de la realizada por un particular, en éste supuesto se trata de una obligación. Lógicamente, se amplía el abanico de supuestos en los que se permite realizar la detención. Así, el artículo 492 de dicha Ley procesal penal, prevé como supuestos los siguientes: 1º) A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490, 2º) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional (Conforme a la Disposición Transitoria 11ª del Código Penal, debe entenderse que dicha pena es de prisión de seis meses a tres años), 3º) Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial, salvo que preste fianza bastante, 4º) Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que existan motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito, y que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.

La práctica de una detención, fuera de los supuestos legales, puede dar lugar a la comisión de un delito de detención ilegal (artículo 167 del Código Penal). La reforma del Código Penal por L.O. 1/2015, de 30 de Marzo señala en el art. 167 que se castiga a: a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades.

Recordemos, no obstante, que la policía está facultada para restringir brevemente los movimientos de las personas, a los meros efectos de lograr la identificación de los ciudadanos, siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan las leyes, pudiendo requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañaren a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible. Por ello, nos remitimos al antes citado art. 16 de la L.O. 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana respecto a las posibilidades de identificación de personas y conducción a dependencias policiales.

Importantísima es, a los efectos que ahora nos ocupan, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal de 12 de julio de 2005, rec. 419/2004, en la que se especifica con claridad que:

"En los supuestos de intervención policial que concluye con la detención de una persona, el examen de la racionalidad de la sospecha que justifica la medida debe hacerse ex ante, y no esperar a la confirmación ex post de los indicios racionales, por lo que es correcto detener con base racional aun cuando posteriormente se determine que el sujeto no ha cometido el ilícito. En realidad, la detención efectuada por los miembros de los Cuerpos Policiales se considerará delictiva cuando ésta se haya efectuado sin indicio razonable alguno de la posible comisión por el detenido de un delito, porque en tales casos la racionalidad y la proporcionalidad se ven desplazadas por la arbitrariedad, situación de arbitrariedad y total sinrazón que no se aprecia en el supuesto de autos a la vista del comportamiento de quien contraviene flagrantemente las disposiciones adoptadas en el ejercicio de sus funciones por los funcionarios policiales, avasallando con la fuerza física a los mismos para conseguir su propósito en contra de dichas disposiciones y resistiéndose activamente a la detención practicada por esa manera de actuar, actuación que, en principio (ex ante) permite considerar la comisión presunta de un ilícito de desobediencia y/o de resistencia a los Agentes de la Autoridad al utilizar la fuerza contra éstos o emplear resistencia activa contra los mismos, provisoriamente incardinable en los tipos penales de los artículos 550 o 556 del Código Penal. De suerte que en este escenario fáctico, el juicio de racionalidad de la posible comisión de una acción delictiva justifica la medida adoptada por los funcionarios policiales y, desde luego, excluye todo viso de arbitrariedad o abuso en la actuación de éstos, por lo que, aunque ex post el Tribunal sentenciador no haya apreciado una actuación delictiva por parte del detenido (al acusar el Ministerio Fiscal únicamente de una falta), ello en modo alguno excluye que en el momento de los hechos existieran esos indicios racionales que sustentaban la actuación policial, como con toda facilidad se aprecia con la simple lectura de los Hechos Probados."

Señalar, también, a los efectos de marcar las diferencias entre la detención por particulares y la policial que señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, de 11 de junio de 1997, rec. 2312/96 que:

"Si en el delito de detención ilegal cometido por particulares, previsto en el artículo 480 Código Penal 1973, debe concurrir violencia física o intimidación, puesto que sin tales medios coactivos, el particular no podría ser encerrado o aprehendido por otro ciudadano, en el delito de detención ilegal cometido por funcionarios públicos previsto en el artículo 184 del Código Penal, obviamente no es necesario que concurran medios coercitivos, puesto que el ciudadano se someterá normalmente a los requerimientos de la Autoridad, sus Agentes o los funcionarios públicos, sometiéndose a las medidas de detención, traslado o encierro que éstos puedan imponerles, para no incurrir en posibles responsabilidades por desobediencia, y además para evitar la imposición coactiva y violenta de la medida de detención."

Quiere ello decir que no es preciso que en la actuación policial concurra violencia, sino que la mera práctica de la detención si no reúne los requisitos legales será entendida como detención ilegal.

Con respecto a las situaciones de resistencia o desobediencia que se puedan dar en la práctica de una detención recordar que la L.O. 1/2015, de 30 de Marzo ha dado nueva redacción a los arts. 550 y 556 CP. Con respecto al art. 550.1 CP y las actuaciones más graves de atentado a los agentes de la autoridad prevé que:

«1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En relación a la desobediencia grave el art. 556 CP regula la desobediencia grave, pero puntualizando que la desobediencia leve que estaba configurada como mera falta ha quedado despenalizada:

«1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.»

