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Habeas corpus

Habeas corpus

Proceso penal

I. DEFINICIÓN

El artículo 17 de la Constitución Española establece que toda persona tiene derecho a la libertad, no pudiendo ser privado de ella sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para la averiguación de los hechos investigados, pero, en todo caso, en el plazo de 72 horas, quien así se halle privado de libertad, deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

Además de los plazos, en la detención interesan las garantías, y estas comienzan por el derecho del detenido a ser informado, de modo que le sea comprensible, inmediatamente de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligado a declarar, y del derecho a ser asistido por Abogado tanto en las diligencias policiales como judiciales.

El artículo 17.4 de la Constitución Española añade que la ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.

Es decir, que el habeas corpus (tráigase el cuerpo) es un procedimiento breve y especial para la rápida entrega al Juez (generalmente de guardia) de una persona que aparentemente esté detenido de forma no justificada legalmente o sin cumplimiento de todos los requisitos que vemos rodean de garantías a la detención.

Se configura así como un procedimiento obligado por mandato constitucional de rápida entrega de la persona del detenido a disposición del Juez para que conocidas las alegaciones del afectado, se decida si la detención es o no ajustada a Derecho.

Su origen anglosajón no puede ocultar, sin embargo, su raigambre en el Derecho histórico español, donde cuenta con antecedentes lejanos como el denominado recurso de manifestación de personas del Reino de Aragón y las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contienen en el Fuero de Vizcaya y otros ordenamientos forales, así como con antecedentes más próximos en las Constituciones de 1869 y 1876, que regulaban este procedimiento, aun cuando no le otorgaban denominación específica alguna.

La pretensión del “Habeas Corpus” es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales.

Por consiguiente, el “Habeas Corpus” se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez, comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a Derecho de la detención.

La eficaz regulación del “Habeas Corpus” exige, por tanto, la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial.

Se regula por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, con la clara intención de salvaguardar el derecho a la libertad tanto frente a los particulares como, especialmente frente a los poderes públicos.

II. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS

Se fijan en la Exposición de Motivos de su Ley Orgánica reguladora, que indica que son complementarios:

  • 1. El procedimiento debe ser rápido.

    La agilidad es absolutamente necesaria para conseguir que la violación ilegal de la libertad de la persona sea reparada con la máxima celeridad.

    Esto se consigue instituyendo un procedimiento judicial sumario y extraordinariamente rápido, hasta el punto de que tiene que finalizar en veinticuatro horas.

    Ello supone una evidente garantía de que las detenciones ilegales, o mantenidas en condiciones ilegales, finalizarán a la mayor brevedad

  • 2. El procedimiento debe ser sencillo -no precisa de escritos o postulación-, porque al poder afectar a cualquiera debe ser de fácil comprensión y de sencilla ejecución.

    La sencillez y la carencia de formalismos, que se manifiestan en la posibilidad de la comparecencia verbal y en la no necesidad del Abogado y Procurador, evitarán dilaciones indebidas y permitirán el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su nivel de conocimiento de sus derechos y de sus medios económicos, al recurso de “Habeas Corpus”.

  • 3. Es general en el sentido de que admite la legitimación activa para iniciar el procedimiento a tantas personas que es difícil que alguien, particular o agente de la autoridad, se pueda sustraer del control judicial pretendido.
  • 4. Es universal, porque permite enjuiciar todo tipo de privaciones de libertad no judiciales, y porque además de las supuestas detenciones ilegales -delictivas- ya porque la detención se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga lugar sin cobertura jurídica, puede supervisar también las irregulares, esto es, las que siendo legales se prolongan, mantienen o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la norma.

III. OBJETO DE LA LEY

Se establece en el artículo 1 cuando señala que mediante el procedimiento del “Habeas Corpus”, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

IV. CONCEPTO DE DETENCIÓN ILEGAL

A los efectos de la ley (artículo 1) se consideran personas ilegalmente detenidas:

  • a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.

    En este sentido conviene señalar que estos se recogen además de en el artículo 17 de la Constitución Española en los artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

  • b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  • c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.

