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Declaración de la víctima del delito

Declaración de la víctima del delito

Proceso penal

I. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, ha existido una cierta tendencia al olvido de la víctima en el proceso penal considerándolo como un mero testigo, cuando las circunstancias de la propia victimización han exigido del Estado de Derecho una respuesta que adecue el propio sufrimiento personal de muchos ciudadanos que requieren un tratamiento “especial”, si se le puede denominar así, que tenga en cuenta que su presencia en el proceso penal debe ser considerada como algo más que una prueba testifical.

La víctima del delito ha tenido que soportar no solo un ataque a su persona o bienes, sino que en ocasiones no comprendía que las imperfecciones de un sistema pudieran repercutir en incomodidades hacia su persona. Por eso, se debe poner el máximo empeño en proteger a las víctimas de los delitos con modificaciones legislativas tendentes a incrementar esa protección personal.

Recuerda María García Quesada que dentro del análisis del papel de la víctima, concretándola a la de los delitos “violentos”, dentro del seno del proceso, pueden señalarse cuatro puntos de atención esenciales:

  • a) Impacto psicológico: evidentemente, no entra en lo razonable la agresión por parte de un extraño, la agresión extemporánea, inesperada e injustificada que dependiendo de la edad y demás circunstancias del sujeto puede ocasionar un auténtico trastorno psicológico, siquiera transitorio.
  • b) El Juzgado: el contacto, muchas veces el primero en sus vidas, con la mecánica primero policial y judicial después. Las citaciones, las esperas, los interrogatorios, el vocabulario profesional, las exhaustivas relaciones de los bienes sustraídos, los reconocimientos médicos, la identificación de los presuntos culpables; en definitiva, una considerable “pérdida de tiempo” y una primera visión de la maquinaria de la justicia que suele ser, lamentablemente con razón en muchos casos, decepcionante.
  • c) El juicio oral: también por desgracia en muchos casos señalado por primera vez “demasiado” tiempo después de ocurridos los hechos.
  • d) La declaración testifical en si misma en el acto del juicio.

II. REFORMAS QUE HAN POTENCIADO LA POSICIÓN DE LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL

Cierto es que se ha venido legislando en algunas leyes y disposiciones legales sobre esta cuestión, y prueba de ello lo encontramos en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, el Real Decreto 738/1997 de 23 de Mayo (Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual), el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, y el Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Con la aprobación de este último se recogen en él las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se encontraban hasta ahora reguladas de forma separada en el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo y en el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de resarcimientos por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los delitos de terrorismo. Incluye igualmente las distinciones honoríficas anteriormente contempladas en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Se posibilita así la plena aplicación del marco de atención integral a las víctimas del terrorismo que estableció la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, permitiendo asimismo avanzar hacia una mejor complementariedad y coordinación de los sistemas de protección de las diversas Administraciones públicas para con las víctimas del terrorismo, objetivo incluido entre las medidas que forman parte del informe para la Comisión de la reforma de las Administraciones Públicas, aprobado por acuerdo de consejo de ministros de fecha 21 de junio de 2013.

Del mismo modo, en otras leyes se ha mejorado el tratamiento de los testigos-víctimas en el proceso penal como ocurrió con la reforma del artículo 777.2 de la Ley procesal penal aprobado por la Ley 38/2002, de 24 de Octubre, a fin de que en los casos previstos en el precepto pudiera anticiparse una testifical en el juzgado de instrucción mediante la grabación de su declaración y posterior reproducción en el plenario garantizándose la debida contradicción.

Dichas normas han sido un ejemplo del interés del legislador por la posición de la víctima que ha culminado con la promulgación de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. A través del Estatuto de la víctima se establece una ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito cuya finalidad es ofrecer desde los poderes públicos una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas. En este sentido, la protección supera el marco de un proceso penal para extenderse a otros ámbitos. Y así el Estatuto de la Víctima del Delito establece el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las víctimas de delitos, sin perjuicio de remitir a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o con especial vulnerabilidad, como por ejemplo las víctimas menores de edad. La Ley 4/2015 establece un concepto amplio de víctima, por cualquier delito y cualquiera que sea la naturaleza del perjuicio físico, moral o material que se le haya irrogado. Comprende a la víctima directa, pero también a víctimas indirectas, como familiares o asimilados.

