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Actos de jurisdicción voluntaria

Actos de jurisdicción voluntaria

Los actos de jurisdicción voluntaria son aquellos en los que la Ley exige la intervención judicial para declarar o constituir un derecho o una relación jurídica, autentificar un hecho o autorizar un acto. Se caracterizan por la ausencia de contradicción, en cuanto que sólo interviene una parte, el solicitante del pronunciamiento judicial.

Jurisdicción voluntaria

¿Qué son los actos de jurisdicción voluntaria?

Se conocen como actos de jurisdicción voluntaria, aquellos supuestos en los que la Ley exige la intervención judicial para declarar o constituir un derecho o una relación jurídica, autentificar un hecho o autorizar un acto. Lo que caracteriza a este tipo de actos es la ausencia de contradicción, en cuanto que sólo interviene una parte, el solicitante del pronunciamiento judicial; la inexistencia de conflicto es pues la nota más específica de los actos de jurisdicción voluntaria, y por ende la ausencia de dualidad, o si se prefiere el carácter unilateral del proceso.

Por ello los actos de jurisdicción voluntaria no producen efectos de cosa juzgada de modo que lo resuelto por el Juez puede ser objeto de revisión en el correspondiente juicio declarativo posterior, no obstante lo cual la resolución dictada despliega inmediatamente todos sus efectos mientras no se dicte la oportuna sentencia en juicio contradictorio.

Sobre este tipo de actos hay que hacer mención obligada a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, que contiene las normas comunes para la tramitación de los expedientes de esta naturaleza regulados por las leyes, cuyo conocimiento se atribuye al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, dando así coherencia interna a su articulado.

Ello le otorga análoga vocación codificadora a la que en su momento correspondió, «mutatis mutandis», a la Ley 1/2000, de 7 de enero, en relación con la denominada jurisdicción contenciosa.

¿Cuál es su naturaleza jurídica?

Algunos autores consideran la jurisdicción voluntaria como actividad administrativa encomendada al Juez, otros, en cambio, entienden que no deja de tratarse de una actividad judicial aunque no jurisdiccional.

Se establecen competencias compartidas entre Letrados de la Administración de Justicia, Notarios o Registradores, lo que es posible atendiendo a que son funcionarios públicos y a las funciones que desempeñan: los Letrados de la Administración de Justicia y Notarios son titulares de la fe pública judicial o extrajudicial, y los Registradores tienen un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el mercantil, en concreto en sociedades.

La facultad que con ello tienen los ciudadanos de acudir a diferentes profesionales en materias que tradicionalmente quedaban reservadas al ámbito judicial, sólo puede interpretarse como una ampliación de los medios que esta Ley pone a su disposición para garantizar sus derechos. Constituye una garantía para el ciudadano, que ve optimizada la atención que se le presta, al poder valorar las distintas posibilidades que se le ofrecen para elegir aquella más acorde con sus intereses. Ningún aspecto de los ciudadanos se verá perjudicado dado que puede acudir o al Letrado de la Administración de Justicia, haciendo uso de los medios que la Administración de Justicia pone a su disposición, o al Notario o Registrador, en cuyo caso deberá abonar los aranceles correspondientes.

Lo cierto es que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo afirman que los actos de jurisdicción voluntaria están dentro del campo de la actividad estrictamente jurisdiccional, y en este sentido el artículo 117 de la Constitución Española encomienda a los Juzgados y Tribunales diversas funciones, no solo la genuina de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sino también, en su número 3 apartado 4º las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.

Ciertamente que la jurisdicción voluntaria no está encomendada exclusivamente a los Jueces, sino también a otros funcionarios públicos (Notarios, Registradores, y encargados de otros registros públicos), pero suele reservarse la intervención judicial a aquellos supuestos en los que la determinación final del acto requiere comprobaciones en cuanto a los hechos y requisitos legales y que solo pueden llevarse a cabo a través del oportuno proceso judicial (no contradictorio) en el que entren en juego no solo criterios estrictamente jurídicos sino de oportunidad o de equidad que únicamente puede efectuar la Autoridad Judicial.

