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Conformidad del acusado

CONFORMIDAD DEL ACUSADO

I. CONCEPTO Y REGULACIÓN

A diferencia de lo que ocurre en el proceso civil con el denominado allanamiento del demandado a la pretensión del actor, en el proceso penal la voluntad del investigado no puede provocar la finalización del proceso. La única incidencia que la voluntad del investigado puede tener en el proceso penal es la de evitar la celebración del juicio, en los casos y en el modo y forma en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 655, 688 y siguientes LECrim para el procedimiento ordinario, y artículos 784.3 y 787 LECrim para el procedimiento abreviado) o la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (artículo 50 LOTJ), permite su conformidad con la pena pedida por el acusado, dictándose sentencia de conformidad. Igualmente, debe añadirse aquellos supuestos en los que se da inicio por parte del Ministerio Fiscal al proceso por aceptación de decreto, y el investigado acepta la propuesta del Ministerio Público, poniendo fin así al proceso penal (art. 803 bis LECrim).

Desde su origen en el texto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, pasando por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995, hasta las recientes manifestaciones en las Leyes de reforma de 1988, 1992 y 2002, la conformidad se ha configurado en la justicia penal española como una institución procesal basada tradicionalmente en el principio de adhesión. La conformidad es un modo de poner fin al proceso, que supone la aceptación por el acusado de los hechos, de la calificación jurídica y de la responsabilidad penal y civil exigida. Se parte, ciertamente, de la autonomía de la voluntad del sujeto pasivo del proceso penal, aunque dicha autonomía queda inicialmente limitada a la posibilidad de aceptar, sin negociación, la calificación más grave formulada por las acusaciones, con el único beneficio para el acusado de evitar el juicio.

La escasa utilidad práctica de la conformidad estricta, en la que el acusado obtiene un beneficio poco relevante -la simple evitación del juicio-, renunciando implícitamente a toda posible rebaja, o incluso a la absolución que pudiera derivarse del propio juicio, condujo al legislador a introducir, muy tímida y difusamente en la Ley Orgánica 7/1988, un principio de negociación, permitiendo que el escrito de la defensa se presentara conjuntamente con el del fiscal (antiguo artículo 791.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), o bien autorizando al Ministerio Fiscal a que rebajara la pena en el juicio oral con el fin de favorecer la conformidad del acusado (antiguo artículo 793.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Con ello nuestro modelo de conformidad se aproxima a los sistemas de "transacción penal", siguiendo en este punto los criterios de la Recomendación 18 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Un paso decidido, y no exento de polémica, que ha sido adecuadamente justificado no sólo desde la práctica sino desde los principios constitucionales que informan el vigente modelo de justicia penal.

Fuera del reconocimiento de los hechos, puede el acusado conformarse con la pena más grave de las solicitadas por las acusaciones. Es la conformidad un modo de poner fin al proceso por la voluntad del acusado, que supone la aceptación de los hechos, de la calificación jurídica y de la responsabilidad que se solicita por la acusación y representa un acto de disposición del derecho de defensa. Esta disposición se concreta en la renuncia al derecho a la presunción de inocencia, y exonera a la acusación de la carga de probar la culpabilidad del acusado en un juicio contradictorio con pruebas y debates, de modo que la condena de quien se conforma se produce por su propia manifestación de voluntad y no porque haya sido encontrado culpable tras el juicio oral. Así pues, la conformidad incide tanto en el desarrollo del proceso, que finaliza anticipadamente, como en el propio contenido de la sentencia, pues el órgano judicial queda vinculado por la manifestación del acusado.

II. REQUISITOS DEL ACTO DE LA CONFORMIDAD

El acto procesal del acusado en que se manifiesta la conformidad debe cumplir una serie de requisitos para su validez: la conformidad ha de ser absoluta, expresa y personalísima, voluntaria, formal y de doble garantía (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 1 de marzo de 1.988).