Por otro lado, la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso, sino que cobra una dimensión extraprocesal. El art. 3 del Estatuto de la Víctima del Delito establece, de forma genérica, los derechos de las víctimas: “toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso”.

III. GRABACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

Cuando se tramitó en el año 2003 la reforma de la ley procesal penal se introdujo una novedad importante en virtud de la introducción de lo que se denominó Juicios rápidos (véase “Juicios rápidos”) que afecta a la intervención de las víctimas o testigos de los hechos delictivos sujetos a enjuiciamiento rápido en el artículo 795.1.2º de la ley procesal penal. En efecto, en el texto aprobado en el Congreso se incluyó en el artículo 797 LECrim la sistemática de actuación del juzgado de guardia en las primeras diligencias urgentes, para reflejar en el apartado 2º que “Podrán pedir además las partes que se practiquen desde luego aquellas diligencias de prueba que por cualquier causa fuere de temer que no se puedan practicar en el juicio oral, o que pudieran motivar su suspensión”.

Es decir, se centraba este apartado 2º en aquéllas víctimas o testigos que por determinadas circunstancias fuere imposible, o muy difícil, su comparecencia en el acto del juicio oral. Cierto es, por otro lado, que el artículo 730 LECrim,- no sometido a reforma- establece que “Podrán también leerse a instancia de cualquiera de las partes las diligencias practicada en el sumario, que por causas independientes de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral y las declaraciones recibidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 448 durante la fase de investigación a las víctimas menores de edad y a las víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección”. Sin embargo, también lo es que era preciso una modificación legislativa que permitiera trasladar al plenario las ventajas de la inmediación de la declaración de víctimas y testigos ante el juzgado de guardia, y eso es lo que se ha producido en el Senado con la enmienda que se aprobó.

Pues bien, con el nº de enmienda 153 se presenta en el Senado la de la reforma del artículo 797.2 LECrim ahora analizado, proponiendo la siguiente redacción, que es la que fue finalmente aprobada, a saber:

“Cuando por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima o por otro motivo fuere de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera motivar su suspensión, el Juez de guardia practicará inmediatamente la misma asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración, como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en los términos del artículo 730 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.”

1. Ventajas para las víctimas y testigos que no puedan declarar en el juicio

Las ventajas de esta regulación son indudables, ya que en el caso de los extranjeros que vienen a nuestro país, y que son víctimas o testigos de hechos delictivos, les permite prestar declaración una sola vez ante el juzgado de instrucción, que se grabe esta declaración y que luego la parte inste su reproducción en el acto del juicio oral por la vía del párrafo 3º del apartado 2º del artículo 797 de la LECrim (o también del artículo 777 LECrim). Conforme al art. 19 del Estatuto de la Víctima del Delito, las autoridades y funcionarios encargados de la investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos adoptarán las medidas necesarias para garantizar la vida de la víctima y de sus familiares, su integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexuales, así como para proteger adecuadamente su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en juicio, y para evitar el riesgo de su victimización secundaria o reiterada. En concreto, las dependencias en las que se desarrollen los actos del procedimiento penal, incluida la fase de investigación, estarán dispuestas de modo que se evite el contacto directo entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el sospechoso de la infracción o acusado, de otra, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes (Ley 41/2015, de 5 de octubre).

Cierto es que se podría recurrir luego el día del juicio al sistema de la videoconferencia (véase “Videoconferencia”) pero también lo es que la utilización de sistemas de grabación de imagen y sonido con la fe del Letrado de la Administración de justicia y su reproducción en el juicio oral evitan suspensiones de juicios perjudiciales para la buena marcha de nuestra Administración de Justicia.

En efecto, no podemos olvidar que existe un importante volumen de suspensiones de juicios motivadas por estas incomparecencias que en muchos casos eran previsibles cuando se recibió declaración en la instrucción a la víctima o testigo y que, a la larga, causan una penosa imagen a la Justicia española.

