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Segunda instancia (proceso civil)

Segunda instancia (proceso civil)

Se entiende por segunda instancia el derecho a interponer los recursos previstos en la ley, de tal modo que el proceso es examinado por un segundo órgano jurisdiccional cuya decisión debe prevalecer sobre el primero.

Organización judicial y teoría del proceso

¿En qué consiste la segunda instancia?

En sentido jurídico estricto, la segunda instancia hace referencia a un sistema de organizar el proceso en virtud del cual se establecen dos sucesivos exámenes y decisiones sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos órganos jurisdiccionales distintos, de modo que el segundo -segunda instancia- debe prevalecer sobre el primero.

Resulta así que la segunda instancia viene caracterizada del siguiente modo:

  • a) Ese segundo examen y decisión tienen que ser realizados por un órgano distinto del que efectuó los primeros, lo que supone que el efecto devolutivo es consustancial con la doble instancia.
  • b) La existencia real de ese segundo examen y decisión sólo se producirá si alguna de las partes los solicita expresamente, de modo que la regla del doble grado o instancia no supone la necesidad de que conozca el tribunal superior, sino simplemente la posibilidad de ese conocimiento, posibilidad que depende de la iniciativa de las partes.
  • c) La legitimación para pedir ese segundo examen y decisión se confiere a todas las partes, pero para que uno y otra se realicen, la parte que los pida ha de haberse visto perjudicada por el contenido de la primera decisión, con lo que surge la necesidad de lo que se denomina "gravamen" para recurrir.
  • d) Ese segundo examen y decisión sobre el tema de fondo cuestionado en el proceso han de poder tener el mismo objeto que los primeros, de modo que el tribunal ad quem o superior ha de poder asumir todas las facultades que tuvo el órgano a quo, o inferior, sin perjuicio de que la parte recurrente puede delimitar el ámbito de los segundos examen y decisión, en el sentido de que pueden pedirse estos segundos sólo respecto de algún o algunos de los elementos de los primeros (regla de "tantum appellatum quantum devolutum").

¿Qué especialidad tiene en el proceso civil?

En el proceso civil no existe base normativa para afirmar la existencia de un derecho a los recursos en general, ni un derecho a la segunda instancia en particular. Según tiene declarado el Tribunal Constitucional, en el orden jurisdiccional civil el derecho a recurrir no tiene su fundamento en ningún precepto constitucional, ni forma parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, como tampoco se deriva del artículo 24 de la Constitución Española obligación alguna para el legislador ordinario de establecer o articular recursos. Éste tiene plena libertad para configurar el proceso civil con o sin recursos.

Ahora bien, si lo establece, no podrá hacerlo en contra de los principios constitucionales (por ejemplo, de igualdad), y una vez instituidos, en la ley procesal, los presupuestos de su admisión deberán ser interpretados por los tribunales de modo favorable a su procedencia. En el proceso civil no existe, por lo tanto, un derecho al recurso en cuanto tal, sino un derecho a interponer los recursos previstos en la ley, como claramente se desprende del tenor literal del artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que sólo cabe hacer en la forma y casos, y con los límites y condiciones que en la misma se regulan.

Correctamente entendido el concepto de segunda instancia, hay que decir que el recurso de apelación, tal y como ha sido tradicionalmente regulado en el proceso civil español, no daba ni da lugar a una verdadera segunda instancia. En nuestra tradición jurídica no ha existido nunca una doble instancia en sentido estricto, y tampoco existe en la actualidad, y ello a pesar de que la doctrina y la jurisprudencia se refieren con reiteración a segunda instancia. Lo que hemos tenido y tenemos es una apelación limitada, no una apelación plena.

Mientras la apelación plena -segunda instancia verdadera- supone que el tribunal superior, al realizar el examen del tema de fondo y al decidir sobre el mismo, cuenta con todos los materiales de hecho y probatorios con que contó el tribunal de primera instancia, más aquellos otros materiales que las partes han aportado en el procedimiento de la segunda, dando lugar a un nuevo proceso en el que el tribunal del recurso realiza un verdadero segundo y nuevo juicio, pronunciando una sentencia sobre el fondo del asunto que no se limita a declarar la conformidad o disconformidad de la sentencia recurrida con la legalidad; en la apelación limitada, el recurso dará lugar a una simple "revisio prioris instantiae", por lo que su fin será controlar la legalidad de la sentencia de primera instancia, atendidos los materiales con los que contó ese juez, no pudiendo admitir nuevos materiales probatorios en el recurso y la sentencia del tribunal del recurso debe limitarse a declarar que la sentencia recurrida es conforme (confirma) o es contraria (revoca) a derecho, y en este segundo caso, a devolver las actuaciones al juez que la dictó para que efectúe un nuevo pronunciamiento.

En el Derecho Español, a pesar de tratarse de una apelación limitada, esa segunda instancia se adecua a la realidad de suerte que:

  • a) A pesar de decirse de él que es un sistema de "revisio prioris instantiae", el tribunal del recurso no se limita a "revisar" la decisión del juez de primera instancia, sino que dicta una segunda decisión.
  • b) En el caso de que la sentencia recurrida sea revocada, el tribunal de la apelación decide sobre el fondo del asunto, sin devolver las actuaciones al juez de la primera instancia. Estamos, por lo tanto, ante una cierta mezcla de ambos sistemas, que no se dan de modo puro, aunque tiene preponderancia en el sistema español el de apelación limitada.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, frente a la dispersión normativa y a la diversidad procedimental que caracterizaban la legislación procesal derogada, ha sistematizado la regulación de la segunda instancia y la apelación, estableciendo un único tipo o modelo procedimental, cualquiera que sea la resolución que se impugne y el procedimiento en que la misma se haya dictado. Este único procedimiento toma como base el modelo de tramitación escrita y ofrece la ventaja de responder a un método con el que se pretende la unificación de la tramitación de todos los recursos devolutivos.

Siguiendo la orientación que distingue entre apelación y segunda instancia, el legislador ha tratado de establecer esa diferencia conceptual en el epígrafe mismo del Capítulo III del TítuloIV del Libro II, que titula "Del recurso de apelación y de la segunda instancia", aunque al disponer el régimen relativo a su sustanciación, uno y otra se confunden. Tanto si se denuncian vicios "in procedendo" como "in iudicando" la tramitación del recurso es la misma, cuando ello no tendría que se así necesariamente, dada la diversidad de su objeto y de sus consecuencias.

Recuerde que...

  • En nuestra tradición jurídica no ha existido nunca una doble instancia en sentido estricto.
  • Lo que hemos tenido y tenemos es una apelación limitada, no una apelación plena.
  • La legitimación para pedir la segunda instancia se confiere a todas las partes, pero para que uno y otra se realicen, la parte que los pida ha de haberse visto perjudicada por el contenido de la primera decisión.
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