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Telecomunicaciones

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones son una serie de infraestructuras que constituyen el fundamento para la transmisión y recepción de señales con fines informativos o de comunicación. El sector incluye múltiples tecnologías, como la radio, la televisión, la telefonía o internet que resultan esenciales para el ocio, las actividades económicas y el ejercicio de numerosas libertades y derechos.

Sectores regulados

¿Dónde se regulan las telecomunicaciones?

La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, define en su anexo II las telecomunicaciones como "toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos".

El sector ha sufrido un importante cambio en los últimos años. De ser un incuestionable servicio público, considerado como un ejemplo típico de monopolio natural, se ha convertido en un servicio que, por imperativo de la Unión Europea, ha de ser prestado en régimen de libre competencia.

El impulso comunitario al mercado común de los servicios y equipos de telecomunicaciones desembocó en una liberación total, reflejándose en la legislación española. La vigente Ley 9/2014, de 9 de mayo, obedece al nuevo marco europeo instaurado por la Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Derechos de los Usuarios), y la Directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (Mejor Regulación), lo que se aprovecha para introducir medidas destinadas a facilitar la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación.

Según su exposición de motivos, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, persigue garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que requiere, en la actual situación de evolución tecnológica, asegurar un marco regulatorio claro y estable que fomente la inversión, proporcione seguridad jurídica y elimine las barreras que han dificultado el despliegue de redes, y un mayor grado de competencia en el mercado.

De acuerdo con el artículo 149.1.21ª de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias, sobre el "régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones". Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, comprende la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos asociados, si bien se excluyen los servicios de comunicación audiovisual, los contenidos audiovisuales difundidos a través de las redes, así como el régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual, quedando igualmente excluidos los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas, las actividades que consistan en el ejercicio del control editorial sobre dichos contenidos y los servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que no consistan, en su totalidad o principalmente, en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas.

A tenor de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, sin perjuicio de que algunos de ellos, como los de la defensa nacional y los de la protección civil, tengan la consideración de servicio público, y haya otros sometidos a obligaciones de servicio público.

¿Cómo se realiza la explotación y la prestación de servicios?

La explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se han de realizar en régimen de libre competencia, sin más limitaciones que las previstas normativamente.

En primer lugar, ha de resaltarse que el desarrollo de estas actividades está sometida a un requisito previo, pues, antes de iniciarlas, los interesados han de comunicarlo a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, salvo que se trate de actuaciones en régimen de auto prestación, procediéndose a la inscripción en el Registro de operadores y quedando sometidos a una serie de condiciones, variables en atención a las circunstancias concurrentes, más estrictas cuando se trata de entidades que tienen derechos especiales o exclusivos.

También para los operadores con un poder significativo en el mercado, es decir, para los que ocupan una posición dominante, se pueden imponer, mantener o modificar obligaciones específicas, si el mercado de referencia no se desarrolla en un entorno de competencia efectiva. En la imposición de estas obligaciones específicas se otorga preferencia a las medidas en materia de acceso, de interconexión, de selección y de preselección frente a otras con mayor incidencia en la libre competencia; en todo caso, han de ser proporcionadas y estar justificadas.

Pero el estatuto de operador también atribuye distintos derechos en cuanto a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad.

Por otro lado, para la prestación de los servicios se requiere en numerosas ocasiones el acceso a las redes y a los recursos asociados de otros operadores, así como la interconexión entre dichas redes; todo ello se realiza en los términos que negocian los distintos operadores implicados, resolviendo los conflictos que se puedan plantear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Si se trata de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, han de elaborarse planes nacionales de numeración y de direccionamiento, en cuyo marco se proporcionan los números y direcciones necesarias para la efectiva prestación de aquellos servicios. En este contexto se sitúan unas obligaciones específicas para los operadores que exploten redes públicas telefónicas o presten servicios telefónicos disponibles al público, pues deben asegurar el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos de carácter personal y, en otro plano, han de garantizar que los abonados conserven, previa solicitud, los números asignados, con independencia del operador prestador del servicio.

Por otro lado, la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación también ha de ofrecerse en régimen de libre competencia, sin más limitaciones que las recogidas en la Ley y en la normativa de desarrollo, bastando para iniciar la actividad con presentar al Registro de empresas instaladoras una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos requeridos.

¿Qué es el servicio universal?

Los operadores pueden quedar sujetos a un régimen de obligaciones de servicio público, impuestas para garantizar la existencia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, de adecuada calidad en todo el territorio nacional a través de una competencia y de una libertad de elección reales, así como para tratar las circunstancias en las que las necesidades de los usuarios finales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.

