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Videoconferencia

Videoconferencia

Procesal

El empleo de esta voz en la Administración de Justicia ha sido uno de los avances más importantes que se han producido en la justicia española en los últimos años. Aunque tarde, al final se consiguió aplicar en el derecho español la introducción de las nuevas tecnologías mediante el expreso reconocimiento del uso de la videoconferencia en la justicia española en virtud de su inclusión expresa por la LO 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional.

Pese a ciertas oposiciones que siempre existen en sectores que se oponen a la introducción de novedades que impliquen cambios en las formas de trabajar, el empleo de la videoconferencia en los juicios, y también en la actividad de los juzgados de instrucción, se ha normalizado desde la entrada en vigor de la reforma que propiciaba su uso en la justicia. En su contra se alegaba que se oponía al principio de inmediación (véase "Principio de Inmediación"), pero este principio no exige la presencia física de un testigo o un perito en la sala donde se sigue el juicio, sino que el juez penal o tribunal pueda percibir en el mismo acto de su desarrollo una declaración concreta, circunstancia que se produce de igual modo si se practica una prueba testifical o pericial por videoconferencia.

Su uso generalizado en la actualidad está permitiendo que testigos que residen, por ejemplo, en el extranjero, o en ciudades distintas a aquella donde se celebra el juicio puedan declarar por este sistema acercándose a la sede judicial de su localidad. Para ello, cuando estos testigos son citados por el juzgado o tribunal que celebrará el juicio deben comunicar su deseo de declarar por videoconferencia, a fin de que el órgano judicial disponga todo lo necesario para que comparezca el testigo en el juzgado de su localidad mediante la comunicación de la secretaría del órgano judicial donde se celebra el juicio al del de la localidad del testigo notificándola que el día señalado estén dispuestos para celebrar una declaración por videoconferencia.

Este sistema es especialmente útil en el caso de víctimas extranjeras que regresan a su país y no tienen por qué regresar para una situación tan incómoda para ellas como es un juicio penal. Pero, sobre todo, es un sistema que tiene una gran practicidad en el caso de las declaraciones de víctimas de determinados delitos, como pueden ser los de violencia de género, narcotráfico, redes de prostitución, delitos sexuales, delitos contra la vida (homicidios o asesinatos), o relativos al terrorismo o delincuencia y crimen organizado. Nótese que en cualquiera de los supuestos citados la Administración de Justicia debe procurar que el testigo no sea de nuevo victimizado en una Sala y que pueda declarar de forma más tranquila, -en la medida que ello es posible- haciéndolo sin la presión psicológica de la presencia del acusado en la Sala o de sus familiares. Además, en el caso de los testigos protegidos, si se les obligara a estos a declarar a cara descubierta en la Sala perdería todo su sentido ese ámbito de protección del testigo protegido que pasaría a ser desprotegido si se le obligara a declarar en la misma Sala.

Sin embargo, además de estos equipos de videoconferencia sería preciso instalar en los órganos judiciales equipos asistenciales en la declaración de las víctimas en el proceso penal compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y criminólogos que puedan atenderles antes de prestar declaración, bien en días previos o en el mismo día, asesorándoles sobre el desarrollo del juicio.

El uso de la videoconferencia está siendo muy eficaz, también, en las declaraciones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habida cuenta que cuando quienes han intervenido en una operación policial son trasladados a otro destino profesional deben intervenir más tarde como testigos en aquellas actuaciones policiales que hayan realizado. Pues bien, para evitar desplazamientos costosos para el Estado y con pérdidas de horas de trabajo para los equipos policiales puede utilizarse la videoconferencia. Pero en este caso hay que recordar que no será necesario que los testigos-policías que tengan que declarar se desplacen a una sede judicial del lugar de su domicilio, sino que cuando el órgano judicial donde se va a celebrar el juicio comunica a las dependencias policiales donde ahora está destinado que debe comparecer en el juicio oral, los superiores del agente policial, por petición expresa de este, podrán interesar la declaración por videoconferencia. Si en las dependencias policiales existen equipos de videoconferencia podrán declarar desde las mismas, o desde el órgano judicial en caso contrario. En ambos casos deberán comunicar al órgano judicial su intención de declarar por videoconferencia y en este último caso debería comunicarse por el órgano judicial donde se celebra el juicio al de la sede de residencia del agente policial que estén dispuestos para conectarse el día del juicio para la práctica de la prueba testifical.

