guiasjuridicas.es - Documento
El documento tardará unos segundos en cargarse. Espere, por favor.
Sumario

Sumario

Proceso penal

I. CONCEPTO

En su redacción original (1882) la Ley de Enjuiciamiento Criminal recogía exclusivamente dos procedimientos comunes ordinarios. Uno destinado a los delitos (Libro II y III) y el otro a las faltas (Libro IV). También existía el procedimiento por flagrante delito, que se asemejaba mucho al procedimiento por delitos, pero con reducción de trámites.

Tras las muchas vicisitudes operadas en el articulado de la Ley Procesal en su larga vigencia, en la actualidad además de los citados procedimientos por delitos y faltas –ahora delitos leves-, existe el procedimiento abreviado instaurado por la Ley 7/88 (incluyendo el juicio denominado rápido introducido por la Ley 38/2002, que modificó también en gran medida el procedimiento abreviado), y el Juicio ante el Tribunal del Jurado regulado por Ley Orgánica 5/1995.

Se conoce por Sumario o Juicio Ordinario al procedimiento para el enjuiciamiento de delitos originariamente contenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en la actualidad se reserva para los delitos más graves. Sus normas son de aplicación supletoria al resto de los procedimiento penales, incluido el de Jurado (artículo 24.2 de la Ley Orgánica 5/1995)

II. DELITOS QUE FUNDAMENTAN LA INCOACIÓN DEL SUMARIO ORDINARIO

La competencia viene establecida de forma negativa por el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el denominado procedimiento abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.

Por tanto el Juicio Ordinario será el procedimiento relativo a los delitos castigados con pena de prisión superior a los nueve años.

La pena que debe tenerse en cuenta para fijar la competencia no es la solicitada por los acusadores, sino la pena en abstracto señalada al delito. Por tanto, si un delito tiene fijada una pena que se extiende de los 4 a los 10 años de prisión, su investigación determinará siempre la incoación de sumario, aunque posteriormente los acusadores soliciten en sus escritos de conclusiones provisionales una pena inferior a los nueve años de prisión.

La Jurisprudencia se pronuncia unánimemente a favor de la pena en abstracto. A título de ejemplo, cabe citar las Sentencias del Tribunal Supremo 22 de abril de 1999, 2 de julio de 2002 o 20 de septiembre de 2004.

Tampoco resultará trascendente el grado de perfeccionamiento (en el caso analizado es irrelevante que el delito no se hubiera consumado) o de participación. En este sentido, cabe citar las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 1992, 3 de julio de 1993 o 29 de marzo de 2001.

III. INICIO DEL PROCEDIMIENTO

La noticia de la ejecución del hecho delictivo puede llegar al Juez de Instrucción (competente para tramitar el sumario), por cualquiera de las vías establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (veánse "Denuncia", "Querella" e "Incoación de oficio".

Cuando los hechos de que tenga conocimiento el Juez Instructor puedan ser constitutivos de delito, deberá iniciar trámite practicando la prueba que resulte pertinente para su esclarecimiento (Sentencias del Tribunal Constitucional de 28 de septiembre de 1987, 13 de diciembre de 1988, 30 de octubre de 1989 ó 14 de noviembre de 1994, entre otras muchas). Si pudieran estar penados con más de nueve años de prisión, el trámite adecuado será el sumario.

Si considera, por el contrario, que los hechos no delictivos, dictará auto fundado, en el que se concreten las razones de lo resuelto.

La iniciación del sumario puede producirse también por transformación de una causa ya en trámite, generalmente, como procedimiento abreviado o jurado, cuando de la investigación se aprecie que aquel es el procedimiento adecuado. Si el trámite era el del procedimiento abreviado se efectuará la conversión, sin retroceder más que en el caso de que resulte necesario practicar diligencias o realizar actuaciones con arreglo a dichos preceptos legales (por ejemplo la emisión de dictamen por dos peritos, preceptiva para el sumario). En el caso de que el trámite sea el del juicio ordinario y se produce la conversión en procedimiento abreviado, continuarán las actuaciones sin posibilidad de retroacción (artículo 790 de la Ley Enjuiciamiento Criminal).

En parecidos términos se prevé la conversión con relación al Juicio con Jurado (artículo 790 LECrim, y artículo 32.4 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado).

