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Ventas especiales

Ventas especiales

Las ventas especiales son aquellas que no encajan en el concepto de la compraventa ordinaria, al concurrir en las mismas ciertas peculiaridades. Legalmente emanan del Código Civil y del Código de Comercio.

Contratación mercantil

¿Qué son las ventas especiales?

Junto a la compraventa que denominamos ordinaria, existen en el tráfico una serie de compraventas, en las que concurren ciertas peculiaridades, impuestas precisamente por las exigencias de dicho tráfico económico, que afectan al régimen económico de las mismas.

Las fuentes legales de las que emanan las ventas especiales no dejan de ser, fundamentalmente, los cuerpos legales básicos del Derecho privado: el Código civil y el Código de Comercio. Sin embargo, el concepto de compraventa especial ha sido y es elaborado desde la concepción del Derecho de los consumidores y usuarios, y en este sentido la transposición de las Directivas del Derecho Europeo han ido conformando una normativa específica ante los nuevos retos del comercio.

Las nuevas tecnologías y el comercio electrónico están dando lugar, además, a especialidades que chocan en algunas cuestiones, con el Derecho general de obligaciones y contratos de nuestro Código Civil.

Con el fin de ceñir las modalidades contractuales especiales, nos referiremos en primer lugar a aquellas ventas que tradicionalmente se han considerado especiales por el Código de Comercio. También a las tipificadas ventas especiales por la Ley 7/1996 de 15 de Enero, de Ordenación del Comercio Minorista, previa a la alusión por cuestión de orden cronológico, a la Ley de Venta a Plazos de 13 de julio de 1998, y todo ello aderezado con el Real Decreto legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

El entorno administrativo no cabe duda que influye también en determinadas ventas especiales, superando de esta manera el ámbito jurídico privado, para adentrarse en el Derecho administrativo, piénsese por ejemplo en materia de venta ambulante y en mercadillo, y las correspondientes autorizaciones requeridas.

Y finalmente hemos de tener en cuenta las leyes especiales de las Comunidades Autónomas en materia de comercio interior.

¿Qué tipos existen?

Venta a ensayo o prueba

El comprador adquiere una cosa, reservando su definitiva aceptación al resultado que obtenga de un ensayo o prueba, y ello para comprobar la idoneidad de la cosa para el uso pretendido, por ello sólo puede rehusar la cosa si es inadecuado al fin pretendido, y aceptarla en caso contrario. Dicho derecho de rescisión le concede el artículo 328 del Código de Comercio en su apartado segundo al afirmar que "también tendrá el comprador el derecho de rescisión si por pacto expreso se hubiere reservado ensayar el género contratado".

Venta sobre muestras

En este caso, el comprador elige la mercancía que desea adquirir sobre las muestras que el vendedor le presenta, y la aceptación del primero, verifica la misma; así el artículo 327 del Código de Comercio establece que "si la venta se hiciese sobre muestras o determinando calidad conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueren conformes a las muestras".

Diferente es que la venta se realice "sobre catálogo", ya que la misma tendría que considerarse regulada, dentro de las denominadas ventas a distancia de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Y es que en este caso, lo que examina el comprador, no es el objeto muestra o mercancía, sino más bien una descripción gráfica del mismo.

El artículo 327 del Código de Comercio establece que, en el caso de que el comprador se negare a recibir los géneros, se nombrarán peritos por ambas partes, los cuales decidirán si los géneros son o no conforme a las muestras exhibidas. En caso afirmativo, se estimará consumada la venta y el comprador podrá ser compelido a su pago, mientras que si su decisión es negativa, se rescindirá el contrato con indemnización a favor del comprador.

No se trata de una venta salvo aprobación del comprador, en la cual tiene la facultad de examinar la mercancía y rescindir el contrato (artículo 328.1 del Código de Comercio), sino que el contrato ya se ha perfeccionado con el consentimiento de las partes contratantes y únicamente queda por establecer la correspondencia entre las mercancías entregadas y la muestra sobre la que recayó dicho consentimiento, por eso decíamos que en caso de que los peritos decidan que el género es conforme con la muestra exhibida, se estima consumada la venta, pues la perfección ya se había producido con el consentimiento sobre la muestra.