En primer lugar, la manifestación del acusado ha de recaer sobre el contenido íntegro de la calificación acusatoria, pues al escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad se refieren los artículos 655 y 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la conformidad se extiende tanto a los hechos, como a su configuración jurídica y a la pena en su concreta naturaleza y medida, sin limitación de clase alguna. El carácter absoluto de la conformidad impide que se someta a cualquier género de condición, plazo o término, salvo en lo que se refiere a la responsabilidad civil. Por lo tanto, no es posible condicionar la conformidad a la suspensión de la ejecución de la pena o a cualquier otro límite o condición, pues en este caso debe continuarse el juicio oral.

En segundo lugar, la conformidad ha de ser expresa, lo que impide admitir que se manifieste o deduzca de forma tácita o implícita y exige una categórica afirmación de la misma por parte del acusado. Porque el carácter personalísimo de la conformidad no permite que se realice por medio de mandatario, representante o intermediario, ni siquiera provistos de poder especial; y menos aún, dejarse al arbitrio de un tercero. Por esta razón, el artículo 655 LECrim señala la previa ratificación del procesado en la conformidad, y el artículo 784.3 LECrim dispone que el escrito de defensa donde se exprese la conformidad sea "firmado también por el acusado"; o en el artículo 787.1 LECrim la defensa podrá pedir que se proceda a dictar sentencia de conformidad "con la conformidad del acusado presente". Esta exigencia de la intervención personal y directa del acusado es debida al propio carácter de los derechos procesales a los que se renuncia y de la responsabilidad criminal que se acepta, que son de su exclusiva titularidad.

En tercer lugar, la conformidad ha de ser prestada voluntariamente. La conformidad debe prestarse libre y voluntariamente, lo que significa, de un lado, que el acusado ha de tener pleno conocimiento de las consecuencias de su acto, comprendiendo debidamente la naturaleza de la acusación y los derechos a los que está renunciando; de otro lado, supone que ese acto procesal no puede haber sido inducido mediante coacciones, amenazas, engaños, etc., de modo que podrá revocarse e invalidarse por vicios del consentimiento, evitando precisamente que el acusado se vea condenado cuando su conformidad adolezca de ignorancia, error, violencia o dolo. Las garantías de la voluntariedad se concretan tanto en la necesaria concurrencia de la manifestación del acusado junto con la de su defensor; como en que se ha de prestar ante el juez, quien debe oír "al acusado acerca de si su conformidad ha sido prestada libremente y con conocimiento de sus consecuencias" (artículo 787.2 LECrim); como en deber del Letrado de la Administración de justicia de informar al acusado sobre las consecuencias de la conformidad antes de que éste la haya prestado (artículo 787.4 LECrim). De todos modos, si se hubiera dado algún vicio en la voluntad del acusado cuando expresó su conformidad, la ineficacia del acto viciado podría hacerse valer directamente ante el sentenciador, si se descubre previamente a que se dicte la sentencia; si no fuera así, podrá hacerse valer por vía de recurso contra la sentencia, sea ante la Audiencia o ante la Sala Penal del Tribunal Supremo; si se descubriera en un momento posterior se podrá plantear un proceso de revisión de la sentencia firme cuyo contenido hubiera venido determinado por algún vicio de la voluntad (artículo 954.1.a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

En cuarto lugar, la conformidad representa un acto formal, debe reunir las solemnidades requeridas por la ley para cada uno de los momentos procesales en que puede manifestarse, formalidades que son de estricta observancia en cuanto incorporan las garantías esenciales de tan trascendente acto procesal. Por tanto, el procedimiento que rodea a la prestación de la conformidad ha de ser estrictamente observado, so pena de viciar de nulidad el acto.

Finalmente, la conformidad es un acto de doble garantía, pues en todos los casos ha de manifestarse concurrentemente las voluntades del acusado y de su abogado defensor, de modo que no basta la declaración del acusado si no va acompañada de la de su letrado en el mismo sentido, de modo que si éste considera necesaria la continuación del juicio el juez podrá ordenarla no obstante la conformidad del acusado (artículos 694 y 787.4.II LECrim).