Además, estas suspensiones por las incomparecencias de las víctimas o testigos suponen para la oficina judicial una ingente carga de trabajo por tener que repetir de nuevo todo el trabajo que lleva consigo un nuevo señalamiento a juicio con las nuevas citaciones, etc. A ello hay que añadir las molestias que supone la suspensión para aquellos otros testigos que han tenido que solicitar permiso en su puesto de trabajo o se han desplazado al juicio desde otras ciudades españolas, por no decir del extranjero también.

En nada beneficia a la imagen de nuestra justicia estas situaciones, ya que resulta difícil de explicar a un ciudadano que el juicio se ha tenido que suspender por el hecho de que una persona no ha podido acudir al juicio y bien el Ministerio fiscal, la acusación particular o la defensa consideran imprescindible su presencia en el juicio. Por mucho que intentemos explicar a los ciudadanos los motivos de suspensión sabemos que no será fácil asumir por quien ha acudido al juicio esta circunstancia, por lo que los esfuerzos que se están haciendo desde el Ministerio de Justicia y desde el Consejo General del Poder Judicial por medio de su comité de imagen de la justicia caerán en saco roto.

En cierta medida, estas ventajas se presentarán para aquellos ciudadanos extranjeros que visitan nuestro país y que son víctimas o testigos de hechos delictivos, habida cuenta que, incluso, la finalidad intrínseca de la propia enmienda habla de los turistas extranjeros, literalmente. Pero ello no impide que cualquier ciudadano de nuestro país pueda utilizar esta opción de los artículos 777 y 797 LECrim si luego puede calcular que no va a asistir al juicio. Por ello, sería deseable que se advirtiera de esta circunstancia a las víctimas y testigos al momento de recibirles declaración, ya que si se tratare de personas nacionales que, por cualquier circunstancia,- sobre todo por residir en otra ciudad-, no van a poder asistir al juicio se les recibiría declaración con sistema de grabación de imagen y sonido.

Es decir, no se trata de una medida dirigida a los ciudadanos extranjeros tan sólo, sino que también es aplicable a los nacionales. Por ello, esa información que podría, incluso, exponerse en folletos informativos en los propios órganos judiciales o en las mismas comisarías determinaría un perfecto conocimiento de la opción por aquellos ciudadanos que ya adviertan que les será difícil acudir al acto del juicio oral.

El trabajo de la oficina judicial en los juzgados de lo penal -para los juicios rápidos- y en las Audiencias Provinciales, para los procedimientos abreviados competencia de estas por aplicación del artículo 777.2.3 de la LECrim se verá reforzado al no tener que citar a juicio a víctimas y testigos del hecho cuando hayan declarado por este sistema en el juzgado de instrucción y la parte opte por la vía que le otorga el párrafo 3º del apartado 2º de ambos preceptos, 777 y 797, ya que en el acto del juicio oral tan solo debería procederse a la reproducción de la grabación de imagen y sonido de la declaración de la víctima o testigo.

Nótese el ahorro de costes que ello supone para el Ministerio de Justicia y para las Comunidades Autónomas con competencia transferida, habida cuenta que dejarán de soportar el pago de los gastos a los testigos que acuden a los juicios, resultando más rentable para nuestra Administración, y más eficaz y cómodo para los ciudadanos, el hecho de declarar en el juzgado de instrucción y que la Administración asuma los costes de la instalación de los apartados de videograbación y reproducción.

2. Carácter optativo del sistema que permite también la lectura en juicio de las declaraciones

Sin embargo, hay que señalar que es cierto que tampoco es un sistema de carácter imperativo, ya que el párrafo 3º de ambos apartados 2º de los artículos 777 y 797 de la LECrim establece que se podrá interesar para el juicio oral “La lectura literal de la diligencia en los términos del artículo 730.” Es decir, que también se podrá optar por recibir declaración a la víctima o testigo, transcribirlo en un acta, y luego interesar su lectura en el plenario al modo que establece el artículo 730 LECrim antes citado.

