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Despacho de la ejecución

Despacho de la ejecución

El artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978 encomienda, a los Juzgados y Tribunales, con exclusión de cualesquiera otros órganos, la función de hacer cumplir aquello que previamente han decidido o sentenciado. Por tanto, el despacho o la denegación de la ejecución se refiere a la procedencia o improcedencia del proceso de ejecución, con todo lo que ello conlleva en ambos casos

Proceso civil

¿Qué es el despacho de la ejecución?

El artículo 117.3 de la Constitución Española de 1978 dispone que "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan". Se encomienda, pues, a los Juzgados y Tribunales, con exclusión de cualesquiera otros órganos, la función de hacer cumplir aquello que previamente han decidido o sentenciado. La importancia de la actividad ejecutiva es, capital, pues de nada serviría lo solemnemente declarado en una resolución judicial si el mismo órgano jurisdiccional no tuviera atribuciones ni medios suficientes para hacer cumplir eficazmente aquello que ha acordado o decidido antes.

En el ámbito del procedimiento civil la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 incluye "la ejecución" dentro de las clases de tutela jurisdiccional que pueden solicitarse de un juzgado o tribunal, al indicar que "se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas .. y la ejecución ..." (artículo 5.1 LEC), si bien "las pretensiones a que se refiere el apartado anterior se formularán ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida".

Conecta así la ley procesal con algunos pronunciamientos dados por nuestro Tribunal Constitucional que asocian el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 24.1 de la Constitución Española, con la efectividad de las resoluciones judiciales.

Por lo tanto, cuando en el articulado de la ley procesal civil se alude al despacho o a la denegación de la ejecución se refiere claramente a la procedencia o no del proceso de ejecución.

¿Dónde está regulado y cuál es el ámbito de aplicación del proceso de ejecución

Como se ha dicho en el epígrafe anterior, cuando la ley procesal alude al despacho o a la denegación de la ejecución se está refiriendo a la procedencia o improcedencia del proceso de ejecución, con todo lo que ello conlleva en ambos casos.

La Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere siempre al despacho o a la denegación de ejecución en el ámbito de la ejecución forzosa, la cual viene regulada en su Libro III, "De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares" (artículos 517 a747 LEC), y más concretamente dentro de los diversos apartados que la integran, y que son:

El día 4 de noviembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, que entró en vigor a los seis meses de su publicación, con la sola excepción del nuevo apartado 3 del artículo 23 de la LEC, ajeno a esta materia, que entró en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE (Disposición final tercera).

La Exposición de Motivos de la ley comienza diciendo que la reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable, y que uno de los pilares esenciales para la consecución de un servicio público de la Justicia ágil, transparente, responsable y plenamente conforme con los valores constitucionales, es la implantación de la nueva Oficina judicial, cuyo objetivo es racionalizar y optimizar los recursos destinados al funcionamiento de la Administración de Justicia.

Una de las claves fundamentales para que las Oficinas judiciales alcancen el objetivo previsto, dice la ley, reside en los letrados de la administración de justicia Secretarios Judiciales, cuyas funciones procesales han sido considerablemente aumentadas y potenciadas. En este sentido, la nueva ley materializa la previsión contenida en el artículo 456. 6.3.a) de la LOPJ, de que "Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias:

a) Ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a Jueces y Magistrados el cual atribuía a los Secretarios judiciales la ejecución, salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y Magistrados. La idea inspiradora de la reforma ha sido, pues, la de concretar las competencias procesales del Cuerpo de letrados de la AJ Secretarios Judiciales, configurado ahora como un cuerpo superior jurídico, de modo que, salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del trámite de que se trate al letrado de la AJ -Secretario judicial. De este modo, se garantiza que el Juez o Tribunal pueda concentrar sus esfuerzos en la labor que les atribuyen la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Por lo que hace referencia al despacho de ejecución, el nuevo artículo 551.1 LEC, ubicado en las disposiciones generales de la ejecución, distingue entre el auto que contiene la orden general de ejecución y el despacho de ejecución, que es competencia reservada al Tribunal que conoce el asunto, y el decreto de requerimiento de pago y medidas ejecutivas concretas, que es competencia del Secretario judicial responsable de la ejecución y ha de dictarse en el mismo día o en el siguiente día hábil, una vez que se ha dictado el susodicho auto por el Juez o Magistrado. Por tanto, la nueva LEC diferencia entre la orden general de ejecución y despacho de ejecución, cuyo contenido, de menor amplitud que el anterior auto de despacho de ejecución, se especifica en el artículo 551.2 LEC, y el decreto de requerimiento de pago y medidas ejecutivas concretas, cuyo contenido figura en el artículo 551.3 LEC. De lo dicho anteriormente se desprende, sin ningún género de dudas, que la cantidad por la que se ha de despachar la ejecución, por todos los conceptos, sigue estando reservada a la decisión judicial puesto que ha de incluirse en la orden general de ejecución y despacho de ejecución (artículo 551.2.3º LEC), mientras que el requerimiento de pago que deba hacerse al deudor figurará en el decreto que dictará el Secretario judicial responsable de la ejecución (artículo 551.3.3º LEC).

