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Tercerías

Tercerías

Proceso civil

¿Qué son las tercerías?

Tradicionalmente las tercerías se han venido concibiendo como una interesante manifestación de lo que se ha dado en llamar contencioso de la ejecución. Es decir, no nos encontramos ante actos predominantemente físicos y coactivos como los que caracterizan la ejecución, sino ante el planteamiento de dudas o cuestiones lógicas que, en cuanto tales, precisan de un tratamiento cognitivo, que se traduce en alegaciones y pruebas de las partes y en una resolución motivada del juez. El procedimiento que de esta manera se suscita es el llamado procedimiento incidental, en el que los terceros (de ahí el nombre del instituto), es decir, todos aquellos que aleguen un derecho o interés legítimo y personal que pueda verse afectado por la ejecución que se pretende, ostentan un derecho a intervenir en condiciones de igualdad con las partes del procedimiento principal.

Las tercerías aparecen reguladas por primera vez en nuestro Derecho en la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 24 de junio de 1830 y, posteriormente, en la Instrucción del procedimiento civil del Marqués de Gerona de 30 de septiembre de 1835. Derogada esta Instrucción por Decreto de 18 de agosto de 1854, las tercerías vuelven a regularse en los artículos 995 a 1000 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, pasando posteriormente a la Ley de Enjuiciamiento de 1881, que ordenó conjuntamente las tercerías de dominio y de mejor derecho (artículos 1532 a1543 LEC 1881), dándoles un similar tratamiento procesal pese a ser instituciones con diferente esencia jurídica. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 regula las tercerías con una sistemática y sentido diferente. Sistemáticamente, su regulación se separa del juicio ejecutivo y las tercerías de dominio y mejor derecho dejan de constituir un conjunto normativo común, para regularse dentro de cada uno de los actos procesales a los que resultan afectos: la tercería de dominio al acto del embargo y la tercería de mejor derecho al acto de pago al ejecutante.

Por lo que respecta a su sentido, la Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala, con relación a la tercería de dominio, que no se concibe ya como un proceso definitorio del dominio y con el efecto secundario de alzamiento del embargo del bien objeto de tercería, sino como incidente, en sentido estricto, de la ejecución, encaminado directa y exclusivamente a decidir si procede la desafectación o el mantenimiento del embargo.

Y aunque las posibilidades de intervención de los terceros en estos incidentes son múltiples, destacan por su importancia dos actuaciones muy características que vienen a constituir lo que precisamente se conoce y llama como tercerías: la de dominio y la de mejor derecho.

II. LA TERCERÍA DE DOMINIO

La tercería de dominio ha sido una figura de asiduo uso en nuestro sistema procesal, pues la inexistencia histórica de obligaciones procesales que impusieran al deudor un comportamiento activo en la manifestación de los bienes que posee, ha hecho que el embargo se lleve a efecto por simples apariencias externas de titularidad, lo que en ocasiones ha conducido a la afección de bienes de titularidad ajena. Y esta situación es la que provoca la actuación de esos terceros que afirman la titularidad de un derecho de dominio sobre la cosa embargada, defendiendo sus derechos patrimoniales a fin de lograr el alzamiento del embargo y separar dichos bienes de la ejecución.

Así pues, se puede definir la tercería de dominio como la vía de reclamación que procede cuando se han embargado, como de propiedad del deudor, bienes o derechos que no le pertenecen, ora sea embargo ejecutivo, ora preventivo, sino que son del tercero actuante que, por lo pronto, experimenta un menoscabo jurídico y económico, más o menos considerable, a pesar de no ser deudor.

Es por tanto una incidencia que tiene su origen en el embargo practicado en un proceso principal y en la que va a discutirse si en el momento de decretarlo el demandante gozaba del dominio del bien o de la titularidad de un derecho sobre el mismo que haría improcedente su traba. De acuerdo con ello, la competencia para el conocimiento de la tercería se atribuye funcionalmente al órgano que este conociendo de la ejecución, manteniéndose así el criterio utilizado durante la vigencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.

1. El proceso de tercería: las partes procesales

En este ámbito es importante destacar dos cuestiones: la primera, que la tercería de dominio exige como presupuesto esencial que el demandante tenga la condición de tercero respecto a la obligación que motivó el embargo y, la segunda, que la Ley de Enjuiciamiento Civil hace desaparecer el tradicional litisconsorcio pasivo entre ejecutante y ejecutado, restringiendo la necesidad de demandar al ejecutado sólo a aquellos supuestos en que hubiera designado el bien a que la tercería se refiere. Por lo que, en principio, el tercerista habrá de dirigir su pretensión únicamente contra el acreedor, si bien al embargado o ejecutado le es posible, en todo caso, su intervención en el proceso por el lógico interés que en él tiene y se le reconoce.

