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Vía de apremio

Vía de apremio

Proceso civil

I. CONCEPTO

La vía de apremio, o procedimiento de apremio, aparece regulada en el capítulo IV del Título IV (ejecución dineraria) del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículos 634 a 680. Es la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante. Dentro de este capítulo se encuentran regulados la subasta de bienes muebles e inmuebles (véase “Subasta”), así como la administración para pago, por lo que nos limitaremos ahora al resto de los aspectos contemplados en la ley procesal, en especial la valoración de bienes y las formas de realización de los bienes embargados diferentes a la subasta judicial.

Partiendo de las premisas anteriores, se puede definir la vía de apremio como la última fase del procedimiento de ejecución dineraria forzosa en virtud de la cual se pretende la satisfacción total o parcial del crédito del ejecutante, mediante la entrega directa de los bienes embargados o mediante su realización forzosa de conformidad con alguno de los mecanismos legalmente previstos con el fin de obtener dinero suficiente para el pago del crédito que se ejecuta.

Es preciso señalar que, aun cuando es un mecanismo que se regula dentro de las normas de la ejecución dineraria, la vía de apremio es igualmente aplicable en los casos de ejecución no dineraria, en los supuestos en los que no sea posible la ejecución estricta y la misma deba ser sustituida por la indemnización de daños y perjuicios, previa liquidación y cuantificación (artículos 701.3, 702.2, 703.3, 706.2, 707.2, 708.2, 709.2, 710.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos 712 a 720 LEC). Realmente en estos casos se produce una transformación, previa liquidación, de una obligación no dineraria en una obligación dineraria al cuantificar en dinero el importe de la indemnización de daños y perjuicios sustitutiva y de ahí que la satisfacción de dicho crédito, previo embargo, debe de llevarse a cabo por el procedimiento de apremio.

II. ENTREGA DIRECTA AL EJECUTANTE

Ya se ha señalado que se trata de la última fase de la ejecución forzosa cuya finalidad, partiendo de los bienes embargados, es obtener el dinero para hacer pago de la cantidad debida al ejecutante. Ahora bien, atendiendo a la naturaleza de dichos bienes, no siempre será necesaria su realización y conversión en dinero, pues cabe la posibilidad de entrega directa al ejecutante de determinados bienes.

No es necesaria la realización en los supuestos previstos en el artículo 634 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé los casos en los que la ejecución dineraria se limitará a entregar directamente al ejecutante por el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, por su valor nominal, los bienes embargados, siempre que se trate de:

  • a) Dinero efectivo (artículo 634.1.1 LEC). Esto no plantea ninguna dificultad, si bien es verdad que no es nada frecuente que se embargue dinero en metálico. Si el dinero proviene del embargo de sueldos, salarios o pensiones periódicas, las cantidades deben estar ingresadas en la Cuenta de Consignaciones (artículo 621 LEC) y tales serán las cantidades que han de entregarse, sin perjuicio de las posteriores entregas a medida que se vayan ingresando, en el caso de que la cantidad retenida no cubra el total de la ejecución. Si no existen otros bienes embargados, se mantendrá el embargo y la entrega de estas cantidades retenidas, por cualquier concepto, hasta que se lleve a cabo el pago íntegro de la deuda que se ejecuta por todos los conceptos, incluyendo intereses y costas.
  • b) Saldos de cuentas corrientes y de otras de inmediata disposición (artículo 634.1.2 LEC). Se trata de una forma de entrega inmediata que presenta mayores dificultades, pues al emplear la Ley la voz "inmediata" se plantea la duda de si pueden ser incluidos créditos cuyo cobro está asegurado pero que no están disponibles en el momento de la entrega. Piénsese, por ejemplo, en las imposiciones a plazo fijo, en los certificados de depósitos o cualesquiera otros títulos de ahorro o crédito que el ejecutado pudiera tener contra el Estado o entidades públicas.