El Tribunal Supremo es reacio a aceptar nulidades de actuaciones en asuntos que llegan a juicio, donde se constata que el trámite utilizado no era el legalmente previsto. Generalmente se trata de procedimientos seguidos por las normas del procedimiento abreviado, cuando lo oportuno habría sido la incoación de sumario, estimando la parte que ello le produce indefensión, al ser este último un trámite con mayores garantías (necesidad de dos peritos para la práctica de la prueba pericial, existencia de procesamiento).

1. Tramitación. Finalidad del sumario

Define Gimeno Sendra el sumario como “el conjunto de actos de investigación, de defensa y de medidas cautelares que pueden adoptarse desde el auto de incoación al de conclusión de la instrucción, los cuales tienen por objeto, de un lado, preparar el juicio oral mediante la introducción en el procedimiento del material de hecho, del que se servirán las partes para la fundamentación de sus respectivas pretensiones, y de otro, el aseguramiento de los futuros efectos de la sentencia”.

El artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece:

“Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”.

Se tramitarán conjuntamente todos los delitos que sean conexos con relación a la regulación contenida en el artículo 17 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, aunque alguno de ellos tenga pena inferior a la de nueve años, que determina la incoación del sumario (artículo 300 de la Ley Enjuiciamiento Criminal).

Las diligencias sumariales son, por tanto, actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del delincuente, que no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos, para que éstos transciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del debate contradictorio atribuido al juzgador.

Ahora bien, determinados actos de instrucción pueden ser constitutivos de prueba eficaz para el plenario, son los supuestos de la prueba anticipada o preconstituida. Como ejemplo cabe recodar las diligencias de entrada y registro en domicilio, intervención de las comunicaciones, inspecciones corporales y videovigilancia. Para su eficacia, establece el Tribunal Constitucional las siguientes premisas:

  • a) Material: que versen sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral.
  • b) Subjetivo: que sean intervenidas por la única autoridad dotada de la suficiente independencia para generar actos de prueba, como es el Juez de Instrucción, sin perjuicio de que, por especiales razones de urgencia, también esté habilitada la policía judicial para recoger y custodiar los elementos del cuerpo del delito.
  • c) Objetivo: que se garantice la contradicción, para lo cual, siempre que sea factible, se le ha de permitir a la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial, a fin de que pueda interrogar al testigo.
  • d) Formal: que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral (diferenciándose de este modo los correlativos actos de investigación en los que las preguntas a las partes han de formularse a través del Juez de Instrucción), así como que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la lectura de documentos, la cual ha de posibilitar someter su contenido a la confrontación de las demás declaraciones de los intervinientes en el juicio oral.

Sobre la extensión de la instrucción conviene recordar la reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que entiende que la tutela judicial efectiva no supone un derecho absoluto a practicar toda la prueba propuesta por las partes. (Sentencias del Tribunal Constitucional, 203/1989, 191/1992, 37/1993, 26/2000, 165/2001, 168/2002, 97 y 131/2003).

Las partes tienen el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para su defensa, debiendo practicar el instructor las diligencias interesadas salvo que aprecie que carezcan de motivación, o la misma pueda ser tachada de arbitraria o irrazonable (Sentencias del Tribunal Constitucional, 195/1995, 181/1999 y 91/2004, entre otras). En este sentido el artículo 311 de la Ley Enjuiciamiento Criminal establece que el Juez que instruya el sumario practicará las diligencias que le propusieran las partes “si no las considera inútiles o perjudiciales”.

2. Formación de piezas

El expediente se divide en cuatro piezas separadas con distinta finalidad:

  • a) Pieza principal

    Se abre con el propio auto de incoación de sumario. Su objeto es la investigación del delito, incluyendo las diligencias practicadas al efecto. Finaliza con el auto de conclusión de sumario.

  • b) Pieza de situación personal.

    Tiene por objeto controlar las medidas cautelares de carácter personal que pudieran tomarse con relación al investigado (por ejemplo, la prisión provisional). Se inicia con testimonio del auto en el que las mismas se acuerden, y se recogen todas las resoluciones que afecten a su desarrollo.

  • c) Pieza de responsabilidad civil.

    Se recogen las medidas tendentes a garantizar la responsabilidad civil derivada del delito, para el caso de que pudiera declararse en Sentencia y las costas (artículos 589 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

  • d) Pieza de responsabilidad civil subsidiaria.

    Se incoa cuando una persona distinta del investigado pudiera resultar obligada a la reparación del perjuicio material consecuencia del delito (artículo 120 del Código Penal).