Sin embargo, esa estructura dual del despacho de ejecución, repartida entre la orden general de ejecución, competencia del reservada al Tribunal, y el decreto de requerimiento y adopción de medidas ejecutivas concretas, no se prevé, sin embargo, para el proceso de ejecución hipotecaria, pues el artículo 686.1 LEC establece que "En el auto por el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda en el domicilio que resulte vigente en el Registro". Por tanto, en el proceso de ejecución directa contra bienes hipotecados el requerimiento de pago ha de figurar en el auto por el que se autorice y despache la ejecución, no previéndose el dictado de decreto alguno, por parte del Secretario responsable de la ejecución, tras el dictado del indicado auto.

¿Cuál es el contenido del despacho de la ejecución?

Es la decisión judicial en forma de auto (artículos 545.5 y 551.2 LEC) que adopta el tribunal competente para dar inicio al proceso de ejecución y que contiene los extremos previstos en el artículo 551.2 LEC:

"1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la persona o personas contra quien se despacha ésta. 2.º Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria. 3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución por todos los conceptos. 4.º Las precisiones que resulte necesario realizar respecto de las partes o del contenido de la ejecución, según lo dispuesto en el título ejecutivo, y asimismo respecto de los responsables personales de la deuda o propietarios de bienes especialmente afectos a su pago o a los que ha de extenderse la ejecución, según lo establecido en el artículo 538 de esta ley."

En el artículo 554 LEC se contemplan las medidas a adoptar inmediatamente tras el auto de despacho de la ejecución:

"En los casos en que no se establezca requerimiento de pago, las medidas a que se refiere el número 2.º del apartado 3 del artículo 551 LEC (Las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, conforme a lo previsto en los artículos 589 y 590 LEC) se llevarán a efecto de inmediato, sin oír previamente al ejecutado ni esperar a la notificación del decreto dictado al efecto" (artículo 554.1 LEC). "Aunque deba efectuarse requerimiento de pago, se procederá también en la forma prevista en el apartado anterior cuando así lo solicitare el ejecutante, justificando, a juicio del Secretario judicial responsable de la ejecución, que cualquier demora en la localización e investigación de bienes podría frustrar el buen fin de la ejecución" (artículo 554.2 LEC).

El embargo ejecutivo de bienes del deudor tendrá lugar una vez despachada la ejecución (artículos 553 y 585.I), sin necesidad de requerimiento previo de pago, en el caso de que el título ejecutivo consista resoluciones del Secretario judicial, resoluciones judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso (artículo 580) o cuando a la demanda ejecutiva se haya acompañado acta notarial que acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación (artículo 581.2 LEC); y mediando dicho requerimiento, cuando la ejecución para la entrega de cantidades determinadas de dinero no se funde en dichos títulos ejecutivos o no haya tenido lugar dicho requerimiento notarial antes indicado (apartados 1 y 2 del artículo 581 LEC, interpretados en sentido contrario).

El artículo 583 LEC regula el pago por el ejecutado en los siguientes términos:

"1.- Si el ejecutado pagase en el acto del requerimiento o antes del despacho de ejecución, el Secretario judicial pondrá la suma de dinero correspondiente a disposición del ejecutante, y entregará al ejecutado justificante del pago realizado.

2.- Satisfechos intereses y costas, de haberse devengado, el Secretario judicial dictará decreto dando por terminada la ejecución".

¿Cómo se determina la cantidad y qué particularidades presenta el despacho de la ejecución?

El artículo 575.1 LEC dispone que "la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 % de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación. Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que, atendiendo a la previsible duración de la ejecución y al tipo de interés aplicable, los intereses que puedan devengarse durante la ejecución más las costas de ésta superaran el límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad que provisionalmente se fije para dichos conceptos podrá exceder del límite indicado". Prosigue el precepto diciendo que "sin perjuicio de la pluspetición que pueda alegar el ejecutado, el tribunal no podrá denegar el despacho de la ejecución porque entienda que la cantidad debida es distinta de la fijada por el ejecutante en la demanda ejecutiva" (artículo 575.2 LEC). "Sin embargo, no se despachará ejecución si, en su caso, la demanda ejecutiva no expresase los cálculos a que se refieren los artículos anteriores o a ella no se acompañasen los documentos que estos preceptos exigen" (artículo 575.3 LEC).

