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Matrimonios ilegales

Matrimonios ilegales

Los matrimonios ilegales son aquellos cuyo consentimiento se emite en fraude de Ley, con el fin de obtener algo a cambio. Habitualmente se realizan a cambio de un precio, pero nunca habrá una verdadera convivencia ni voluntad de formar una familia, si no una separación o divorcio prematuro.

Familia y matrimonio

¿Qué son los matrimonios ilegales?

Es la emisión del consentimiento matrimonial, en fraude de Ley, con el fin de obtener otra consecuencia.

Este matrimonio se celebra, frecuentemente, a cambio de un precio: un sujeto-frecuentemente, aunque no siempre, un ciudadano extranjero-, paga una cantidad a otro sujeto -normalmente, aunque no siempre, un ciudadano español-, para que éste último acceda a contraer matrimonio con él, con el acuerdo, expreso o tácito, de que nunca habrá "convivencia matrimonial auténtica" ni "voluntad de fundar y formar una familia", y de que, pasado un año u otro plazo convenido (tres meses), se pedirá la separación judicial o el divorcio.

La Unión Europea, en Resolución del Consejo de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos (Diario Oficial núm. C 382 de 16 de diciembre de 1997).

La Comisión Internacional del Estado Civil Asamblea General de Edimburgo, septiembre de 2004), constituyó un Grupo de Trabajo específico para intercambiar las experiencias y medidas adoptadas para combatir este fenómeno en los distintos países miembros, que pretende complementar en el ámbito de los matrimonios de complacencia la Recomendación (no 9), adoptada en Estrasburgo el 17 de marzo de 2005, relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado civil.

Es decir que la denominación en este momento de este matrimonio ilegal es el matrimonio de complacencia.

¿Dónde se regula su ilegalidad?

Este tipo de matrimonio, tienen distintas incidencias en España:

La primera incidencia, que se produce con ocasión de la existencia de duplicidad de ceremonias -explicable en otros sistemas matrimoniales- no tiene sentido en nuestro Derecho, puesto que está establecido que todo matrimonio, civil o celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas, produce efectos civiles desde su celebración, y no son justificables, en general, los motivos particulares de los contrayentes. Son evidentes los graves inconvenientes y abusos que pueden derivarse de tales hechos.

La segunda incidencia es la entrada en vigor de la Ley 24/1992, la Ley 25/1992 y la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprueban, respectivamente, los Acuerdos de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España -en relación con la Ley 25/1992, la reforma operada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, atiende la petición dirigida por esta Federación para que su denominación pase a ser la de Federación de Comunidades Judías de España- y con la Comisión Islámica de España, ha supuesto una importante innovación en el sistema matrimonial español.

Desde el punto de vista formal estas leyes han encontrado su desarrollo en la Orden del Ministerio de Justicia de 21 de enero de 1993, que ha aprobado los modelos de certificado de capacidad matrimonial y de celebración del matrimonio a que hacen referencia los artículos séptimos de los tres Acuerdos citados. Se juzga, no obstante, imprescindible dictar unas normas orientativas sobre el alcance práctico de la nueva regulación en cuanto al modo de inscribir en el Registro Civil los matrimonios celebrados en esas formas religiosas, con lo que se evitarán divergencias de criterios entre los encargados de los Registros Civiles y se procurará una unificación de la práctica que habrá de redundar en beneficio de los interesados y de la siempre deseable seguridad jurídica. La Instrucción de 10 de febrero de 1993, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, regula la inscripción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa.

¿Qué son los matrimonios de complacencia?

La tercera incidencia, es la conocida como regulación de matrimonios de complacencia o matrimonios blancos, a los que se refiere la importante Instrucción de 31 de enero de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El verdadero objetivo de estos matrimonios es obtener determinados beneficios en materia de nacionalidad y de extranjería. Los objetivos más usuales de estos matrimonios son los siguientes:

Adquirir de modo acelerado la nacionalidad española

En efecto, el cónyuge del ciudadano español goza de una posición privilegiada para la adquisición de la nacionalidad española (artículo 22.2 Código Civil): basta un año de residencia en España por parte del sujeto extranjero (artículo 22.2 Código Civil), siempre que sea una residencia «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición» (artículo 22.3 Código Civil).

Lograr un permiso de residencia en España

En efecto: el extranjero que ostenta la nacionalidad de un tercer Estado no miembro de la Unión Europea ni del Espacio Económico Europeo y que sea cónyuge de un ciudadano español, goza del derecho a residir en España, siempre que los cónyuges no estén "separados de derecho", como indica el artículo 2 b) del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no siendo preciso que tales extranjeros "mantengan un vínculo de convivencia estable y permanente" con sus cónyuges españoles, tal y como detalló la Sentencia Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 10 de junio de 2004.

