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Delitos contra el patrimonio y el ord...

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico

Los delitos tipificados en este título castigan conductas que, realizadas con ánimo de lucro, en beneficio propio o de un tercero, atentan contra derechos patrimoniales en sentido estricto, como la propiedad, la posesión, derechos reales y obligaciones y contra otros bienes o intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica.

Desde el punto de vista penal "patrimonio" es el conjunto de derechos y obligaciones referidas a cosas corporales e incorporales que pueden ser valuables económicamente. El "orden socioeconómico" hace referencia a la participación del Estado en la economía (desarrollo de la economía, sistema financiero, sistema crediticio).

Delitos económicos

Fundamento

Entre los derechos que integran el concepto jurídico penal de patrimonio podría decirse que la propiedad es el de mayor rango.

El Derecho Romano tenía una concepción de la propiedad prácticamente ilimitada, pues ésta llegaba, por arriba, "ad celos", y por abajo "ad inferos", y albergaba un derecho pleno que permitía usarla, gozarla, aprovecharla, venderla, cederla, alquilarla, gravarla y donarla, esto es, todas las facultades dispositivas posibles.

La declaración francesa de Derechos del Hombre (1789) la incluía como uno de los derechos naturales, "inviolable y sagrado" de toda persona, inalienable e imprescriptible. Y la situaba al lado de los otros derechos que gozaban de tal rango supremo: la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Del mismo modo, el movimiento constitucionalista americano y europeo incluyó siempre a la propiedad, en un lugar preferente.

La protección del derecho de propiedad deriva de su carácter esencial para permitir la vida y el desarrollo de la personalidad.El artículo 349 CC dice que los jueces "ampararán" la propiedad de quienes hayan sido privados de ella, de forma ilegal. La justificación de su protección, tanto en su dimensión privada como pública, tiene un carácter relevante, lo cual explica la intervención del derecho penal, para asegurar la tutela de los ataques a la misma. Por eso el Código Penal protege la propiedad.

Pero tales planteamientos, de corte individualista, se han visto atemperados modernamente, tanto por el influjo de la "propiedad colectiva" como, en los Estados de corte democrático-occidental, por la introducción de lo que se denomina "función social", propia de un Estado social de Derecho. De ahí que el Código Penal de 1995 rompiera con la tradición que establecía un título específico denominado "De los delitos contra la propiedad", sustituyéndolo por el Título rubricado "Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico".

El fundamento del cambio está en que se ha abandonado esa concepción privatista-individualista para considerar, a la luz de los nuevos tiempos, que lo que ahora está en peligro y es procedente proteger con el instrumento penal, es una realidad más compleja que va más allá de la propiedad privada.

De ese modo, los delitos contra la propiedad -en el Código Penal de 1973 se recogían en un Título propio, y con tal denominación, entre otros, el hurto, el robo, los daños y los incendios-. A partir de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, reformado por LO 1/2015 de 30 de marzo, se incardinan en el nuevo título XIII que engloba, junto a los tradicionales delitos contra la propiedad, otros delitos que protegen un bien supraindividual de orden socioeconómico.

De ahí la expresión "patrimonio" con la que se ha querido dejar una referencia a los derechos económicos ligados a la propiedad, incluyéndose en la expresión "orden socioeconómico", los nuevos delitos que conforman el llamado "derecho penal económico", que incluyen los delitos societarios y los ataques a la competencia, las relaciones entre empresas y a la política de ingresos del Estado (delito fiscal) y de gasto público (delito de fraude de subvenciones).

Bien jurídico

El bien jurídico protegido en el Título XIII es, por un lado el patrimonio, concepto en el cual se incluye la propiedad como expresión máxima del mismo pero también la posesión y otros derechos reales y obligaciones sobre cosas o entidades corporales o incorporales, y por otro, intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica (desarrollo de la economía, sistema financiero, sistema crediticio).