Con relación a esa condición de tercero que tiene que tener el demandante de tercería, tal cualidad debe ser necesariamente rechazada cuando, a pesar de existir dos personalidades jurídicas diferentes, se produce o existe una confusión de patrimonios que permite acudir a la teoría jurisprudencial del levantamiento del velo. Y así, es doctrina consolidada del Tribunal Supremo la posibilidad de penetrar en el substratum personal de las entidades o sociedades a las que la ley confiere personalidad jurídica propia, a fin de evitar que al socaire de esa forma legal se puedan perjudicar intereses públicos o privados, o bien que sea utilizada como vehículo de fraude. De esta manera y cuando los litigios por vía de tercería encajan dentro de esta idea, es posible hablar de identidad entre ambos sujetos (tercerista y deudor), lo que -lógicamente- excluirá la condición de tercero del demandante-tercerista, pues al separar el artificio societario es posible decidir ya conforme a la realidad. Tal es el caso de sociedades de composición familiar controladas por quien es el propio ejecutado y en las que puede decirse que existe una identidad sustancial entre la personalidad física y la jurídica (no es infrecuente, por ejemplo, el supuesto de bienes aportados por el deudor a una sociedad constituida familiarmente en la que él aparece como administrador único con amplísimas facultades y como socios la esposa e hijos).

Otra cuestión que tradicionalmente ha venido recibiendo una especial atención ha sido la relativa a la consideración o no como tercerista del cónyuge no deudor en los supuestos de embargo de bienes gananciales. Al respecto, la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil aclara algunos puntos en atención a las diversas situaciones que pueden darse. En primer lugar, se ha de partir de la idea de que los bienes gananciales pertenecen en su conjunto a los cónyuges, formando una comunidad cuya naturaleza ha sido tradicionalmente discutida en la doctrina. Bienes con los que ha de atenderse una serie de gastos y que, además, están llamados a responder en determinados casos de las obligaciones asumidas por uno sólo de los cónyuges, de modo que el tercero puede dirigirse contra los bienes gananciales para hacer efectiva la deuda (artículos 1362 a1374 del Código Civil).

Bajo esta idea y pensando en un posible embargo de bienes gananciales, el artículo 541 de la Ley de Enjuiciamiento Civil facilita un cauce para la oposición a la ejecución del cónyuge no deudor, cuando ésta se siga a causa de deudas contraídas por uno de los cónyuges de las que deba de responder la sociedad de gananciales. En estos casos, el embargo de bienes gananciales habrá de notificarse al cónyuge no deudor, pudiendo éste formular oposición fundada en las mismas causas que el ejecutado y, además, en que los bienes gananciales no deben responder de la deuda. Se permite así la posibilidad de cuestionar la responsabilidad de los gananciales a través del cauce de la oposición y no de una tercería de dominio.

En segundo lugar y tratándose de deudas privativas, si el cónyuge deudor carece de bienes privativos o son insuficientes para hacerlas efectivas, puede el acreedor pedir el embargo de bienes gananciales. Dicho embargo será notificado al cónyuge no deudor, quien podrá optar por pedir la disolución de la sociedad conyugal, lo que llevará, en caso de acordarse esa división del patrimonio, a la suspensión de la ejecución en lo relativo a los bienes comunes (artículo 541.3 LEC).

En cuanto a la segunda de las cuestiones planteadas, esto es, las personas con quien debe sustanciarse la tercería, la Ley procesal señala que la demanda se interpondrá frente al acreedor ejecutante. Sin embargo, existe también la necesidad de dirigirla frente al ejecutado cuando el bien embargado a que se refiere la tercería ha sido designado por él. Además de ello, el párrafo 2º del artículo 600 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, aunque la demanda de tercería no se haya dirigido frente al ejecutado, éste podrá intervenir en el procedimiento con los mismos derechos procesales que las partes de la tercería. El problema que ello suscita no es otro que el garantizar al ejecutado el conocimiento de la existencia y pendencia de este proceso a fin de procurarle una efectiva posibilidad de intervención, lo que se resuelve fácilmente con la notificación al demandado ejecutado de la demanda interpuesta.