I. INTRODUCCIÓN DE LA VIDEOCONFERENCIA EN EL DERECHO ESPAÑOL

La introducción de las nuevas tecnologías en la justicia española está empezando a cambiar la forma de trabajar en nuestros juzgados y tribunales, pero de cara a la utilización de la cooperación judicial -a fin de sustituir los incómodos exhortos-, evitar los desplazamientos de testigos y peritos, por lo que es imprescindible dar un salto cualitativo y acudir sin miedo a este cambio. En efecto, la Administración de Justicia no puede quedar al margen del progreso en la introducción de técnicas que, por un lado, ahorran costes económicos y, por otro, optimizan los resultados a obtener. Pero es que al mismo tiempo esta posibilidad introduce una agilización a la hora de tramitar y resolver los procedimientos que solamente los que están inmersos en su utilización saben y conocen a la hora de comprobar y comparar los resultados que ahora obtienen en su rendimiento del que obtenían en el mismo tiempo empleado en otras épocas.

Las ventajas son indudables, ya que la videoconferencia posibilita la comunicación de imagen y sonido en tiempo real entre dos puntos distantes, creando una “reunión virtual” en la que la distancia física deja de ser un impedimento para la celebración de encuentros, como si los participantes se encontraran en la misma sala.

Las ventajas de este sistema están dirigidas a evitar la suspensión de juicios por los problemas que se pudieran derivar de los largos desplazamientos de los testigos, cuando con un punto de vídeo en su lugar de origen se puede ahorrar el desplazamiento al declarar con otro sistema idéntico en el lugar de celebración del juicio.

Pues bien, la implantación de la videoconferencia permitía la realización de actuaciones judiciales en las que intervenieran testigos y peritos, ya que el Tribunal Supremo negaba esta opción en la sentencia n.º 678/2005, de fecha 16 de mayo de 2005 respecto a la utilización de este sistema con acusados para exigir la presencia de estos en la sala de juicios salvo que se acreditara en resolución judicial la imposibilidad del acusado o extrema dificultad de asistir a las sesiones en cuyo caso se podría motivar que se utilizara la videoconferencia. Así los testigos y peritos pueden declarar sin necesidad de que los intervinientes se desplacen, respetando en todo momento las garantías y derechos que contempla la legislación procesal.

Este sistema puede aplicarse a:

  • a) Declaraciones e interrogatorios de testigos y peritos tanto en fase de instrucción penal como en la celebración de vistas en todos los órdenes jurisdiccionales.
  • b) Auxilios judiciales, tanto nacionales como internacionales.
  • c) Comisiones rogatorias.
  • d) Ruedas de reconocimiento.
  • e) Entrevistas de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria con los reclusos.
  • f) Declaraciones, interrogatorios y entrevistas a menores en centros de internamiento por las Fiscalías o Juzgados de Menores.

II. VIABILIDAD LEGAL DEL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES

En la regulación legal española solo existía hasta el año 2003 un precepto en el que se mencionaba el uso de las nuevas tecnologías, el 230 de la LOPJ que establecía que los juzgados y tribunales podrían utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que se establezca en las normas de protección de datos y demás leyes de aplicación.

En este artículo, que ha tenido nueva redacción por la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, se recogía también que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no podrán transcribirse. Con ello, las vistas se grabarán pero no se extenderá acta.

Así las cosas, en el año 2000 se comprobó que con esta parca regulación se exigía empezar a avanzar en la implantación de las nuevas técnicas que sí se utilizaban en la empresa privada y trasladarlas a la Administración de Justicia. En este sentido, la inversión que se estaba realizando en nuevas tecnologías en la Administración de Justicia iba creciendo año tras año hasta el despegue definitivo por la creación en el Ministerio de Justicia, en el año 2000, de la Dirección General de Modernización al frente de la cual estuvo Alberto Dorrego de Carlos, letrado de las Cortes Generales en donde se iniciaron las bases para la implantación de la videoconferencia en nuestro país y que se fue extendiendo en el “territorio Ministerio de Justicia” más el apoyo de otras Comunidades Autónomas que efectuaron una fuerte inversión en equipos de videoconferencia para que los distintos órganos judiciales pudieran tener un mapa adecuado que permitiera conectar por videoconferencia para su uso en los distintos juicios penales.

