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Delitos contra la Hacienda Pública y ...

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

Son figuras penales que castigan determinadas conductas fraudulentas atentatorias contra el patrimonio de la Hacienda Pública, estatal, foral, local y de la Unión Europea y contra el patrimonio de la Seguridad Social. Se pretende proteger no sólo el patrimonio de esas instituciones sino los fines públicos a los que sirven dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho.

defraudacion ss y delitos contra los derechos de los trabajadores

Fundamento

El artículo 31 de la Constitución española establece que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Por su parte, el artículo 41 de la Carta Magna dice: "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".

De ese modo, el Estado social y democrático de Derecho de nuestra época, define como prioridades de su política económica y social, contar con recursos suficientes para financiar el gasto público y, en particular, para atender a las necesidades sociales de los ciudadanos.

Al concepto de patrimonio, como objeto de protección penal, el Código Penal une el concepto de orden socioeconómico, fruto de la expansión que en las últimas décadas ha tenido el llamado Derecho Penal Económico, en el que la protección del Derecho Penal no va dirigida sólo en la dirección de proteger los intereses económicos individuales, sino además los supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica, es decir, la economía política.

En la actualidad se defiende un concepto amplio del Derecho Penal Económico, que engloba en su seno desde los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a los delitos contra los derechos de los trabajadores, de revelación de secretos industriales y comerciales, de publicidad engañosa, delitos societarios, etc., dispensando así protección a lo que sería un amplio concepto de "orden socioeconómico".

No obstante, el orden socioeconómico no aparece como bien jurídicamente protegido de forma directa sino que representaría un bien jurídico categorial que deberá precisarse o concretarse en intereses o bienes jurídicos específicos en cada tipo delictivo. En concreto, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, son figuras penales orientadas a proteger la Hacienda Pública y la Seguridad Social de determinadas conductas que pueden dañarlas, para que puedan cumplir sus fines sociales.

La razón de ser de estos delitos, es la necesidad de dotar financieramente las políticas económica y social de los Estados a fin de que la sociedad avance en igualdad y logre mayores niveles de bienestar.

Y es que sin políticas de ingresos y gasto público, no es sólo que el Estado desaparecería sino que no sería posible atender necesidades vitales como infraestructuras, seguridad ciudadana, asistencia sanitaria, justicia, educación y fomento e incentivo del desarrollo económico y personal.

De ahí que, considerándose bienes jurídicos fundamentales de esta hora la protección de los ingresos y gastos públicos, el Derecho Penal sanciona las infracciones más graves en esta materia, para lo cual se fijan determinados umbrales defraudatorios, los cuales, una vez rebasados, suponen incurrir en delito.

Regulación

La regulación de estos delitos se encuentra en los artículos 305 a310 bis CP, ambos inclusive, en el Título XIV De los delitos contra la hacienda Pública y la Seguridad Social del Libro II del Código Penal. En concreto: en los artículos 305 y 305 bis del CP se regula el delito fiscal; en el artículo 306 del CP el fraude a los presupuestos generales de la Unión Europea; en los artículos 307, 307 bis y 307 ter del CP se contempla el impago de cuotas a la Seguridad Social; en el artículo 308 del CP, el fraude de subvenciones; el artículo 309 fue derogado por Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre,, en el art. 310 del CP el delito contable y en el art. 310 bis del CP prevé la comisión por personas jurídicas de los anteriores delitos.

La reforma operada por LO 1/2015 de 30 de marzo además de la derogación de las faltas en general ha supuesto la modificación del párrafo 1º del art. 306 CP así como la introducción de un nuevo artículo 308 bis CP, que regula la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por alguno de los delitos regulados en este Título.

La reforma operada por la LO 1/2019, de 20 de febrero, modifica el delito fiscal contra la UE (art. 305.3 CP) y el fraude de subvenciones (art. 308 CP).

Bien jurídico protegido

Por una parte se tutela el patrimonio de la Hacienda Pública, en sus modalidades estatal, autonómica y local, así como la comunitaria y el patrimonio de la Seguridad Social.

