guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Menores

Menores

Nuestro ordenamiento jurídico establece la mayoría de edad en los 18 años. Por tanto, se es menor desde el nacimiento y hasta la adquisición de la mayoría de edad. Hasta este momento, el menor estará bajo la patria potestad de los padres, que ostentarán su representación legal.

Familia y matrimonio
Ausencia, incapacitación y tutela

¿Qué implica ser menor de edad?

Hasta la adquisición de la mayoría de edad, el menor está bajo la patria potestad de los padres lo que significa que estos tienen la representación legal de los hijos menores no emancipados

Se exceptúan:

  • a) Los actos relativos a los derechos de la personalidad que el hijo, de acuerdo con su madurez, pueda ejercitar por sí mismo.

    No obstante, los responsables parentales intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia.

  • b) Aquellos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo.
  • c) Los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres.

    La patria potestad se extingue:

    • - Por la mayoría de edad
    • - Por la muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo
    • - Por la emancipación o por la adopción del hijo.

No obstante, si al llegar a la mayoría de edad el hijo fuere incapacitado por no poder gobernarse por sí mismo se prorrogará automáticamente (por ministerio de la Ley) la patria potestad de los padres.

El menor de edad puede emanciparse de los padres siempre que tenga dieciséis años cumplidos y tenga la autorización de los padres y se formalice en escritura pública o mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro. Concedida la emancipación ya no puede ser revocada.

Ahora bien, también se reputa a todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. En este caso, los padres podrán revocar este consentimiento.

El Juez puede conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidieren y previa audiencia de los padres:

  • a) Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor.
  • b) Cuando los padres vivieren separados.
  • c) Cuando concurra cualquier causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad.

También puede conceder el Juez, previo informe del Ministerio Fiscal, el beneficio de la mayor edad al sujeto a tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare.

Junto a la patria potestad existen otras formas o instituciones de protección de los menores.

¿Qué es la tutela?

Están sujetos a la misma

  • - Los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad.
  • - Los sujetos a la patria potestad prorrogada, al cesar ésta, (por ejemplo, por fallecimiento de los padres) salvo que proceda la curatela.
  • - Los menores que se hallen en situación de desamparo.

La diferencia entre la patria potestad y la tutela se encuentra en que el Juez podrá establecer, en la resolución por la que se constituya la tutela o en otra posterior, las medidas de vigilancia y control que estime oportunas en beneficio del tutelado. Asimismo podrá en cualquier momento exigir del tutor que informe sobre la situación del menor o del incapacitado y del estado de la administración. Es decir, la tutela se ejerce siempre en interés del menor y bajo el control judicial de la persona y bienes del menor

¿En qué consiste la guarda y acogimiento de menores?

Cuando la Entidad Pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio de la ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su guarda, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal y, en su caso, del Juez que acordó la tutela ordinaria. La resolución administrativa que declare la situación de desamparo y las medidas adoptadas se notificará en legal forma a los progenitores, tutores o guardadores y al menor afectado si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años, de forma inmediata sin que sobrepase el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. La información será clara, comprensible y en formato accesible, incluyendo las causas que dieron lugar a la intervención de la Administración y los efectos de la decisión adoptada, y en el caso del menor, adaptada a su grado de madurez. Siempre que sea posible, y especialmente en el caso del menor, esta información se facilitará de forma presencial.

Se considera como situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

¿Tienen los menores responsabilidad penal?

Se contempla en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal de los menores por la que se regula la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.

Ahora bien, si el menor infractor fuera menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a dicha Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en los artículos 172 a174 CC, art. 176 bis CC, art. 299 CC, art. 299 bis CC, art. 302 CC, art. 320 CC y art. 321 del Código Civil. La edad se refiere siempre al momento de comisión de los hechos.

La Ley Orgánica 5/2000 ha sufrido varias reformas, la llevada a cabo por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, pretende adecuar la respuesta sancionadora a la gravedad del hecho cometido, sin perjuicio de atender al interés superior del menor pero atribuyendo al Juez la ponderación del mismo junto a otros constitucionalmente relevantes.

Por esa razón, se amplían los supuestos en los que se pueden imponer medidas de internamiento en régimen cerrado a los menores, añadiendo los casos de comisión de delitos graves y de delitos que se cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.

Por otra parte, se adecua el tiempo de duración de las medidas a la entidad de los delitos y a las edades de los menores infractores, y se suprime definitivamente la posibilidad de aplicar la Ley a los comprendidos entre dieciocho y veintiún años. Además, se añade una nueva medida, semejante a la prevista en el Código Penal, consistente en la prohibición al menor infractor de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez.

Se faculta al juez para poder acordar, previa audiencia del Ministerio Fiscal y la entidad pública de protección o reforma de menores, que el menor que estuviese cumpliendo una medida de internamiento en régimen cerrado y alcanzase la edad de dieciocho años, pueda terminar de cumplir la medida en un centro penitenciario cuando su conducta no responda a los objetivos propuestos en la sentencia. Al mismo tiempo, si la medida de internamiento en régimen cerrado se impone al que ha cumplido veintiún años o, impuesta con anterioridad, no ha finalizado su cumplimiento al alcanzar dicha edad, el juez ordenará su cumplimiento en un centro penitenciario, salvo que excepcionalmente proceda la sustitución o modificación de la medida.

Se incorpora como causa para adoptar una medida cautelar el riesgo de atentar contra bienes jurídicos de la víctima, y se establece una nueva medida cautelar consistente en el alejamiento de la víctima o su familia u otra persona que determine el juez. Al mismo tiempo, se amplía la duración de la medida cautelar de internamiento, que pasa de tres meses, prorrogable por otros tres meses, a seis meses prorrogable por otros tres meses.

Por otra parte, se revisa el régimen de imposición, refundición y ejecución de las medidas, otorgándose al juez amplias facultades para individualizar la o las medidas que deba cumplir el menor infractor.

Finalmente, se refuerza especialmente la atención y reconocimiento de los derechos de las víctimas y los perjudicados, entre los que se encuentra el derecho a ser informado en todo momento, se hayan o no personado en el procedimiento, de aquellas resoluciones que afecten a sus intereses. Asimismo, y en su beneficio, se establece el enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles.

¿Pueden los menores intervenir ante la Administración y en el proceso contencioso-administrativo?

Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
  • b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
  • c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

En cuanto al proceso contencioso-administrativo, el artículo 18 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en lo que aquí interesa, prevé que pueden comparecer y actuar válidamente en el proceso contencioso administrativo los menores de edad emancipados, los menores de edad no emancipados para la defensa de sus derechos e intereses legítimos cuya actuación no requiera la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela y, por último, los menores de edad no emancipados en los demás supuestos deberán comparecer a través de quien ostente la patria potestad, o en su caso, la tutela o curatela.

Recuerde que…

  • Nuestro Ordenamiento Jurídico establece la mayoría de edad en los 18 años, estando hasta ese momento los menores bajo la patria potestad de los padres.
  • No obstante, el menor de edad puede emanciparse siempre que tenga 16 años, con autorización de los padres y escritura pública o comparecencia que lo formalice.
  • Están sujetos a tutela los menores no emancipados que no estén bajo la patria potestad; aquellos con patria potestad prorrogada; y los menores en situación de desamparo.
  • Los mayores de 14 años y menores de 18 están sujetos a la Ley orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal del Menor, si bien los menores de 14 años no responden penalmente de los delitos o faltas que cometan.
  • Como regla general, los menores de edad tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses cuya actividad esté permitida en el Ordenamiento Jurídico sin la asistencia de quien ejerza su patria potestad, tutela o curatela.
Subir