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La conformidad no puede prestarse en todos los procesos. La ley impone al juez o tribunal que dicte sentencia de conformidad "si la pena no excediere de seis años de prisión" (artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado) o "fuese de carácter correccional" (artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) refiriéndose a las penas menos graves. Eso quiere decir que la conformidad puede tener lugar tanto ante el Juzgado de lo Penal como ante la Audiencia, pues la distribución de la competencia entre ellos se realiza de acuerdo con la pena que en abstracto tenga asignada la figura delictiva, de modo que la petición de pena ante la Audiencia puede resultar inferior a su límite competencial y permitir así la conformidad en el proceso abreviado. La regla del límite de los seis años de prisión resulta, por tanto, de aplicación en todos los procesos penales, terminando con la confusión existente, y sirve tanto para el proceso abreviado (artículo 787.1 LECrim), como para el sumario ordinario (artículos 655 y 688 LECrim), y para el proceso ante el tribunal del jurado (artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado). Ésta pura función unificadora parece haber sido la razón última del plazo de los seis años de prisión, que no encuentra correspondencia en otras previsiones del proceso abreviado ni de los juicios rápidos, ni en la distribución de la competencia de los órganos judiciales, ni en las clases, cuantía y gravedad de las penas establecidas en el Código Penal siete años antes de la Ley 38/2002. Por otro lado, debe partirse de cada pena que se hubiera solicitado si fueran varias, es decir, tener en cuenta cada uno de los delitos por los que se formule acusación, sin que puedan sumarse las penas solicitadas si se tratara de más de un delito; en este caso, para admitir la conformidad ha de considerarse la acusación por cada delito individualmente, de modo que ninguna de las peticiones de pena supere el límite de los seis años de prisión, con independencia de que la suma de las penas pueda exceder con creces de ese límite.

Por las propias razones que movieron al legislador a regular una conformidad especial para los juicios rápidos, en cambio en este proceso especial se tiene presente la suma de las penas que se hubieran solicitado, y el artículo 801.1.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza la sentencia de conformidad solamente cuando "tratándose de pena privativa de libertad, la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un tercio, los dos años de prisión"; sin embargo esa regla no existe en el proceso abreviado, de modo que sólo debe tenerse en cuenta para la validez de la conformidad del acusado la pena que se pida por cada delito, y no la suma de penas si se acusa por una pluralidad de delitos.

IV. MOMENTO PROCESAL

  • 1. En el procedimiento abreviado, además de la conversión de las diligencias previas en urgentes como consecuencia del reconocimiento de hechos por el acusado del artículo 779.1.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la conformidad con el escrito de acusación puede prestarse en tres momentos: en el propio escrito de defensa una vez abierto el juicio oral por el Instructor (artículo 784.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal); en un nuevo escrito de calificación conjunta firmado por acusadores y acusado, y al inicio de las sesiones del juicio oral, antes de iniciarse la práctica de la prueba (artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Se ha planteado el problema de la validez del escrito conjunto cuando falte la firma de alguna de las acusaciones; el escrito debe contener desde luego la firma de la acusación o de las acusaciones que hubieran pedido en su escrito una pena superior a la que figure en la nueva calificación conjunta, pero si alguna de las acusaciones hubiera solicitado una pena inferior a la conformada la falta de su firma en el nuevo escrito de calificación no invalidará éste, pues su inicial petición no había llegado a la pena con la que finalmente se conforma el acusado.
  • 2. En los juicios rápidos (artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), la conformidad del acusado con la acusación del Ministerio Fiscal debe mostrarse en el mismo acto de presentación de su escrito, en aquellos casos en que no exista acusación particular, o en el escrito de defensa de la parte cuando dicha acusación particular esté personada.
  • 3. En el procedimiento ordinario, la conformidad del acusado puede presentarse sólo en el escrito de defensa (artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y en el acto del juicio oral (artículo 688 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
  • 4. En el procedimiento del Tribunal del Jurado, la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado regula expresamente la conformidad (artículo 50 LOTJ) como una forma más de disolución del jurado, una vez que éste ha sido constituido, encontrándose la causa ante el órgano enjuiciador, por conformidad del acusado con el escrito de calificación que solicite la pena de mayor gravedad o por escrito conjunto de todas las partes presentado en el acto. No obstante ello, aunque la Ley no regule expresamente la posibilidad de la conformidad en la fase intermedia, tal posibilidad se desprende de la integración de aquella norma supletoriamente con las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 24.2 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado) y, por tanto, del artículo 655 de la misma, en el que se regula la conformidad en el escrito de calificación provisional del acusado, y se ordena, previa ratificación personal del mismo ante el órgano de enjuiciamiento, que se dicte sentencia sin más trámites (Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 2ª, de 5 de marzo de 2001, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de abril de 2002 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 15 de abril de 2002, entre otras).
  • 5. ¿Se pueden modificar en el sumario las conclusiones al inicio del juicio y conseguir una conformidad?

