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Tercero civil responsable

TERCERO CIVIL RESPONSABLE

I. CONCEPTO

El artículo 110 del Código Penal establece que la responsabilidad civil por hechos delictivos comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales.

El perjudicado puede optar entre personarse o no en las actuaciones, como acusador particular o actor civil, para reclamar la reparación del perjuicio (artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Si optan por no mostrarse parte en la causa, el Ministerio Fiscal reclamará en su nombre. El perjudicado puede reservarse el ejercicio de acciones civiles para un procedimiento civil posterior, una vez dictada Sentencia den la causa penal (artículo 111 LECrim). También puede renunciar a exigir responsabilidad civil (en cualquier trámite), si bien, dicha manifestación de voluntad debe ser expresa y clara (artículos 106 a 108 LECrim).

Además, el art. 100.2 de la LECRIM apunta que “Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en sentencia firme, siendo necesario que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera clara y terminante”.

Además del condenado, que será responsable del perjuicio derivado del delito, nuestra normativa prevé la responsabilidad de terceros contra los que no se ejercitó la acción penal, estos son los terceros civilmente responsables. Su participación en el procedimiento es asimilable a la del demandado en un procedimiento civil. En este ámbito, debe distinguirse los responsables civiles directos, que responden con independencia del condenado del perjuicio causado; y subsidiarios, contra los que se podrá dirigir la ejecución civil si no pudiera obtenerse la restitución de aquél.

II. LOS RESPONSABLES CIVILES DIRECTOS

Son el condenado (artículo 116 Código penal), los partícipes a título lucrativo (artículo 122 del Código Penal y artículo 615 Ley Enjuiciamiento Criminal) y determinadas personas que responden en supuestos en que se aprecia una exención de responsabilidad penal en el acusado, poniéndose fin a la acción penal por Sentencia de contenido absolutorio (artículo 120 Código Penal).

1. El partícipe a título lucrativo

Establece el artículo 122 Código Penal, que el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación. Se trata, pues, de los denominados supuestos de receptación civil en los que la obligación de resarcimiento se deriva del principio de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita, en perjuicio de la víctima de un hecho delictivo. Son requisitos necesarios para su apreciación:

  • a) Que exista una persona, física o jurídica que hubiere participado de los efectos de un delito, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica.
  • b) El adquiriente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del crimen receptacionis en concepto de autor, cómplice y encubridor.
  • c) La valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación.

Esta posición se refleja en las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 1980 ó 3 de febrero de 2005, entre otras muchas.

Un caso muy habitual es el cónyuge del condenado, que se ve beneficiado por el ingreso de dinero procedente del delito en su cuenta corriente, sin tener conocimiento de su origen ilícito.

Una persona acusada como partícipe en el delito puede ser condenada como partícipe lucrativo, sin quebrantarse el principio acusatorio (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2007)

2. Responsables directos cuando procede la absolución del acusado por concurrir una causa de exención de responsabilidad penal

Nuestro ordenamiento recoge distintos supuestos:

  • a) En los casos de los núms. 1º y 3º del artículo 20 del Código Penal (exención de responsabilidad por anomalía o alteración psíquica, o alteración de percepción desde el nacimiento o infancia), son responsables civiles los tengan bajo su potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables (artículo 118.1.1º Código Penal). Por tanto, se trata de una responsabilidad consecuencia de una actuación negligente. Manifiesta la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 mayo 2005: " un requisito esencial de la responsabilidad civil subsidiaria es la existencia de una relación de causalidad -a la que se refiere claramente la expresión legal siempre que haya mediado -entre la culpa o negligencia de quienes tengan al exento de responsabilidad criminal -total o parcialmente- bajo su potestad o guarda y la comisión por aquél de un hecho punible".

    Los Jueces o Tribunales graduarán de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

  • b) En el supuesto de exención de la responsabilidad por estado de necesidad (artículo 20.5º CP), serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal (se causó el hecho típico para evitarlo), en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio (artículo 118.1.3º CP).
  • c) En los supuestos de exención de la responsabilidad por miedo insuperable (artículo 20.6º CP), responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho (artículo 118.1.4º Código Penal).
  • d) Cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años (exento de responsabilidad penal, como establece el artículo 19 Código Penal), responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden.

    Cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos (artículo 61.3 de la Ley Orgánica 5/00, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores).

3. Las compañías de seguros

Establece el artículo 117 del Código Penal, que los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.

Relacionada con esta responsabilidad, se plantea si las compañías aseguradoras pueden tomar parte en el procedimiento penal, como actor civil, para pagar lo satisfecho a su asegurado como consecuencia de un ilícito penal (por ejemplo, en virtud de un seguro de hogar se repara la casa incendiada consecuencia de un delito de incendió). El Tribunal Supremo ha modificado su tradicional postura negativa, en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de 30 enero de 2007.