De todas maneras, lo cierto y verdad es que la situación actual exige de nuevas ideas y nuevos compromisos y que si en la Ley procesal civil ya hemos entrado en avanzar por la senda de las nuevas tecnologías, sería preciso aprovechar este impulso ahora existente para arrastrar en el campo del derecho penal a la utilización de las técnicas de grabación de las diligencias judiciales que permitan luego a la Sala u órgano judicial enjuiciador ver reproducidas las declaraciones sumariales con la inmediación que supone la percepción personal de la declaración.

En cualquier caso, no está de más recordar que el Estatuto de la Víctima ofrece un catálogo de medidas de protección de las víctimas durante la fase de investigación:

  • a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.
  • b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
  • c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.
  • d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas de violencia de género y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal.

Y durante la fase de enjuiciamiento, pueden adoptarse las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

  • a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.
  • b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.
  • c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.
  • d) Celebración de la vista oral sin presencia de público.

IV. LA DECLARACIÓN DE LOS MENORES Y DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS NECESITADAS DE PROTECCIÓN VÍCTIMAS EN EL JUICIO PENAL

Son obvios los problemas que suscita la declaración de un menor de edad o de un discapacitado que precise especial protección que ha sido víctima de un delito y que se encuentra con la terrible y evidente situación de tener que acudir a un juicio oral para declarar a preguntas de las partes sobre las particularidades y detalles de que ha sido víctima por el acusado. Más aún, si con éste tiene alguna relación de parentesco. Fue la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio la que llevó a cabo una serie de adiciones en determinados preceptos de la ley procesal penal, a fin de resolver las especiales situaciones que concurren en hechos sometidos a enjuiciamiento penal cuando un menor o discapacitado víctima de un delito es propuesto por el Ministerio Fiscal como prueba, evidentemente, al exigir la doctrina jurisprudencial que las pruebas que deben servir de base a la enervación de la presunción de inocencia deben practicarse con las debidas garantías y ante el juez penal o tribunal sentenciador, sin ser posibles vías alternativas, salvo los supuestos contemplados en el artículo 730 de la Ley.

Ahora bien, la necesidad de equiparar la protección de las víctimas en el proceso ha conllevado que se hayan aprobado algunas reformas tendentes a garantizar que las víctimas no vuelvan a serlo cuando acuden a la Administración a reclamar protección a la hora de poder prestar su debida colaboración como víctimas y testigos de cargo, con la corolaria obligación de declarar en el plenario por la evidente proposición de prueba que respecto a ellos realizará el Ministerio Fiscal. Así, la intervención de los menores de edad en el proceso penal en sede de plenario tiene unas connotaciones y un tratamiento específico y propio en nuestro ordenamiento jurídico que, hasta la fecha, y por la citada reforma legal más la Ley Orgánica 13/2003 de 24 de octubre que introdujo el artículo 731 bis LECrim, habían regulado el régimen legal que disciplinaba la declaración de un menor en el juicio.

Ahora bien, la Ley Orgánica 8/2006 introduce una importante reforma en materia de menores víctimas a la hora de evitar que estos tengan que pasar por el “mal trago” de declarar ante la persona acusada de agredirles, acosarles o abusar de ellos. En el mismo sentido, el Estatuto de la Víctima ha venido ha introducir ciertas novedades al respecto.

Desarrollando las modificaciones introducidas vemos que la mejora que se introduce en la declaración en el juicio de menores víctimas son las siguientes.

1. Ayuda a los menores y a las personas con la capacidad modificada judicialmente en la declaración por medio de psicólogos u otros profesionales

El artículo 433 de la Ley Procesal Penal establece que en el caso de los testigos menores de edad o personas con la capacidad judicialmente modificada, el Juez de Instrucción podrá acordar, cuando a la vista de la falta de madurez de la víctima resulte necesario para evitar causarles graves perjuicios, que se les tome declaración mediante la intervención de expertos y con intervención del Ministerio Fiscal. Con esta finalidad, podrá acordarse también que las preguntas se trasladen a la víctima directamente por los expertos o, incluso, excluir o limitar la presencia de las partes en el lugar de la exploración de la víctima. En estos casos, el Juez dispondrá lo necesario para facilitar a las partes la posibilidad de trasladar preguntas o de pedir aclaraciones a la víctima, siempre que ello resulte posible.