    En estos casos habría que esperar al vencimiento de los derechos para que una vez vencidos se entregue el dinero al ejecutante, tomando la correspondiente nota en la entidad financiera en la que se encuentren depositados, o transmitir al acreedor la titularidad formal de los derechos del ejecutado respecto de tales títulos para que pudiera gestionar, en su día, y ante las entidades financieras, la entrega del dinero. Sin embargo, no se estaría cumpliendo con la inmediatez que la Ley exige y por ello el artículo 634.2 LEC se refiere a "los saldos favorables en cuenta, con vencimiento diferido" disponiendo que: "el por Secretario judicial adoptará las medidas oportunas para lograr su cobro, pudiendo designar un administrador cuando fuere conveniente o necesario para su realización". No parece que la Ley esté pensando en la entrega directa sino en la obligación de esperar al vencimiento con las oportunas garantías que pueden ser las derivadas de la anotación o publicidad del embargo (artículo 621 LEC) o el nombramiento de un administrador.

  • c) Divisas convertibles, previa conversión en su caso (artículo 634.1.3 LEC). Las mismas podrán ser entregadas en forma directa si el acreedor lo solicita, pero en caso contrario deberá acudirse al procedimiento del artículo 577.2.° LEC, de forma que la cantidad de moneda extranjera se computará según el valor de cambio oficial al día de la traba del embargo. De todas formas, si la deuda constatada en el título lo es en moneda extranjera ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 577.1 LEC.
  • d) Cualquier otro bien cuyo valor nominal coincida con el de mercado, o aunque sea inferior el acreedor acepte la entrega del bien por su valor nominal.
  • e) Bien mueble vendido o financiado (artículo 634.3 LEC). En los casos de ejecución de sentencias que condenen al pago de las cantidades debidas por incumplimiento de contratos de venta a plazos de bienes muebles, si el ejecutante lo solicita, se le hará entrega inmediata por el Letrado de la Administración de Justicia del bien o bienes muebles vendidos o financiados a plazos por el valor que resulte de las tablas o índices referenciales de depreciación que se hubieran establecido en el contrato. Se trata de una ejecución dineraria especial, al estar basada en una deuda derivada de un determinado tipo de contrato con el que se adquieren concretos bienes muebles, que de esta forma permiten una garantía especial sobre los mismos, pudiendo recuperar en cualquier momento el acreedor la titularidad de dichos bienes. El valor de la entrega, calculado de acuerdo con las tablas de depreciación que tendrán en cuenta la antigüedad del bien mueble, se deducirá del total de la deuda, de tal manera que esta podrá seguir por la diferencia, produciéndose una especie de compensación.

III. VALORACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Dentro de la vía de apremio, y salvo los casos de entrega directa del artículo 634 LEC y los supuestos de embargo de acciones o participaciones sociales previsto en el artículo 635 LEC, previamente a la realización de los mismos por cualquiera de los mecanismos establecidos en el artículo 636 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es preciso llevar a cabo su avalúo, esto es la fijación del valor económico del bien mueble o inmueble embargado. A través de esta valoración se concretarán elementos imprescindibles para la posterior realización, tales como el tipo de la subasta, que toma como referencia el avalúo de los bienes, o los límites para la realización del bien a través de persona especializada, de ahí la importancia de este trámite. Siempre será preciso llevar a cabo tal valoración, con una única excepción, señalada en el artículo 637 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esto es, que ejecutante y ejecutado se hayan puesto de acuerdo en el valor del bien embargado, acuerdo que puede alcanzarse antes o durante la propia ejecución.