Se trata de un bien jurídico categorial, no coincidiendo en todos los delitos la dualidad de bien jurídico protegido. En la mayor parte de los delitos contra el orden socioeconómico en el fondo subyace una protección al patrimonio individual. En efecto el orden socioeconómico también se ve alterado en el supuesto de que se cometa una infracción contra un bien patrimonial individual, o se lesione o ponga en peligro la producción, distribución o el consumo de bienes y servicios. No ocurre lo mismo a la inversa. Así en los delitos tradicionales contra la propiedad, robo, hurto, apropiación indebida, y otros tipificados en el Título XIII del Código Penal no se protege el orden socioeconómico en sentido estricto.

El patrimonio desde el punto de vista penal es el poder de disposición que se tiene sobre la totalidad de bienes y derechos que jurídicamente corresponden a una persona. Esto incluye derechos patrimoniales pero también otros, que pueden convertirse en valor económico, como derechos garantizados, expectativas económicas, fuerza laboral disponible, etc.

Como ya se ha dicho, entre los derechos patrimoniales que integran el concepto penal de patrimonio la propiedad ocupa el más alto rango.

El artículo 348 CC, define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, añadiendo en el artículo 349 CC dice que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización".

La Constitución reconoce el "derecho a la propiedad", en su artículo 33, añadiendo que dicho derecho está delimitado por la función social de la propiedad, conforme a la cual, las leyes que incidan en ella, han de tenerlo en cuenta no sólo en abstracto para establecer el contenido de la institución constitucionalmente garantizada sino también en concreto en relación con las distintas clases de bienes sobre los que el dominio recae (Sentencia del Tribunal Constitucional 149/1991, de 4 de julio).

El derecho a la propiedad cede, fundamentalmente, ante intereses públicos que pudieran justificar el recurso a la expropiación, si bien en ese caso, será necesario que exista la correspondiente indemnización y que se siga el procedimiento establecido por las leyes, la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,.

La Constitución española, nos dice también, que la potestad fiscal, el gran instrumento del Estado para generar ingresos públicos mediante un sistema tributario justo, con los que llevar a cabo su política económica y la redistribución de la riqueza, se inspirará en los principios de igualdad y progresividad que, "en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio".

Igualmente el derecho a la propiedad, puede verse limitado legítimamente porque se den razones para tolerar limitaciones como las derivadas de los derechos de vecindad, asegurar el disfrute para todos de bienes demaniales o públicos -como las playas, parques naturales, ríos- o soportar instalaciones eléctricas o suministros generales, en su interior.

En derecho penal se protege el bien jurídico de la propiedad en cuanto facultad de disponibilidad de una cosa propia, así mismo protege como bien jurídico otros derechos que integran el patrimonio, como la posesión, los derechos reales, las obligaciones y en general el poder de disposición que se tiene sobre la totalidad de bienes transmisibles que jurídicamente corresponden a una persona.

En cuanto al bien jurídico de orden socioeconómico éste de carácter supraindividual, con trascendencia social, dirige fundamentalmente su protección a aspectos como el orden económico supranacional, tráfico económico nacional con el exterior, fijación de precios en determinadas materias y sectores, marco político-económico de la actividad empresarial, instrumentos de la actividad empresarial y la Hacienda Pública.

Naturaleza jurídica

Son delitos de naturaleza patrimonial, en los que el bien objeto de protección es susceptible de ser cuantificado económicamente.

Integran, así mismo, el Título XIII delitos de carácter económico, que no sólo persiguen intereses patrimoniales de carácter individual sino también intereses supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica, lo que conforma el orden económico del Estado.

Las conductas típicas de los delitos tipificados en el Título XIII, serán en unos casos de peligro abstracto o concreto, o de resultado, en función de si el tipo legal, en cada caso, requiere tan sólo una actividad idónea para lograr una lesión patrimonial o si por el contrario requiere la objetiva obtención de una lesión patrimonial, cuantificable económicamente.

Elementos comunes

Los delitos a que se refiere este título tienen unos elementos comunes a todos ellos, así el objeto material y el sujeto pasivo, entendidos de forma genérica, y el elemento del perjuicio patrimonial.

Objeto material

El objeto material sólo puede estar constituido por aquellos bienes materiales o inmateriales dotados de valor económico, valuables económicamente.