    No está prevista esta opción legalmente, pero tan sólo podría darse este supuesto si se llegara con carácter previo al juicio oral un acuerdo entre la defensa y la fiscalía y acusación particular, en su caso, en virtud del cual se acordara una modificación de la pena a interesar por las acusaciones en virtud de una confesión de los hechos y conformidad con la pena. Llegados a este punto hay que señalar que el juez o tribunal no interviene en estas actuaciones, ni puede hacerlo, pero si las partes comunican al juez o tribunal esta circunstancia podrá dar la palabra al Fiscal y acusaciones para que se pronuncien sobre esta modificación que se postula. En el caso de que fuere procedente la conformidad atendiendo a que la petición de pena de prisión fuere no superior a seis años podría dar la palabra al acusado para la conformidad en la forma y metodología ya vistos.

V. EL CONTROL JUDICIAL DE LA CONFORMIDAD

El órgano judicial realizará el control de la conformidad en orden a su homologación sobre los aspectos a los que se refieren los artículos 655 y 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 50.2 y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, es decir, en primer lugar, sobre la corrección de la calificación aceptada y la procedencia de la pena con arreglo a esa calificación y, en segundo lugar, sobre la voluntariedad y el conocimiento de las consecuencias de la conformidad prestada.

1. Control sobre la corrección de la calificación

La intervención judicial una vez que se ha manifestado la conformidad recae, en primer lugar, sobre la corrección de la calificación presentada por la acusación o en el escrito conjunto. Este control parte necesariamente de los hechos relatados, que vinculan absolutamente al Juez o a la Audiencia Provincial, de modo que el tribunal no podrá alterarlos, modificarlos, añadir hechos nuevos u obviar alguno de los que se hayan introducido. Pues bien, a la vista de los hechos el juzgador ha de valorar la corrección de la calificación jurídica. A diferencia de la anterior regulación, en la que las facultades de control judicial sobre la conformidad se limitaba a la tipicidad del hecho o a la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que se desprendieran de los hechos, el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal amplía las facultades del juzgador, y le permite un amplio control de la calificación con la que el acusado se ha conformado, que comprende todos sus extremos, desde la aplicación y procedencia del tipo penal -bien jurídico lesionado, gravedad de la pena correspondiente al título de acusación-, participación del acusado, grado de ejecución del delito o circunstancias modificativas.

2. Control sobre la procedencia de la pena

Además del control sobre la calificación jurídica de los hechos, debe el juzgador ejercer un control sobre la procedencia de la pena conformada, a la correlación entre la pena y la calificación jurídica. Por tanto, el control judicial se refiere solamente a que la pena solicitada figure precisamente en el tipo delictivo en donde el relato fáctico se ha encajado, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. De este modo, si la pena no fuera la legalmente procedente de acuerdo con la calificación, se pondrá en marcha el mecanismo de la desvinculación judicial de la conformidad (artículo 787.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

¿Se puede imponer pena mayor que la interesada por el Ministerio Fiscal o la acusación particular aunque dentro del marco legal en los casos de conformidad?

Aunque no es práctica habitual, técnicamente sí que puede darse esta circunstancia, aunque dentro de los límites marcados en el Código Penal, ya que la conformidad aceptada por el acusado obliga solamente a tener en cuenta la literalidad de los hechos imputados, permitiendo al juzgador valorar o determinar su adecuada tipicidad o la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, llevándole a imponer la pena con libertad de criterio, aunque, eso sí, dentro de los límites marcados por las reglas contenidas en el Código Penal, como lo recoge la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2001, al señalar que:

"... Estima que se ha vulnerado el principio acusatorio al serle impuesta una pena mayor que la solicitada por el Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones definitivas, a las que se adhirió plenamente mostrando su conformidad con las mismas y renunciando consiguientemente al informe oral por considerarlo innecesario.

