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Contrabando

Contrabando

Parte especial

El contrabando es aquella cosa hecha contra un bando o pregón (esta es una de las acepciones del término recogidas por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Desde el punto de vista del Derecho Penal, dentro del contrabando se agrupan una serie de infracciones penales que tienen en común la vulneración del control realizado por las autoridades aduaneras.

Las infracciones penales en materia de contrabando no se encuentran en el Código Penal, sino que vienen siendo reguladas por una ley penal especial.

En la actualidad, se encuentran en la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando; esta ley sustituyó a la anterior de 1982, con la finalidad de adaptar el ordenamiento español a las exigencias derivadas del funcionamiento del mercado interior en el seno de la Unión Europea.

Por la LO 6/2011, de 30 de Junio, se produjo, a su vez, una modificación en profundidad de dicha Ley de represión del contrabando, resultando afectados de modo sustancial diez de los dieciséis artículos que la integran. Asimismo, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, ha modificado ciertos aspectos, aunque en menor medida que la citada norma de 2011.

El objetivo de esta norma no es otro que el de la adaptación al Código Aduanero Comunitario, así como el de reforzar la protección frente al comercio ilegal de materiales sensibles de seguridad como armamento, tecnología de doble uso, sustancias que puedan ser utilizadas en la fabricación de armas químicas, objetos susceptibles de emplearse para torturas, etc.

En definitiva, la Ley Orgánica 12/1995, con la modificación referida, contempla diversas figuras: unas constitutivas de infracción penal (artículo 2 LO 12/1995) mientras que otras son infracciones administrativas (artículo 11 LO 12/1995).

Por otra parte, la doctrina suele afirmar que no existe un bien jurídico protegido común en los delitos de contrabando, sino que habrá que buscarlo en cada uno de los tipos delictivos en este ámbito.

I. CONTRABANDO DE BIENES CON UN VALOR IGUAL O SUPERIOR A DETERMINADA CUANTÍA

El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 12/1995 contempla una serie de figuras delictivas, siempre que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea igual o superior a 150.000 euros, sobre los 3.000.000 de pesetas (cuantía equivalente a 18.030,36 euros, de conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica 10/1998, de 17 de diciembre, complementaria de la Ley sobre introducción del Euro que anteriormente, en la norma originaria, fijaban la diferencia entre el delito y la infracción administrativa).

Como puede apreciarse el incremento de dicha cifra y, por ende, la reducción del ámbito de lo penal en las conductas a las que se refiere ha sido de una gran relevancia.

Así mismo, para ciertas conductas contempladas en el apdo. 2 de este mismo precepto el límite cuantitativo establecido es el de 50.000 euros para otra serie de conductas allí descritas.

De esta forma, incurren en infracción administrativa de contrabando quienes lleven a cabo las conductas tipificadas en el apartado 1 del artículo 2 cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de las mismas sea inferior a 150.000 o 50.000 euros, según los casos, siempre que no concurran las circunstancias previstas en el apartado 3 de dicho precepto (artículo 11.1 Ley Orgánica 12/1995), entre las que se encuentra la del valor superior tan sólo a los 15.000 euros cuando el delito se refiera a labores de tabaco.

Por otra parte, conviene tener presente que estos límites, de 150.000, 50.000 y 15.000 euros, constituyen un elemento objetivo del tipo, por lo que han de formar parte del dolo del autor.

Cometen por consiguiente delito de contrabando,

  • A) Si se supera el límite cuantitativo de los 150.000 euros, quienes:
    • a) Importen o exporten mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera.

      La ocultación o sustracción de cualquier clase de mercancías a la acción de la Administración aduanera dentro de los recintos o lugares habilitados equivaldrá a la no presentación.