2. El título del tercerista

Para la prosperabilidad de la tercería es necesario la debida justificación por parte del tercerista de su titularidad sobre el bien embargado, referido siempre a la fecha anterior a la práctica del embargo.

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 exigía ya que con la demanda de tercería se aportarse el título en que aquélla se fundase. La vigente Ley de Enjuiciamiento Civil vuelve a repetir tal exigencia, previniéndose que, en caso contrario, el tribunal rechace de plano y sin sustanciación alguna la demanda de tercería (artículo 596.2 LEC).

Por otra parte, el artículo 596 LEC recoge la posibilidad de interponer la tercería de dominio desde el momento en que se haya embargado el bien, aunque el embargo sea preventivo. Previsión ésta que resulta coherente con la finalidad propia de la tercería, que no es otra que el alzamiento del embargo. Y en cuanto al momento final, el mismo precepto en su apartado segundo establece que se rechazará la demanda que se interponga con posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta.

3. Exigencia de caución

El artículo 598 de la Ley de Enjuiciamiento Civil introduce un importante cambio en cuanto a los efectos de la admisión de las demandas de tercería, al disponer que "admitida la demanda por el Secretario judicial, el Tribunal, previa audiencia de las partes si lo considera necesario, podrá condicionar la suspensión de la ejecución respecto del bien a que se refiere la demanda de tercería a que el tercerista preste caución por los daños y perjuicios que pudiera producir al acreedor ejecutante".

Caución que, aun cuando puede tildarse de reprobable por lo que puede suponer de limitación al ejercicio de la acción al constituir un condicionante económico para el tercerista, encuentra su finalidad en la protección del acreedor frente a tercerías abusivas, desprovistas de fundamento, o meramente dilatorias.

La Ley señala, por otro lado, la posibilidad de audiencia a las partes antes de decidir la exigencia de caución al tercerista. Audiencia que se deja al arbitrio o buen juicio del tribunal, si bien parece lógico que se opte, con carácter general, por una contradicción anticipada a fin de que el juez pueda fundar su decisión en las alegaciones que cada una de las partes realice en apoyo de sus propósitos.

La caución podrá otorgarse en cualquiera de las formas previstas en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 529 LEC, esto es, en dinero efectivo o a través de cualquier otro medio que, a juicio del órgano judicial, garantice la inmediata disponibilidad de la cantidad de que se trate. El legislador acoge de este modo un criterio realista y moderno al aceptar la posibilidad de otros medios de garantía de usual aceptación en el tráfico jurídico, siguiendo así la orientación marcada por la doctrina del Tribunal Constitucional.

4. Efectos de la tercería

El auto por el que se resuelve la tercería de dominio no produce efectos de cosa juzgada en relación con la titularidad del bien (artículo 603 LEC). En cuanto al contenido de la resolución final, el mismo precepto dispone que la resolución se pronunciará sobre la pertenencia del bien y la procedencia de su embargo. El alzamiento de embargo, en su caso, conllevará la extinción de las medidas de garantía que pudieran haberse acordado con relación a los bienes afectados por la tercería (ordenándose por ejemplo, la cancelación de anotaciones preventivas o dejando sin efecto la orden de retención o la administración judicial acordada).

Por otro lado, la mera admisión de la tercería es razón suficiente para que el Secretario judicial, a instancia de parte, pueda ordenar mediante decreto la mejora del embargo (artículo 598.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Finalmente, el artículo 597 LEC prohíbe el ejercicio de segundas y ulteriores tercerías, fundadas en títulos o derechos que poseyera el que la interpone al tiempo de formular la primera. La finalidad de ello no es otra que evitar los posibles abusos que pudieran surgir al presentarse sucesivas tercerías por una misma persona dentro de un mismo proceso, obrando de mala fe y con el ánimo de retrasar el pago al acreedor.

III. LA TERCERÍA DE MEJOR DERECHO

La existencia de créditos a los que el ordenamiento jurídico otorga la cualidad de preferentes, hace necesaria la existencia de cauces procedimentales a través de los cuales el tercero pueda hacer valer esa preferencia de su crédito dentro del proceso de ejecución. Esta vía es la tercería de mejor derecho o de preferencia, que se concreta básicamente, como apunta Moreno Catena, en la discusión y confrontación del título que documenta el crédito del tercerista con el del ejecutante, frente al deudor común.