Además, es posible que se grabe la declaración a los efectos antes expuestos, pero sin que la misma pueda sustituir en el plenario el día del juicio la obligada presencia del menor en el juicio oral, aunque se verifique por el sistema de videoconferencia o mecanismo similar que evite la confrontación visual. Ello no impide que se pueda reproducir el día del juicio la declaración realizada en la instrucción para contrastarla con la prestada en el plenario.

2. Obligatoriedad de que se evite que el menor y la persona con la capacidad modificada judicialmente acuda al juicio y esté en contacto visual con el acusado

La Ley opta por la declaración del menor por medio del uso de las tecnologías de la información de forma obligatoria (artículos 448 y 707 LECrim, segundo párrafo).

Debe quedar sentado que el juez o presidente del Tribunal, que es quien dirige las sesiones, tiene plenas facultades para exigir la presencia física en el juicio oral de los testigos cualesquiera las circunstancias que concurran en los mismos, ya que salvo que concurran los presupuestos del artículo 730 de la LECrim, los testigos de cargo (y el menor que tenga posibilidades de declarar por su edad debe hacerlo si se trata de la víctima y en el mismo sentido el discapacitado si presenta suficiente garantía para ello) deben declarar en el juicio y no se puede sustituir su declaración por la de los peritos que hicieron el estudio del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente, a fin de valorar la fiabilidad de su declaración, bajo el argumento de la negativa experiencia que puede suponer revivir los hechos. Para ello se opta por el uso de la no confrontación visual con el acusado.

Sin embargo, mientras que en la redacción dada por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, era posible que así se acordara esta forma de declaración, desde el día 5 de febrero de 2007 esta sistemática de declaración de los menores y de las personas con la capacidad modificada judicialmente por videoconferencia o mecanismo que evite la confrontación visual con el acusado es preceptiva, de tal manera que se obliga a los jueces penales y salas Penales de Audiencia a articular el mecanismo para que la declaración de los menores y de los discapacitados que precisen especial atención víctimas de delitos declaren siempre en el juicio utilizando lo dispuesto en los artículos 448 y 707 de la LECrim. Es decir, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. Estos medios técnicos serían, por ejemplo, la videoconferencia, circuitos cerrados de TV, webcam, etc.; es decir, los que permitan una declaración del menor en las condiciones que garanticen su audición por el acusado y su letrado, las acusaciones y el tribunal, aunque evitando que acusado y menor se vean.

Desde que entró en vigor la reforma en fecha 5 de febrero de 2007 no hace falta que se elabore un informe pericial que determine la necesidad de la declaración del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente evitando la confrontación visual con el acusado. La jurisprudencia había exigido hasta la fecha el expreso cumplimiento del previo informe pericial para que se pueda aplicar la técnica de los artículos 448 y 707, párrafo 2.º de la Ley, a fin de evitar la presencia del menor o del incapacitado en el juicio o el uso de paneles o instrumentos de separación. Con la regulación vigente hasta el día 5 de febrero de 2007 había que efectuar una petición expresa ante el juez o tribunal para que se efectuara la declaración del menor, a fin de que el perito emitiera con carácter previo al juicio un informe sobre la procedencia y necesidad de esta medida, dictándose auto motivando su realización. Desde el día 5 de febrero de 2007 no es preciso interesarlo, ya que tendrá que articularse de oficio por el juez o tribunal al sustituirse en los artículos 448 y 707 la referencia a que se podrá acordar por la de se llevará a cabo, para referirse a la declaración del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente por los mecanismos ya expuestos.

3. El recurso a la técnica de la videoconferencia o las nuevas tecnologías para evitar la confrontación visual

Aunque fue en la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, donde se reguló finalmente el uso de la videoconferencia no podemos olvidar que los órganos judiciales españoles ya habían realizado con anterioridad a esta avanzada normativa juicios en los que se había recurrido a esta técnica, aunque finalmente de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 May. 2005, rec. 1103/2003 se deduce que no es posible recurrir a esta técnica con acusados, aunque sí con peritos o testigos o con cualquier otra diligencia de prueba distinta a la declaración de un acusado en un juicio oral.