Dichos extranjeros deben obtener una tarjeta de residencia renovable que tendrá cinco años de vigencia (artículo 8.5 del citado Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero). Estos extranjeros deben presentar, junto con la solicitud de la citada tarjeta de residencia permanente, la documentación relacionada en el artículo 11.2 del referido Real Decreto 240/2007, a saber: a) pasaporte válido y en vigor del solicitante (en el supuesto de que dicho documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación); b) documentación acreditativa del supuesto que da derecho a la tarjeta, y c) tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

Lograr la reagrupación familiar de nacionales de terceros Estados

En efecto, el cónyuge extranjero del ciudadano extranjero puede ser "reagrupado", tal y como establece el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por Ley Orgánica 2/2009.

Para acreditar la existencia de auténticas y verdaderas relaciones entre los contrayentes, deben tenerse presentes estas reglas:

  • 1. Las relaciones entre los contrayentes pueden referirse a relaciones habidas antes o después de la celebración del matrimonio. En este segundo caso, a fin de evitar los supuestos de preconstitución de la prueba, las relaciones deberán presentar un tracto ininterrumpido durante un cierto lapso de tiempo.
  • 2. Las relaciones entre los contrayentes pueden ser relaciones personales (visitas a España o al país extranjero del otro contrayente), o bien relaciones epistolares o telefónicas o por otro medio de comunicación, como Internet.
  • 3. El hecho probado de que los contrayentes conviven juntos en el momento presente o tienen un hijo común es un dato suficiente que acredita la existencia de «relaciones personales».
  • 4. El hecho de que los contrayentes no hablen una lengua que ambos comprenden es un mero indicio de que las relaciones personales son especialmente difíciles, pero no imposibles. Por tanto, de ese mero dato no cabe inferir, por sí solo, que las relaciones personales no existen o no han existido. Será un dato más que el Encargado del Registro Civil español tendrá presente para valorar, junto con otros datos y hechos, la presencia o ausencia de «relaciones personales» entre ambos contrayentes.
  • 5. El hecho de que el historial de uno de los cónyuges revele matrimonios simulados anteriores es un poderoso indicio de que no existen auténticas relaciones personales entre los contrayentes, sino relaciones meramente figuradas.
  • 6. El hecho de que se haya entregado una cantidad monetaria para que se celebre el matrimonio, siempre que dicho dato quede indubitadamente probado, es, también, un poderoso indicio de que no existen relaciones personales entre los contrayentes, ni verdadera voluntad matrimonial. Quedan exceptuadas las cantidades entregadas en concepto de dote, en el caso de los nacionales de terceros países en los cuales la aportación de una dote sea práctica normal.

De forma complementaria a lo anterior, se ha de señalar que los datos o hechos relativos al matrimonio que no afectan al conocimiento personal mutuo de los contrayentes, ni a la existencia de relaciones previas entre los contrayentes, no son relevantes para inferir de los mismos, aisladamente, la existencia de un matrimonio simulado, sin perjuicio de que en concurrencia con las circunstancias antes enumeradas pueda coadyuvar a formar la convicción del Encargado en sentido positivo o negativo respecto de la existencia de verdadera voluntad matrimonial. Aunque tampoco puede proporcionarse una «lista cerrada» de hechos por sí solos no relevantes, sí pueden enumerarse los más frecuentes de entre ellos:

  • a. El hecho de que el contrayente extranjero resida en España sin la documentación exigida por la legislación de extranjería. De este dato no se puede inferir, automáticamente, la intención simulatoria de los contrayentes en la celebración del matrimonio, como ya ha sido declarado en varias ocasiones por este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 27-3ª octubre 2004, 19-3ª octubre 2004).
  • b. El hecho de que los contrayentes no convivan juntos o nunca hayan convivido juntos cuando existan circunstancias que lo impidan, como la imposibilidad de viajar por razones legales o económicas.
  • c. El hecho de que un contrayente no aporte bienes o recursos económicos al matrimonio, mientras que sea el otro contrayente el que aporte el cien por cien de tales recursos, pues en sí mismo, este dato nada dice de una posible intención simulatoria de los contrayentes o de la autenticidad del consentimiento matrimonial.
  • d. El hecho de que los contrayentes se hayan conocido pocos meses o semanas antes del enlace tampoco dice nada, en sí mismo, sobre la intención simulatoria de los contrayentes. Es diferente el caso de que los cónyuges hayan contraído matrimonio sin haberse conocido de forma personal previamente, es decir, cuando se conocen el mismo día o pocos días antes de la fecha en la que contraen matrimonio.
  • e. El hecho de que exista una diferencia significativa de edad entre los contrayentes tampoco dice nada por sí sólo acerca de la autenticidad y realidad del consentimiento matrimonial, por lo que es un dato que no puede utilizarse, de ningún modo, para inferir nada al respecto, salvo que concurra con otras circunstancias, ya enumeradas, de desconocimiento o falta de relación personal.