Al igual que sucedía con la tercería de dominio, la de mejor derecho se contiene también entre unos límites temporales. La Ley de Enjuiciamiento Civil, a la hora de establecer el término inicial de interposición de la demanda, distingue según la preferencia invocada sea general o especial. Y así, si la preferencia alegada es especial, es decir, referida a determinados bienes muebles o inmuebles, la tercería podrá ejercitarse desde que el bien a que la preferencia se refiere haya sido embargado. Si la preferencia es general (independientemente de cuáles sean los bienes que se embarguen) la tercería puede ejercitarse desde el despacho de la ejecución. Y en cuanto al término final, el artículo 615.2 LEC contempla dos posibilidades: la recepción efectiva del dinero metálico y, dos, la entrega de los bienes por habérselos adjudicado en pago.

La tercería de mejor derecho se sustanciará, al igual que la de dominio, por los cauces del juicio verbal con contestación escrita, con independencia de cual sea el importe del crédito cuya preferencia hace valer el tercerista. Y lo mismo que para la tercería de dominio, la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que a la demanda de tercería de mejor derecho se acompañe un principio de prueba del crédito que se afirma preferente, sin lo cual la demanda no será admitida, precluyendo la aportación de los títulos que puedan fundar el derecho del tercero, pues, tal y como también sucedía en la de dominio, no se permitirá segunda tercería que se funde en títulos o derechos que poseyera el que la interponga al tiempo de formular la primera (artículo 614 LEC).

En orden a la legitimación, la Ley de Enjuiciamiento Civil diferencia la legitimación pasiva según que el tercerista disponga o no de título ejecutivo, y sólo deberán ser demandados ejecutante y ejecutado en los casos en que el crédito cuya preferencia alegue el tercerista no conste en título ejecutivo. Ahora bien, el que la Ley no exija que en todos los casos las demandas de tercería se sustancien con el ejecutado, no impide su presencia voluntaria en el proceso (artículo 617.2 LEC), permitiendo de este modo que formule oposición a la ejecución frente al tercerista.

El procedimiento de tercería de mejor derecho se resuelve por medio de sentencia, que, a los solos efectos de la ejecución en curso, resolverá sobre la existencia del privilegio y el orden en que los créditos deben ser satisfechos en la ejecución en que aquella sentencia recaiga, pero sin prejuzgar otras acciones que a cada uno pudiera corresponder, especialmente las de enriquecimiento (artículo 620.1 LEC).

A diferencia de la tercería de dominio, la resolución que pone fin al procedimiento de tercería de mejor derecho es una sentencia con plenitud de efectos de cosa juzgada sobre aquello que es su objeto propio, esto es, la existencia del privilegio y el privilegio mismo. En caso de estimarse la tercería, el crédito del tercero será satisfecho antes que el del acreedor ejecutante. Además, si la preferencia se ha hecho valer respecto de un determinado bien embargado, la primacía para el cobro lo será respecto a lo recaudado por la realización de dicho bien, y no frente a otros distintos.

La sentencia que resuelve la tercería ha de pronunciase, lógicamente, sobre las costas, siendo de aplicación el criterio objetivo del vencimiento y diferenciando el artículo 620 LEC según cual haya sido la conducta adoptada por el ejecutante y ejecutado frente a la demanda.

Pero, aparte de ese criterio sobre la imposición de costas, la Ley vuelve a insistir sobre la participación del tercerista en lo que son los costes de la ejecución. Se entiende que el ejecutante ha tenido que soportar unos gastos de los que tiene derecho a ser reembolsado, al menos en parte. Por eso, el destino de lo recaudado va dirigido en primer lugar, al abono al ejecutante de esa parte de las costas. No se entregará al tercerista, dice la Ley, cantidad alguna procedente de la ejecución mientras no se hayan satisfecho al ejecutante las tres quintas partes de las costas causadas hasta ese momento (artículo 620.2 LEC). Previsión que, aun cuando pueda entenderse que parte de una razonable ponderación de costes, y no plantea mayor problema cuando lo recaudado es suficiente para satisfacer esa parte de las costas y el crédito del tercerista, resulta más discutida cuando lo obtenido no sea suficiente para satisfacer el crédito del acreedor privilegiado. Esta norma procesal parece crear un privilegio respecto de esos costes, al margen de lo que son las normas sustantivas de prelación de créditos, de modo que antes de satisfacer el crédito privilegiado del tercerista habrá de reembolsarse al ejecutante por esos gastos realizados.

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