La pena solicitada por el Ministerio Fiscal era de dos años de privación de libertad, mientras que la Sala sentenciadora impone una pena de tres años a pesar de que la causa se había tramitado por el Procedimiento Abreviado y el artículo 793.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone, en estos casos, dictar sentencia de estricta conformidad con la aceptada por las partes.

Se ha dicho reiteradamente por la doctrina de esta Sala que la expresión "estricta conformidad" obliga solamente a tener en cuenta la literalidad de los hechos imputados, permitiendo al juzgador valorar o determinar su adecuada tipicidad o la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, llevándole a imponer la pena con libertad de criterio, dentro de los límites marcados por las reglas contenidas en el Código Penal.

La conformidad implica un reconocimiento íntegro de los hechos, renunciando a la celebración del juicio o, en su caso, a la posibilidad de defenderse en el alegato final cuando la aceptación se ha producido en el momento de elevar a definitivas las conclusiones provisionales. Sus efectos son análogos a los de una confesión, por lo que los hechos no pueden ser atacados en posteriores recursos. Ahora bien, no por ello el órgano juzgador pierde las facultades que le proporciona fundamentalmente el artículo 66 del Código Penal y que le permite ajustar la pena en función, no sólo de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, sino también valorando las condiciones personales del delincuente y la mayor o menor gravedad del hecho..."

Pero es que, además, en la actualidad ha desaparecido la expresión estricta conformidad que constaba en la redacción anterior, por lo que el juez o tribunal pueden dictar sentencia por pena inferior o incluso absolutoria en los casos de conformidad, como recuerdan PIQUÉ, VALLS y RICHARD. Así, señalan, por ejemplo, estos autores que con la redacción del artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el tribunal puede dictar sentencia individualizando la condena según proceda en derecho. Así, apuntan que los únicos límites que debe tener el juez serán:

  • No puede hacer una valoración de los hechos que deberá tener por admitidos.
  • La sentencia no puede imponer pena cuantitativamente superior a la solicitada por la acusación, pero sin que ello suponga que el juez o tribunal pierda sus facultades de aplicar el derecho según el principio iura novit curia.

3. Control sobre la voluntariedad de la conformidad

A su vez, debe controlar el juez la libre prestación por el acusado de la conformidad, y su conocimiento acerca de las consecuencias de la misma, y para ello se le ha debido oír al respecto en todo caso (artículos 688 y 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), ratificando dicha conformidad a presencia judicial (artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado). La conformidad ha de ser un acto jurídico voluntario y espontáneo que, evidentemente, no puede haberse formulado bajo presión externa que llegue a viciar la voluntad del acusado, es decir, que no existe inducción a la conformidad mediante ningún género de amenazas, coacciones, etc. Con este fin, el juez o tribunal, una vez que el acusado ha sido informado de las consecuencias, le requiere para que manifieste si presta su conformidad (artículo 787.4). Además, el acusado debe conocer y comprender las consecuencias de la conformidad, y el juzgador debe controlar que conoce y comprende la acusación con la que se conforma y sus consecuencias, sobre las que le deberá informar el Letrado de la Administración de Justicia (artículo 787.4): que está renunciando a su defensa en el juicio oral -a su derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, y a la presunción de inocencia- y la pena que se le va a imponer. Por ello, si el juez alberga "dudas sobre si el acusado ha prestado libremente su conformidad, acordará la continuación del juicio" (artículo 787.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