IV. EL AUTO DE PROCESAMIENTO

Reiteran el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que el auto de procesamiento constituye una resolución motivada y provisional por la que se declara a una persona concreta como formalmente encausada, al tiempo que se le comunican los hechos que fundamentan dicha decisión, para que pueda defenderse con plenitud de medios. En definitiva se trata de una decisión interina o provisional que, de alguna manera, al establecer la legitimidad pasiva de la persona procesada o investigada, representa, al ser requisito previo o indispensable de la acusación, una medida protectora del investigado, evitando así que la voluntad de quien acusa sea requisito suficiente para abrir el juicio oral, que en sí mismo es ya un importante gravamen para la persona afectada. (Sentencias del Tribunal Constitucional de 28 de marzo y 5 de abril de 1990, entre otras muchas).

Formalmente, el auto deberá contener una relación de los hechos que fundamentan la imputación. Los indicios en que se sustente y su calificación jurídica (artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

El Tribunal Constitucional exige la existencia de indicios racionales de criminalidad y no meras sospechas.

Contra los autos de procesamiento de alguna persona, podrá interponerse recurso de reforma dentro de los tres días siguientes al de haberle sido notificada la resolución; y contra los autos denegatorios de la reforma podrá ser interpuesto recurso de apelación en un efecto dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del auto denegatorio a la representación recurrente. También podrá ser interpuesto el recurso de apelación en un efecto subsidiariamente con el de reforma (artículo 384.7).

El Ministerio Fiscal y el resto de los acusadores no quedan vinculados por la calificación jurídica efectuada por el Juez de Instrucción en el auto de procesamiento, pudiendo formular sus conclusiones provisionales a tenor de una diferente valoración de los hechos investigados.

Una vez dictado el auto de procesamiento se recibirá declaración al procesado sobre los hechos relacionados en el mismo, conocida como “indagatoria” (artículos 385 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

V. LA FASE INTERMEDIA

1. El auto de conclusión de sumario y su posible revocación

La denominada fase intermedia tiene por objeto determinar si concurren los presupuestos que justifican la apertura o no del auto de apertura del juicio oral.

Practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el juez instructor para la investigación de los hechos, si éste considera terminado el sumario, lo declarará así, acordando remitir los autos (incluyendo todas las piezas) al tribunal competente para el enjuiciamiento (artículo 622.1 de la Ley Enjuiciamiento Criminal), generalmente la Audiencia Provincial (artículo 14 LECrim).

El auto de conclusión se dictará aunque estén pendientes recursos de apelación admitidos en un efecto. Ello no obstante, esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Audiencia Provincial al remitirle la causa, que suspenderá el curso de la fase intermedia hasta su resolución. Si algún recurso fuera estimado se revocará el auto de conclusión, acordando la Audiencia las diligencias que deba practicar el Instructor (artículo 622.3 y 4).

Si el Juez instructor reputare delito leve el hecho que hubiese dado lugar al sumario, mandará remitir el proceso al Juez municipal, consultando el auto en que así lo acuerde con el Tribunal superior competente (artículo 624 LECrim) Una vez firme el auto, se emplazará a las partes para que en el término de cinco días comparezcan ante el Juez municipal a quien corresponda su conocimiento (artículo 625 LECrim).

Lo habitual será remitir la causa a la Audiencia Provincial, por ser la competente para el enjuiciamiento de delitos que motivan la formación del sumario. Una vez reciba los autos y piezas de convicción mandará pasarlos al Ponente por el tiempo que falte para cumplir el término del emplazamiento (artículo 626).

Transcurrido dicho término, se pasarán para instrucción por otro, que no bajará de tres días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal, si la causa versa sobre delito en que deba tener intervención, y después al Procurador del querellante, si se hubiere personado. Si la causa excediere de mil folios, podrá prorrogarse el término, sin que en ningún caso pueda exceder la prórroga de otro tanto más.

Al ser devuelta, se acompañará escrito conformándose con el auto del inferior que haya declarado terminado el sumario, o pidiendo la práctica de nuevas diligencias. En el mismo escrito, si la opinión fuera de conformidad con el auto de terminación del sumario, se solicitará por el Ministerio Fiscal, cuando intervenga (todos los delitos salvo los privados), y en el Procurador del querellante, si lo hubiere, lo que estime conveniente a su derecho, respecto a la apertura del juicio oral o sobreseimiento de cualquier clase (artículo 627 LECrim).

Por tanto, los acusadores pueden interesar la revocación del auto de conclusión de sumario para que se practiquen nuevas pruebas. Resulta sorprendente que no se ofrezca dicha posibilidad a las defensas, lo que puede constituir una manifiesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 de la Constitución (igualdad de armas, derecho a la práctica de la prueba).