Diferente de la venta sobre muestras es la venta de mercancías que no se determina por su exhibición sino por la descripción de su calidad conocida en el mercado. Ambos supuestos parecen estar contenidos en el artículo 327 del Código de Comercio.

Venta salvo aprobación

El comprador no presta su definitivo consentimiento en el momento de la compra, sino que espera hasta recibir la cosa, y examinada decide aprobarla y aceptarla. Esta posibilidad viene recogida en el párrafo primero del artículo 328 del Código de Comercio que parece reservar esta compra para los géneros que no se tengan a la vista, ni puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio.

Ventas en almacén o tienda y en feria o mercado

El artículo 85 del Código de Comercio determina que la compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de Derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente. El artículo 86 del Código de Comercio establece que la moneda en que se verifique el pago de las mercaderías compradas al contado en las tiendas o establecimientos públicos no será reivindicable, presumiéndose, con arreglo al artículo 87 del Código de Comercio, que dichas compras se realizan siempre al contado, salvo prueba en contrario.

También regula con carácter especial el Código de Comercio los contratos celebrados en feria, los cuales podrán ser al contado o a plazo. Los primeros habrán de cumplirse en el mismo día de su celebración o, a lo más, en las veinticuatro horas siguientes. Pasadas estas sin que ninguno de los contratantes haya reclamado su cumplimiento se considerarán nulos, y los gajes, señal o arras que mediaren quedarán a favor del que los hubiera recibido.

¿Cómo se realiza la venta a plazos de bienes muebles?

Se regulan en la Ley 28/1998, de 13 de julio; su predecesora, la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles, constituyó dentro de nuestro ordenamiento un precedente fundamental en la legislación protectora de los consumidores, sin excluir al adquirente de bienes de equipo que se integran en procesos productivos. A través del sistema de aplazamiento de pago y de préstamos destinados a facilitar la adquisición de los bienes, se pretendió regular una serie de operaciones que hiciesen posible el acceso a los mismos concediendo unas importantes garantías al vendedor.

La vigente Ley de venta a plazos 28/1998, se dicta por imperativo de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (hoy derogada por Ley 16/2011, de 24 de junio), cuyo objeto fue incorporar al Derecho español la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/102/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, y su posterior modificación por la Directiva 90/88/CEE, de 22 de febrero de 1990.

De este modo, en la citada Ley de Crédito al Consumo se protege al consumidor a quien se concede un crédito para satisfacer necesidades personales mediante disposiciones que obligan al concedente a informar, en los términos legalmente previstos acerca de las características y condiciones del crédito, y a mantener su oferta durante un plazo determinado. Asimismo, permite al consumidor, previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 15 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de Crédito al Consumo (hoy derogada por Ley 16/2011, de 24 de junio) oponer excepciones derivadas del contrato frente al empresario con el que hubiere contratado y frente a aquél o aquéllos con los que de algún modo estuviera vinculado por la concesión del crédito y prohíbe exigir pago alguno al consumidor para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto.

La necesidad de modificar la Ley 50/1965 vino determinada por la coincidencia parcial o superposición de su ámbito de aplicación con la Ley de Crédito al Consumo que, en su artículo 1, se refiere a la concesión de un crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo. Esta superposición dio lugar a que la Ley de Crédito al Consumo tuviera en cuenta el texto que después dio lugar a la actual Ley 28/1998. Tanto es así que la disposición final tercera de la Ley de Crédito al Consumo concede al Gobierno un plazo de seis meses para presentar a las Cortes Generales un proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1965, sobre la regulación de la venta a plazos de bienes muebles.

Según el artículo 1 L 28/1998, la Ley tiene por objeto la regulación de los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales no consumibles e identificables, de los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y de las garantías que se constituyan para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los mismos

A los efectos de esta Ley, se considerarán bienes identificables todos aquellos en los que conste la marca y número de serie o fabricación de forma indeleble o inseparable en una o varias de sus partes fundamentales, o que tengan alguna característica distintiva que excluya razonablemente su confusión con otros bienes. Y se entenderá por venta a plazos el contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente aplazada en tiempo superior a tres meses desde la perfección del mismo.

También se entenderán comprendidos en esta Ley los actos o contratos, cualquiera que sea su forma jurídica o la denominación que las partes les asignen, mediante las cuales las partes se propongan conseguir los mismos fines económicos que con la venta a plazos.