La ley procesal regula a continuación el cálculo de intereses por la mora procesal (artículo 576 LEC), las particularidades de la ejecución dineraria cuando la deuda estuviera fijada en moneda extranjera (artículo 577 LEC) y la actuación a seguir en caso de vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda (artículo 578 LEC). Por último, en el caso de la ejecución dineraria en casos de bienes especialmente hipotecados o pignorados, la ley remite a lo dispuesto en el capítulo correspondiente, esto es, los artículos 681 a698 LEC (artículo 579 LEC) añadiendo como novedad que si, subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución.

¿A qué nos referimos con irrecurribilidad del despacho de ejecución?

Contra el auto autorizando y despachando la ejecución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado (artículo 551.4 LEC).

La ley regula la oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales y de transacciones y acuerdos aprobados judicialmente (artículo 556 LEC); la oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales ni arbitrales (artículo 557 LEC) y la oposición por pluspetición (artículo 558 LEC), diferenciando el procedimiento a seguir cuando la oposición es por defectos procesales (artículo 559 LEC) y por motivos de fondo (artículo 560 LEC), así como la defensa jurídica del ejecutado fundada en hechos y actos no comprendidos en las causas de oposición a la ejecución (artículo 564 LEC).

En el ámbito de la ejecución provisional, contra el auto que despache la ejecución provisional no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado conforme a lo dispuesto en el artículo 528.2 LEC.

En el ámbito de la ejecución hipotecaria, las causas de oposición, que son tasadas, se recogen en el artículo 695 LEC.

¿Cómo se produce el final de la ejecución y qué novedades acerca del despacho de ejecución trae la Ley 37/2011?

La ejecución forzosa sólo terminará con la completa satisfacción del acreedor ejecutante, lo que se acordará por decreto del Secretario judicial, contra el cual podrá interponerse recurso directo de revisión (artículo 570 LEC).

Tres preceptos pueden destacarse como novedades acerca del despacho de ejecución:

"Artículo 548. Plazo de espera de la ejecución de resoluciones procesales o arbitrales.

No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales dentro de los veinte días posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio haya sido notificada al ejecutado."

El apartado 1 del artículo 556 LEC queda redactado en los siguientes términos:

"1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, que habrá de justificar documentalmente.

También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público".

El apartado 1 del artículo 563 LEC queda redactado en los siguientes términos:

"1. Cuando, habiéndose despachado ejecución en virtud de sentencias o resoluciones judiciales, el Tribunal competente para la ejecución provea en contradicción con el título ejecutivo, la parte perjudicada podrá interponer recurso de reposición y, si se desestimare, de apelación.

Si la resolución contraria al título ejecutivo fuere dictada por el Secretario judicial, previa reposición, cabrá contra ella recurso de revisión ante el Tribunal y, si fuera desestimado, recurso de apelación".

Destacar también la reforma introducida en el art. 540 LEC respecto a Ejecutante y ejecutado en casos de sucesión, ya que la ley 42/2015 lo modifica y señala que:

"1. La ejecución podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como ejecutado.

2. Para acreditar la sucesión, a los efectos del apartado anterior, habrán de presentarse al tribunal los documentos fehacientes en que aquélla conste. Si el tribunal los considera suficientes a tales efectos por concurrir los requisitos exigidos para su validez, procederá, sin más trámites, a despachar la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor en razón de los documentos presentados.

En el caso de que se hubiera despachado ya ejecución, se notificará la sucesión al ejecutado o ejecutante, según proceda, continuándose la ejecución a favor o frente a quien resulte ser sucesor.

3. Si la sucesión no constara en documentos fehacientes o el tribunal no los considerare suficientes, mandará que el secretario judicial dé traslado de la petición que deduzca el ejecutante o ejecutado cuya sucesión se haya producido, a quien conste como ejecutado o ejecutante en el título y a quien se pretenda que es su sucesor, dándoles audiencia por el plazo de 15 días. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que las hayan efectuado, el tribunal decidirá lo que proceda sobre la sucesión a los solos efectos del despacho o de la prosecución de la ejecución."

Recuerde que...

  • Se encomienda, pues, a los Juzgados y Tribunales, con exclusión de cualesquiera otros órganos, la función de hacer cumplir aquello que previamente han decidido o sentenciado.
  • La Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere siempre al despacho o a la denegación de ejecución en el ámbito de la ejecución forzosa.
  • Si subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el ejecutante podrá pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá.
  • Contra el auto autorizando y despachando la ejecución no se dará recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formular el ejecutado.
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