Dicho de otro modo, se atribuye dicha función de control a los órganos judiciales dado que tradicionalmente se ha encomendado a la justicia la función de la tutela y garantía de los derechos civiles de los ciudadanos. Por otro lado, la jurisdicción voluntaria y la contenciosa presentan características muy diferenciadas, como lo es la ausencia en la primera de la igualdad de partes dado que los interesados o terceros no están en pie de igualdad con el solicitante; tampoco se aplica el principio contradictorio, dada que la presencia de meros interesados excluye la dualidad de partes, y finalmente tampoco se producen los efectos de la cosa juzgada material, lo que implica que toda oposición torne en contencioso el expediente quedando expedita la vía contenciosa.

¿Dónde se regulan?

La regulación actual de los actos de jurisdicción voluntaria se encuentra en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria que antes de esta norma estaba incluida en la LEC y otras normas. Como contempla la Exposición de Motivos de la Ley 15/2015 su regulación dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ha ocurrido en España desde 1855, era fruto más bien de la vocación recopiladora de nuestro Derecho histórico que el resultado de la aplicación al ámbito jurídico-procesal de determinadas categorías conceptuales.

Por esa razón ahora se opta, al igual que en la mayoría de las naciones de nuestro entorno, por separar la jurisdicción voluntaria de la regulación procesal común, manteniéndose entre ellas las relaciones naturales de especialidad y subsidiariedad que se producen entre normas dentro de cualquier sistema jurídico complejo. Su regulación en una ley independiente supone, al mismo tiempo, el reconocimiento de la autonomía conceptual de la jurisdicción voluntaria dentro del conjunto de actividades jurídico-públicas legalmente atribuidas a los tribunales de justicia.

¿Cuáles son sus características comunes?

El art. 1 LJV 2015 señala el objeto y ámbito de aplicación:

  • 1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.
  • 2. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

La competencia judicial se divide entre los Letrados de la Administración de Justicia y el juez como refiere el art. 2 LJV 2015, a cuyo tenor:

  • 1. Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria.
  • 2. En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita.
  • 3. El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Letrados de la Administración de Justicia, atribuyéndose al Juez o al Letrado de la Administración de Justicia, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley.Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el Juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el Letrado de la Administración de Justicia.

Con respecto a la legitimación para promover actos de jurisdicción voluntaria y si es preceptiva o no la presencia de letrado y procurador el art. 3 LJV 2015 indica:

  • 1. Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos o cuya legitimación les venga conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
  • 2. Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la presente Ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar asistidas o representadas por Abogado y Procurador, respectivamente.

En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición.

¿Cómo se clasifican?

Suelen utilizarse distintos criterios para la clasificación de los actos de jurisdicción voluntaria. Atendiendo a la rama del Derecho a que pertenezca el acto o negocio jurídico se distinguen dos grandes grupos: Los relativos a materia civil, y los concernientes a la materia mercantil. Los del grupo civil, pueden clasificarse según la rama a que pertenezcan, en expedientes relativos al derecho de las personas, de las cosas, de las obligaciones, de familia y sucesiones. Los actos de jurisdicción voluntaria de naturaleza mercantil pueden ser comunes o de derecho marítimo.

También pueden clasificarse los actos de jurisdicción voluntaria en función de las normas o leyes que los regulan: Actos de jurisdicción voluntaria regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley Hipotecaria, en la Ley de Registro Civil, en la Ley Cambiaria y del Cheque, en el Reglamento Notarial, en la Ley de Navegación Marítima, etc...

Otro criterio de clasificación es el que atiende a la finalidad del expediente: creación de sujetos jurídicos, complemento e integración de la capacidad, formación, documentación y publicidad del estado de las personas, y seguridad del comercio jurídico, etc...

Siguiendo la primera de dichas clasificaciones -que es además la que se sigue en la Ley 15/2015 de Ley de Jurisdicción Voluntaria- y sin ánimo de exhaustividad, ya que son muy numerosos los supuestos en los que la ley prevé la intervención del Juez y en otros la del Letrado de la Administración de Justicia, aunque no se haya planteado litigio alguno, pueden señalarse los siguientes actos de jurisdicción voluntaria en los que interviene el juez y/o el Letrado de la Administración de Justicia.

Actos de jurisdicción voluntaria en los que interviene el Letrado de la Administración de Justicia en su resolución.

Recordamos las materias y los preceptos de la Ley 15/2015 a que se corresponden.