Para llevar a cabo dicha valoración, como señala el artículo 638.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se procederá por el Letrado de la Administración de Justicia a la designación de un perito tasador. En principio dicho artículo establece, con el fin de garantizar una más objetiva valoración de los bienes, un orden de preferencia, de tal manera que en primer lugar deberá designarse entre los peritos que presten servicios en la Administración de Justicia. En su defecto, se podrá encomendar la tasación a organismos o servicios públicos dependientes de las Administraciones Públicas que hayan asumido el compromiso de colaborar a estos efectos con la Administración de Justicia. Por último si no se pudiese acudir a ninguno de los sistemas anteriores, se procederá a la designación judicial de un perito tasador entre los profesionales que se inscriban en las listas correspondientes de cada Colegio Profesional. En la práctica éste último es el sistema más habitual de designación, para lo que se acude al procedimiento del artículo 342 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El nombramiento del perito implicará la obligación por parte de éste de aceptar el cargo, con la única excepción de que concurra una causa de abstención (artículo 639.1 LEC) o que sea recusado (artículo 638.2 LEC). Aceptado el cargo, por parte del perito, el artículo 638.3 LEC autoriza al perito para que solicite la provisión de fondos necesaria previa a la valoración, decidiendo el Letrado de la Administración de Justicia sobre dicho extremo y tal provisión deberá ser abonada antes de la emisión del dictamen. Cumplido lo anterior, y previas las operaciones que considere necesarias para el buen fin de la pericia, se emitirá sin más la valoración de los bienes embargados, tasación que deberá de realizarse en el plazo de ocho días desde la aceptación (artículo 639.2 LEC), sin perjuicio de la posible ampliación del plazo por circunstancias debidamente justificadas y previa aprobación del Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto.

Dicha tasación deberá de realizarse de acuerdo al valor de mercado de los bienes (artículo 639.3 LEC). No corresponde al perito tasador el descuento de las cargas que puedan pesar sobre los bienes tasados, labor ésta que, en relación a los inmuebles, corresponde al Letrado de la Administración de Justicia en la forma prevista en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues la función del perito no es la de valorar cargas, cuestión ésta de naturaleza jurídica, sino la de llevar a cabo una función propia de su profesión, esto es, fijar el valor de mercado de un bien objetivamente considerado.

De la valoración realizada se dará traslado por el tribunal a las partes ejecutante y ejecutada, así como los acreedores a los que se refiere el artículo 658 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso pueden darse dos supuestos:

  • a) Que las partes no lleven a cabo alegaciones a la valoración del perito judicial, en cuyo caso, el por Letrado de la Administración de Justicia aprobará por decreto susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución (artículo 639.4 LEC) la valoración definitiva a efectos de la ejecución.
  • b) Que dentro de los cinco días siguientes al traslado a las partes y acreedores, se presenten por estos alegaciones a dicha valoración, así como, normalmente en caso de discrepancia con la valoración efectuada por el perito judicial, informes de parte de otros peritos tasadores, en los que se lleve a cabo una valoración contradictoria de los bienes embargados, tal como le autoriza el artículo 639.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Una vez presentados las alegaciones o los informes contradictorios, el Letrado de la Administración de Justicia a la vista de todo ello y de la valoración del tasador judicial, y apreciando todas las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, determinará, la valoración definitiva a los efectos de la ejecución mediante decreto susceptible de recurso directo de revisión ante el Tribunal que dictó la orden general de ejecución (artículo 639.4 LEC).

IV. FORMAS DE REALIZACIÓN DE LOS BIENES EMBARGADOS

Dejando a un lado la entrega directa de los bienes embargados en los términos ya examinados, prevista en el artículo 634, existen otros cuatro mecanismos diferentes de realización de los bienes embargados. Procede centrar el examen en los otros tres sistemas de realización.