VI. LA VINCULACIÓN DEL JUEZ A LA CONFORMIDAD PRESTADA

Ya la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 9 Julio de 1978 decía que "la conformidad crea por mandato legal un estado de hecho y de derecho vinculante para las partes intervinientes y para el propio tribunal". El artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, intentando crear una vinculación plena del juzgador a la conformidad si considera que los hechos están correctamente calificados y la pena pedida es procedente, dispone que se podrá pedir "al juez o Tribunal que proceda a dictar sentencia de conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad", y si la pena no excede de seis años de prisión "el juez o Tribunal dictará sentencia de conformidad con la manifestada por la defensa"; el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que si la calificación es correcta y la pena procedente el juzgador "dictará sentencia de conformidad". El artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que, manifestada la conformidad por el acusado, si no se conceptúa necesaria la continuación del juicio, el Tribunal "dictará sin más trámites la sentencia que proceda según la calificación mutuamente aceptada, sin que pueda imponer pena mayor que la solicitada". Así pues la Ley ha cuidado de vincular al juzgador con la voluntad libremente manifestada por las partes, cuando además ésta tiene un perfecto acomodo en el Código Penal; de modo que si la pena no supera los seis años de prisión, o se tratara de cualquier otra pena de diferente naturaleza, la calificación conforme es vinculante para el juzgador en todos sus aspectos. Es decir, alcanzaría a todos los elementos determinados por el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: la descripción del hecho (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 28 de febrero de 1996 y 4 de febrero de 1997), su configuración jurídica, la pena concreta (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 30 de septiembre de 1993) y, en su caso, la petición de responsabilidades civiles.

Ahora bien, todo lo expuesto no impide que la ley autorice en algunos casos al juez o tribunal para que se desvincule de lo pedido por todas las partes, sucesiva o conjuntamente, lo que pasa por un rechazo de la conformidad. En el procedimiento abreviado, el artículo 787.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el juez dictará sentencia de conformidad si la pena no excede de seis años, y si concurren los requisitos establecidos en los apartados siguientes, que no son otros que la correcta calificación y procedencia legal de la pena, y, por otro lado la voluntariedad de la conformidad. De manera que si estos presupuestos no concurren, y la parte que presentó el escrito de acusación más grave no rectifica, se acordará la continuación del juicio. Asimismo, el artículo 787.3 introduce un control de legalidad más amplio, y una posible desvinculación de la conformidad también mayor, pues recoge un control de legalidad que puede operar tanto a favor del reo (exención, atenuación o atipicidad) o en contra del mismo (agravantes) esta última incluida en el artículo 787 bajo la general expresión de "calificación incorrecta o pena de mayor gravedad"; pero ese control no lleva a la sentencia, sino que el juez o tribunal ha de ordenar la continuación del juicio oral. Por su parte, en el procedimiento ordinario, además de aquel control de los presupuestos de la conformidad, se recoge expresamente el control judicial de legalidad en contra del reo en el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la improcedencia de la calificación porque deba hacerse otra más grave, lo que conduciría igualmente a la continuación del juicio. Finalmente, en el procedimiento del Tribunal del Jurado, el artículo 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado recoge la posibilidad de desvincularse el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado de la conformidad presentada cuando entendiera que los hechos aceptados "pudieran no ser constitutivos de delito o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exención o de preceptiva atenuación" con la consecuencia de no proceder a la disolución del jurado y, "previa audiencia de las partes, someter a aquél (el Jurado) por escrito el objeto del veredicto". En definitiva, lo que realmente vincula al juzgador, como se ha dicho, es el relato fáctico aceptado por las partes y no necesitado de actividad probatoria, pues la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los hechos, pudiendo desvincularse de la conformidad en su control de la legalidad de la misma.

VII. LOS RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS DE CONFORMIDAD

Las sentencias de conformidad serán recurribles, según el caso, en apelación ante la Audiencia Provincial (artículos 790 a 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) si hubieran sido dictadas por el Juez de lo penal, en casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo cuando el conocimiento del proceso hubiera correspondido a una Audiencia Provincial, o ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia cuando la sentencia la hubiere dictado el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado.

Ahora bien, el acusado no podrá impugnar por razones de fondo (por falta de tipicidad, indebida aplicación de un precepto penal, etc.) la conformidad que libremente hubiera prestado, en aplicación de la doctrina de los actos propios.