    • b) Realicen operaciones de comercio, tenencia o circulación de mercancías no comunitarias de lícito comercio sin cumplir los requisitos legalmente establecidos para acreditar su lícita importación.
    • c) Destinen al consumo las mercancías en tránsito con incumplimiento de la normativa reguladora de este régimen aduanero, establecida en los artículos 62, 63, 103, 136, 140, 143, 144, 145, 146 y 147 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación, así como en el Convenio TIR de 14 de noviembre de 1975. Téngase en cuenta, no obstante, el instrumento normativo Reglamento (UE) n.º 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión, que establece ciertos aspectos novedosos en relación al Reglamento (CE) nº 450/2008.
    • d) Importen o exporten, mercancías sujetas a medida de política comercial sin cumplir las disposiciones vigentes aplicables; o cuando la operación estuviera sujeta a una previa autorización administrativa y ésta fuese obtenida bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos, o bien de cualquier otro modo ilícito.
    • e) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación o la autorización para los actos a que se refieren los apartados anteriores. En este sentido, téngase en cuenta el contenido del Reglamento (UE) nº 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo.
    • f) Conduzcan en buque de porte menor que el permitido por los reglamentos, salvo autorización para ello, mercancías no comunitarias en cualquier puerto o lugar de las costas no habilitado a efectos aduaneros, o en cualquier punto de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua.
    • g) Alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas por el artículo 111 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982.
  • B) Si el valor de la mercancía excede los 50.000 euros quienes:
    • a) Exporten o expidan bienes que integren el Patrimonio Histórico Español sin la autorización de la Administración competente cuando ésta sea necesaria, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
    • b) Realicen operaciones de importación, exportación, comercio, tenencia, circulación de: Géneros estancados o prohibidos, incluyendo su producción o rehabilitación, sin cumplir los requisitos establecidos en las leyes.

      Especímenes de fauna y flora silvestres y sus partes y productos, de especies recogidas en el Convenio de Washington, de 3 de marzo de 1973, o en el Reglamento (CE) n.º 338/1997 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, sin cumplir los requisitos legalmente establecidos.

    • c) Importen, exporten, introduzcan, expidan o realicen cualquier otra operación sujeta al control previsto en la normativa correspondiente referido a las mercancías sometidas al mismo por alguna de las disposiciones siguientes:
      • La normativa reguladora del comercio exterior de material de defensa, de otro material o de productos y tecnologías de doble uso sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
      • El Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con productos incluidos en el anexo III del citado Reglamento, sin la autorización a la que hace referencia el capítulo II de la Ley 53/2007, o habiéndola obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino último de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
      • La normativa reguladora del comercio exterior de precursores de drogas sin las autorizaciones a las que se refiere el Reglamento (CE) n.º 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países, o habiéndolas obtenido bien mediante su solicitud con datos o documentos falsos en relación con la naturaleza o el destino de tales productos o bien de cualquier otro modo ilícito.
    • d) Obtengan, o pretendan obtener, mediante alegación de causa falsa o de cualquier otro modo ilícito, el levante definido de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Reglamento (CE) n.º 450/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (Código Aduanero Modernizado), y sus disposiciones de aplicación.
  • C) Cuando se trate de labores de tabaco cuyo valor sea igual o superior a 15.000 euros.

    En esta materia hay que tener presente la existencia de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria; que liberaliza el mercado de tabaco, pero que mantiene el monopolio del Estado en relación con la venta al por menor.

    En todo caso, la propia Exposición de Motivos de esta Ley declara que la misma no supone modificación alguna de lo dispuesto por la Ley Orgánica 12/1995.

La ley contempla, así mismo, la punición de todas estas conductas, y las que seguidamente se mencionan, cuando se cometan por imprudencia grave.

II. CONTRABANDO DE BIENES CUYA MERA TENENCIA YA CONSTITUYE DELITO INDEPENDIENTEMENTE DE SU VALOR

Hay siempre delito de contrabando cuando su objeto sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el contrabando se realice a través de una organización, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros.).

Teniendo en cuenta la importancia objetiva de los bienes objeto de contrabando, la Ley ha prescindido del requisito de la cuantía.

