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Torturas y otros delitos contra la in...

Torturas y otros delitos contra la integridad moral

Parte especial

El Título VII, Libro II del Código Penal (artículos 173 a 177 del Código Penal) describe una serie de delitos que se caracterizan por proteger la dignidad humana, entendida como el derecho de toda persona a no ser sometida a torturas o a tratos inhumanos o degradantes, en concordancia con lo previsto en el artículo 15 de la Constitución Española, en el que se garantiza el derecho de todos a la integridad física y moral, sin que en ningún momento puedan ser sometidas a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

El citado título recoge los siguientes delitos: en el artículo 173.1 CP se tipifica el tipo básico de trato degradante y en el artículo 173.2 se recoge el delito de violencia doméstica habitual. En el artículo 174 CP se describe la tortura y en el artículo 175 CP se tipifican los demás atentados contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario público. En el artículo 176 CP se prevé el castigo de la omisión determinante o favorecedora de la comisión de los anteriores delitos y en el artículo 177 CP se prevé la regla de concurso de esos delitos con las lesiones y demás daños que se pudieren causar por consecuencia de los mismos.

I. DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL

El artículo 173.1 CP fue modificado por la Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, incriminando las conductas de acoso laboral y acoso inmobiliario y dispone que "el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda."

En este delito, de carácter genérico, se tipifican como delito aquellos comportamientos que supongan un atentado contra la integridad física, que tengan un efecto inmediato sobre su esfera corporal y que además supongan la sumisión de la víctima a ciertas condiciones que conlleven una humillación grave. Se trata de un tipo residual que se aplica cuando la conducta no es subsumible en otro tipo delictivo o que, aún siéndolo, dicho tipo no es suficiente para castigar el aspecto denigrante de dicha conducta. Así se han castigado al amparo de este precepto conductas como rapar el pelo, obligar a vestir ropas ridículas, introducir objetos en el año etc.

Se entiende por acoso laboral el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedarían incorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidas tanto en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas como en el de las relaciones jurídico-públicas.

Igualmente, al hilo de la proliferación, durante la última década, de conductas acosadoras en la esfera de la vivienda, se sanciona también el acoso inmobiliario. Con ello se pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte de propietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o a otros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores. Distintos pronunciamientos judiciales habían venido poniendo de manifiesto las dificultades que para la represión de estas conductas se derivaba de la ausencia hasta el momento de una específica regulación penal de este fenómeno.

El problema de esta figura es que la acción típica es muy poco precisa y resulta difícil determinar cuándo se debe aplicar. En concreto se plantea el problema de aplicar o no esta figura como delito autónomo o aplicar para cada delito la agravante de ensañamiento. Esta cuestión se analizó en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2001 en la que se había producido una agresión sexual y el agresor además había orinado sobre la víctima y le había pasado un pañal con heces por la cara.

Se discutió si junto a la agresión sexual debía añadirse un delito contra la integridad moral o si, por el contrario, lo procedente era castigar el delito de agresión sexual con la agravante de ensañamiento. En la sentencia se optó por esta última solución, reseñando las imprecisiones y dificultades interpretativas del artículo 173.1. La solución se razonó de la siguiente forma: "Como es sabido durante el debate parlamentario se oyeron autorizadas voces que consideraron superfluo este tipo penal y que subrayaron la imprecisión de su contenido. Es evidente que el hecho de que el artículo 15 de la Constitución Española garantice la interdicción de tratos degradantes, no constituye todavía una justificación de un tipo penal específico, dado que el reconocimiento de un derecho fundamental no es considerado como un mandato constitucional de protección penal, sin más.

Sobre todo porque es preciso tener en cuenta que ya los delitos contra el honor contienen una respuesta penal a comportamientos que comportan una afrenta a la dignidad de la persona y que las expresiones integridad moral no son precisamente una elección afortunada del legislador, dado que se refieren a un bien que no es fácil concebir como objeto de ataques ajenos, pues parece referirse en primera línea a una condición de la persona que sólo podría ser afectada por la propia conducta del sujeto.

Por estas razones la doctrina ha tenido serias dificultades en caracterizar la conducta típica constitutiva del presupuesto de hecho de la pena prevista en el artículo 173 del Código Penal. Por un lado se han propuesto interpretaciones que no pueden lograr una adecuada diferenciación conceptual entre la integridad moral y la libertad, como cuando se dice que la lesión de la integridad moral se produce cuando la persona ve negada su plena capacidad de decidir o cuando se afirma que ello tiene lugar cuando la persona es utilizada como medio, dado que siempre que una persona es sometida a una vis compulsiva es utilizada como medio y lo que caracteriza los delitos contra la libertad es precisamente la eliminación de la capacidad de decidir por sí.