Una constante doctrina jurisprudencial (Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de 9 de mayo de 1.991, 19 de julio de 1.996, 26 de octubre de 1.998, 27 de diciembre de 1.999 y Nº 1784/2000, de 20 de diciembre, entre otras) ha venido recordando que las sentencia dictadas por conformidad de las partes no pueden ser objeto de revisión casacional, porque la plena aceptación por el acusado de los hechos imputados por la acusación, de la calificación jurídica de éstos y de la pena interesada, todo ello con la garantía y el aval del defensor, implica un desistimiento implícito a impugnar en sede de casación las cuestiones fácticas, jurídicas y penológicas que previamente se habían aceptado en el trámite procesal previsto a tales efectos por la ley y con observancia de cuantos requisitos y formalidades exige la norma reguladora de esa institución (artículo 793.3 -hoy artículo 787- en el procedimiento abreviado, y artículo 655 para el proceso ordinario, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En consecuencia, las sentencias dictadas en régimen de conformidad que se regulan en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el procedimiento abreviado) no pueden ser recurridas por razones de fondo si la conformidad ha sido libremente pactada.

Como excepción a este régimen general, cabría interponer recurso contra las mismas cuando no se respeten los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez de la sentencia de conformidad o no se hayan respetado los términos del acuerdo entre las partes (Auto del Tribunal Supremo, Sala 2ª, Nº 1819/2003, de 6 noviembre). Así, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, Nº 1087/2001, de 8 junio [Rec. 3883/1999] admitió la recurribilidad de una sentencia dictada por conformidad de las partes al estar la impugnación limitada al alcance penológico del fallo de la resolución de instancia dados los términos en que se formuló la petición acusadora. En dicha sentencia se recogía una exceso punitivo en las penas accesorias, ya que se imponían dos penas (suspensión de empleo o cargo público e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena) cuando el artículo 56 del Código Penal sólo autoriza la imposición de "alguna" de las penas que a renglón seguido describe, razón por la cual se suprimió la pena de suspensión de empleo o cargo público.

Por otro lado, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, Nº 339/2005, de 21 de marzo reconoce la posibilidad de revisión de las sentencias conformidad, ya que "la conformidad expresada en el proceso no debe ser equivalente a la prueba de los hechos mediante confesión, dado que no se basa en un expreso reconocimiento de la autoría, sino en la presión que ejercía en el caso concreto sobre la Defensa y el acusado el riesgo de ser sometido a una pena mayor ante la situación de imposibilidad de conseguir otras pruebas -que como se vió existían- y, en el caso de que no se le creyera su versión de los hechos -que como se vio era real-, no tuviera ningún otro elemento para contradecir la acusación. Por otra parte, entendemos que un nuevo informe proveniente de la Dirección General de la Policía conteniendo una aclaración decisiva sobre los hechos, proveniente de sus propios archivos a los que el acusado no tenía acceso y que, además, desmiente la versión anterior que sirvió de único apoyo de la acusación, cumple con las exigencias formales del artículo 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal."

La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2012 trata sobre la circunstancia de que la regla general de inadmisibilidad del recurso de casación frente a las sentencias dictadas de conformidad está condicionada a una doble exigencia: que se hayan respetado los requisitos formales, materiales y subjetivos legalmente necesarios para la validez de la sentencia de conformidad y que se hayan respetado en la sentencia los términos del acuerdo entre las partes.

Así, por ejemplo, desde la primera de dichas perspectivas resulta admisible un recurso interpuesto frente a una sentencia de conformidad, cuando se alegue que se ha dictado en un supuesto no admitido por la ley en razón de la pena, cuando se alegue que no se han respetado las exigencias procesales establecidas (por ejemplo la «doble garantía» o inexcusable anuencia tanto del acusado como de su letrado), cuando se alegue un vicio de consentimiento (error, por ejemplo) que haga ineficaz la conformidad (sentencia 23 de octubre de 1975), o, en fin, cuando, excepcionalmente, la pena impuesta no sea legalmente procedente conforme a la calificación de los hechos, sino otra inferior, vulnerándose el principio de legalidad (sentencia 17 de abril de 1993).