"Cuando la entidad aseguradora tenga concertado un contrato de seguro con el perjudicado por el delito y satisfaga cantidades en virtud de tal contrato, sí puede reclamar frente al responsable penal en el seno del proceso penal que se siga contra el mismo, como actor civil, subrogándose en la posición del perjudicado".

III. LOS RESPONSABLES CIVILES SUBSIDIARIOS

Esta responsabilidad sólo podrá exigirse cuando el resarcimiento o indemnización por parte de los responsables civiles directos no puedan llevarse a buen fin.

Existen distintos supuestos, que deben analizarse de forma separada.

  • a) Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o negligencia (artículo 120.1º Código Penal).

    Se trata de una responsabilidad por culpa.

  • b) Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de otro medio de comunicación, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares (artículo 120.2º CP). Si el delito es calumnia o injuria propagada por radiodifusión, la responsabilidad será directa (artículo 212 Código Penal).
  • c) Las personas naturales o jurídicas, en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción (artículo 120.3 CP).

    La Jurisprudencia entiende que se ha de apreciar la responsabilidad civil subsidiaria aunque la actividad desarrollada por el autor del delito suponga un ejercicio anormal de sus funciones (como lo es el agredir a un jefe) y aunque esa actuación no suponga, por tal anormalidad, beneficio alguno para el empresario. No sólo se han de seguir criterios de culpa in vigilando o in eligendo (aplicables al presente caso) sino los más objetivos de generación de riesgo en una actividad lucrativa aunque se concrete el riesgo por mor de un ejercicio anormal (Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2005 y 4 de junio de 2007).

    En la reforma del régimen de las personas jurídicas en el nuevo artículo 31 bis Código Penal modificado por la Ley Orgánica 5/2010 se insiste en que en estos casos en los que se derive responsabilidad penal a las personas jurídicas, la responsabilidad civil no es subsidiaria, sino directa, ya que si bien antes en el artículo 120 Código Penal se trataba de una responsabilidad civil subsidiaria, ahora se trata de una responsabilidad civil directa y lo será solidariamente con las personas responsables directas del hecho delictivo, con lo que desaparece en estos casos el criterio de la subsidiariedad. Además, en el art. 31 ter y ss CP tras la reforma operada en este por la Ley orgánica 1/2015 se incide en la exigencia de articular un plan de prevención jurídica para empleados y directivos para evitar la derivación de responsabilidad civil y penal a la persona jurídica.

  • d) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios (120.4º CP).
  • e) Los titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquellos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas (120.5º CP).
  • f) El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia, la isla, el municipio y demás entes públicos, según los casos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente responsable civil subsidiario (artículo 121 CP).

Considera la Jurisprudencia que esta responsabilidad se exigirá en los siguientes casos:

  • a) Cuando los personalmente responsables de los delitos dolos o culposos de los que proviene el daño a indemnizar sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos se requerirá:
    • que el hecho se hubiera cometido cuando estos se hallaban en el ejercicio de sus cargos o funciones;
    • que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que le estuvieren confiados.
  • b) Cuando no sean responsables de los delitos productores del daño las personas enumeradas (autoridades, funcionarios o asimilados) y se den las siguientes circunstancias:
    • que se cometan en un establecimiento de los que sean titulares o se hallen sometidos al control del Estado y demás organismos públicos;
    • que sus dirigentes, administradores, dependientes o empleados hayan infringido los Reglamentos de Policía y demás disposiciones de la autoridad, relacionados con el hecho punible;
    • que sin dicha infracción el tercero no hubiera cometido el delito, ha de ser, pues la infracción reglamentaria causalmente influyente en el delito cuyos daños se trata de resarcir. Relación causal que no ha de alcanzar necesariamente un grado de exclusividad, bastando llegar a una conclusión de apropiación y razonabilidad en la producción del daño.

Esta doctrina se recoge en las Sentencias de 16 de mayo de 2000 o 13 de diciembre de 2005.

Aunque el artículo se refiera a delitos, esta responsabilidad también dimanará de hechos que puedan calificarse como faltas (Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de enero de 1997 ó 6 de febrero de 2007).

No debe caerse en el error de pensar que esta responsabilidad agota las posibilidades de llamar a la Administración a un proceso penal en la condición de responsable civil subsidiario. Por ejemplo, cabe su responsabilidad en los supuestos de delitos cometidos en establecimientos sometidos a su control, cuando concurran infracciones reglamentarias (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de enero de 2007).

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