Ahora bien, el referente legal se produce en el año 2003, por lo que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 13/2003, de 24 de octubre, nos ha permitido que no sea preciso conectar por videoconferencia sólo con órganos judiciales, sino que desde principios del año 2004 todos los juzgados y tribunales pueden conectarse con organismos que poseen equipos de videoconferencia, por ejemplo, el Instituto de Toxicología, lo que permite que los peritos no tengan que desplazarse al órgano judicial y que declaren desde el lugar donde trabajan para poder continuar inmediatamente con su actividad diaria, con lo que existe un ahorro de tiempo y molestias en los peritos, así como el nulo coste que ello comporta.

También pueden declarar por este sistema, como ya se ha mencionado, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que en el caso de que los que llevaron a cabo la investigación que tuvo como consecuencia la detención de una persona o varias se encuentren en el momento del juicio destinados en otra provincia se les permite declarar por videoconferencia. Además, no hace falta que acudan a una sede judicial para conectarse desde allí por videoconferencia, sino que si en su centro de trabajo disponen de un equipo solo tendrán que comunicar al tribunal o juzgado donde se celebrará el juicio los datos de conexión del equipo de videoconferencia, así como cursar una expresa petición al tribunal que les permita evitar el desplazamiento, tal y como se ha explicado.

La LO 13/2003, de 24 de octubre incluyó el art. 731 bis de la LECrim, modificado posteriormente por la LO 8/2006, de 4 de diciembre de 2006, regula que el tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como investigado o encausado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo se ha mostrado ciertamente contrario a que se pueda utilizar esta con acusados destacando que “No puede ignorarse que la proyección de los principios básicos del procedimiento es, en esta materia, diferente según que nos hallemos ante la declaración distante de un testigo o la práctica del informe de un perito, que tan sólo requieren garantizar la exactitud y fiabilidad de la información recibida por el Juzgador, así como el sometimiento de su generación a la contradicción de las partes, que cuando estamos ante la participación de los propios acusados, especialmente en el momento cumbre del Juicio oral, a los que ha de permitírseles intervenir activamente en el ejercicio de su propio derecho de Defensa.”

Mientras que otros elementos probatorios, como los testimonios y las pericias, tan sólo ofrecen una posición pasiva, que permite la posibilidad de su correcta percepción a pesar de la distancia, el acusado no sólo puede ser “objeto” de prueba, a través del contenido de sus manifestaciones, sino que también representa un papel de “sujeto” activo en la práctica de las actuaciones que se desarrollan en el acto de su propio Juicio.

Y, para ello, adquiere gran relevancia tanto su presencia física en él, como también la posibilidad constante de comunicación directa con su Letrado que, de otro modo, podría ver seriamente limitadas sus funciones de asesoramiento y asistencia.

El contenido de la declaración de un testigo, por citar sólo un ejemplo de las múltiples vicisitudes imprevistas que pueden surgir en el desarrollo de la vista oral, es capaz de provocar una necesidad de instantáneo intercambio de información entre el Letrado y su defendido, por lo que no resulta, en modo alguno, insólito, en la práctica judicial, que, en tales ocasiones, se solicite autorización a la Presidencia de ese acto, para que se acceda a esa comunicación. Autorización que, de denegarse, puede plantear indudables problemas en orden al respeto debido al derecho de Defensa.

Esto hace que incluso el Tribunal Supremo, siguiendo la estela del propio Legislador, se haya pronunciado con determinación en una línea de la que es claro exponente la Sentencia de 2 de marzo de 2005, cuando proclama que:

“En este tiempo de reformas penales, tanto sustantivas como procesales, parece llegado el tiempo de diseñar un nuevo escenario de las audiencias penales que sitúe al acusado junto con su letrado. Con ello se conseguiría una más efectiva asistencia jurídica que se vería potenciada por la propia cercanía física, y, al mismo tiempo se pondría fin a una irritante desigualdad existente en relación a la Ley del Jurado, cuyo artículo 42.2 prevé que: ‘... el acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores..., lo que por otra parte es norma usual en el derecho comparado.”

Obviamente, con los modernos métodos de comunicación electrónica que aquí se analizan sufren esos planteamientos, tendentes a facilitar plenamente el derecho de Defensa, salvo que se adopten las medidas oportunas, técnicamente posibles, de comunicación, al menos auditiva, independiente, directa y constante, entre el Defensor y su defendido. Solución que, no obstante, también podría dar lugar, en la práctica, a eventuales complicaciones merecedoras de estudio.

