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Vestigios o pruebas materiales del de...

VESTIGIOS O PRUEBAS MATERIALES DEL DELITO

Vestigios del delito son las huellas y restos materiales que quedan del delito.

Los vestigios que se obtengan constituyen piezas de convicción y participan de la naturaleza, tratamiento jurídico y efectos del conjunto de ellas.

El título V del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo el epígrafe “De la comprobación del delito y averiguación del delincuente”, contiene diversos capítulos en que se ocupa de la inspección ocular y del cuerpo del delito, en los que regula las diligencias que han de practicarse para la obtención, recogida y cuidado de las huellas, signos y restos materiales que contribuyan a determinar la comisión del hecho y la participación de las personas que hayan podido cometerlo.

Se trata de actuaciones de investigación encaminadas a averiguar las circunstancias del hecho aparentemente delictivo, a través de las que se pueda descubrir la implicación de las personas que lo cometieron.

Y esas diligencias se concretan en la inspección del lugar del crimen y en la obtención de datos objetivables o de carácter subjetivo que integran el cuerpo del delito.

I. A QUIÉN COMPETE LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS

El conjunto de actuaciones encaminadas a obtener esos vestigios se practica en el curso del sumario incoado a raíz de la producción del delito. La práctica de esa investigación compete al Juez de instrucción (artículo 303 Ley Enjuiciamiento Criminal), a quien corresponde obtener los datos que permitan calificar el delito y la identificación del delincuente. Si bien, deberá contra con el auxilio imprescindible de policía judicial, especializada en la realización de esa investigación, descubrimiento, obtención, análisis y custodia de los restos materiales del delito.

II. INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL

A pesar de que la obtención de vestigios y huellas del delito se inserta en el sumario, que se tramita bajo la dirección del Juez instructor, hay una serie de diligencias de obtención y recogida de huellas que por sus características y medios que precisan, se practican directamente por los cuerpos especializados de la Policía, sin intervención del Juez o personal judicial.

La policía judicial tiene como imperativo constitucional (artículo 126 Constitución Española) la averiguación del delito y el descubrimiento del delincuente, esto es, le corresponde la práctica de los actos de investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y su autoría y para la efectividad de este cometido está facultada para la recogida de efectos, instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración, como se recoge en el artículo 282 Ley Enjuiciamiento Criminal, que expresamente faculta a la Policía Judicial para recoger los efectos, “instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial”. Se trata en todo caso, de actos de investigación policial, pues como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de 2000. La facultad de la policía para detectar, recoger e identificar las huellas dactilares existentes en el lugar de autos se halla comprendida entre las de investigación y recogida de efectos e instrumentos y pruebas del delito que los artículos 282 y 769 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, atribuyen a la Policía Judicial y el artículo 11.1 g) de la Ley Orgánica 2/1986 otorga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

La sentencia del Tribunal Supremo núm. 1159/2005, de 10 octubre, expone la distinción entre la actuación policial y la judicial. Se debe distinguir “entre las diligencias policiales como actos de investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y su autoría, para cuya efectividad la Policía Judicial está facultada para la recogida de efectos, instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración, y la inspección ocular llevada a cabo durante la instrucción sumarial y que debe ser realizada por el Juez de instrucción, inspección ocular judicial que no puede confundirse ni asimilarse con las diligencias de investigación llevadas a cabo por técnicos de la Policía Judicial”.

“El descubrimiento y documentación de las señales digitales y su posterior identificación son tareas que exigen una especialización técnica, de que gozan los funcionarios de la Policía científica, a los que compete la realización de tales investigaciones; sin perjuicio de que las conclusiones de las mismas habrán de acceder al Juzgado y al Tribunal sentenciador, para que, sometidas a contradicción, puedan alcanzar el valor de pruebas...”. (sentencia Tribunal Supremo 27 diciembre 2006).

Las sentencias de del Tribunal Supremo de 7 octubre 1995, 9 de mayo de 1997, 26 de febrero de 1999 y 26 de enero de 2000, precisan “que los artículos. 326 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se han de poner en relación con los artículos 282 y 786.2 (actual artículo 770.3 LECRIM) del mismo Texto Legal y con el Real Decreto 769/1987, de 17 de junio, regulador de la Policía Judicial, de cuya combinada aplicación se puede llegar a establecer que la misión de los funcionarios policiales se extiende a la recogida de todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiera peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. Estimación que no quebranta el artículo 326 Ley Enjuiciamiento Criminal, ni se causa indefensión, por el hecho de que las huellas dactilares, obtenidas por los especialistas en identificación, sean remitidas a los respectivos Gabinetes científicos”.