Si la Audiencia Provincial acuerda la revocación del auto de conclusión de sumario, dictará auto al efecto, en el que indicará con claridad las diligencias a practicar, acordando la devolución de la causa al Juzgado de Instrucción.

Si fuere confirmado el auto declarando terminado el sumario, el Tribunal resolverá, dentro del tercer día, respecto a la solicitud del juicio oral o de sobreseimiento (artículo 632 LECrim).

Si todos los acusadores solicitaran el sobreseimiento, el Tribunal quedará vinculado, a tenor del principio acusatorio, dictando el auto correspondiente. Sobre la regulación del sobreseimiento (libre o provisional), véase "Sobreseimiento".

2. El auto de apertura del juicio oral, los artículos de previo pronunciamiento y los escritos de calificación de las partes

Si no procede el sobreseimiento el Tribunal dictará auto en el que se ordene abrir el juicio oral. Seguidamente se comunicará la causa al Fiscal, o al acusador privado si versa sobre delito que no pueda ser perseguido de oficio, para que en el término de cinco días califiquen por escrito los hechos (artículo 649). No se ve inconveniente para que el plazo sea común, fotocopiándose o escaneándose la causa si ello fuera necesario, ya que este trámite ralentiza en muchas ocasiones los procedimientos. Después de presentar sus escritos de calificación, se comunicará la causa a los procesados y a las terceras personas civilmente responsables, para que en igual término y por su orden manifiesten también, por conclusiones numeradas y correlativas a las de la calificación que a ellos se refiera, si están o no conformes con cada una, o en otro caso consignen los puntos de divergencia (artículo 652 LECrim). De igual modo, estimo que el traslado puede ser conjunto. En este punto, no debe olvidarse que en la actualidad son habituales los denominados “macroprocesos”, con un gran número de acusados. El traslado sucesivo puede producir una demora sustancial en el curso de la causa. Este traslado conjunto no afecta al derecho de defensa, y puede articularse mediante la entrega de fotocopias, o su equivalente informático.

El escrito de calificación se limitará a determinar en conclusiones precisas y numeradas (artículo 650 LECrim):

a) Los hechos punibles que resulten del sumario

Los acusadores deben ser en este apartado sumamente cuidadosos porque, posteriormente en el plenario, sólo podrán realizar modificaciones accesorias de la relación de hechos reflejada en su escrito de conclusiones provisionales. Esta cuestión tiene una indudable trascendencia, ya que el Tribunal queda vinculado por los mismos para el enjuiciamiento, en atención al principio acusatorio, por lo que sólo podrá realizar alteraciones no esenciales en los hechos descritos por los acusadores.

Esta materia es de singular trascendencia y a ella se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 enero 2007:

“Como hemos dicho en Sentencia 1216/2006, de 11 de diciembre de 2006, esta Sala ha precisado, como explica la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2001, número 2002/2001, a la que sigue la número 1271/2005, de 26 de octubre, que toda acusación ha de ser precisa y clara respecto del hecho y del delito por el que se formula, debiendo la sentencia ser congruente con tal acusación, sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera posibilidad de defenderse. En otras palabras, lo que quiere decirse es que los hechos por los que se acusa tienen que venir previamente determinados en el escrito de acusación provisional, sin que en fase de juicio oral puedan proponerse otras variaciones que aquellas que no sean sustanciales respecto al hecho delictivo enjuiciado”.

b) La calificación legal de los mismos hechos, determinando los delitos presuntamente cometidos

También la actuación debe ser cuidadosa en esta materia para no dar lugar a absoluciones en casos en que unos hechos delictivos se hayan calificado erróneamente. Los acusadores podrán modificar en el plenario (conclusiones definitivas) la tipificación recogida en sus conclusiones particulares, siempre que ello no sea consecuencia de una mutación relevante del sustrato fáctico fundamento de la acusación.

Si la calificación de los hechos delictivos es incorrecta, el Tribunal podrá hacer uso de lo prescrito en el artículo 733 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, que establece la siguiente fórmula, para comunicar este error por el presidente a los acusadores:

“Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fuesen varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de .. o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el núm .. del artículo .. del Código Penal.”

Esta facultad es excepcional y no se extiende a las causas por delitos que sólo pueden perseguirse a instancia de parte, ni tampoco es aplicable a los errores que hayan podido cometerse en los escritos de calificación, así respecto de la apreciación de las circunstancias atenuantes y agravantes, como en cuanto a la participación de cada uno de los procesados en la ejecución de delito público, que sea materia de juicio.