Proteger la Hacienda Pública conlleva defender directamente los intereses económicos y patrimoniales del Estado, tanto en su aspecto recaudatorio o de ingresos públicos como en el de gastos públicos o asignación del Presupuesto. Pero estos delitos protegen también otros bienes jurídicos de forma indirecta como son la efectividad de los tributos como elemento base del sistema fiscal y el tráfico jurídico documental. En la dimensión del gasto o aplicación del presupuesto (como las subvenciones, por ejemplo) también se protegen otros intereses de forma indirecta como son las políticas sociales del Estado.

En cuanto a la Seguridad Social, además del interés patrimonial de su Tesorería, organismo encargado de recaudar las cotizaciones empresariales, se protege indirectamente la propia igualdad de las empresas en términos de competitividad, en relación a las obligaciones y gastos sociales, a fin de que aquélla pueda cumplir sus funciones sociales y asistenciales.

En definitiva se trata de un bien jurídico de naturaleza supraindividual, colectiva o difusa, que trasciende al propio e inmediato interés patrimonial público, sea estatal, local o autonómico . En este sentido la STS 952/2006, de 6 de Octubre: "Es indudable, pues, que el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, afectado indirectamente, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas". En igual sentido STS 182/2014 de 11 de marzo de 2014.

Igualmente, la conducta prevista en el artículo 310 del Código Penal que regula el llamado "delito contable", afecta a la competencia entre empresas pues supone un modo desleal de ejercer la libertad de empresa.

Naturaleza

Se trata de delitos de resultado, pues se exige causar un perjuicio a las Haciendas o a la Seguridad social, expresamente cuantificado. Por eso, el impago de las obligaciones fiscales o de cuotas sociales, que no alcancen los mínimos exigidos, se consideran, simplemente, infracciones administrativas.

Son delitos que pueden cometerse defraudando por acción u omisión. Por acción, cuando se obtiene indebidamente una devolución fiscal o subvención; por omisión cuando no se paga lo debido a la administración.

Son, igualmente, "delitos en blanco" pues para interpretar correctamente el tipo penal, es preciso recurrir a conceptos extraíbles de otras ramas del derecho, en concreto del Derecho Tributario o Fiscal y el Derecho de la Seguridad Social, en los que se contienen las definiciones de "tributo", "impuesto", "obligado fiscal", "cuota tributaria", "subvención", "cuota empresarial", etc.

Elementos del delito

Elemento subjetivo: Son delitos dolosos, no se admite la comisión por imprudencia.

Estos delitos requieren ánimo defraudatorio. Se requiere conocimiento y voluntad de defraudar, es decir, un "animus defraudandi", no declarando lo que corresponda o haciéndolo de modo inveraz, engañando por valor superior a los mínimos fijados. El simple impago de cantidades exigidas por las administraciones es una cuestión puramente administrativa

Sujeto activo: Son delitos especiales propios. Los cometen personas determinadas: el deudor tributario, el que obtiene la subvención, el empresario obligado a ingresar la cuota que retuvo a sus trabajadores...También se exige responsabilidad penal a terceros que participan en la conducta delictiva: asesores fiscales, inductores o cómplices.

Sujeto pasivo:

En los delitos contra Hacienda será sujeto pasivo la Hacienda Pública, estatal, autonómica, foral o local y también la Hacienda de la Unión Europea.

En los delitos contra la Seguridad Social, es sujeto pasivo la Tesorería General de la Seguridad Social.