El precepto contiene una enumeración no exhaustiva de objetos: drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, sustancias catalogadas como precursores, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus precursores.

Pero este tipo también resulta aplicable en relación con otros bienes cuya tenencia por sí misma constituya delito: las sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o sus componentes (artículo 568 del Código Penal), útiles, materiales, instrumentos, sustancias, datos y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios específicamente destinados a la comisión de los delitos contra la seguridad colectiva (artículo 400 del Código Penal), materiales radiactivos o sustancias nucleares (artículo 345.1 del Código Penal), moneda falsa (artículo 386.2 del Código Penal), objetos amparados por los derechos de propiedad intelectual para su comercialización (artículos 272 y 274 del Código Penal), cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones (artículo 270.5 del Código Penal).

En este ámbito hay que destacar la cuestión relativa al concurso entre el delito de contrabando y los distintos delitos relacionados con la tenencia de objetos ilícitos.

El problema más importante se plantea en los supuestos de introducción en el territorio español de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas: la jurisprudencia vino entendiendo tradicionalmente que existe un concurso real de delitos, basándose en que la introducción de la sustancia en el territorio nacional supone un plus de antijuridicidad frente a su mera tenencia, por lo que cabía aplicar la regla de determinación de la pena del artículo 77 del Código Penal (se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones); la doctrina mayoritaria, en cambio, ha venido defendiendo que existe un concurso aparente de leyes penales, con fundamento en la igualdad de los bienes jurídicos protegidos por los tipos en presencia, debiendo aplicarse el principio de consunción previsto en el artículo 8.3 del Código Penal (el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél.

El Pleno no jurisdiccional de la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su reunión de 24 de noviembre de 1997, abandonó su criterio tradicional, basado en el concurso real y la punición por separado de ambas conductas, y aceptó la postura doctrinal.

En todo caso, cabe entender que la cuestión fue resuelta por la reforma del Código Penal llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003, que introdujo en el ámbito del delito de tráfico de drogas el subtipo agravado del artículo 369.10 CP: cuando "el culpable introdujera o sacare ilegalmente las referidas sustancias o productos del territorio nacional, o favoreciese la realización de tales conductas".

Supuesto que posteriormente ha vuelto a suprimirse por la Ley Orgánica 5/2010.

III. CONTRABANDO A TRAVÉS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Asimismo comete delito de contrabando la persona que realice alguno de los hechos del artículo 2.1 LO 12/1995 cuando se lleva a cabo a través de una organización, con independencia del valor de los bienes mercancías o géneros, de acuerdo con lo dispuesto en el apdo. 3 a), in fine, del mismo art. 2 de la Ley.

IV. CONTRABANDO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El apdo. 6 del art. 2 LO 12/1995 contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas en esta clase de delitos, cuando en la acción u omisión descritas concurran las circunstancias previstas en el artículo 31 bis del Código Penal y en las condiciones en él establecidas.

Así mismo también en el caso de implicación de empresas, organizaciones, grupos, entidades o agrupaciones carentes de personalidad jurídica, se dispone expresamente la aplicación del art. 129 del Código Penal.

V. OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LOS DELITOS DE CONTRABANDO

1. Delito continuado

El artículo 2.4 de la Ley Orgánica 12/1995 dispone que También comete delito de contrabando quien, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realizare una pluralidad de acciones u omisiones previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo en las que el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos aisladamente considerados no alcance los límites cuantitativos de 150.000, 50.000 ó 15.000 euros establecidos en los apartados anteriores de este artículo, pero cuyo valor acumulado sea igual o superior a dichos importes.”. Este precepto tiene una finalidad político-criminal clara, a saber, evitar que la parcelación del contrabando en varias acciones determine que ninguna de ellas alcance el límite cuantitativo, por lo que no serían constitutivas de delito. Téngase en cuenta asimismo que el anterior precepto no impide la aplicación del genérico delito continuado (regulado en el artículo 74.1 del Código Penal) en relación con varias conductas constitutivas por sí mismas de delitos de contrabando.