Resuelto por el juezResuelto por el Letrado de la Administración de Justicia
De la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial (art. 26 LJV 2015)De la habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial (art. 28 LJV 2015)
Del acogimiento de menores y la adopción (arts. 33 y ss LJV 2015)De la declaración de ausencia y fallecimiento (art. 73 LJV 2015)
De la tutela, la curatela y la guarda de hecho (arts. 45 y ss LJV 2015)De los contadores-partidores dativos (art. 92.3 LJV 2015)
De la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad (arts. 55 y ss LJV 2015)
De la protección del patrimonio de las personas con discapacidad (arts. 58 y ss LJV 2015)Del expediente de deslinde de fincas no inscritas (art. 107 LJV 2015)
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (art. 60.3 LJV 2015)Del nombramiento y revocación de administrador, liquidador, auditor o interventor de una entidad (art. 123 LJV 2015)
De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente (art. 65 LJV 2015)De la conciliación (art. 139 y ss LJV 2015)
De la extracción de órganos de donantes vivos (art. 80.2 LJV 2015)
De la dispensa de impedimento matrimonial (art. 83.2 LJV 2015)
De la intervención judicial en relación con la patria potestad (art. 90 LJV 2015)
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales (art. 94 LJV 2015)
Del albaceazgo (art. 91.3 LJV 2015)1
De la aceptación y repudiación de la herencia (art. 95 LJV 2015)
De la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda (art. 96 LJV 2015)
De la consignación (art. 99.5 LJV 2015)
De la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo (art. 103.2 LJV 2015)
De la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad (art. 114.1 LJV 2015)
De la disolución judicial de sociedades (art. 128 LJV 2015)
De la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda (art. 97.1 LJV 2015)

Actos de jurisdicción voluntaria y juez competente territorial

Competencia del juez según cada caso
Expediente de jurisdicción voluntariaJuez competente
De la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial (arts. 23 y ss LJV 2015) Juzgado de Primera Instancia del domicilio del reconocido o, si no lo tuviera en territorio nacional, el de su residencia en dicho territorio. Si el reconocido no tuviera su residencia en España, lo será el del domicilio o residencia del progenitor autor del reconocimiento.
De la habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial (arts. 27 y ss LJV 2015)Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente o a modificar o, en su caso, aquél correspondiente al Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo del asunto que exija el nombramiento de defensor judicial.
Del acogimiento de menores y la adopción (arts. 33 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia correspondiente a la sede de la Entidad Pública que tenga encomendada la protección del menor acogido o adoptable y, en su defecto, el del domicilio del adoptante.
De la tutela, la curatela y la guarda de hecho (arts. 43 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente
De la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad (arts. 53 y ss LJV 2015)El Juez de Primera Instancia del domicilio del menor será competente para conocer de la solicitud de beneficio de mayoría de edad que inste el mayor de 16 años sujeto a tutela, de acuerdo con lo previsto en el artículo 321 del Código Civil.
De la protección del patrimonio de las personas con discapacidad (arts. 56 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con discapacidad.
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (arts. 59 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente (arts. 61 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente.
De la declaración de ausencia y fallecimiento (arts. 67 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del último domicilio de la persona de cuya declaración de ausencia o fallecimiento se trate, o, en su defecto, el de su última residencia.
De la extracción de órganos de donantes vivos (arts. 78 y ss LJV 2015)Juez de Primera Instancia de la localidad donde haya de realizarse la extracción o el trasplante, a elección del solicitante.
De la dispensa de impedimento matrimonial (arts. 81 y ss LJV 2015)Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de cualquiera de los contrayentes será competente para conocer de la solicitud de dispensa de los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge anterior y de parentesco para contraer matrimonio del grado tercero entre colaterales, previstos en el artículo 48 del Código Civil.
De la intervención judicial en relación con la patria potestad (arts. 85 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado.
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales (arts. 90 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges.
Del albaceazgo (arts. 91 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
De los contadores-partidores dativos (arts. 92 y ss LJV 2015)Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia habitual del causante, o de donde estuviere la mayor parte de su patrimonio, con independencia de su naturaleza de conformidad con la ley aplicable, o el del lugar en que hubiera fallecido, siempre que estuvieran en España, a elección del solicitante. En defecto de todos ellos, será competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del solicitante.
De la aceptación y repudiación de la herencia (arts. 93 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o, en su defecto, de la última residencia del causante y, si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del solicitante.
De la fijación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda (arts. 96 y ss LJV 2015)Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. Si la relación trabada fuera entre un consumidor o usuario y un empresario o profesional y éste fuera el deudor de la prestación, la competencia podrá corresponder también al Juez de Primera Instancia del domicilio del acreedor, a elección de éste.
De la consignación (arts. 98 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde deba cumplirse la obligación y, si pudiera cumplirse en distintos lugares, cualquiera de ellos a elección del solicitante. En su defecto, será competente el que corresponda al domicilio del deudor.
De la autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo (arts. 100 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia del último domicilio o en su defecto, de la última residencia del solicitante.
Del expediente de deslinde de fincas no inscritas (arts. 104 y ss LJV 2015)Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde estuviera situada la finca o la mayor parte de ella
De los expedientes de subastas voluntarias (arts. 108 y ss LJV 2015)Juzgado de Primera Instancia que corresponda al domicilio del titular, y si fueran varios titulares, el correspondiente a cualquiera de ellos. Tratándose de bienes inmuebles será competente el del lugar donde éstos radiquen.
De la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad (arts. 112 y ss LJV 2015)Juzgado de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya exhibición se trate.
De la convocatoria de juntas generales (arts. 117 y ss LJV 2015)Será competente el Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia.
Del nombramiento y revocación de administrador, liquidador, auditor o interventor de una entidad (arts. 120 y ss LJV 2015)Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad a la que se haga referencia.
De la disolución judicial de sociedades (arts. 125 y ss LJV 2015)Juzgado de lo Mercantil de su domicilio social.
De la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas (arts. 129 y ss LJV 2015)Juzgado de lo Mercantil del domicilio social de la entidad emisora de las obligaciones.
De la conciliación (arts. 139 y ss LJV 2015)