La desobediencia leve quedará como infracción grave en el art. 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que configura como tal: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Y será sancionada en el art. 39 de la LO 4/2015, de 30 de marzo con multa de 601 a 30.000 euros.

3. Detención en un procedimiento de expulsión de extranjeros

Conforme al apartado d) del artículo 61.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y como medida cautelar, dentro de un procedimiento administrativo sancionador en el que pueda proponerse la expulsión de un súbdito extranjero, el instructor de dicho expediente, para asegurar la resolución definitiva, puede acordar, la detención por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento. Igualmente, puede acordarse el internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento (artículo 61.1.e) LO 4/2000), medida que requiere una autorización judicial motivada y basada en la carencia de domicilio o de documentación, así como la existencia de condenas o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o administrativos sancionadores pendientes, sin que la duración de dicho internamiento pueda exceder del máximo de 60 días, pudiendo la autoridad judicial fijar un período máximo inferior (artículo 62 LO 4/2000).

4. Detención acordada por el Ministerio Fiscal

Conforme al artículo 5.2 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para el esclarecimiento de los hechos denunciados o que aparezcan en los atestados de los que conozca, puede llevar a cabo u ordenar aquellas diligencias para las que esté legitimado según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y aunque dichas diligencias no pueden suponer la adopción de medidas cautelares o limitativas de derechos, sí que puede ordenar el Fiscal la detención preventiva.

5. Detención judicial

Es la detención acordada por la autoridad judicial durante la tramitación de un procedimiento penal. Ahora bien, dicha detención, puede proceder de diversas circunstancias: 1) Por incomparecencia de una persona que haya sido citada a declarar (artículo 487 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), o persistencia del testigo en incomparecer a un llamamiento judicial (artículo 420 LECrim), 2) Por acordarlo de motu propio en el seno de un procedimiento penal por existir una imputación contra una determinada persona (artículo 494 LECrim, artículo 497 LECrim, párrafo 2, y artículo 763 LECrim), para ejecutar una sentencia privativa de libertad, o por cometerse un delito durante una vista judicial (artículo 684 LECrim, párrafo 4º), 3) O acordarse una nueva detención, que viene a ser una prolongación de la ya acordada por la policía, para cuando por ejemplo, para resolver sobre la prisión o libertad resulta necesaria la práctica de diligencias, o en algunos supuestos en que el procedimiento y el detenido son puestos a disposición del juez que no es competente para conocer del mismo (así se prevé en el artículo 498 de la citada ley procesal, que menciona, entre otros, el supuesto de detenido o preso fugado con proceso pendiente).

Ahora bien, en el supuesto de que se trate de una detención motivada por la comisión de un delito flagrante, o de una persona ya procesada o imputada en un proceso penal, el Juez de Instrucción del lugar donde se produzca la detención, debe proceder a practicar las primeras diligencias y elevar la detención a prisión, o decretar su libertad, sin perjuicio de remitir, posteriormente al Juez competente las diligencias.

6. Referencia a la Orden Europea de Detención y Entrega

Es una resolución judicial dictada por un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama, tanto para el ejercicio de acciones penales por hechos para los que la ley penal española señale una pena o medida de seguridad privativa de libertad que sea al menos de un año de prisión (entrega para enjuiciamiento), o con el fin de proceder al cumplimiento de una condena o medida de seguridad privativa de libertad de al menos cuatro meses de prisión (entrega para cumplimiento de condena).

Fue definitivamente creada por la Decisión Marco de 13 de Junio de 2002 (2002/584/JAI) del Consejo de la Unión Europea sobre procedimientos de entrega entre los Estados miembros, como mecanismo ágil de entrega y colaboración entre los Estados de la Unión Europea, sustituyendo al clásico sistema de la extradición.

En España, las directrices de dicha Decisión Marco, se cumplimentaron mediante la aprobación de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, reguladora de la Orden Europea de Detención y Entrega, que ha sido derogada por la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que en el Título II se dedica a la orden europea de detención y entrega, cuyas normas no sólo siguen lo que hasta ahora ha regulado la Ley 3/2003, de 14 de marzo sobre la orden europea de detención y entrega, sino que también se ha llevado a cabo su puesta al día, en atención a la experiencia ya acumulada en esta materia. Ello ha supuesto el reforzamiento de las garantías jurídicas, en especial con la introducción del criterio de la proporcionalidad, algunas mejoras de técnica normativa y otras modificaciones que persiguen mejorar la aplicación práctica de la norma. Se perfecciona así este procedimiento que permite a cualquier autoridad judicial española solicitar la entrega de una persona a otro Estado miembro para el seguimiento de actuaciones penales o para el cumplimiento de una condena impuesta, así como proceder a la entrega cuando haya recibido una orden europea de detención y entrega procedente de la autoridad judicial de otro Estado miembro. Su regulación específica se encuentra en los arts. 34 y ss de la citada norma.