Sujeto pasivo

El sujeto pasivo de estos delitos forzosamente tiene que tener, con relación al bien o derecho objeto del delito, una relación protegida por el ordenamiento jurídico.

Perjuicio patrimonial

Es toda aquella disminución económicamente evaluable del conjunto de bienes y derechos que constituyen el patrimonio de una persona.

Las conductas tipificadas en el Título XIII deben ser idóneas para producir un perjuicio patrimonial valorable económicamente, a veces al sujeto pasivo, otras veces a un tercero. En unos casos será necesario que se produzca el resultado lesivo para la consumación del delito y en otros bastará con que la conducta sea idónea para lograr el perjuicio patrimonial aunque éste no se llegue a dar.

Elemento Subjetivo

Son todos ellos delitos dolosos, siendo el ánimo de lucro, el dolo específico presente de forma más o menos expresa en la mayor parte de los delitos comprendidos en este título

Regulación

Estos delitos se encuentran regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, Capítulos I a XIV, artículos 234 a304 del Código Penal.

La reforma operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo modifica todo el articulado que engloba el Título XIII del Libro II del Código Penal, además de derogar el Libro III dedicado a las faltas, desapareciendo así, entre otras, las faltas contra el patrimonio, que en muchos casos pasan a regularse como delitos leves (art. 13.4 Código Penal).

Se ha modificado, así mismo, la sección "De la apropiación indebida" del Capítulo IV, que pasa a regularse en la Sección 2ª bis, que contiene el art. 253 CP, cuya redacción se corresponde con el antiguo artículo 252 que antes regulaba la apropiación indebida. La Sección 2ª se pasa a rubricar "De la administración desleal",

Se modifica el capítulo "De las insolvencias punibles", que pasa a regularse en el Capítulo VII bis. El Capítulo VII se pasa a denominar: "Frustración de la ejecución"

Se modifica la Sección 4ª del Capítulo XI "De la corrupción entre particulares" que pasa a denominarse "Delitos de corrupción en los negocios".

Delitos tipificados

  • Hurto, acción de sustraer bienes ajenos, sin la concurrencia de fuerza en las cosas, violencia o intimidación (arts. 234 al 236 CP)
  • Robo, conducta consistente en sustraer cosas ajenas con empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas. (arts. 237 al 242 CP).
  • Extorsión, acción consistente en, obligar a otro, con ánimo de lucro y con empleo de violencia o intimidación, a realizar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero (art. 243 CP).
  • Robo y hurto de uso de vehículos, consiste en la sustracción o utilización de un vehículo a motor o ciclomotor ajenos sin autorización y sin ánimo de apropiárselo y sin empleo de fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas (hurto) o con empleo de las mismas en el caso del robo (art. 244 CP).
  • Usurpación, ocupación de bienes inmuebles y usurpación de derechos reales inmobiliarios sin autorización, con y sin empleo de violencia o intimidación en las personas, alteración de límites entre propiedades y desvío de aguas. (arts. 245 al 247 CP)
  • Estafa, acción consistente en inducir a otro con ánimo de lucro y mediante engaño bastante, a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno (arts. 248 al 251 bis CP).
  • Administración desleal castiga la administración de un patrimonio ajeno, infringiendo las facultades encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico o excediéndose en el ejercicio de las mismas (art 252 CP)
  • Apropiación indebida acción consistente en apropiarse, en perjuicio de otro, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial recibido en depósito, comisión o administración, o cualquier otro título que conllevase la obligación de entregarlo o devolverlo, o negase haberlo recibido (art. 253 y 254 CP).
  • Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, obtención de un beneficio económico mediante la utilización ilícita de energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos sirviéndose de medios clandestinos o usando de un equipo terminal sin consentimiento del titular (arts. 255 y 256 CP).
  • Frustración de la ejecución, castiga al que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, o realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dificulte un embargo o un procedimiento ejecutivo iniciado o de previsible iniciación (arts. 257 al 258 ter. CP).
  • Insolvencias punibles castiga los actos fraudulentos que perjudiquen los intereses de los acreedores, realizados por el deudor en una situación de insolvencia actual o inminente, (arts. 259 al 261 bis CP).
  • Alteración de precios en concursos y subastas públicas, conductas fraudulentas que atentan contra la libre formación de precios en los concursos y subastas públicas y contra la libre concurrencia a tales actos (art. 262 CP).
  • Daños, en propiedad ajena no comprendidos en otro título (arts. 263 al 267 CP).
  • Delitos relativos a la propiedad intelectual, penalizan conductas en las que de modo intencionado y con ánimo de obtener un beneficio, se atenta contra el contenido patrimonial de los derechos de la propiedad intelectual (arts. 270 al 272 CP).
  • Delitos relativos a la propiedad industrial, castigan las conductas que atentan contra la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado (arts. 273 al 277 CP).
  • Delitos relativos al mercado y a los consumidores, comprende las acciones típicas consistentes en descubrir, revelar y violar secretos de empresa, desabastecimiento de materias primas, publicidad fraudulenta y facturación falsa, alterar el precio de las cosas, manipulación de mercado, abuso y revelación de información privilegiada en el mercado de valores (arts. 278 al 286 CP).
  • Delitos de corrupción en los negocios castiga la corrupción o soborno en el sector privado, la corrupción de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios públicos de organismos internacionales (art. 286 bis al 286 quater CP).
  • Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural tipifica la destrucción, inutilización o los daños a una cosa propia de utilidad social o cultural (art. 289 CP).
  • Delitos societarios penalizan infidelidades y abusos de poder llevados a cabo por los administradores de sociedades, en perjuicio de éstas, de sus socios o de terceros. (arts. 290 al 297 CP).
  • Receptación consiste en ayudar a los responsables de un delito contra la propiedad o contra el orden socioeconómico a aprovecharse de sus efectos, o recibir, adquirir o esconder esos efectos con el propósito de enriquecerse (arts. 298 a300 CP).
  • Blanqueo de capitales actividades encaminadas a la ocultación de la procedencia ilícita de dinero introducido en en el ciclo de la economía legal (arts. 301 al 304 CP)