Juez de Paz o el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia o del Juzgado de lo Mercantil, cuando se trate de materias de su competencia, del domicilio del requerido. Si no lo tuviera en territorio nacional, el de su última residencia en España. No obstante lo anterior, si la cuantía de la petición fuera inferior a 6.000 euros y no se tratara de cuestiones atribuidas a los Juzgados de lo Mercantil la competencia corresponderá, en su caso a los Jueces de Paz.

Si el requerido fuere persona jurídica, será asimismo competente el del lugar del domicilio del solicitante, siempre que en dicho lugar tenga el requerido delegación, sucursal, establecimiento u oficina abierta al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad, debiendo acreditar dicha circunstancia.

Actos de jurisdicción voluntaria comunes al Derecho Civil y Mercantil

Supuestos en los que interviene la fiscalía
De la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial (arts. 23 y ss LJV 2015)
De la habilitación para comparecer en juicio y del nombramiento de defensor judicial (arts. 27 y ss LJV 2015)
Del acogimiento de menores y la adopción (arts. 33 y ss LJV 2015)
De la tutela, la curatela y la guarda de hecho (arts. 43 y ss LJV 2015)
De la concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad (arts. 53 y ss LJV 2015)
De la protección del patrimonio de las personas con discapacidad (arts. 56 y ss LJV 2015)
Del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o persona con capacidad modificada judicialmente (arts. 59 y ss LJV 2015)
De la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente (arts. 61 y ss LJV 2015)
De la declaración de ausencia y fallecimiento (arts. 67 y ss LJV 2015)
De la intervención judicial en relación con la patria potestad (arts. 85 y ss LJV 2015)
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales (arts. 90 y ss LJV 2015)
De la aceptación y repudiación de la herencia (arts. 93 y ss LJV 20152)

Recuerde que...

  • Los actos de jurisdicción voluntaria se caracterizan por la ausencia de contradicción, ya que sólo interviene una parte, el solicitante del pronunciamiento judicial.
  • No producen efectos de cosa juzgada, de modo que lo resuelto por el Juez puede ser objeto de revisión en el correspondiente juicio declarativo posterior.
  • La resolución dictada despliega inmediatamente todos sus efectos mientras no se dicte la oportuna sentencia en juicio contradictorio.
  • La presencia de abogado y procurador solo será obligatoria en aquellos expedientes en que la Ley así lo establezca.
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