1. Enajenación por fedatario público

A ella alude el artículo 635 LEC que distingue entre las "acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario" y las "acciones y participaciones societarias que no coticen en bolsa". Los Mercados secundarios son las Bolsas de Valores, el Mercado de Deuda pública representada mediante anotaciones en cuenta gestionado por la Central de anotaciones, los mercados de Futuro y Operaciones y otros, de ámbito estatal o autonómico que cumpliendo los requisitos legales se autoricen por el gobierno o por la Comunidades Autónomas con competencia. Pues bien, la transmisión de las acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en estos mercados, se efectuará con arreglo a las leyes que los rigen. Lo mismo se hará cuando el bien cotice en un mercado reglado o pueda acceder a un mercado con precio oficial. Tratándose de acciones y participaciones societarias que no coticen en bolsa, se venderán por medio de Notario, atendiendo a las disposiciones estatutarias y legales sobre enajenación de acciones o participaciones y, en especial, a los derechos de adquisición preferente.

2. Convenio de realización

Esta forma de ejecución aparece regulada en artículo 640 de la Ley procesal. Debiendo entenderse por tal aquel convenio entre ejecutante y ejecutado por el que se ponen de acuerdo en la forma de realización del bien embargado, como mecanismo más rápido y eficaz para obtener la satisfacción del derecho del ejecutante. El legislador supedita la eficacia y validez del acuerdo a la aprobación por el Letrado de la Administración de Justicia, como cautela y garantía necesaria de los derechos de terceros que puedan verse afectados por él, siendo ésta la única limitación que en principio puede existir al acuerdo de las partes, estando éstas facultadas para llegar a cualquier tipo de acuerdo, tanto en la forma de realización del derecho del ejecutante, que puede implicar otras formas alternativas de satisfacción del derecho sin necesidad de realización del bien, como establecer nuevos plazos de ejecución, la realización del bien por el acuerdo de las partes, o incluso que ésta afecte a parte y no a todos los bienes embargados.

  • a) Legitimación. Están facultados para instar la convocatoria judicial de la comparecencia a fin de llegar al acuerdo de realización el ejecutante, el ejecutado o cualquiera que acredite un interés directo en la ejecución (artículo 640.1 LEC).
  • b) Momento solicitud. La Ley de Enjuiciamiento Civil no establece plazo alguno, pero debe entenderse que no procede su celebración con anterioridad a que exista una valoración de los bienes, por acuerdo de las partes o bien por resolución judicial, y tratándose de bienes inmuebles que se haya aportado a los autos la certificación de dominio y cargas en cuanto presupuestos necesarios para que pueda llegarse a esta forma alternativa de realización. Como término final en que pueda pedirse la celebración de la comparecencia, en principio podrá hacerse en cualquier momento anterior a la celebración de la subasta.
  • c) Convocatoria. Una vez realizada la petición de la celebración de convocatoria de la comparecencia por cualquiera de los legitimados, la ley supedita su celebración a que concurran dos requisitos:
    • si lo la ha solicitado el ejecutante éste debe de prestar su consentimiento;
    • que por parte del Letrado de la Administración de Justicia no se encuentren motivos para denegarla (artículo 640.2 LEC).

    Deberá realizarse por el órgano judicial mediante resolución que revista la forma de diligencia de ordenación, en la cual deberá señalarse el día y hora para su celebración, deberá notificarse al ejecutante, ejecutado y a los terceros interesados que consten en el procedimiento y que se hallan legitimados para pedir la convocatoria judicial.

  • d) Celebración de la comparecencia. Podrán asistir a la comparecencia todas las personas que se hallan legitimadas para solicitar su celebración, ejecutante, ejecutado y terceros con interés legítimo en la ejecución, y además los terceros que hayan sido invitados a asistir por el ejecutante o el ejecutado (artículo 640.2.2 LEC). La intervención de estos terceros en la comparecencia tiene como finalidad el que puedan aportar vías o fórmulas para llegar a cualquier tipo de acuerdo, para la satisfacción del derecho del ejecutante, o para la realización de los bienes, e incluso se pueda proceder a la adjudicación o venta del bien a alguno de dichos intervinientes en el acto.