En todo caso, es oportuno fijar algunas reglas de funcionamiento adicionales de las «presunciones»:

  • - 1º Tanto por la presunción general de buena fe como porque el "ius nubendi" es un derecho fundamental de la persona, es necesario que el Encargado del Registro Civil alcance una "certeza moral plena" de hallarse en presencia de un matrimonio simulado para acordar la denegación de la autorización del matrimonio o de su inscripción.

    En efecto, si bien no puede exigirse que el Encargado adquiera una conciencia de "verdad material absoluta" o "evidencia total" -imposible en el ámbito de las presunciones, ya que con ellas el Juez, en este caso el Encargado del Registro, no tiene un conocimiento directo ni indirecto del objeto de la prueba (hecho presunto), sino que deduce ese conocimiento de la prueba de otro hecho distinto (hecho base o indicio) con él unido de forma precisa y directa, "según las reglas del criterio humano que no son otras que las del raciocinio lógico" (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1986, LA LEY 8404-R/1987)-, sí es necesario que el Encargado del Registro alcance un convencimiento o convicción plena en el sentido de concluir la valoración del conjunto de la prueba y de las audiencias practicadas (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1986, LA LEY 8382-R/1987) con un juicio conclusivo de probabilidad cualificada en grado de "certeza moral plena" sobre la veracidad del hecho de haber mediado un consentimiento simulado, descartando los casos de mera verosimilitud y los de duda o simple probabilidad. Y todo ello con arreglo a los criterios de la sana crítica, esto es, con arreglo a criterios valorativos racionales y a las máximas de experiencia común.

    Por ello, si la convicción de la simulación no es plena, el matrimonio deberá autorizarse o, en su caso, inscribirse sin perjuicio de que se inste judicialmente la nulidad del matrimonio, a través del proceso judicial correspondiente (artículo 74 Código Civil) por el Ministerio Fiscal, los cónyuges o cualquier persona con interés directo y legítimo (Resolución de 6 de julio de 1998, Consulta Dirección General de los Registros y del Notariado 1 de junio de 2004, Consulta Dirección General de los Registros y del Notariado 28 de octubre de 2004).-

  • - En todo caso, el Encargado del Registro Civil que aplica las presunciones judiciales debe incluir en su resolución, de modo expreso, el razonamiento en virtud del cual dicha Autoridad ha establecido la presunción, evitando la utilización de modelos formularios que, por su generalidad y falta de referencia a las concretas circunstancias particulares del caso concreto, no alcanzan a llenar el requisito imprescindible de la motivación de la resolución (cfr. artículo 386.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
  • - Frente a la formulación de una presunción judicial, cualquiera de los contrayentes u otra persona legitimada puede practicar una prueba en contrario, la cual puede estar dirigida a demostrar la inexistencia del indicio tomado en cuenta por la Autoridad española y/o demostrar la inexistencia del nexo de inferencia entre tal indicio y la situación de matrimonio simulado (artículos 385.3 y 386.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Finalmente, resulta oportuno recordar de nuevo, por la importancia de este dato, que si se rechaza la autorización o la inscripción del matrimonio al existir sospechas de simulación en el matrimonio, siempre es posible instar posteriormente la inscripción del matrimonio si surgen nuevos datos relevantes, pues en el ámbito del Registro Civil no rige el principio de "cosa juzgada" (Resolución de 10-1ª enero 2005).

Recuerde que…

  • Los matrimonios ilegales son aquellos celebrados en fraude de Ley y con el fin de obtener algo a cambio.
  • En la actualidad, la principal forma de matrimonio ilegal es el matrimonio de complacencia, cuyo verdadero objetivo es obtener beneficios en materia de nacionalidad y extranjería.
  • Un ejemplo son los matrimonios de complacencia para adquirir de modo acelerado la nacionalidad española, ya que basta un año de residencia para obtenerla cuando se es cónyuge de un ciudadano español.
  • También son ilegales aquellos matrimonios celebrados para lograr un permiso de residencia en España, ya que el extranjero cónyuge de un español goza del derecho a residir en España siempre que no estén separados.
  • Por último, se utilizan para lograr la reagrupación familiar de nacionales de terceros estados.
  • Para acreditar la existencia de una verdadera relación entre los contrayentes, el Encargado del Registro Civil utilizará ciertas reglas para obtener una certeza moral plena de que se trata de un matrimonio simulado.
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