Respecto del procedimiento y demás cuestiones sobre la Orden de Detención Europea, véase "Extradición".

IV. DURACIÓN DE LA DETENCIÓN

Partiendo del principio de que la detención no debe durar más allá del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, el periodo máximo de duración de la misma no puede superar el de las 72 horas, debiendo ser puesto en libertad o a disposición judicial (artículos 17.2 de la Constitución, y artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

Ahora bien, tratándose de delitos de terrorismo, cabe que la detención pueda prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes (artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En la declaración del Estado de Excepción, la detención puede durar hasta diez días (artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio).

V. DERECHOS DEL DETENIDO

El artículo 17.3 de la Constitución se refiere a los derechos fundamentales de toda persona detenida, indicando que tiene los derechos a ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Igualmente, garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca, y en el apartado cuarto, hace referencia a que una ley regulará el procedimiento de habeas corpus, para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

El desarrollo más pormenorizado de dichos derechos respecto de toda persona detenida o presa, se realiza en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido modificado por la L.O. 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica de reforma de la LECRIM que indica que:

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:

  • a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
  • b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
  • c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
  • d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. En este sentido, la Sentencia TC de 30 Enero 2017, Recurso 7301/2014 , otorga el amparo a dos detenidos por la denegación de acceso a su abogado de oficio al expediente policial. Declara que la negativa sin justificación alguna del Instructor a la entrega del material del que ya disponía, trajo consigo la vulneración del derecho a la asistencia de letrado (art. 17.3 CE ), el cual incluye en su contenido el derecho del detenido y su letrado a acceder a los elementos fundamentales (entonces, art. 7.1 de la Directiva 2012/13/UE , ahora art. 520.2.d LECrim , después de que la LO 5/2015 haya traspuesto dicha directiva ) para impugnar su situación privativa de libertad. Al desestimar posteriormente la solicitud de habeas corpus de los recurrentes, pese a partir de la premisa correcta de la aplicación directa de la Directiva citada, el Auto de 13 de julio de 2014 dejó de reparar la lesión de aquel derecho fundamental.
  • e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
  • f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
  • g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
  • h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
  • i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
  • j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención.

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita.

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse.

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad.

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención.

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente.

6. La asistencia del abogado consistirá en:

  • a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i).
  • b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica.
  • c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la práctica de diligencias que se le soliciten.

    Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.

  • d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118.

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento.

Tratándose de delitos terroristas, puede solicitarse que la autoridad judicial acuerde la incomunicación del detenido, debiendo resolver el juez lo que proceda al respecto a las veinticuatro horas. La mera solicitud de incomunicación motiva que ésta tenga ya lugar, hasta que el juez se pronuncie. El detenido incomunicado tiene derecho de defensa, pero su abogado tiene que ser de oficio, no tendrá derecho a la comunicación, ni a la entrevista reservada con su abogado (artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Este artículo ha sido modificado por la LO 13/2015 que reforma la LECRIM, a cuyo tenor: “1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos si así lo justifican las circunstancias del caso:

  • a) Designar un abogado de su confianza.
  • b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense.
  • c) Entrevistarse reservadamente con su abogado.
  • d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención”.

Por otra parte, en el supuesto de estimar que se ha producido una detención ilegal, el detenido tiene derecho a promover un procedimiento de habeas corpus, es decir a un procedimiento rápido para que el detenido comparezca ante la autoridad judicial, para poder exponer las alegaciones que estime oportunas contra la detención, debiendo la autoridad judicial pronunciarse acerca de la conformidad a derecho de la detención. Dicho procedimiento está regulado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, no precisa de abogado y procurador, y el juez competente para conocer del mismo, es el de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, o el del lugar en que se produzca la detención o el del lugar en que se hubieren tenido las últimas noticias del paradero del detenido (véase "Habeas corpus").

Los derechos del detenido reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Española, pueden suspenderse cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, si bien, esta suspensión no puede afectar al derecho a la información del detenido y a la asistencia de abogado en los supuestos de declaración de estado de excepción (artículo 55.1 de la Constitución). En el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de Junio, reguladora de dichos estados, en lo relativo al estado de excepción, se permite a la autoridad gubernativa proceder a la detención de cualquier persona si lo considera necesario para la conservación del orden, siempre que, cuando menos, existan fundadas sospechas de que dicha persona vaya a provocar alteraciones del orden público. Además, la detención, debe ser comunicada al Juez competente en el plazo de veinticuatro horas.

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