    Es imprescindible para que pueda celebrase la asistencia de ejecutante y ejecutado, dado que si su finalidad es llegar a un acuerdo en la ejecución, la incomparecencia de alguno de ellos hará ineficaz su celebración, debiendo por lo tanto levantarse la correspondiente acta haciéndolo constar y dando por terminada la misma. Cuando no comparezcan los terceros con interés directo en la ejecución, procede su celebración, y si existiera acuerdo se les deberá notificar antes de su aprobación. La comparecencia deberá celebrarse a presencia del Letrado de la Administración de Justicia, bajo sanción de nulidad.

  • e) Terminación por acuerdo (artículo 640.3 LEC). En el supuesto de que exista acuerdo en la comparecencia entre el ejecutante y ejecutado, si hubieran concurrido a ella los terceros interesados, estos deberán prestar también su consentimiento al mismo; en el supuesto de que los terceros interesados no concurran se les deberá notificar previamente el acuerdo con anterioridad a su aprobación. Cabe distinguir, por lo tanto, los siguientes supuestos para la aprobación o no del acuerdo:
    • Cuando no haya terceros interesados se procederá a la aprobación por Letrado de la Administración de Justicia, mediante decreto, del acuerdo.
    • Cuando haya terceros interesados, en la ejecución y presten su consentimiento al acuerdo, se procederá a su aprobación.
    • Cuando los terceros interesados no presten su consentimiento, pero éste, a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, no les cause perjuicios, se procederá a su aprobación.
    • Cuando el acuerdo afecte a derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acuerdo requerirá necesariamente el consentimiento de los terceros interesados para su aprobación.

    La resolución del Letrado de la Administración de Justicia que homologue o apruebe el convenio deberá revestir la forma de decreto. Dicho acuerdo vincula al ejecutante, ejecutado y a los terceros que puedan tener interés directo en la ejecución, produciendo el efecto de suspender la ejecución, pero sólo con relación a los bienes o derechos sobre los que haya recaído el acuerdo.

    Si se incumpliese el convenio alcanzado habrá de distinguirse dos supuestos:

    • Incumplimiento total, en cuyo caso se procederá a levantar la suspensión de la ejecución, y como señala el artículo 640.4 LEC se procederá a la subasta.
    • Incumplimiento parcial. Dado que la ejecución de bienes debe guardar proporcionalidad entre los bienes embargados y a realizar con el derecho del ejecutante, lógicamente, si han existido pagos parciales, o cumplimiento parcial de la obligación por parte del ejecutado, deberán reducirse los bienes a ejecutar en esa proporción.
  • f) Terminación sin acuerdo. Cuando no comparezcan el ejecutante o el ejecutado, el efecto será la continuación de la ejecución y la realización de los trámites necesarios para la subasta de los bienes, pues como ya se ha señalado la simple solicitud de la comparecencia no suspende la ejecución. El mismo efecto se producirá cuando no se llegue al acuerdo, o cuando a pesar del principio de acuerdo entre ejecutante y ejecutado, este no sea aprobado, porque implique perjuicios para terceros, o estos no presten su consentimiento cuando de trate de derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad.

3. Realización por persona especializada

Se regula esta forma de realización alternativa de los bienes en un solo precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, concretamente en su artículo 641 LEC. Esta forma de realización de los bienes, a diferencia del convenio que se regula en el artículo 640 de la LEC, se configura como un sistema más de ejecución forzosa de los bienes al que las partes pueden acudir como alternativa a la subasta judicial. La finalidad de esta forma alternativa de realización de los bienes pretende evitar el encarecimiento y dilación del proceso de ejecución de los bienes embargados a través de la subasta judicial, pretendiendo con esta vía obtener un precio de los bienes embargados más acorde con los precios de mercado.