Por ello, el recurso a la técnica de la videoconferencia (artículo 731 bis de la LECrim) u otro mecanismo similar es viable en su utilización para las declaraciones de los menores víctimas. La finalidad del sistema de declaración por esta vía se dirige a preservar la intimidad en la declaración de la víctima o testigo para evitar una “victimización secundaria“ que supondría la declaración ante la presencia física del acusado en el juicio oral. La modificación que a partir del 5 de febrero se introduce es que expresamente se incluye en el artículo 731 bis de la LECrim que se podrá recurrir a este sistema especialmente cuando se trate de un menor, circunstancia concreta que no se recogía en la regulación vigente hasta el 5 de febrero de 2007. El art. 25 del Estatuto de la Víctima del Delito establece como regla general que durante el juicio debe evitarse el contacto visual entre la víctima y su agresor. Cuando se tratara de menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección se adoptarán medidas que eviten o limiten que el desarrollo de la investigación o la celebración del juicio se conviertan en una nueva fuente de perjuicios para la víctima del delito. En particular, serán aplicables las siguientes: a) Las declaraciones recibidas durante la fase de investigación serán grabadas por medios audiovisuales y podrán ser reproducidas en el juicio en los casos y condiciones determinadas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. b) La declaración podrá recibirse por medio de expertos.

V. TESTIGOS PROTEGIDOS

Muchas veces se exige a víctimas y/o testigos de delitos un esfuerzo casi heroico para que declaren a pecho descubierto contra el autor de un delito. Cierto es, por un lado, la importancia que tiene la colaboración ciudadana ante la necesidad de que, por un lado, declaren en el juicio oral quienes fueron las víctimas del hecho delictivo, auténtica prueba de cargo. Pero, por otro, también resulta importante de los testigos presenciales de hechos que por su especial gravedad tienen un lógico y explicable “miedo” a declarar en el juicio oral al obligarles a hacerlo en presencias física de los acusados a quienes van a señalar directamente en el plenario y a su presencia como los autores del hecho delictivo por el que son acusados por la Fiscalía.

Se suele decir que “el miedo es libre” y que nadie puede tener una varita que mida los límites que tienen las personas para poder soportar la presión de enfrentarse a situaciones con las que no está acostumbrado. Y desde luego, ningún ser humano está acostumbrado a tener que acudir a una Sala de juicios a declarar sobre hechos que, en ocasiones, suelen ser de especial gravedad, sobre todos en los casos de testigos presenciales de delitos cometidos por personas pertenecientes a organizaciones criminales o bandas terroristas.

Debemos considerar que en estos casos los testigos tienen un temor fundado que en el entorno de la organización criminal tengan conocimiento exacto de la dirección del testigo, sus movimientos y circunstancias personales y familiares. En estos casos se ha dado casos de amenazas a testigos para que no declaren en el juicio oral o cambien las declaraciones inculpatorias que prestaron ante el juez de instrucción.

Pues bien, en estas situaciones nos encontramos con testigos que quieren obtener la protección del “status” que le otorga la consideración de testigos protegidos, pero en otros casos hay testigos que pueden tener el mismo temor a ser afectados en su integridad personal y que no lo solicitan pero que tienen el mismo derecho a que se les tutele en la forma de su declaración para que, respetando los derechos fundamentales del proceso penal, se le conceda su derecho a declarar en condiciones respetuosas con su lógico temor a declarar ante el acusado. Desdoblando, así, ambas situaciones vemos que:

1. Concepto

Las circunstancias que debemos destacar en la declaración de testigos protegidos se deben situar alrededor de las siguientes premisas:

  • a) No es posible exigir a los ciudadanos que cumplan con las previsiones contenidas en el artículo 410 de la LECrim que recoge la obligación que todos los españoles tenemos de declarar como testigos en un proceso penal, si el Estado no asume su corolaria obligación de otorgarle al testigo la debida protección y seguridad de que no quedará afectada su integridad personal o la de su familia por el hecho de cumplir con esta previsión de la Ley.
  • b) Debe procederse a una adecuación a la realidad social que vivimos de la regulación de la práctica de la prueba testifical a la actual situación de inseguridad que sufren numerosos testigos que deben deponer sobre lo que saben y conocen de un hecho. La creciente inseguridad obliga a regular la forma en que debe verificarse esta prueba sin que se ponga en juego la seguridad personal del testigo.
  • c) La Ley 19/1994, de 23 de diciembre, exige para aplicar la normativa en esta recogida y la condición de testigo protegido a una persona que el Juez de Instrucción declare y motive el reconocimiento de este status a los testigos o víctimas que deben declarar en un proceso penal en el que se constate el riesgo que existe en la declaración de un testigo (artículo 2 LO 19/1994, de 23 de diciembre). Ahora bien, resulta difícil en ocasiones delimitar o graduar la concurrencia de los presupuestos para que el juez declare la existencia de la situación de riesgo. Por ello, más que hablar aquí de situación de riesgo debería valorarse si es la posición personal del testigo la que le debe situar en esta posición al ser el riesgo o peligro un concepto jurídico indeterminado que queda a la propia subjetividad del que debe apreciarlo.

    Es necesario que se suprima el apartado 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica 19/1994, ya que:

  • d) No debe exigirse al testigo que ha obtenido el status de testigo protegido que deba hacer constar su identidad para que sea conocida por las partes. No llega a entenderse en qué medida se exige para el cumplimiento del derecho de defensa que esta conozca la identidad del testigo protegido para interrogarle en el juicio oral.
  • e) La publicidad del proceso se cumple con su presencia en el juicio oral, bien personal y presencialmente en la Sala, o bien por los medios que admite el artículo 731 bis de la Ley, es decir, por videoconferencia.
  • f) Además, la identidad del testigo protegido ya ha sido autenticada por el juez instructor, por lo que no se vulneran derechos fundamentales del acusado a un juicio justo.

2. Víctimas y testigos que no han obtenido el status de testigo protegido

Problemas concurrentes en el juicio oral ante la incomparecencia de víctimas y testigos de cargo.

Existe un importantísimo volumen de juicios que tienen que suspenderse por incomparecencia de las víctimas y testigos de cargo en casos de procedimientos de narcotráfico, prostitución, delitos contra la libertad sexual, y, en definitiva, todos aquellos en los que los testigos pueden temer por su integridad si declaran en el plenario sobre lo que saben o presenciaron. En efecto, el artículo 746.3º LECrim señala que procederá la suspensión del juicio cuando.... no comparezcan los testigos de cargo y descargo ofrecidos por las partes y el tribunal considere necesaria su declaración..., por lo que la incomparecencia de la víctimas y/o testigos que vieron los hechos y se considere esencial su declaración conlleva de forma inexorable la suspensión del juicio, siendo causa que exigiría la repetición del juicio, y por tribunal distinto, el que este se haya celebrado sin la presencia de los testigos de cargo debidamente propuestos en tiempo y forma y aceptada su pertinencia por el órgano judicial.

Si se elaborara un estudio sobre juicios orales que tienen que suspenderse por esta causa nos sorprendería el elevado porcentaje de procedimientos en que se da esta circunstancia, aunque se calcula que podría estar en torno al 28%, siendo obvio que estas situaciones se dan ante el temor que sufren y la inseguridad que les produce “el día después” a su declaración. Indudablemente, la existencia de una regulación legal en la declaración de testigos que no prevé en su medida la debida protección a testigos de cargo y víctimas que deben declarar en el plenario está produciendo serias disfunciones en la celebración de juicios orales.

En efecto, estas suspensiones de juicios provocan un trabajo extra en la oficina judicial que debe proceder a un nuevo señalamiento con las molestias para los testigos que han comparecido y las lógicas dudas que existen respecto a si en el nuevo señalamiento ocurrirá lo mismo. Además, la Ley recoge en el artículo 420 de la LECrim que se impondrá al testigo incomparecido la sanción económica entre 200 y 5.000 euros, por lo que resulta que el Estado que no le ha otorgado la debida protección y seguridad en la forma de su declaración es el que le viene a imponer, además, una sanción económica.

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