Los artículos 769, 770 y 771 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, insertos en la regulación del Procedimiento Abreviado, exponen con más detalle, las funciones que debe asumir la Policía Judicial nada más tenga noticia de un hecho que presente caracteres de delito, para lo que se constituirán de inmediato en el lugar en que haya acaecido y adoptarán las medidas imprescindibles para la conservación del lugar y de los posibles efectos del delito, en el mismo estado en que los encontraron, dictando las primeras prevenciones para proteger a las víctimas y detener al posible autor, recabando la identificación y colaboración de cuantos pudieren dar razón de lo sucedido, dando inmediata cuenta de todo ello a la autoridad judicial.

III. ACTUACIONES QUE COMPRENDE

La búsqueda de esos vestigios se materializa en un conjunto de diligencias diversas que no tienen carácter cerrado o limitado, porque su calidad vendrá condicionada por la naturaleza de los vestigios que se obtengan. Pueden ser, por ello, de muy diversa condición. Lo que sí está reglado es la forma de obtenerlos y su tratamiento adecuado para su conservación y estudio, que se acomodará a los protocolos policiales o científicos aplicables a cada resto o huella, en función de la clase a que pertenezcan: restos humanos, armas, huellas dactilares, documentos, etc., solicitando la intervención de los equipos especializados en cada una de las variedades científicas o técnicas correspondiente al vestigio de que se trate.

Cada objeto, resto o vestigio será tratado conforme a las reglas de la disciplina científica que lo estudie: dactiloscopia; falsificación documental; pruebas de audición; análisis de sustancias y ADN...

El artículo 326 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: “Cuando el delito que se persiga haya dejado vestigios o pruebas materiales de su perpetración, el Juez instructor o el que haga sus veces ordenará que se recojan y conserven para el juicio oral si fuere posible, procediendo al efecto a la inspección ocular y a la descripción de todo aquello que pueda tener relación con la existencia y naturaleza del hecho. A este fin hará consignar en los autos la descripción del lugar del delito, el sitio y estado en que se hallen los objetos que en él se encuentren, los accidentes del terreno o situación de las habitaciones, y todos los demás detalles que puedan utilizarse, tanto para la acusación como para la defensa. Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad”

Este párrafo primero ha sido modificado por la Ley Orgánica 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina judicial.

Los artículos siguientes enumeran una serie de diligencias que el legislador entiende deben practicarse para conseguir el fin que persigue la obtención de esos vestigios, pero que no agotan todas las que precise el asunto concreto, entre otras razones, porque el legislador no podía prever los avances tecnológicos de los actuales métodos de investigación criminal. Entre las que cita la Ley, se encuentran:

  • a) describir los vestigios que quedaren de un delito cometido con violencia, escalo o fractura (artículo 328 LECrim)
  • b) levantar un plano detallado del lugar, que se acompañará del oportuno reportaje fotográfico (artículo 327 LECrim).
  • c) indagar la posible desaparición de las huellas materiales, si no se encontraren (artículo 330 LECrim).

También, bajo el epígrafe “Del cuerpo del delito”, la misma Ley enumera otra serie de actuaciones encaminadas a constatar y asegurar las huellas del delito:

  • a) Descripción del estado, condiciones y circunstancias de las personas relacionadas con el delito, si fueren habidas en el lugar (artículo 335 LECrim)
  • b) Recogida de armas, instrumentos y efectos del delito, que se encuentren en lugar de autos o en sus inmediaciones, en los primeros momentos de su intervención, describiéndolos minuciosamente, entregándolos al organismo que deba conservarlos (artículos 334 y 338 LECrim). La misma Ley 13/2009, de 3 de noviembre, introduce un párrafo final otorgando al Secretario Judicial la función de redactar la diligencia expresiva de esa ocupación a que se contrae el artículo 334.
  • c) Reclamación de documentos de los archivos, entidades o autoridades que los tuvieren, si se trata de falsificación documental (artículo 335 LECrim). La citada Ley Orgánica 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina judicial, modifica este artículo y atribuye al Secretario judicial la misión de reclamar a las autoridades responsables de las Administraciones Públicas, los documentos o efectos de sus dependencias que fuere preciso tenerlos a la vista para su reconocimiento pericial y examen por el Juez o Tribunal, cuando se trate de delitos de falsificación de tales documentos o efectos, sin perjuicio de su devolución posterior a dichos centros oficiales.
  • d) Recabar las manifestaciones inmediatas de cuantos se encuentren en el lugar que puedan noticia del hecho o de los autores (artículo 337 LECrim)
  • e) Diligencias pertinentes para la identificación del cadáver, si el delito fuere por muerte violenta, seguida de la autopsia del mismo (artículos 341, 342 y 343 LECrim).
  • f) Actuaciones encaminadas a acreditar la preexistencia de los objetos, en los delitos contra la propiedad (artículo 364 LECrim)
  • g) Instar la valoración de objetos y perjuicios, en su caso (artículo 365 LECrim)