Tipos delictivos

Se prevén los siguientes:

Responsabilidad penal de las personas jurídicas

El art. 310 bis CP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el caso de comisión por éstas de cualquiera de los delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis CP, según reforma por LO 1/2015 de 30 de marzo. Las penas que les corresponderían son:

  • Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.
  • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
  • Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310 CP.
  • Pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
  • Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas.
  • Otras medidas accesorias. En atención a las reglas establecidas en el artículo 66 bis CP, reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo, los Jueces y Tribunales podrán imponer las penas previstas en el artículo 33. 7 b) a g) CP, según nueva redacción por LO 1/2015 de 30 de marzo, siguientes:
    • Disolución de la persona jurídica.
    • Suspensión de sus actividades.
    • Clausura de sus locales y establecimientos.
    • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
    • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
    • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Suspensión de la ejecución de las penas

El art. 308 bis CP introducido por LO 1/2015 de 30 de marzo, establece las reglas por las que se regirá la suspensión de la ejecución de las penas impuestas por la comisión de cualquiera de los delitos regulados en el este Título. Le serán aplicables las disposiciones generales contenidas en el Capítulo III del Título III del Libro I del Código Penal, y además las siguientes reglas específicas:

  • 1. La concesión de la suspensión de la ejecución de la pena de prisión exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:
    • Cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 80 CP reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo, sobre requisitos para la suspensión de las penas privativas de libertad no superiores a dos años.
    • Que el penado haya abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social o reintegrado las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas. Se entiende cumplido este requisito cuando:
      • El penado asuma el compromiso de satisfacer la deuda tributaria, o frente a la Seguridad Social o de proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas y las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica.
      • Sea razonable esperar que el mismo será cumplido.
    • Facilitar el decomiso acordado.
  • 2. NO se concederá la suspensión cuando conste que el penado ha facilitado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
  • 3. Notificación de suspensión. La resolución por la que el Juez o Tribunal conceda la suspensión de la ejecución de la pena será comunicada a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda.
  • 4. Revocación de la suspensión. Los jueces y tribunales ordenarán la ejecución de la pena:
    • En los supuestos del artículo 86 CP, reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo, sobre circunstancias que motivan la revocación de la suspensión de las penas privativas de libertad.
    • Cuando el penado no dé cumplimiento al compromiso de pago de la deuda tributaria o con la Seguridad Social, al de reintegro de las subvenciones y ayudas indebidamente recibidas o utilizadas, o al de pago de las responsabilidades civiles, siempre que tuviera capacidad económica para ello.
    • Facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio.
    • En estos casos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá denegar la concesión de la libertad condicional.
  • 5. Insuficiencia de los bienes del Penado. En el supuesto de que los bienes del penado no sean suficientes para satisfacer sus responsabilidades (art. 125 CP), el juez o tribunal oirán previamente a la representación procesal de la Hacienda Pública estatal, autonómica, local o foral, de la Seguridad Social o de la Administración que hubiera concedido la subvención o ayuda, al objeto de que aporte informe patrimonial de los responsables del delito en el que se analizará la capacidad económica y patrimonial real de los responsables y se podrá incluir una propuesta de fraccionamiento acorde con dicha capacidad y con la normativa tributaria, de la Seguridad Social o de subvenciones.

    El interés legal del dinero es el interés a cuyo pago debe ser condenado quien no ingresó la cuota tributaria en su momento, y siendo ese legalmente, el rendimiento de la suma que perdió la Administración a causa del delito cometido, no cabe añadir un interés de demora, máxime teniendo en cuenta que le castigo del delito fiscal incluye una pena pecuniaria proporcional a la cuantía d ella cuota defraudada (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2005).

    Quien, en virtud de una relación jurídica con un tercero sobre el que recae el impuesto sobre el valor añadido, como sustitutivo del contribuyente, recibe la cantidad establecida al caso, lo hace como agente de confianza del Fisco y con la obligación de ingresarla, en concepto de IVA, por lo que si no lo hace no comete un delito de apropiación indebida sino un delito fiscal pues dicha cantidad dejó de ser del particular para ser ya de la Hacienda, a la que se defrauda (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2005).

Recuerde que...

  • Se encuentran regulados en los arts. 305 a310 bis CP, Título XIV, Libro II.
  • Engloban conductas dolosas contra la Hacienda Pública, Hacienda y Presupuestos Generales UE, contra la Seguridad Social y delito contable.
  • Son delitos de resultado.
  • Exención de la pena por reintegro de lo defraudado.
  • Suspensión de la ejecución de las penas (art. 308 bis CP) y Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 310 bis CP).
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