Por ello, al no poder afirmarse la integridad del respeto a las garantías procesales habituales, la decisión acerca de la celebración de un Juicio con la presencia mediante videoconferencia de los acusados requiere prestar inexcusable atención a criterios de proporcionalidad que relacionen el sacrificio de tales derechos con la relevancia de las causas que aconsejan semejante medida.

La LO 4/2018, de 28 de diciembre, reforma nuevamente el art. 230 de la LOPJ, recogiendo que también la Fiscalía está obligada a utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad. Además las personas que demanden la tutela judicial de sus derechos e intereses podrán -ya no deberán- relacionarse con la Administración de Justicia a través de los medios técnicos a que se refiere el apartado 1 cuando sean compatibles con los que dispongan los Juzgados y Tribunales y se respeten las garantías y requisitos previstos en el procedimiento que se trate.

III. EL USO DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LAS DECLARACIONES DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO

De trascendental importancia fue en las declaraciones de las víctimas la reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se introdujo en la reforma de la prisión provisional por LO 13/2003, de 24 de Octubre antes expuesta para disciplinar la metodología a seguir para que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en las actuaciones judiciales tuvieran una cobertura legal en las declaraciones de las víctimas que por determinadas y obvias circunstancias quisieran declarar en juicio oral por videoconferencia.

La cobertura legal para ello se ubicó en la Disposición Adicional Única de la LO 13/2003 en la que se introduce una adición de un apartado 3º al artículo 229 Ley Orgánica del Poder Judicial que tenía hasta la fecha dos apartados, estableciendo el segundo,- que es al que se refiere el nuevo apartado 3º ahora introducido-, que:

“2. Las declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas, se llevarán a efecto ante Juez o Tribunal con presencia o intervención, en su caso, de las partes y en audiencia pública, salvo lo dispuesto en la ley.”

En consecuencia, se adiciona al artículo 229 un nuevo apartado 3º con el siguiente contenido:

“Estas actuaciones podrán realizarse a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido y la interacción visual, auditiva y verbal entre dos personas o grupos de personas geográficamente distantes, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes y la salvaguarda del derecho de defensa, cuando así lo acuerde el juez o tribunal.

En estos casos, el secretario judicial del juzgado o tribunal que haya acordado la medida acreditará desde la propia sede judicial la identidad de las personas que intervengan a través de la videoconferencia mediante la previa remisión o exhibición directa de documentación, por conocimiento personal o por cualquier otro medio procesal idóneo.”

Es decir, que con respecto a las actuaciones antes referidas en el apartado 2º del artículo 229 de declaraciones, confesiones en juicio, testimonios, careos, exploraciones, informes, ratificación de los periciales y vistas será viable que se realicen a través de videoconferencia o un circuito cerrado de televisión, ya que apela también a otro mecanismo similar, para referirse a cualquier otro distinto de la videoconferencia que pueda hacer sus veces, como ocurre con un circuito cerrado en donde víctimas podrían declarar dentro de un mismo edificio pero sin necesidad de entrar en la Sala de juicios para evitar ver al acusado o que se pueda sentir intimidada la víctima por el entorno del acusado.

Aun así, además de que las víctimas declaren por videoconferencia sería preciso disponer de equipos técnicos asistenciales (criminólogos, trabajadores sociales y psicólogos) que atienda a las víctimas que van a declarar a un órgano judicial y les preparen para este acto. Nótese que las víctimas deben encontrar en el órgano judicial al que van a acudir a declarar el debido acomodo. Y este puede mejorarse mediante la existencia de equipos multidisciplinares compuestos por los profesionales antes mencionados, a fin de que la víctima se sienta segura cuando acude a un juzgado o tribunal a declarar.

Esta vía ha sido reconocida también en las declaraciones con menores de edad, ya que cuando se recurra al mecanismo audiovisual se podrá permitir que esté acompañando al menor una asistente social que le transmita más confianza y evite esta victimización secundaria. Así, el Tribunal Supremo señala en sentencia de 26 de Abril de 2000 que "El hecho de situar una persona perteneciente a los servicios de asistencia social que, de alguna manera, estuviera cerca de las niñas y les pudiera servir de apoyo psicológico y moral, no enturbia, en principio, las posibilidades de una efectiva contradicción. No consta en los antecedentes de la causa, que esta persona adoptase una postura activa o que aconsejara a las menores en el sentido de sus declaraciones. Nos encontramos ante una medida ideada por el órgano juzgador, para salvar los inconvenientes del biombo utilizado en la vista oral anterior, cuyo uso dio lugar a la anulación de la sentencia y a la celebración de un nuevo juicio.