2. Penalidad

El artículo 3.1 de la Ley Orgánica 12/1995 contempla las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos:

  • 1. En los casos previstos en las letras a), b) y e) del apartado 1 artículo 2, las penas se impondrán en su mitad inferior:
  • 2. En los restantes supuestos en su mitad superior.
  • 3. En los casos de comisión imprudente se aplicará la pena inferior en un grado.
  • 4. Se impondrá la pena superior en un grado cuando el delito se cometa por medio o en beneficio de personas, entidades u organizaciones de cuya naturaleza o actividad pudiera derivarse una facilidad especial para la comisión del mismo.
  • 5. Cuando proceda la exigencia de responsabilidad penal de una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6, y tras aplicar los criterios anteriores, se impondrá la pena siguiente:
    • a) En todos los casos, multa proporcional del duplo al cuádruplo del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando, y prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con las Administraciones públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un plazo de entre uno y tres años.
    • b) Adicionalmente, en los supuestos previstos en el artículo 2.2, suspensión por un plazo de entre seis meses y dos años de las actividades de importación, exportación o comercio de la categoría de bienes, mercancías, géneros o efectos objeto del contrabando; en los supuestos previstos en el artículo 2.3, clausura de los locales o establecimientos en los que se realice el comercio de los mismos.

3. Responsabilidad civil

De conformidad con el artículo 4 LO 12/1995, la responsabilidad civil que proceda declarar a favor del Estado derivada de los delitos de contrabando se extenderá en su caso al importe de la deuda aduanera y tributariano ingresada, que la Administración Tributaria no haya podido liquidar por prescripción, caducidad o cualquier otra causa legal prevista en la Ley General Tributaria o en la normativa aduanera de la Unión Europea, incluidos sus intereses de demora.

4. Comiso

Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 12/1995, toda pena que se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de los siguientes bienes, efectos e instrumentos:

a) Las mercancías que constituyan el objeto del delito.

b) Los materiales, instrumentos o maquinaria empleados en la fabricación, elaboración, transformación o comercio de los géneros estancados o prohibidos.

c) Los medios de transporte con los que se lleve a efecto la comisión del delito, salvo que pertenezcan a un tercero que no haya tenido participación en éste, y el Juez o el Tribunal competente estimen que dicha pena accesoria resulta desproporcionada en atención al valor del medio de transporte objeto del comiso y al importe de las mercancías objeto del contrabando.

d) Las ganancias obtenidas del delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar.

e) Cuantos bienes y efectos, de la naturaleza que fueren, hayan servido de instrumento para la comisión del delito.

Si, por cualquier circunstancia, no fuera posible el comiso de los bienes, efectos o instrumentos señalados, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del delito.

El Juez o Tribunal deberá ampliar el comiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal. A estos efectos, se entenderá que proviene de la actividad delictiva el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal cuyo valor sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.

Hay que tener en cuenta que no se procederá al comiso de los bienes, efectos e instrumentos del contrabando cuando éstos sean de lícito comercio y hayan sido adquiridos por un tercero de buena fe. También se dispone que los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por sentencia se adjudicarán al Estado.

El Juez o Tribunal podrá acordar el comiso aún cuando no se imponga pena a alguna persona por estar exenta de responsabilidad criminal o por haberse ésta extinguido, en este último caso, siempre que quede demostrada la situación patrimonial ilícita.

Los bienes de lícito comercio serán enajenados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con excepción de los bienes de lícito comercio decomisados por delito de contrabando de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o de precursores de las mismas, tipificados en el artículo 2.3 a) de esta Ley Orgánica, en cuyo caso, la enajenación o la determinación de cualquier otro destino de los mismos corresponderá a la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 a) y c) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

5. Intervención de bienes no monopolizados

Según el artículo 6 LO 12/1995, el Juez o Tribunal acordarán la intervención de los bienes, efectos e instrumentos que pueden ser objeto de comiso, a resultas de lo que se decida en la resolución que ponga término al proceso. Asimismo, la autoridad judicial, en atención a las circunstancias del hecho y a las de sus presuntos responsables, podrá designar a éstos como depositarios de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos, con prestación, en su caso, de la garantía que se establezca; y también podrá acordar que, mientras se sustancia el proceso, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos se utilicen provisionalmente por las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando.