Por otro lado se han sostenido interpretaciones que no pueden ocultar una superposición de la integridad moral con el honor, como cuando se sostiene que dar un trato degradante es humillar, deshonrar, despreciar o envilecer, afectando la dignidad de la persona. La identidad de las palabras utilizadas con las que sirven ahora para definir el delito de injurias y con las que se empleaban en el artículo 457 del Código Penal de 1973 con la misma finalidad, revelan que tales conceptos no son inidóneos para precisar un tipo penal carente de paralelos en el derecho comparado. Estas consideraciones valen también para el fundamento del apoyo del Ministerio Fiscal que, se basa en el ánimo injurioso o de humillación sobreañadida que se percibe en la acción de los acusados.

Esta dificultad de caracterización del objeto de protección pone de manifiesto que el carácter injurioso de la acción o la privación de la libertad de decisión, por sí mismos, no son conceptos dotados de suficiente fuerza explicativa de la diferencia de gravedad de las penas previstas para el delito de injurias y las que se amenazan en el artículo 173 del Código Penal. Por tal motivo cuando las conductas que estamos considerando dan lugar a un aumento de la gravedad del hecho y esta gravedad puede ser perfectamente captada por alguna circunstancia agravante, en particular por la del artículo 22.5 del Código Penal, (aumento deliberado e inhumano del sufrimiento infligido a la víctima), el delito del artículo 173 del Código Penal no será aplicable y el mayor disvalor de la acción deberá encontrar expresión en la individualización de la pena. Consecuentemente, el ámbito de aplicación del artículo 173 del Código Penal quedará reservado a aquellos hechos en los que la degradación tenga una duración notoria y persistente, cuya gravedad ya no sea posible recoger en la individualización de la pena del delito al que acompañan, a través de las agravantes ordinarias".

II. DELITO DE TORTURAS

El artículo 174 recoge el delito de torturas en congruencia con los Tratados Internacionales ratificados por España. En concreto la tortura es definida a nivel internacional por la Convención contra la tortura y otros tratos crueles o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984. En su artículo 1 se define la tortura en los siguientes términos: "se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas."

En el artículo 174 del Código Penal se dispone que: "1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años. 2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior."

El delito de tortura se caracteriza, por tanto, por la concurrencia de los siguientes elementos:

  • a) Un elemento material constituido por una conducta o acción que produzca sufrimientos físicos o mentales, o produzca la supresión o disminución de las facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o la sumisión a otros actos atentatorios contra la dignidad moral. Para definir esta conducta el Código describe que en la tortura la víctima es "sometida a condiciones o procedimientos". Por sumisión de la víctima ha de entenderse una conducta coactiva por la que se somete a alguien mediante la violencia o por la fuerza bajo la autoridad o dominio de otra y por "condiciones o procedimientos" debe entenderse aquellas operaciones sucesivas o métodos coactivos que tienden a conseguir un resultado predeterminado.
  • b) Un elemento final o teleológico en cuanto la tortura persigue obtener una información del sujeto pasivo o castigarla anticipadamente por cualquier hecho que haya cometido o que se suponga que ha cometido.
  • c) Por último el tipo requiere una cualificación del sujeto activo en cuanto que éste tiene que ser autoridad o funcionario público que hubiese actuado con abuso de su cargo, aprovechándose de la situación de dependencia o sometimiento en la que se encuentra el sujeto pasivo.

La regulación del delito de tortura se complementa con otros tres preceptos. En el artículo 175 CP se castiga de forma más leve cualquier otro atentado contra la integridad moral de las autoridades y funcionarios públicos, cometidas con abuso de funciones, estableciéndose distinta pena según que tales atentados sean graves o leves. En el artículo 176 CP se describe un delito de comisión por omisión en cuanto que extiende las penas de las torturas a aquellas autoridades o funcionarios que por dejación de sus deberes hayan permitido que otras personas realicen los actos de tortura o demás atentados contra la integridad moral. Por último, el artículo 177 CP dispone que: "si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley". Es decir, además de castigar el atentado contra la integridad moral se castiga de forma autónoma cualquier daño o menoscabo físico que se pueda haber cometido con ocasión de dicho atentado. La existencia de esta regla de concurso de delitos, refuerza la autonomía del bien jurídico de los delitos de torturas y demás delitos contra la integridad moral.

III. DELITO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA HABITUAL

La violencia doméstica y la violencia de género son una lacra que azota nuestra sociedad desde siempre y a la que se pretende poner coto de una forma decidida en los últimos tiempos. Se han sucedido las reformas para mejorar la protección de las personas afectadas por este tipo de conductas y precisamente la regulación penal y, en concreto, la definición de qué debe entenderse por "violencia habitual" ha sido uno de los centros de atención de los legisladores, de ahí que se hayan producido distintas y sucesivas revisiones de los tipos penales para castigar de forma severa y eficaz la violencia doméstica habitual. En el nuevo tipo penal se abandona toda consideración de este delito como privado y el bien jurídico que se protege es la paz familiar.

En el delito de maltrato familiar, tal y como ha señalado la jurisprudencia, constituye un aliud y un plus distinto cada uno de los concretos actos de agresión sobre los miembros de la familia. Los concretos actos de agresión acreditan la conducta del agresor, la habitualidad de su actuación y son objeto además de sanción independiente, de ahí que el bien jurídico protegido no sea la integridad física, sino la protección de la pacífica convivencia familiar.