Tampoco se vulnera el principio acusatorio cuando el Tribunal, sin modificar los hechos objeto de acusación, aplica un tipo distinto, pero homogéneo con los esgrimidos por los acusadores. En este sentido se manifiestan las Sentencias del Tribunal Constitucional 134/1986, 95/1995 y 225/1997 o 4 de abril de 2005, entre otras muchas.

c) Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o eximentes de responsabilidad criminal

También debe ponerse un especial cuidado en la consignación de las circunstancias modificativas, y en el sustrato fáctico que las sustenta. Si no se alega una atenuante en primera instancia difícilmente prosperará la pretensión de que se aprecie en vía de recurso. Considera la Jurisprudencia que sólo se admite la posibilidad de alegar ex novo en segunda instancia la concurrencia de una circunstancia eximente o atenuante de la responsabilidad, cuando la misma tuviera fundamento fáctico en los hechos recogidos en el relato histórico de la Sentencia recurrida (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de junio de 1997, 18 de septiembre de 1998 ó 25 de septiembre de 2000).

d) Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva participación en el delito.

Igualmente deben ponderarse de forma rigurosa las normas de determinación de la pena, especialmente los posibles concursos de delitos (artículos 74 y 77 del Código Penal), el grado de ejecución del delito (artículo 62 del Código Penal), el grado de participación del delincuente (artículo 63 del Código Penal, con relación a los cómplices) y la posible concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (artículos 66 y 68 CP).

e) La prueba de que pretendan valerse para el plenario

A tal efecto presentarán lista de peritos y testigos que propone para que declaren en el acto del juicio. Como establece el artículo 656 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, las citadas listas expresaran su nombre y apellidos, el apodo, si por él fueran conocidos, y su domicilio y residencia. Además hará constar si han de ser citados judicialmente o si se encargará de hacerlos concurrir.

Por tanto no serán válidas designaciones genéricas en las que no se identifique adecuadamente al testigo o perito, por lo que las partes deberán salvar en la fase instructora todos los obstáculos en esta materia. Por ejemplo, no cabe solicitar “que declare el médico que atendió al lesionado” o “el vecino que presenció la discusión”. Una mayoritaria Jurisprudencia tampoco admite las identificaciones por remisión al escrito de conclusiones de otra parte. Es habitual que, generalmente la defensa, al designar la prueba personal manifieste “la propuesta por el Ministerio Fiscal y el resto de las partes aunque renunciaran a su práctica en el plenario”.

Considera la línea jurisprudencial citada que esta no es una designación personal de los testigos y peritos, por lo que, si los que propusieron la prueba en forma renunciaran a su práctica, el que lo hizo por remisión no podría interrogarlos en el plenario.

El acusador privado en su caso, y el Ministerio Fiscal cuando sostenga la acción civil, expresarán además:

  • La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida.

    La pretensión en materia civil formulada en el procedimiento penal, se rige por los principios de rogación y congruencia, correspondiendo al perjudicado acreditar el daño y el valor de reparación (Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2003, 19 de mayo y 20 de diciembre de 2005, ó 20 de febrero de 2006, entre otras muchas). La acción civil no pierde su naturaleza por el hecho de ejercitarse en un procedimiento penal, por ello, el que pide deberá justificar su derecho, y el Tribunal no podrá dar más de lo solicitado.

  • La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad.

    Presentados los escritos de calificación, o recogida la causa de poder de quien la tuviere después de transcurrido el término señalado en el artículo 649, el Tribunal dictará auto, declarando hecha la calificación, y mandando que se pase aquélla al Ponente, por término de tercer día, para el examen de las pruebas propuestas.

    Devuelta que sea la causa por el Ponente, el Tribunal examinará las pruebas propuestas, e inmediatamente dictará auto admitiendo las que considere pertinentes y rechazando las demás, resolución no susceptible de recurso (artículos 648 y 649 LECrim).

    En el mismo auto señalará el Tribunal el día en que deban comenzar las sesiones del juicio oral, teniendo en consideración la prioridad de otras causas y el tiempo que fuere preciso para las citaciones y comparecencias de los peritos y testigos.

VI. JUICIO ORAL

En el día señalado se celebrará el juicio oral en la sede del Tribunal, practicándose la prueba propuesta (véase "Juicio oral penal").

Subir