Se trataba de evitar la angustia que podía surgir en el caso de que la menor estuviera expuesta a la posible coacción que se derivaría del enfrentamiento visual y físico con su padre y con el otro acusado, con el consiguiente efecto sobre el contenido de sus declaraciones. Aunque en ese momento no estaban vigentes los artículos de la ley de procedimiento penal que hemos mencionado, nada impedía la adopción de cualquier medida que evitase esta situación indeseable e incluso se pudo acudir a cualquier otro medio técnico o audiovisual que permitiese practicar la prueba en condiciones de inmediación y contradicción, como efectivamente se ha conseguido en el caso presente".

Cabe señalar también la importancia que ha supuesto la exigente declaración de los menores víctimas en el proceso penal por cualquier sistema que evite su presencia en el juicio oral, ya que, como antes se ha señalado, la Ley Orgánica 8/2006 en materia de responsabilidad penal de menores modificó la Ley procesal penal, por lo que desde el día 5 de febrero de 2007 esta sistemática de declaración de los menores por videoconferencia o mecanismo que evite la confrontación visual con el acusado es preceptiva, de tal manera que se obliga a los jueces penales y salas Penales de Audiencia a articular el mecanismo para que la declaración de los menores víctimas de delitos declaren siempre en el juicio utilizando lo dispuesto en los artículos 448 y 707 de la Ley. Es decir, evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba. Estos medios técnicos serían, por ejemplo, la videoconferencia, circuitos cerrados de TV, webcam, etc.; es decir, los que permitan una declaración del menor en las condiciones que garanticen su audición por el acusado y su letrado, las acusaciones y el tribunal, aunque evitando que acusado y menor se vean.

Son varios los avales jurisprudenciales que nuestra doctrina ha realizado a favor del uso de la videoconferencia en sala, y así recordemos que el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia de 22 Oct. 2012, recurso 10423/2012 recuerda a la hora de apoyar la viabilidad legal de la declaración de una víctima desde Rumanía utilizando el sistema de la videoconferencia que:

“La modalidad de declaración mediante videoconferencia se encuentra recogida en la actualidad en el art. 731 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la finalidad de verificar a la mayor celeridad la celebración de las vistas orales. Así, el precepto indicado dispone que por razones de utilidad, seguridad o de orden público, o en los casos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento penal como testigo, perito o en otra condición resulte gravosa, el Tribunal de oficio o a instancia de parte podrá disponer que su actuación se realice por videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido.

En el caso que nos ocupa, el interrogatorio de Doña Bárbara, fue realizado desde Rumanía a través del sistema de videoconferencia con intérprete de rumano. Dicho intérprete es el mismo que asistió a los acusados. Por tanto, los acusados y la testigo hablaban el mismo idioma, sin que se le causara indefensión al recurrente por la falta de traducción de las frases o comentarios que se oían en la Sala donde se hallaba la testigo, pero que no pertenecían al interrogatorio y que, por ello, el Presidente denegó su traducción. Asimismo, consta identificada la testigo en el Acta de Juicio Oral, identificación que coincide con la existente en toda la causa, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 229 de la LOPJ.

En relación al quebrantamiento del principio de inmediación y contradicción, el sistema de videoconferencia, cuya transmisión se efectúa en tiempo real, no se puede estimar que implique una vulneración de tales derechos ni del derecho de los inculpados a someter a los testigos a examen en línea de igualdad de armas con el Fiscal. Las declaraciones de testigos son percibidas directamente por los miembros del Tribunal y por las respectivas acusaciones y defensas. Es con la finalidad de asegurar y garantizar la necesaria contradicción por lo que la Ley exige que el sistema sea bidireccional y transmita de forma simultánea la imagen y sonido.”

No obstante, la clave de este tema ha sido el art. 25.2 de la Ley 4/2015 de estatuto de victima del delito que recoge que: “Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal las siguientes medidas para la protección de las víctimas:

  • a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.
  • b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.

Con ello, se viene a garantizar el uso de la videoconferencia que siempre se les deberá ofrecer a las víctimas en cuanto sean citadas a declarar en el juicio oral por si desean hacer uso de la videoconferencia en lugar de llevar a cabo su comparecencia física en la sede del juzgado o tribunal.

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