Para la validez de estos contratos sometidos será preciso que consten por escrito. Se formalizarán en tantos ejemplares como partes intervengan, entregándose a cada una de ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado. La eficacia de los contratos de venta a plazos en los que se establezca expresamente que la operación, incluye la obtención de un crédito de financiación quedará condicionada a la efectiva obtención de este crédito. Será nulo el pacto incluido en el contrato por el que se obligue al comprador a un pago al contado o a otras fórmulas de pago para el caso de que no se obtenga el crédito de financiación previsto. Se tendrán por no puestas las cláusulas en las que el vendedor exija que el crédito para su financiación únicamente pueda ser otorgado por un determinado concedente.

Si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor podrá optar entre exigir el pago de todos los plazos pendientes de abono o la resolución del contrato. Cuando el vendedor optare por la resolución del contrato, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones realizadas. El vendedor o prestamista tendrá derecho:

  • a) al 10 % de los plazos vencidos en concepto de indemnización por la tenencia de las cosas por el comprador.
  • b) una cantidad igual al desembolso inicial, si existiera, por la depreciación comercial del objeto. Cuando no exista el desembolso inicial, o éste sea superior a la quinta parte del precio de venta al contado, la deducción se reducirá a esta última. Por el deterioro de la cosa vendida, si lo hubiere, podrá exigir el vendedor, además, la indemnización que en derecho proceda (artículo 10 L 28/1998).

Los Jueces y Tribunales, con carácter excepcional y por justas causas apreciadas discrecionalmente, tales como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios, podrán señalar nuevos plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de pago. Igualmente, tendrán facultades moderadoras de las cláusulas penales pactadas para el caso de pago anticipado o incumplimiento por parte del comprador.

Para que sean oponibles frente a terceros las reservas de dominio o las prohibiciones de disponer que se inserten en los contratos sujetos a la Ley, según el artículo 15 L 28/1998, será necesaria su inscripción en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, que se llevará por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y se sujetará a las normas que dicte el Ministerio de Justicia. A todos los efectos legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo.

Igualmente se presumirá, salvo prueba en contrario, que los contratos inscritos son válidos. Y como consecuencia de ello, no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de bienes muebles o de derechos inscritos a nombre de persona o entidad determinada sin que, previamente, o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción correspondiente. Si la demanda contradictoria del dominio inscrito va dirigida contra el titular registral, se entenderá implícita la demanda aludida en el inciso anterior.

¿Qué ventas especiales se dan en el comercio minorista?

La Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, regula unos tipos contractuales que califica como especiales, pero dicha Ley regula además, otras ventas bajo la rúbrica general de "Promoción de Ventas" como las ventas en rebajas, ventas en promoción o en oferta, ventas de saldos, ventas en liquidación, ventas con obsequios y oferta de venta directa del fabricante.

La ley establece como tales "ventas especiales" las ventas a distancia, las ventas ambulantes o no sedentarias, las ventas automáticas y las ventas en pública subasta.

En la Exposición de Motivos de la Ley se consideraba que resultaba imprescindible no demorar el establecimiento del régimen jurídico de las nuevas modalidades de venta al público que, por su carácter de materia mercantil, se encontraban entregadas al principio de libertad contractual, y del que, en no pocas ocasiones, resultan notorios abusos en perjuicio de los adquirentes, situación que interesaba corregir mediante la promulgación de normas imperativas y una eficaz intervención de las Administraciones Públicas (Véase "Comercio minorista").

Recuerde que…

  • Las ventas especiales son aquellas cuyas peculiaridades no encajan en la compraventa ordinaria.
  • Las ventas a ensayo o prueba reservan su definitiva aceptación al resultado que se obtenga del mismo.
  • En las ventas sobre muestras el comprador elige la mercancía sobre las muestras que el vendedor le presenta.
  • En la venta a plazos de bienes muebles, si el comprador demora el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor podrá exigir el pago de todos los pendientes o la resolución.
  • La ley de ordenación del comercio minorista establece como "ventas especiales" las ventas a distancia, las ventas ambulantes o no sedentarias, las ventas automáticas y las ventas en pública subasta.
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