Desde la segunda de dichas perspectivas, resulta admisible el recurso interpuesto contra sentencias que no respeten los términos de la conformidad de las partes , bien en el relato fáctico, bien en la calificación jurídica o bien en la penalidad impuesta , debiendo recordarse que la admisibilidad del recurso no determina la decisión que en su momento haya de adoptarse sobre su estimación, pues el Tribunal sentenciador, por ejemplo, no pierde sus facultades de individualizar la pena en cuantía inferior a la solicitada (sentencias 4 de diciembre 1990 , 17 de junio y 30 de septiembre de 1991 , 17 de julio de 1992 , 11 , 23 y 24 de marzo de 1993), teniendo como límite en cuanto a la penalidad no poder imponer pena más grave que la pedida y conformada (cfr. STS 27-4-1999).

Dicha conformidad, como dice la Sentencia de 1 de marzo de 1988 , resumiendo la doctrina de esta Sala, para que surta sus efectos, ha de ser necesariamente «absoluta», es decir, no supeditada a condición, plazo o limitación de cosa alguna; «personalísima», o, dimanante de los propios acusados o ratificada por ellos personalmente y no por medio de mandatario, representante o intermediario; «voluntaria», esto es, consciente y libre; «formal», pues debe reunir las solemnidades requeridas por la ley, las cuales son de estricta observancia e insubsanables; «vinculante», tanto para el acusado o acusados como para las partes acusadoras, las cuales una vez formuladas, han de pasar tanto por la índole de la infracción como por la clase y extensión de la pena mutuamente aceptada e incluso para las Audiencias , salvo en los casos antes expresados; y, finalmente, «de doble garantía», pues se exige inexcusablemente anuencia de la defensa y subsiguiente ratificación del procesado o procesados -en la hipótesis contemplada en el artículo 655- o confesión de acusado o acusados y aceptación tanto de la pena como de la responsabilidad civil, más la consecutiva manifestación del defensor o defensores de no considerar necesaria la continuación del juicio - artículos 688 y ss. LECrim -."

Finalmente, el redactado del art. 792.2 LECrim., tras la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, permitiría una eventual nulidad de la sentencia dictada de conformidad cuando se hubiera producido alguna circunstancia susceptible de comprometer la debida imparcialidad del órgano de primera instancia.

VIII. ALCANCE DE LA CONFORMIDAD SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

La conformidad de los acusados, manifestada en el acto del juicio, no obliga al juez o Tribunal a dictar un pronunciamiento sobre responsabilidades civiles ajustado a lo pedido por el Fiscal o la acusación particular, ya que la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que se pueden revisar las peticiones sobre responsabilidades civiles.

Señala la Sentencia del Tribunal Supremos de 4 de junio de 2002 que:

"... Los artículos 103 y 104 del Código Penal de 1973 y los similares 112 y 113 del Código Penal de 1995 al regular los términos de obligación de reparar los daños causados y de indemnizar los perjuicios causados, se están indudablemente refiriéndose a los daños y perjuicios ocasionados por el obligado a reponer e indemnizar, siendo obvio que tal obligación no podía imponerse a una persona totalmente ajena al hecho delictivo originador de los daños y perjuicios."

"... Por ello debe estimarse el recurso, por considerar que la imposición a Eusebio y a Marcelino de la obligación de indemnizar a Raúl y a Ildefonso, supuso la infracción de los artículos 19, 103 y 104 del Código Penal de 1973, y de los artículos 109, 112 y 113 del Código Penal de 1995.

La conformidad de los acusados, manifestada en el acto del juicio, no obligaba al Tribunal a quo a dictar un pronunciamiento sobre responsabilidades civiles ajustado a lo pedido por el Fiscal, ya que según jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 3 de julio y 7 de noviembre de 1990) las Audiencias, en tales supuestos de conformidad no pueden imponer pena más grave que la mutuamente aceptada, aunque sí absolver o imponer pena inferior a la convenida, y lógicamente también pueden revisar las peticiones sobre responsabilidades civiles, cuando de los hechos declarados probados en virtud de la conformidad, y por aplicación de las normas del Código Penal, no cabe deducir las consecuencias indemnizatorias interesadas por la Acusación."

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