En el artículo 173.2 CP se castiga lo siguiente: "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada."

En este tipo penal se trata de sancionar la conducta del "maltratador" según terminología usual. Para ello se ha construido un tipo penal con los siguientes componentes:

  • a) Uso de violencia física o psíquica. El concepto de violencia física no plantea problemas en cuanto que ha de comprenderse en ella cualquier tipo de agresión. En cambio, el concepto de violencia psíquica es menos preciso y de más difícil prueba, pero ha de comprenderse en él todo tipo de presiones, coacciones, vejaciones, insultos y demás comportamientos sobre la víctima que supongan un menoscabo en la integridad psicológica del sujeto pasivo. Precisamente la reiteración en las conductas de presión resulta determinante para valorar la existencia de la violencia psíquica.
  • b) Se requiere que el uso de la violencia sea habitual y a ello se refiere el artículo 173.3 CP en el que se afirma que para valorar la habitualidad ha de atenderse al número de actos y la proximidad temporal de los mismos. El precepto además añade dos precisiones importantes en cuanto que los actos no necesariamente deben recaer sobre el sujeto pasivo y que no es preciso para valorar la reiteración o habitualidad que los actos de violencia hayan sido previamente enjuiciados. La referencia a actos de violencia sobre terceros indica que se valorará la habitualidad cuando la violencia se ejerza sobre distintas personas del mismo ámbito familiar y la advertencia legal de que para apreciar los actos de violencia previos no se requiere su enjuiciamiento previo, debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia, por lo tales actos deberán ser objeto de cumplida prueba.
  • c) La violencia puede obedecer a cualquier fin.
  • d) Debe ejercerse sobre el elenco de familiares reseñados en el precepto y destaca, en relación con las relaciones de pareja que el sujeto pasivo puede ser el cónyuge y cualquier persona que haya estado ligada de forma análoga, aún sin convivencia, lo que plantea el difícil problema de aplicar esta figura a relaciones ocasionales o poco consistentes.

La conducta se encuentra agravada cuando la violencia se ejerce en presencia de menores o con uso de armas, y también cuando se cometa en el domicilio de la víctima o quebrantando una medida cautelar o pena de alejamiento.

Para concluir el comentario a este precepto resta por realizar una cita jurisprudencial que muestra con claridad la protección que pretende dispensar la norma y a qué supuestos debe aplicarse. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Almería de 18 de octubre de 2007 dispone en uno de sus fundamentos que: "como ya ha expuesto este Tribunal en anteriores resoluciones, ha de tenerse en cuenta, ante todo, que la violencia física o psíquica a la que se refiere el mencionado delito, es algo distinto de los concretos actos de agresión, aisladamente considerados, y el bien jurídico protegido es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad física o psíquica, afectando a valores constitucionales de primer orden como es el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad -artículo 10 de la Constitución Española-, que tiene su consecuencia lógica en el derecho no sólo a la vida, sino a la integridad física y moral, con prohibición de los tratos inhumanos o degradantes -artículo 15 de la Constitución Española-, y en el derecho a la seguridad -artículo 17 de la Constitución Española-, quedando también afectados principios rectores de la política social y económica, como la protección de la familia y la infancia y protección integral de los hijos del artículo 39 de la Constitución Española.

Por ello, como hemos dicho, este tipo penal constituye una infracción distinta a los concretos actos de violencia, actos que sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor, y por tanto, ni el anterior enjuiciamiento de los mismos impide apreciar la existencia de este delito -se estaría en un supuesto de concurso de delitos (artículo 77 CP) y no de normas-, ni se precisa tal enjuiciamiento, bastando la comprobada realidad de la situación que se denuncia.

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 7 de julio de 2000, señala que para apreciar la habitualidad, más que al número de acciones violentas, debe atenderse a la existencia de un estado continuado de agresión o violencia física o psíquica en que viva la víctima; y en esta permanencia radica el mayor desvalor que justifica una tipificación autónoma por la presencia de una gravedad mayor que la que resultaría de la mera agregación de las desvaloraciones propias de cada acción individual.

En conclusión, para la apreciación de este tipo penal no es necesaria siquiera la existencia de previas denuncias y previos partes de lesiones, bastando que con el adecuado material probatorio existente se acredite esa permanente situación de menosprecio y amenaza, evidentemente atentatorio tanto al derecho a la dignidad personal como a lo que constituye el normal desarrollo de la vida familiar; situación que, en el presente caso, entendemos ha quedado debidamente acreditada, por las sucesivas agresiones que ha soportado la víctima a lo largo de los años de convivencia con el acusado, sujeto activo de la infracción, como ha puesto de manifiesto en el plenario la referida víctima, viniendo a ratificar lo declarado en la fase de instrucción y ante la Policía, insistiendo en que desde su llegada a España, en el año 2001, ha sido objeto de múltiples amenazas y golpes, tanto con las manos y piernas del agresor, como con toallas mojadas, que utilizaba éste, según declaró la testigo, para no dejar marcas".

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