    Frente al máximo de las 72 horas, hay que recordar que la ley quiere un plazo inferior, que es aquel que posibilite el aseguramiento inicial de las fuentes probatorias y la aclaración de los hechos y el autor delictivos investigados, y por ello, sólo se puede hacer uso del plazo de las 72 horas, si racionalmente se están practicando diligencias previas a la intervención judicial conducentes a esta finalidad.

    Recordar también la posibilidad de ampliación de este plazo en el caso de la detención incomunicada regulada en el artículo 520 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no obstante debe ser autorizada por Juez y que por lo tanto ya conlleva judicialización.

  • d) Las personas privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a todo detenido.

    Se refiere a los recogidos en los artículos 17, 24 de la Constitución Española y 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

V. COMPETENCIA

Es competente para conocer la solicitud de “Habeas Corpus” el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.

Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución Española, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez Central de Instrucción correspondiente, por tratarse de materia referente a bandas armadas y elementos terroristas.

En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de “Habeas Corpus” el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectúo la detención.

VI. LEGITIMACIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO

Podrán instar el procedimiento de “Habeas Corpus” que esta Ley establece:

  • a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad; descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
  • b) El Ministerio Fiscal.
  • c) El Defensor del Pueblo.

No se habilita por lo tanto al Abogado del detenido, que por ello y en su caso, tendrá que convencer a su representado o relaciones de este indicadas, de la necesidad de la interposición del Habeas Corpus para poder hacerlo.

Asimismo, lo podrá iniciar, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo 2.

VII. PROCEDIMIENTO

El procedimiento se iniciará (artículo 4), salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.

En dicho escrito o comparecencia deberán constar:

  • a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta Ley.
  • b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar relevantes.
  • c) El motivo concreto por el que se solicita el “Habeas Corpus”.

La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público (artículo 5), estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de “Habeas Corpus”, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia.

Si incumplieren esta obligación, serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que pudieran incurrir.

Promovida la solicitud de “Habeas Corpus” (artículo 6) el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal.

Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente.

El segundo supuesto es lo que se conoce con la expresión de la inadmisión a límine del procedimiento de Habeas Corpus.

A ella se refiere entre otras la Sentencia del Tribunal Constitucional 23/2004, de 23 de febrero, estimatoria del amparo que indica que es improcedente declarar la inadmisión del procedimiento cuando se funda en la afirmación de que el recurrente no se encontraba ilícitamente detenido, ya que en el procedimiento de habeas corpus el contenido es precisamente determinar la licitud o ilicitud de la detención, y por esa razón el enjuiciamiento de la legalidad de esta debe llevarse a cabo en el juicio de fondo, previa comparecencia y audiencia del solicitante.

Es decir, no se puede anticipar el fondo -la decisión de legalidad o no de la propia detención- en el trámite de admisión, porque la naturaleza y función constitucional del procedimiento de habeas corpus completo es controlar si, tras las audiencias y trámites oportunos, se ejerció o no conforme a la legalidad la privación de libertad analizada.

Dicho Auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.

En otro caso (artículo 7) en el Auto de incoación el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o a aquel en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre.

Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; acto seguido oirá en justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo caso, a aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad; a todos ellos dará a conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.

El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas indicadas y las que propongan que puedan practicarse en el acto.

En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el Auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda.

VIII. RESOLUCIÓN

Practicadas todas las actuaciones anteriores (artículo 8), el Juez, mediante Auto motivado, adoptará seguidamente alguna de estas resoluciones:

  • 1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 1, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.
  • 2. Si sin embargo y por el contrario estima que concurre alguna de las circunstancias dichas, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:
    • a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente.
    • b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas de las que hasta entonces la detentaban.
    • c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiere transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.

Aunque no hay disposición alguna en la ley que se refiera a la posibilidad o no de recurrir el Auto que analizamos, al hallarnos en la jurisdicción penal, entendemos que por tratarse de un auto no apelable del Juez de instrucción (artículo 218 Ley de Enjuiciamiento Criminal) podría ser recurrido en queja, y también en reforma.

IX. OTRAS CONSECUENCIAS

El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad.

En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá, asimismo, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes.

En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento; en caso contrario, éstas se declararán de oficio.

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