6. Enajenación anticipada y adscripción de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos

Por aplicación del artículo 7 de la Ley Orgánica 12/1995, los bienes, efectos e instrumentos intervenidos podrán ser enajenados (por orden de la autoridad judicial), si éste fuere su destino final procedente, sin esperar al pronunciamiento o firmeza del fallo en los siguientes casos:

a) Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos.

b) Cuando la autoridad judicial estime que su conservación pueda resultar peligrosa para la salud o seguridad pública o dar lugar a disminución importante de su valor. Se entenderán comprendidas en este apartado las mercancías, géneros o efectos que sin sufrir deterioro material se deprecian por el transcurso del tiempo.

En este caso, el importe de la enajenación, deducidos los gastos ocasionados, quedará en depósito a resultas del correspondiente proceso penal.

Por otra parte, el artículo 8 establece que el uso de los bienes, efectos e instrumentos intervenidos que no sean enajenables quedarán adscritos a las fuerzas o servicios encargados de la persecución del contrabando de acuerdo con lo que prevea la legislación específica aplicable a esta materia.

7. Mercancías de monopolio

Según el artículo 9 LO 12/1995, cuando las mercancías aprehendidas sean de las comprendidas en los monopolios públicos, la autoridad judicial a cuya disposición se hayan colocado procederá en la forma que indiquen las disposiciones reguladoras de dichos monopolios. La autoridad judicial podrá autorizar la realización de actos de disposición por parte de las compañías gestoras de los monopolios respecto a las mercancías o géneros que hayan sido aprehendidos a reserva de la pertinente indemnización, si hubiese lugar a ella, según el contenido de la sentencia firme.

8. Valoración de los bienes

La fijación del valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos objeto de contrabando se hará conforme a las siguientes reglas (artículo 10 de la Ley Orgánica 12/1995):

1. Si se trata de géneros estancados, por el precio máximo de venta al público. De no estar señalado dicho precio se adoptará la valoración establecida para la clase más similar. Si no fuera posible la asimilación, el juez fijará la valoración, previa tasación pericial.

2. Para la valoración de los bienes, géneros y efectos comprendidos en las letras a) y b) del artículo 2.2 así como para la de los delitos de ilícito comercio, el juez recabará de las Administraciones competentes el asesoramiento y los informes que estime necesarios.

3. Cuando los bienes, géneros o efectos sean objeto de importación o exportación y no se encuentren comprendidos en los apartados 1 y 2 anteriores, su valor será el precio medio declarado a las autoridades aduaneras de los productos semejantes clasificados en la subpartida a nivel de ocho dígitos y, en su defecto, a nivel de seis o cuatro dígitos de la nomenclatura prevista en el Reglamento (CEE) n.º 2658/1987 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, y en función de su tipo de operación.

4. En el resto de los casos, su precio oficial o, en su defecto, el precio medio de mercado español de bienes semejantes o el valor de venta, siempre que fuese superior al de compra o al coste de producción incrementados, en su caso, con el índice general de precios al consumo desde la fecha de compra o producción, y siempre que entre ese momento y la realización del delito hubiese transcurrido más de un año natural. El índice aplicable será el correspondiente a cada uno de los años naturales. Se aplicará el valor de compra o el coste de producción con el incremento indicado cuando razonablemente no pueda determinarse el valor de venta.

El valor se determinará en relación con la fecha de realización del ilícito o, de no conocerse ésta, en relación con el descubrimiento del ilícito o aprehensión de los bienes, géneros o efectos. A efectos de la determinación del precio medio, se tomará el mes natural anterior a la fecha fijada en el párrafo anterior.

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