  • a) Solicitud. Están legitimados para instar la realización de los bienes por esta vía el ejecutante y el ejecutado, pero en este segundo caso es necesario que cuente con el consentimiento del ejecutante (artículo 641.1 LEC). Efectuada dicha solicitud, y sin necesidad de mayores trámites procesales, el Letrado de la Administración de Justicia, podrá acordar, mediante diligencia de ordenación, esta forma de ejecución, esto es la venta del bien por persona especializada y conocedora del mercado y que reúna los requisitos necesarios para operar en el mercado al que pertenezca el bien que se enajena por este medio. La Ley 13/2009 incluye como entidades especializadas en la subasta de bienes a los Colegios de Procuradores (párrafo 3º del artículo 641.1 LEC).
  • b) Designación de la persona especializada.- La regla general, recogida en el artículo 641.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es que la designación o nombramiento ha de recaer en la persona que se designe en la solicitud, siempre que reúna los requisitos legales, cuando el encargo de realización se refiera a bienes muebles.

    Cuando las características de los bienes o la posible disminución de su valor así lo aconsejen el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución, con consentimiento del ejecutante, podrá designar como entidad especializada para la subasta al Colegio de Procuradores en donde con arreglo a lo dispuesto en el artículo 626 se encuentren depositados los bienes muebles que vayan a realizarse.

    A tal efecto, se determinarán reglamentariamente los requisitos y la forma de organización de los servicios necesarios, garantizando la adecuada publicidad de la subasta, de los bienes subastados y del resultado de la misma.

    Cuando se trate de bienes inmuebles, la designación habrá de hacerse por el Letrado de la Administración de Justicia, previa audiencia de las partes y terceros interesados, teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan realizar en la comparecencia, resolviendo el Letrado de la Administración de Justicia, por medio de diligencia de ordenación lo que estime conveniente a la vista de lo manifestado en la comparecencia.

  • c) Requisitos que debe cumplir la persona designada. La persona o entidad designada ha de reunir los siguientes requisitos:
    • Que se trate de persona o entidad especializada.
    • Que sea conocedora del mercado en que se realicen este tipo de bienes.
    • Que reúna los requisitos legales para operar en tal mercado.
    • Que preste la caución en la cuantía que determine el Letrado de la Administración de Justicia para responder del cumplimiento del encargo (artículo 641.2 LEC). En cuanto a la forma de prestación de la caución deberá hacerse, bien mediante la correspondiente consignación judicial en metálico, o mediante aval bancario a primer requerimiento, dado que ha de ser directamente realizable en aquellos supuestos en que se incumpla el encargo. No se exigirá la prestación de fianza si la venta se lleva a cabo por medio de una entidad pública o por los Colegios de Procuradores.
  • d) Condiciones de la realización. En la diligencia de ordenación en la que se fije esta forma de realización, deberá de fijarse igualmente las condiciones de la misma, de acuerdo con los acuerdos alcanzados por las partes, o en su defecto los bienes no podrán ser enajenados por un precio inferior al 50 % del avalúo, para los bienes muebles, o de un 70 % para los inmuebles, si bien este precio se calcula en función del valor fijado de acuerdo con el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 641.3 LEC)

    Realizada la venta, se procederá por el designado a la consignación de la cantidad obtenida en la cuenta de Depósitos y Consignaciones, descontando los gastos efectuados y sus honorarios. Aprobada la operación por el Letrado de la Administración de Justicia, se devolverá la caución al designado, tal como establece el artículo 641.4 LEC.

    En el caso de que transcurran seis meses desde el encargo y no se hubiese llevado a cabo la realización, el Letrado de la Administración de Justicia dictará auto revocando el encargo, salvo que se justifique por el designado la imposibilidad de tal realización por motivos que no le sean imputables, y que fuese posible cumplir en otro plazo máximo de seis meses. Transcurrido este último plazo se revocará definitivamente el encargo por medio de decreto dictado por el Letrado de la Administración de Justicia encargado de la ejecución (artículo 641.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). En este caso, la caución se aplicará a los fines de la ejecución, salvo que acredite el designado que la realización no ha sido posible por causas no imputables al mismo, en cuyo caso se devolverá el importe de la caución prestada.

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