IV. CARÁCTER URGENTE DE ESTAS DILIGENCIAS

El artículo 366 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal destaca la urgencia que debe presidir la práctica de estas diligencias por la necesidad de evitar que desaparezcan o se destruyan los vestigios materiales del delito, que, de producirse, podría perjudicar la investigación y la averiguación de las circunstancias y autores del mismo, debiendo practicarse, además, sin interrupción. Por ello, dice que “se practicarán con preferencia a las demás del sumario, no suspendiéndose su ejecución sino para asegurar a la persona del presunto culpable o para dar el auxilio necesario a los agraviados por el delito”.

V. DOCUMENTACIÓN DE ESAS DILIGENCIAS

Cabe distinguir dos modalidades de constancia de la práctica de esas diligencias:

  • a) Por acta.

    Cuando la diligencia se practica por el Juez instructor, asistido del Letrado de la Administración de justicia, este levantará acta en la que se reseñará el resultado de la inspección, con expresión de todos los datos, huellas, vestigios y circunstancias ocurridos durante su práctica, que será firmada por los asistentes. Como se ha indicado anteriormente, el artículo 334 LECrim, reformado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, concede al Secretario judicial esa facultad de levantar el acta.

    “Todas las diligencias practicadas han de extenderse por escrito en el acto misino en que se verifiquen, serán firmadas por él, por el Fiscal, si asistiere al acto, por el Secretario y por las personas que estuvieren presentes” (sentencia Tribunal Supremo 20 junio 1987).

    El mismo formato de acta tendrá la práctica de esas diligencias por la Policía Judicial, con asistencia del Letrado de la Administración de justicia: entradas y registros.

  • b) Por atestado o informe policial.

    Se documentan de esa forma las diligencias practicadas directamente por la Policía, sin intervención judicial: recogida de huellas dactilares, reportajes fotográficos, análisis...que se incorporan a las actuaciones por medio de los mismos o de los dictámenes periciales pertinentes, cuya eficacia probatoria depende de su incorporación y ratificación en juicio.

VI. EFICACIA PROBATORIA

  • a) Diligencias judiciales.

    Al documentarse en actas amparadas por la fé pública judicial que ostenta el Letrado de la Administración de justicia, adquieren la condición de documento público, que surten efectos por sí mismas.

    “El reconocimiento judicial efectuado por el Juez de instrucción constituye un acto de prueba preconstituida, que es susceptible de ser introducida en el juicio oral a través de la lectura sanadora del artículo 730 Ley Enjuiciamiento Criminal” (sentencia Tribunal Supremo 1 octubre 2001)

  • b) Diligencias policiales.

    Aquellas medidas de investigación policiales, carecen en sí mismas de valor probatorio alguno, aún cuando se reflejan documentalmente en un atestado policial, por lo que los elementos probatorios que de ellos pudiesen derivarse deben incorporarse al juicio oral mediante un medio probatorio aceptable en derecho, como es la declaración testifical de los agentes intervinientes debidamente practicada en el juicio con las garantías de la contradicción y la inmediación” (sentencia Tribunal Supremo 18 febrero 2005).

Excepcionalmente, pueden servir de prueba preconstituida, cuando la urgencia del caso impida practicar la diligencia de obtención de vestigios materiales con las garantías de la prueba ordinaria. El Tribunal Constitucional en Auto 108/1995, de 27 de marzo, considera prueba preconstituida, “siempre que haya urgencia en la recogida de elementos y efectos integrantes del cuerpo del delito, la policía judicial está autorizada por el ordenamiento, en cumplimiento de una función aseguratoria de tales elementos de prueba (artículos 282 y 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), a acreditar su preexistencia mediante los pertinentes actos de constancia, que tendrán el valor de prueba preconstituida aun cuando no estuvieran presentes en la correspondiente diligencia los ocupantes del vehículo debidamente asistidos por sus Abogados”.

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