Entre estas obligaciones de servicio público se encuentra el llamado servicio universal, por el cual el conjunto definido de servicios cuya prestación se asegura para todos los usuarios finales, con independencia de su localización, geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible (artículo 25 Ley 9/2014, de 9 de mayo).

En concreto, bajo el mencionado concepto de servicio universal ha de garantizarse que:

  • a) Todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a la red telefónica pública de comunicaciones electrónicas desde una ubicación fija siempre que sus solicitudes se consideren razonables en los términos que reglamentariamente se determinen y que incluirán, entre otros factores, el coste de su provisión. La conexión debe permitir realizar comunicaciones de voz, fax y datos a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet. La conexión a la red pública de comunicaciones con capacidad de acceso funcional a Internet deberá permitir comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad en sentido descendente de 1Mbit por segundo, si bien el Gobierno podrá actualizar esta velocidad de acuerdo con la evolución social, económica y tecnológica, teniendo en cuenta los servicios utilizados por la mayoría de los usuarios.
  • b) Se satisfagan todas las solicitudes razonables de prestación de un servicio telefónico disponible al público a través de la conexión a la que se refiere el apartado, que permitan efectuar y recibir llamadas nacionales e internacionales.
  • c) Se ponga a disposición de los abonados al servicio telefónico al público una guía general de números de abonados, actualizada, al menos, una vez al año, así como de un servicio de información general sobre números de abonados.
  • d) Exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago u otros puntos de acceso público a la telefonía vocal en todo el territorio nacional, que satisfaga razonablemente las necesidades de los usuarios finales, en cobertura geográfica, en número de aparatos y en accesibilidad, con posibilidad de efectuar gratuitamente llamadas de emergencia.
  • e) Los usuarios finales con discapacidad tengan acceso a los servicios incluidos en las tres letras anteriores a un nivel equivalente al que disfrutan otros usuarios finales.
  • f) Se ofrezcan a los consumidores que sean personas físicas, de acuerdo con condiciones transparentes, públicas y no discriminatorias, opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales de explotación comercial, con objeto de garantizar, en particular, que las personas con necesidades sociales especiales puedan tener acceso a la red y a los servicios que componen el concepto de servicio universal. Con el mismo objeto podrán aplicarse, cuando proceda, limitaciones de precios, tarifas comunes, equiparación geográfica u otros regímenes similares a las prestaciones reseñadas.

Para la prestación de cualquiera de los elementos integrantes del servicio universal el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puede designar uno o más operadores para que garanticen la prestación eficiente de dichos elementos del servicio universal, de manera que quede cubierta la totalidad del territorio nacional. A estos efectos pueden designarse operadores diferentes para la prestación de diversos elementos del servicio universal y abarcar distintas zonas del territorio nacional.

¿Qué es el dominio público radioeléctrico?

Las comunicaciones electrónicas tienen lugar mediante ondas radioeléctricas, que no son sino ondas electromagnéticas propagadas por el espacio sin guía artificial, caracterizadas por su frecuencia. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público (véase "Bienes de dominio público"), cuya titularidad y administración corresponden al Estado, llevándose ésta a cabo teniendo en cuenta su importante valor social, cultural y económico y la necesaria cooperación con otros Estados de la Unión Europea y con la Comisión Europea en la planificación estratégica, la coordinación y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en la Unión.

La administración del dominio público radioeléctrico se rige, entre otros, por los principios siguientes: (i) garantizar un uso eficaz y eficiente del recurso; (ii) fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios; (iii) el mercado segundario del espectro; y (iv) una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas. Abarca un conjunto de actuaciones entre las que se incluyen la planificación para elaborar y aprobar los planes de utilización, la gestión, para establecer las condiciones técnicas de explotación y otorgamiento de los derechos de uso, la de control, para la comprobación técnica de las emisiones, detección y eliminación de interferencias o la inspección técnica de instalaciones, equipos y apartados radioeléctricos, y la sancionadora.

El uso del dominio público radioeléctrico puede ser común, especial o privativo:

  • a) El uso común no precisa de ningún título habilitante y se lleva a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto;
  • b) El uso especial es el que se lleve a cabo de las bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones técnicas y para los servicios que se establezcan en cada caso;
  • c) El uso privativo es el que se realiza mediante la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.

Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de autorización general, autorización individual, afectación o concesión administrativas.

Recuerde que…

  • La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones es la norma de referencia del sector, dictada por el estado al amparo de su competencia en la materia.
  • La explotación de redes y la prestación de servicios se realiza en régimen de libre competencia con las limitaciones previstas por la ley.
  • Los operadores pueden quedar sujetos a la obligación de prestar ciertos servicios para garantizar la existencia de comunicaciones electrónicas disponibles al público.
  • El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público que es gestionado por la administración general del Estado.
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