Excusa absolutoria

A los delitos contra el patrimonio comprendidos en los Capítulos I al IX del Título XIII, les será de aplicación la excusa absolutoria contemplada en el art. 268 CP, según nueva redacción por LO 1/2015 conforme al cual están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí:

  • Los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio.
  • Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción.
  • Los afines en primer grado si viviesen juntos.

Excepciones a la aplicación de la excusa absolutoria:

  • Cuando concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.

    Quedan por tanto excluidos de su aplicación los delitos de robo, estafa, robo de uso de vehículo, usurpación y alteración de precios en concursos y subastas públicas

  • Los extraños a las personas citadas que participaren en el delito.

Actos preparatorios punibles

De conformidad con lo previsto en los arts. 269 CP y 304 CP son punibles la provocación, conspiración y proposición, respecto de los delitos de robo, extorsión, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Penalidad.- En estos supuestos, la pena a aplicar será la inferior en uno o dos grados a la señalada en el delito correspondiente.

Requisitos de procedibilidad

De conformidad con lo previsto en los art. 287 y 296 CP, según nueva redacción por LO 1/2015, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales para proceder por los siguientes delitos:

  • 1. Delitos relativos al mercado y los consumidores excepto los relativos a la libertad de mercado o de la competencia (arts. 284 y 285 CP),.
  • 2. Delitos societarios excepto administración desleal.
  • 3. Receptación

No será necesario este requisito de procedibilidad:

  • Cuando la persona agraviada sea menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida,
  • Cuando el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Recuerde que...

  • Se encuentran regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, Capítulos I a XIV, artículos 234 a304 CP.
  • Protegen derechos patrimoniales individuales evaluables económicamente además de intereses sociales, colectivos y económicos de carácter supraindividual.
  • Es aplicable la excusa absolutoria para los delitos señalados en el art.268 CP.
  • Son punibles la provocación, conspiración y proposición respecto de los delitos de robo, extorsión, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales (arts. 269 y 304 CP).
  • Algunos delitos relativos al mercado y los consumidores, societarios y receptación, precisan denuncia de la persona agraviada para proceder por ellos (art. 287 y 296 CP).
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